MÉXICO, D.F. (Proceso).- “¡Usted se llevó a mis familiares! ¡Usted sabe dónde están! ¡Devuélvamelos!”, exigía María de Jesús Alvarado a Elfego José Luján Ruiz, coronel del 35 Batallón de Infantería asentado en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. “No sé nada. Nunca estuve en un operativo en el pueblo”, refutaba el militar la mañana del 10 de enero de 2010. Desde esa fecha la familia Alvarado soportó amenazas y persecución de los militares comandados por Luján Ruiz y tuvieron que huir de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde vivían, para refugiarse en algún lugar de Sonora. Pero el miedo no los paralizó: Denunciaron la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera –ocurrida el 29 de diciembre de 2009– ante autoridades locales y la Procuraduría General de la República (PGR). Su caso llegó incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Proceso 1747). A poco más de dos años de la desaparición de los jóvenes, la familia se siente optimista: El pasado jueves 9, en una reunión en la Secretaría de Gobernación, se les notificó que el 3 de enero la Secretaría de la Defensa (Sedena) cedió la investigación a la PGR. Es la primera vez que una corte militar deja en manos de la autoridad civil un juicio contra mandos castrenses.   Fiestas de fin de año   En su exilio sonorense María de Jesús Alvarado narra a Proceso los hechos: En 2009 “decidimos ir a pasar Año Nuevo con nuestra familia al ejido Benito Juárez, municipio de Nuevo Casas Grandes; el 29 de diciembre, entre las ocho y las nueve de la noche, mi hermana Nitza y nuestro primo José Ángel llegaban a la casa de la suegra de él cuando los soldados los sorprendieron. A Nitza la bajaron de la camioneta jalándola del cabello. José Ángel trató de defenderla, peleó con los militares, los golpeó, les tiró esposas y cascos, pero se le vinieron los demás encima... Eran como 10 y lo golpearon entre todos. La troca quedó con sangre de José Ángel”, recuerda. “Cuando se los llevaron, varios de nosotros salimos a perseguirlos, pero los perdimos. Fuimos a la presidencia del ejido a poner la denuncia; en eso llegó mi tía y nos avisó que también se habían llevado a Rocío, mi prima.” A ella la sacaron de su casa: Los soldados irrumpieron con violencia “y se fueron directamente a la recámara de la muchacha. En la cocina había leche en polvo que los militares probaban mientras otros revisaban cajones. A los niños –al hijo y dos hermanos de Rocío– los encerraron en el baño. A ella le dijeron que estaba detenida y se la llevaron así, en pijama”. Entre las cuatro y las cinco de la mañana llegó Óscar Arias del Campo, funcionario de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Nuevo Casas Grandes, a llevarse la camioneta de la que habían bajado a Nitza y José Ángel. María de Jesús preguntó para qué y él respondió: “Para investigación”. “Nos llamó la atención que en las afueras del pueblo los estaba esperando el Ejército. Lo resguardó durante el viaje”. “A las ocho de la mañana del día siguiente nos presentamos en el 35 Batallón exigiendo que nos entregara a los muchachos. Luján no nos recibía, nos corría, ni siquiera nos dejaban acercarnos a la caseta. “El Ejército estaba levantando gente del pueblo al azar. Empezamos a investigar con los que había soltado y un muchacho nos dijo que el día que se lo llevaron vio que (los soldados) llegaron con dos mujeres y un hombre, pero no les vio la cara. Los soldados le advirtieron que no volteara para ningún lado, y como ya lo habían torturado...” Después de la presión de María de Jesús ante la AEI, un agente del Ministerio Público, Horacio Flores, le reveló: “A tu familia la tiene el Ejército, te lo digo porque en el parte informativo que me mostraron cuando trajeron la camioneta decía el nombre de ellos. Te voy a dar el nombre del coronel que los detuvo. Llega y pregunta directamente por él’”. Era Elfego José Luján. “El 16 de febrero (de 2010) tuve que hablar con la fiscal de Chihuahua, Patricia González, para que me entregaran la camioneta gracias a que Carlos Garduño Salinas (de Gobernación) la presionó para que me la diera. Ella habló a la AEI con un funcionario de apellido Morales para que llevara el vehículo. Escuché que Morales le decía: ‘Es que no hay un acta levantada, no hay cargos, sólo la dejó el Ejército’. Cuando me entregó la camioneta le pedí el parte informativo y ella me dijo que era confidencial. “Después fui con Edith Acevedo, la MP a cargo de personas ausentes o extraviadas; yo les decía que no eran ausentes ni extraviadas, que no tenía por qué estar ahí mi caso, y ella me decía: ‘Pues a mí me lo dieron’. Nos dijo a mí y a mi abogada, Luz Castro, que no tenía duda de que había sido el Ejército. El 6 de enero de 