Las presiones de Felipe Calderón en torno al caso Cassez, así como las pontificaciones del mandatario sobre lo que debe hacer un poder independiente como lo es el Judicial, hicieron mella en la Suprema Corte antes de su resolución del miércoles 21. Algunos ministros, en particular el presidente de esta instancia, Juan Silva Meza, están indignados por esas expresiones, en tanto que la ministra Olga Sánchez Cordero prepara un nuevo proyecto encaminado a la concesión del amparo. Entretanto Genaro García Luna, el secretario intocable de Calderón, quedó comprometedoramente exhibido por violar el derecho de la ciudadana francesa al debido proceso Las presiones directas de Felipe Calderón resultaron contraproducentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  Por el momento, el titular del Ejecutivo fracasó en su pretensión de sacar de la Primera Sala el expediente de Florence Cassez y, por otra parte, los ministros de esa instancia exhibieron las violaciones constitucionales atribuidas, sobre todo, a uno de sus funcionarios más cercanos, Genaro García Luna. De acuerdo con constitucionalistas de dentro y fuera de la Suprema Corte, el ahora secretario de Seguridad Pública quedó expuesto a una investigación penal e incluso a un posible juicio político una vez que  cuatro de los cinco ministros de la Primera Sala resolvieron que era procedente el recurso de revisión solicitado por la ciudadana francesa contra la sentencia de 60 años a la que fue condenada por secuestro. En sesión pública realizada el miércoles 21, esa misma mayoría determinó que se cometieron “graves violaciones a los derechos humanos” de Florence Marie Louise Cassez Crepin cuando fue detenida en diciembre de 2005 por la Agencia Federal de Investigación (AFI),al mando entonces de García Luna. Esa mayoría –integrada por los ministros Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Jorge Mario Pardo Rebolledo– se redujo cuando sólo los tres primeros votaron por conceder el amparo a Cassez. Y la mayoría se disolvió cuando los ministros Zaldívar, Cossío y Sánchez Cordero no alcanzaron un consenso respecto a los efectos del recurso, por lo que la Primera Sala tendrá que elaborar un nuevo proyecto. Consultadas por Proceso, diversas fuentes de la Suprema Corte consideran que la ministra Sánchez Cordero tendría que conciliar las dos posturas para facilitar la liberación de la ciudadana francesa. De no haber acuerdo a partir del nuevo proyecto, el caso pasaría en automático al pleno de la Suprema Corte, donde de antemano se prefigura una votación en contra del amparo. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1847, ya en circulación)