Desde finales de octubre y en un encuentro con organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes centroamericanos, el coordinador de asuntos migratorios del equipo de transición de Peña Nieto, Arnulfo Valdivia Machuca, anunció la creación de una policía fronteriza que actuará, dijo, como una “membrana inteligente”, pues sólo dejará pasar lo bueno y detendrá lo malo. Activistas sociales, como Marco Castillo y Axel García, sostienen que el problema no está sólo en las fronteras ni se resuelve con una “policía calificada”. En el fondo, insisten, sólo se busca criminalizar a los indocumentados. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Hace seis meses el Congreso de la Unión aprobó una iniciativa para crear una policía fronteriza que estaría integrada por ocho mil efectivos abocados a vigilar las fronteras, en particular la del sur, por donde cada año se internan al país alrededor de 400 mil centroamericanos sin papeles en su itinerario hacia Estados Unidos. Es posible que la propuesta emanada del PRI sea una de las primeras acciones que pondrá en marcha Enrique Peña Nieto durante su gestión que inició formalmente el sábado 1. El propósito del futuro organismo es sustituir a los agentes del Grupo Beta y a los del Instituto Nacional de Migración (INM) destacados en la zona fronteriza y que a lo largo de la administración calderonista recibieron mil 240 quejas por violaciones a los derechos humanos de los indocumentados centroamericanos. Asimismo, los sacerdotes Alejandro Solalinde y Tomás González los señalaron en repetidas ocasiones por sus presuntos vínculos con el crimen organizado en la trata de personas y el negocio de las extorsiones y los secuestros. La policía fronteriza está prevista dentro de la nueva Ley de General de Migración –aprobada a finales de abril y puesta en vigor a partir del 16 de noviembre–, propuesta por los diputados priistas Jorge Carlos Ramírez Marín y Arturo Zamora Jiménez. Según los legisladores, es necesario tener un control más efectivo de las líneas fronterizas, contar con un cuerpo policial que investigue los asesinatos cometidos en la frontera norte, perseguir a las bandas dedicadas al tráfico de migrantes del sur, fortalecer las dos aduanas –la del norte y la del sur– y evitar que los deportados se sumen a las filas del crimen organizado. “Es un asunto de seguridad nacional, hay que ejercer la autoridad donde no la hay”, dijo el mes pasado Arnulfo Valdivia Machuca, coordinador de asuntos migratorios del equipo de transición de Peña Nieto, en una reunión privada con organizaciones civiles de ayuda a migrantes. Marco Castillo, presidente de la Asamblea Popular de Familias Migrantes (Apofam), quien participó en ese encuentro, asegura que el colaborador de Peña Nieto no permitió el intercambio de opiniones con las asociaciones de migrantes, sino que sólo expuso el contenido de la Ley General de Migración y se marchó. De acuerdo con el presidente de la Apofam, Valdivia aludió a la necesidad de diseñar una “estrategia de fortalecimiento” de las fronteras norte y sur. Su argumento fue que las violaciones a los derechos humanos en la parte sur se deben a la falta de autoridad; de ahí su propuesta de ejercerla mediante una policía calificada. Valdivia también expuso que no se trata sólo de migrantes, sino de tráfico de mercancías, drogas, delincuentes y personas, “un ambiente que no es conveniente para los migrantes”. Castillo reitera: más que con una política humanitaria, Peña Nieto recibe a miles de centroamericanos con la mano dura, con una patrulla fronteriza que en el fondo sólo busca criminalizarlos. En el encuentro de noviembre, agrega, el representante de Peña Nieto repitió lo que había dicho a finales de octubre en entrevistas con diversos medios sobre la frontera sur. La llamó “zona sin control carente de autoridad”, pues existen 120 cruces sin vigilancia. Y de los ocho que son reconocidos, sólo la mitad cuenta con infraestructura para controlar el paso de mercancías. A los guatemaltecos, dijo en una entrevista, les sale más barato cruzar por el río por 16 pesos, que por la aduana, donde se cobran 25. También afirmó que sólo hay una garita en malas condiciones para el cruce de personas, de ahí que sólo la quinta parte de los migrantes centroamericanos