"Franco nos sigue teniendo presos"

martes, 21 de febrero de 2012
Contra la voluntad de las organizaciones ultraderechistas que demandaron al juez Baltasar Garzón, el juicio contra éste brindó a familiares de las víctimas del régimen de Francisco Franco una oportunidad que la justicia española les había negado: relatar ante el Tribunal Supremo cómo sus padres, abuelos o tíos fueron detenidos, ejecutados y sepultados en cunetas y fosas clandestinas. Sus testimonios no sirvieron para que se hiciera justicia pero detonaron una condena moral y social contra el franquismo, cuyos seguidores políticos aún están incrustados en el poder. MADRID (Proceso).- Los testimonios sobre los crímenes de la dictadura franquista se escucharon por primera vez en un tribunal español. Y fue en el de mayor jerarquía: la Sala Penal del Tribunal Supremo. Sin embargo los hijos y nietos de las víctimas no expusieron ahí su drama para que se les hiciera justicia, sino a petición de la defensa de Baltasar Garzón, el magistrado de la Audiencia Nacional sometido a juicio por pretender que dichos crímenes fueran objeto de una investigación. Una decena de descendientes de víctimas del franquismo –una muestra de los 114 mil casos que en su momento Garzón documentó– describieron la brutalidad de la dictadura. Lo hicieron ante los siete magistrados que mantuvieron rostros inmutables. Los relatos provocaban expresiones de indignación entre los asistentes al juicio –“desgraciados”, “ya no puedo escuchar más”–, la mayoría también descendientes de víctimas del franquismo que traían colgadas del cuello fotos en sepia de sus familiares. El simbólico precedente de que los testimonios llegaran al máximo tribunal incomodó a los acusadores de Garzón: el autodenominado Sindicato Manos Limpias y la Asociación Libertad e Identidad, de corte ultraderechista. Tras los primeros testimonios escuchados el miércoles 1, el abogado José María Ruiz –representante de Manos Limpias– pidió al presidente del tribunal, Carlos Granados, que “recondujera” los testimonios de los comparecientes porque, dijo, a quien se “juzga” es al “acusado” Garzón. Sin embargo el magistrado Granados atajó: “Aquí es el presidente (del tribunal) el que determina qué pruebas son pertinentes”. Del otro lado de la sala, en la última fila del público, Miguel Bernad Remón, secretario general de Manos Limpias, se removía incómodo en su asiento. Se veía indignado y así lo reflejó en la página web de su organización, en la que se refirió al “gran circo de Garzón”, que recurrió a las historias de las víctimas. En las audiencias celebradas durante el juicio, Bernad se ubicó en el fondo de la sala, al pie de un crucifijo de unos dos metros de altura que adorna la pared del máximo tribunal. “Curiosa imagen”, ironizó el escritor Manuel Rivas en conversación con el reportero en alusión a esa fastuosa figura religiosa que resultó chocante en la sede de una institución de un Estado que “se define como aconfesional”. Pero “también la imagen resulta chocante por el papel colaboracionista de la Iglesia católica con la dictadura franquista, régimen al que apoyó y a cuyos miembros calificó de los ‘Cruzados de Dios’”, terció el abogado Fernando Magán, autor de la demanda inicial de la Memoria Histórica que en diciembre de 2006 fue presentada a Garzón. “La Iglesia católica fue la principal delatora (de los republicanos). Usaba la confesión como método para señalar a las personas, que luego eran asesinadas”, aseguró Magán. Bernad consiguió sentar a Garzón en el banquillo de los acusados luego de 16 demandas contra el magistrado a lo largo de los 16 años que tiene su organización, una de ellas por supuestamente filtrar el informe médico del dictador Augusto Pinochet. Inspirado en el modelo del movimiento italiano Manos Limpias, también de corte ultraderechista, Bernad encabeza este pseudosindicato –no se conoce una sola lista de representados en las administraciones públicas, donde dice actuar– que se distingue por formular demandas contra diversas decisiones de los gobiernos socialistas o autonómicos, o por presuntos casos de corrupción. Incluso ha demandado a los fabricantes de Viagra, a la serie de dibujos animados Lunnis por difundir en un episodio a una familia homoparental y al movimiento 15-M por “sedición”. Antes Bernad ocupó la Secretaría General de Fuerza Nueva y del Frente Nacional, los partidos que encabezó Blas Piñar, uno de los más notables defensores de los ideales franquistas. El periódico Público dio a conocer que el pasado 3 de diciembre la hija de Franco, María del Carmen Franco y Polo, duquesa de Franco, nombró Caballero de Honor a Miguel Bernad por sus “servicios en defensa de los ideales del movimiento”. Según la publicación, dicho acto fue para celebrar el 119 aniversario del nacimiento del general golpista. Se llevó a cabo en el restaurante El Faro de El Pardo, en Madrid. Ahí, Bernad hizo una reverencia ante la duquesa de Franco. El matutino afirma que la fundación otorgó esa distinción a Bernad como premio por la expulsión de Garzón de la Audiencia Nacional y por la apertura de vista oral que tendría lugar en enero en el Tribunal Supremo. “Durante el acto los (300) franquistas asistentes ensalzaron la dictadura como si siguiera en vigor”, apuntó la publicación. En el acto se desplegó la bandera franquista y hubo misa y un discurso de Blas Piñar, quien opinó sobre el Valle de los Caídos: “Si el Frente Popular hubiera ganado la guerra civil, no existiría un monumento laico a la reconciliación”.   “Plan sistemático”   Auxiliada con un andador para desplazarse, María Martín (de 81 años) entró a la sala penal vestida de negro, la cabeza completamente blanca. Luego de repetir su nombre completo con una voz ronca y casi afónica, dijo al tribunal que sólo conoce a Garzón “de la tele y los periódicos”, y juró decir la verdad “justamente”. “Mataron a mi madre en el 36. La mataron por no tener mil pesetas. Mi padre antes de morir en 1977 me pidió que siguiera buscándola para llevarla con él”, dijo. La noche del 21 de septiembre de 1936, cuando sucedió todo, María tenía seis años, vivía con su madre y su hermana en el Barrio de los Adobes, en Pedro Bernardo, Ávila. Su padre estaba preso. Hasta su casa llegaron los franquistas. A su madre y a sus vecinos los sacaron a la calle y les exigieron mil pesetas. Como no las tenían, se los llevaron detenidos hacia Arena de San Pedro. Pero a su madre “la mataron por el camino. Ese día mataron en total a 27 hombres y tres mujeres. Sólo que uno de los hombres escapó y no lo encontraron”, relató. A pregunta del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda, la también integrante de la asociación Nuestra Memoria de Sierra de Gredos explicó que sabe que su madre se encuentra “en una fosa cerca del puente viejo, que cruza un arroyo en el pueblo”. El historiador Ángel Rodríguez Gallardo, en representación de la Asociación de Memoria Histórica de Ponteareas, Pontevedra, explicó que realizó numerosas investigaciones sobre la represión franquista en Galicia. Concluyó que hubo un “plan sistemático” para eliminar a los responsables políticos de la Segunda República. “Lo que se produjo fue una cosa terrorífica. Pero mientras en otras partes del mundo se han denunciado hechos similares, aquí no”, dijo. Olga Alcega Madruga, integrante de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, inauguró el segundo día de testimonios: “No tengo afán de venganza”, explicó. Su organización tiene registrados 3 mil 452 personas desaparecidas. “Todos se los llevaron desde el 18 de julio (del 36 y) siguen desaparecidos. Yo soy la nieta de Antonio Alcega, un cartero desaparecido desde hace 74 años y unos meses. Estaba con sus vacas y se lo llevó la Guardia Civil. Salió del cuartel mal herido. Lo llevaron a Magallón y le dieron el tiro en la cabeza”, contó. Relató que en la fosa común donde están los restos de su abuelo hay 79 hombres y dos mujeres: “Hoy puedo decir que a mi abuelo lo asesinaron. Y aun así le abrieron un expediente de responsabilidades políticas cuatro años después de muerto”. Olga resumió en una sola frase lo que aún sucede en muchos rincones rurales del país: “En España, según en que zonas, se sigue teniendo miedo de hablar”. Rafael Espino Navarro sostuvo que la Asociación para la Recuperación de la Memoria en Aguilar de la Frontera, Córdoba, a la que pertenece, busca el paradero de 108 personas que desaparecieron “como consecuencia de las redadas de los franquistas desde el 18 de julio y hasta finales de septiembre de 1936”. Siete de esos desaparecidos son familiares suyos, entre ellos su abuelo, el alcalde socialista del pueblo. Explicó que los avances en sus pesquisas se deben al testimonio de un hombre que hoy tiene 98 años, quien presenció el asesinato de su abuelo. En mayo de 2010 consiguieron la exhumación de 55 cuerpos de una fosa, siete eran mujeres. Los restos humanos mostraban el tiro de gracia en la nuca y la mayoría estaban maniatados con alambres. Rafael sostiene que el juzgado de Aguilar ha negado a los familiares el derecho a que queden inscritas esas defunciones.   “Nuevas heridas”   Pedro Fausto Canales, miembro de la asociación de recuperación de la memoria histórica de Valladolid, esperó a jubilarse para poder intensificar la búsqueda de su padre, al que un grupo de falangistas sacó de su casa en Pajares de Adaja, Ávila, en 1936. Canales tenía sólo dos años y dormía en su cuna cuando los falangistas irrumpieron en su casa. Dice que cuando su padre y nueve hombres más eran conducidos hacia Aldeaseca, a unos 20 kilómetros, los fusilaron y luego los enterraron en una cuneta. “El 23 de marzo de 1959”, relató, “una semana antes de la inauguración del Valle de los Caídos (máximo monumento del franquismo y mausoleo donde se encuentran los restos de los dictadores José Antonio Primo de Rivera y del propio Franco, así como los de muchos de los muertos –de ambos bandos– de la guerra civil), el régimen exhumó los restos de siete personas de un pozo en desuso, donde supone estaba el cuerpo de su padre. Esos restos, junto con los de miles de muertos en distintas regiones de España, fueron llevados al Valle de los Caídos sin la autorización ni el conocimiento de sus familiares. “Sé que mi padre está en la caja 198, donde se supone que están los restos de siete personas”. Sus gestiones para recuperar el cuerpo no han tenido éxito. Josefina Musulén Jiménez, de la asociación de la Memoria Histórica de Aragón, relató que un falangista se llevó a su abuelo y a su abuela embarazada. “Un hermano de mi abuela fue al cuartel de la Falange, donde le dijeron que a su abuela, con el tiro de gracia, le habían reventado la tripa (el estómago)”. Cuenta que en 1975, cuando ya había muerto “el dictador”, los amigos de su abuelo relataron a su padre y a ella que “a la abuela no la habían matado, sino que la llevaron a un hospital donde dio a luz una niña, la cual se la quitaron”. Dice: “Mi padre tuvo que vivir con eso toda la vida”. Llevan más de 30 años buscando a esa niña y “no hay piedra en Aragón que no se pueda levantar y que no hayamos levantado”. María Antonio Oliver París, de la Asociación de Memoria de Mallorca, denunció que en esa isla mediterránea la represión empezó al día siguiente del levantamiento militar, el 19 de julio de 1936. “Las ejecuciones empezaron con listas preconcebidas”, dijo. Aclara que no hubo un frente opositor al régimen sino asesinatos extrajudiciales sistemáticos. Su asociación documentó mil 600 casos, aunque tienen conocimiento de que las víctimas suman 3 mil. Muchos de esos restos están enterrados en 50 fosas a lo largo de la isla. María busca, por todos los medios, los restos de su abuelo Andrés París Martorell desaparecido y asesinado, porque “pretendo que mi madre (hoy de 87 años) pueda cerrar las heridas con la verdad y la justicia”. “Mi madre le llevaba la comida (a su padre preso) y un día de la primavera de 1937 le dijeron que lo habían puesto en libertad. Pero en una saca de la prisión, se los llevaron maniatados. Los esperaban una fuerza armada y la Falange; los llevaron directamente a la muerte”, dice. Al finalizar la sesión María Antonia sostuvo en entrevista que el proceso contra Garzón en lugar de ayudar a cerrar las heridas de estas familias, “lo que están haciendo es justamente lo contrario: abrir nuevas heridas en las generaciones actuales”. En el último día de testimonios, el martes 7, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, defendió algo que incomoda a la justicia española: si el caso no se persigue aquí, entonces que lo haga la justicia argentina. “Si tiene que ser una juez argentina la que asuma la responsabilidad de investigar esos crímenes, es lo que queremos”, señaló Silva, quien en septiembre de 2008 relató a Proceso la exhumación de los restos de su abuelo Emilio Silva Faba y una docena más de personas, conocidos como “los 13 de Priaranza”, en León, en octubre de 2000. Silva explicó que tras ver frenada la denuncia ante la Audiencia Nacional, en diciembre de 2006, se han “personado” (según el término jurídico) en la causa abierta en la justicia argentina, la cual ya solicitó formalmente información sobre los ministros y responsables de las fuerzas de seguridad de España entre 1936 y 1977. Este requerimiento aún no ha sido respondido. “Las exhumaciones ya las hacemos nosotros desde hace tiempo –dijo en tono de reproche–. Ese es problema aparte. Lo que queríamos es que la justicia actuara como con cualquier crimen cuando a alguien, como le ocurrió a mi abuelo, lo detienen, lo torturan, le dan dos tiros en la cabeza y lo tiran en una cuneta.” Ya fuera de la audiencia, en la puerta del tribunal, Ángela Fernández Carballedo, parte del público, se dice indignada por el juicio contra Garzón. Con los retratos sepia de sus víctimas –su padre Francisco Fernández y su tío Palmiro–, sostiene que “no se juzga el verdadero fondo: los crímenes del franquismo. No están juzgando a Garzón, nos están volviendo a juzgar a nosotros, los familiares; Franco nos sigue teniendo presos (…)” El miércoles 8 Garzón argumentó en su alegato final que “el tribunal del hombre, decía Kant, es su conciencia. La mía está tranquila”. Ese día el caso quedó listo para sentencia, la cual se conocerá en estos días. Tras ofrecer a Proceso una explicación pormenorizada de los crímenes sistemáticos del franquismo y su base jurídica (el bando de guerra y los tribunales de carácter extraordinario que funcionaron durante toda la dictadura), el abogado Fernando Magán consideró que juicios como el de Garzón no hubieran funcionado “si ahí adentro, en el supremo, no hubiera magistrados que coinciden conceptualmente con el franquismo”.

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