2010 presenté la denuncia de desaparición forzada ante la Séptima Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Federación, en Ciudad Juárez; el 20 de febrero ésta declinó ante el fuero militar. “Le pedí al titular de la agencia, de apellido Durazo, que investigara él, y me dijo: ‘Para mí no hay duda de que fueron los militares, pero yo me lavo las manos. Turno al fuero militar. Con los militares no me meto’.” Previamente, el 10 de enero de 2010, María de Jesús Alvarado asistió a una reunión en la que, respaldado por el general Felipe de Jesús Espitia, entonces coordinador del Operativo Conjunto Chihuahua, estuvo Elfego Luján: “Le preguntaba dónde tenía a mi familia. Él negaba todo, decía que nunca habían tenido operativos en el pueblo, que ahí nunca había andado el Ejército. Yo le decía que sí, que se hospedaron durante tres semanas en un hotel del pueblo. Él decía: ‘No. Tú mientes. Nunca nos hospedamos en casas ni en ningún otro lado, siempre acampamos’. Yo insistía en señalarlo y él decía: ‘Bueno, según usted de quién era propiedad el hotel’. Yo le respondía que del crimen organizado (La Línea) o quizá ya era suyo, porque entraba y salía como de su casa.”   Culpa de La Línea   María de Jesús recuerda que el 29 de octubre de 2009, dos meses antes de que se llevaran a sus familiares, en las afueras de Benito Juárez sicarios de La Línea (brazo armado del Cártel de Juárez) asesinaron a unos agentes federales. A raíz de eso el pueblo se llenó de militares y policías. Para dar con los asesinos empezaron a levantar a cualquiera que anduviera en la calle; pero la gente del pueblo sabía que los responsables se habían ido inmediatamente después de los asesinatos. El 10 de enero fue la última vez que María de Jesús tuvo enfrente a Luján. Nueve días después leyó en el periódico que el militar había sido removido de su cargo. Si preguntaba por él en la Sedena le decían que no existía. Entonces empezaron las amenazas contra el resto de la familia. Para entonces María de Jesús ya había presentado una queja ante la CNDH, que el 30 de junio de 2011 concluyó que los militares fueron los responsables de la desaparición forzada.   Nitza estaba viva   Un hecho más complica la historia: el 3 de febrero de 2010 Nitza se comunicó por teléfono con su familia. Decía que estaba secuestrada, que por favor la liberaran. Se hizo un rastreo del número del que habló y al parecer la llamada había salido del penal de Santa Martha Acatitla, en el DF. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la PGR, se hizo cargo del caso. La fiscal Sara Irene Herrerías les dijo que se trataba de un error, “que alguien quería extorsionarnos”. Le dijeron que no era una extorsión, que era Nitza la que había hablado. El 23 de junio de 2011, en la reunión de Chapultepec entre Calderón y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Norma Ledezma (representante de Justicia Para Nuestras Hijas y quien también apoya a los Alvarado) le dijo al presidente “que íbamos a ir a Costa Rica, a la Corte Interamericana. Poco después saquearon sus oficinas en Chihuahua”. El hostigamiento continuaba: Cuando las abogados de María de Jesús regresaron de Costa Rica, los federales entraron a la oficina del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, encintaron las calles, rompieron candados y todo a su paso. “Sólo buscaban papeles, pero las abogadas desde un principio tenían todo en memorias electrónicas. Los federales se llevaron documentos, pero nada importante”.   Aceptación a medias   El día que los militares pasaron el caso a la PGR, Carlos Sergio López Ruvalcaba, de la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena, les dijo a los abogados: “Ya está la aceptación por escrito. Efectivamente hubo participación de elementos militares y estamos en la mejor disposición de ayudarlos para la reparación del daño y ver las medidas provisionales que les ordena la CIDH para las familias beneficiarias de las víctimas”. –Ahora que Elfego Luján está acusado de mandar matar y quemar a dos soldados que desertaron. ¿Qué piensa que pasó con sus familiares? –Tenemos la esperanza de que estén vivos, pero en caso de que no sea así, que nos entreguen los restos con todas las pruebas que realmente avalen su identidad. Cuando estuvimos frente a frente pudo decirme dónde los tenía y liberarlos con vida. Además está la aceptación de un teniente, Manuel Gutiérrez, que estaba bajo las órdenes de Luján. “El coronel tiene que aceptar que participó en la desaparición de mis familiares. No lo ha hecho. Por eso nos llamó la atención leer sobre su detención. Leí la nota en el Reforma: dice que está preso desde el 24 de marzo de 2010. También dice que quien lo nombró coronel fue el presidente Calderón en 2008.”