logre internarse en territorio mexicano. Valdivia –quien fue asesor de Arturo Montiel cuando estuvo al frente del gobierno mexiquense y ahora lo es de Peña Nieto– justificó la necesidad de un cambio de política migratoria en la frontera sur, donde, dijo, hay un mercado laboral de 100 mil guatemaltecos con visa de trabajo en una franja de 100 kilómetros que requiere de mayor control. Para él, la reforma migratoria ayudará a regular un mercado laboral que ya existe en varias entidades y a legalizar el trabajo de los guatemaltecos avecindados en Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. La policía fronteriza, que estará integrada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública entrenados exprofeso, es parte de la reforma migratoria, según el colaborador del Peña Nieto. La corporación surgiría como una división o área de la Secretaría de Seguridad Pública, explicó. Al principió estará integrada por cinco mil o más elementos cuya función será vigilar los espacios libres en los entrecruces para evitar el tráfico de estupefacientes, armas y gente. Además, según Valdivia, se crearán entre ocho y 10 garitas más. En resumen, Valdivia afirma que en el gobierno de Peña Nieto se buscará que las fronteras sean como una “membrana inteligente” que deja pasar lo bueno y detiene lo malo. Sin embargo, en opinión de agrupaciones de ayuda y protección de migrantes, como la Apofam, la creación de una nueva policía migratoria mexicana, similar a la de Estados Unidos, sólo acarreará más corrupción, impunidad, extorsiones y la criminalización de miles de centroamericanos que atraviesan el país.   La tenue línea de las fronteras   La revista Foreign Policy publicó hace un par de años un reporte según el cual la frontera norte de México era una de las 13 más peligrosas del mundo, con 40 mil asesinatos en los cuatro primeros años del sexenio de Felipe Calderón, por debajo de Sudán, Pakistán, Congo, Angola, Afganistán y de otros países en guerra. En contraste, la frontera sur, de menor extensión, dejó de ser un simple paso para migrantes para transformarse en una puerta del narcotráfico y de las bandas del comercio humano ilegal; hoy es una “zona de terror” para los indocumentados centroamericanos, que durante su travesía hacia Estados Unidos son objeto de todo tipo de vejaciones: violaciones, secuestros, atracos y extorsiones de bandas criminales y de las propias autoridades. Para Axel García, encargado de la Oficina de Promoción Humana de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, el eje de atención de la nueva ley migratoria y la creación de una policía fronteriza deben enmarcarse en una perspectiva de seguridad humana y desarrollo, no de seguridad nacional, pública o fronteriza. “No podemos ligar la necesidad de subsistencia de una persona con el tráfico de armas o explosivos”, advierte el activista. En el caso de la zona norte, la idea de que una policía fronteriza revise a los cientos de mexicanos que están siendo deportados para “evitar” que ingresen a las filas de la delincuencia organizada denota una falta de conocimiento de la situación, dice. “Nuestra gente es obligada a regresar a territorio mexicano sin documentos. La mayoría llegan a una ciudad que desconocen, sin oportunidades de comunicarse con sus familiares, sin ningún apoyo para regresar a sus comunidades”, expone García. Por lo demás, las policías de los municipios fronterizos abusan de los deportados. No sólo les piden documentación, a sabiendas de que no la tienen; también los extorsionan e incluso los recluyen. No se diga cuando algún paisano llega a algún municipio con “alto nivel de violencia”, donde el hostigamiento se multiplica. Con respecto al combate de los delitos de la trata de personas y del tráfico de personas, García dice: es ingenuo pensar que con una mayor vigilancia fronteriza los delitos desaparecerán. No, insiste, “la realidad nos ha demostrado que estas actividades criminales se realizan dentro del territorio mexicano y no sólo en las fronteras”. –¿Será suficiente con esta figura de la policía fronteriza para dar seguridad a las dos fronteras del país? –En cuanto al tema migratorio, no debemos olvidar que la población migrante deportada de Estados Unidos o en tránsito por territorio mexicano se incorpora