MEXICALI, B.C. (apro).- En Baja California el crimen organizado empezó, bajó amenazas, a utilizar en el trasiego de droga a profesionistas mexicanos que laboran o viven en California. Seleccionan a quienes cruzan a diario, con tarjeta Sentri que les permite evadir largas filas en las garitas y prestigio en la comunidad. Las víctimas son obligadas a transportar en sus vehículos cargamentos de droga, sobre todo de cocaína, y cruzar por los puertos fronterizos de Tijuana. Para ello reciben amenazas sobre la integridad de sus esposa y de sus hijos, por lo que se convierten, en silencio, en la enésima víctima del crimen organizado. Su situación se agrava cuando son detenidos en las garitas porque se trata de cargamentos de sacrificio, como se denomina por ser distractores, ya que mientras los agentes de la vigilancia estadunidense se agolpan contra los portadores de droga detectados por los perros policías, en los otros carriles de los accesos de los puertos fronterizos cruzan decenas de cargamentos ante la complicidad de los oficiales. Los profesionistas se refugian en el silencio ante el temor de que su reputación se haga añicos y prefieren enfrentar cargos federales para declararse culpables en busca de los beneficios del sistema penal de Estados Unidos. Por ser la primera vez podrían conseguir trabajos comunitarios, en lugar de revelar la identidad y acusar a los narcotraficantes porque pondrían en riesgo la vida de sus familias. Un caso Diseñó los proyectos arquitectónicos del museo El Cubo del Centro Cultural TIjuana, el Centro Estatal de las Artes del parque Morelos y la Catedral Metropolitana de esta ciudad fronteriza, además de ser catedrático universitario e integrante del Colegio de Arquitectos. En una carta a la opinión publica, el arquitecto Eugenio Velásquez reconoce estar involucrado en “una situación jurídica complicada en Estados Unidos por el tráfico de drogas desde México, y a la frontera con San Diego”, la cual no se puede entender fuera del contexto de la lucha contra el crimen organizado y sus consecuencias para los ciudadanos. Señala que las víctimas no son sólo los muertos, que se cuentan por miles, y sus dolientes, sino también las personas que tienen la desgracia de llamar la atención al considerarlas presas fáciles. En marzo conoció a un supuesto empresario originario de Guerrero que le pidió remodelar una zona de un rancho en Tecate. Una vez concluida la obra, volvió a aparecer en su vida, al lado de una mujer sinaloense, para exigirle que cruzara hacia Estados Unidos sin averiguar lo que se encontraba en la cajuela de su vehículo. Le espetó la identidad de sus dos hijas y de su esposa, además confió en que sería fácil, toda vez que contaba con el acceso rápido que proporciona la tarjeta Sentri. A diez vehículos de llegar a la caseta migratoria, la presencia de perros y agentes le provocaron una presión en el pecho y un vahído, pues sabía que estaba perdido. Antes de bajar del vehículo pasó por su mente el rostro de sus mujeres (esposa e hijas) y cerró los ojos. En el centro de detención se encontró con decenas de historias de detenidos en circunstancias similares. Por estrategia de su abogado emprendió una defensa legal para retomar su vida familiar fuera de los sistemas penitenciarios y acorde al sistema judicial estadunidense. “Previo a este desafortunado incidente, jamás quebranté la ley de ningún país, no sufro de problemas de adicción de ningún tipo, mi compromiso es para mis clientes y empleados, y mi convicción es hacer el bien en todo momento”, dice. Eugenio advierte que su vida tiene tres pasiones: Tijuana, la arquitectura y sus seres queridos, y se define como fruto de la cultura del esfuerzo que se ha ganado cada centavo que ha devengado. “Si lo que me sucedió, entre paréntesis, y le sigue sucediendo a muchas personas, es el resultado de vivir en esta región fronteriza donde el tráfico de armas, drogas y personas es la constante; me considero afortunado, pues a pesar de haber perdido tanto, aún preservo el don más preciado: mi vida” dice al tiempo de señalar que sus acciones fueron resultado de una encrucijada, de una situación de alto riesgo, amenaza e intimidación. El proceso legal está en camino y su sentencia será dictada este lunes 10 de diciembre en la Corte Federal de San Diego, California.