a una violencia que sufre el país; no la genera. La mayoría de la gente sale de su lugar de origen para buscar un mejor futuro para su persona y su familia. “Desde hace años miles de migrantes mexicanas y centroamericanas han sido secuestradas, desaparecidas o asesinadas, por lo que consideramos que el problema en México no es sólo de las fronteras, sino de gobernabilidad, de combate a la corrupción. A ello se debe el alto nivel de impunidad.” El asesor jurídico de la Pastoral de la Movilidad Humana asevera que mientras no existan mecanismos transparentes de rendición de cuentas y la impunidad continúe, ninguna institución estará exenta de la corrupción. Y pone algunos ejemplos: En 2010 se documentó que policías federales a bordo de dos patrullas agredieron, extorsionaron, discriminaron y golpearon a más de 50 migrantes, incluidas mujeres y adolescentes. Los afectados presentaron tres quejas y varias denuncias contra los patrulleros. Además, con la asesoría de la pastoral a la que pertenece, se gestionaron encuentros con autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública federal y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que incluso emitió una recomendación, la 32/2010. No hubo ningún detenido. Este 2012, el ómbudsman nacional lanzó otra recomendación (54/2012), en la que documenta el abuso sexual de una menor por parte del subdelegado local del Instituto Nacional de Migración en Tenosique, Tabasco, y relata la forma en la que funcionarios de esa dependencia, incluido el encargado del Grupo Beta, presionaron a la menor para que se desistiera. Ninguno de los implicados fue sancionado. Criminalización de migrantes   De seguir así las cosas, los migrantes serán tratados como delincuentes, sostiene Marco Castillo, presidente de la Apofam, miembro de la red de organizaciones que se reunieron hace varias semanas con Arnulfo Valdivia, enviado de Peña Nieto. Las agrupaciones sociales consideran que no hay condiciones para pensar que el uso de la fuerza pública a lo largo de las fronteras sea una oportunidad para vigilar y salvaguardar los derechos humanos de todos los que padecen los abusos de las autoridades y grupos delincuenciales en esas zonas. “La Ley General de Migración da condiciones para generar más un perfilamiento racial. Acusar a los migrantes de delincuentes y terroristas es otra evidencia de cómo este enfoque de seguridad nacional, lejos de representar un espacio para la seguridad humana, es una amenaza”, advierte el activista. Puntualiza: “Se trata de criminalizar a los migrantes y de no atender un problema de fondo que tiene que ver con la falta de transparencia y con el uso de la fuerza cada vez más amplio de policías que no han probado su ética. Incluso se ha comprobado que algunos tienen vinculaciones con el crimen organizado”. –¿Qué efectos tendría este tipo de política migratoria? –En las franjas fronterizas, habiendo muchos migrantes de retorno con el incremento de las deportaciones, incrementaría las condiciones de crisis en la frontera norte, en la cual es muy difícil identificar quién es mexicano y quién no lo es. Por otro lado, el nivel de autoridad, el nivel de fuerza de la delincuencia organizada en la frontera sur, hace que muchos de los migrantes mexicanos y centroamericanos se vean obligados a introducir drogas a Estados Unidos para mantenerse vivos. Castillo asevera que esta nueva ley migratoria también puede afectar el cruce de las fronteras porque, además de los cárteles de la droga y los agentes del INM, los indocumentados en el futuro próximo enfrentarán también a los policías fronterizos. “Esta iniciativa de Peña Nieto es la bienvenida a los migrantes, con la clara intención de continuar esta política impuesta desde Estados Unidos, de hacer de México una frontera suya, bajo los mismos principios coercitivos, la misma visión de seguridad nacional, que no es otra cosa que un pretexto para violar el estado de derecho y con estas actitudes de perfilamiento racial.” Lo que el país necesita con urgencia es “reconciliarse” con los migrantes centroamericanos, no una reforma coercitiva como la que se perfila. Adelanta que las organizaciones sociales ya están dando un seguimiento a los responsables y preparando las controversias constitucionales necesarias.