España: Reforma del miedo

jueves, 29 de marzo de 2012
Como parte del plan de choque que el gobierno de Mariano Rajoy aplica para enfrentar la crisis económica, el Parlamento de España aprobó una reforma laboral que disminuye ingresos y prestaciones de los trabajadores, facilita los despidos, promueve contratos de trabajo que vulneran derechos y aumenta el desempleo, que ya ronda el 24.3% de la población económicamente activa. Ante tales medidas, las manifestaciones de protesta surgen cada vez con mayor fuerza y los sindicatos pretenden paralizar a España durante la huelga general convocada para el día de hoy. MADRID (Proceso).- Aunque aún no cumple 100 días al frente del gobierno, Mariano Rajoy se enfrentará a la primera huelga general que pretende paralizar España el próximo jueves 29. Los sindicatos que la convocan lo hacen en repudio a la más profunda de las reformas laborales aprobada en la era democrática, la que, dicen, abarata el despido y precariza el empleo. Con el respaldo de una mayoría parlamentaria, Rajoy ha incumplido las promesas que hizo durante su campaña electoral: se comprometió a que no aumentaría impuestos ni abarataría el despido laboral como parte de sus acciones para salir de la recesión. La nueva norma fue anunciada el 10 de febrero último y entró en vigor dos días después. La Comisión Europea la recibió con beneplácito. Aseguró que va en “buena dirección” y que cumple los “plazos” fijados. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) también la defendió la medida. Su presidente, Juan Rosell, sostuvo que el gobierno “cogió al toro por los cuernos”. Advirtió, sin embargo, que se trata del primer paso en las reformas estructurales que requiere España. Aplaudió los cambios porque el “problema fundamental del marco laboral español era su rigidez, y esta reforma permite la ‘flexibilidad’ del mercado de trabajo”, dijo. En sintonía con los líderes del Partido Popular (PP) –como la secretaria general María Dolores de Cospedal, quien ha fustigado continuamente a los sindicatos por ejercer su derecho de huelga–, Rosell fue más allá al pedir que después del jueves 29 “se revise el derecho de huelga porque no se puede paralizar un país por defender los derechos de unos afectando el derecho de otros”. Esta nueva legislación laboral forma parte del agresivo plan de choque que aplica el gobierno de Rajoy, más enfocado en la austeridad que en la reactivación de la economía. Su prioridad es cumplir con el compromiso que hizo ante la Unión Europea (UE) para reducir el déficit público respecto del PIB de 8.5% al cierre de 2011 a 5.3% al cierre de este año. Para ello es necesario aplicar recortes al presupuesto por 40 mil millones de euros que se suman a los 15 mil millones que redujo el gobierno de su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero. Para cumplir con ese objetivo el gobierno deberá hacer recortes aún más severos que los anunciados hasta ahora en los presupuestos generales del Estado. Éstos serán presentados ante las Cortes Generales el próximo viernes 30, un día después de la huelga. De manera independiente a estos recortes, el Fondo Monetario Internacional estima que la economía de España decrecerá hasta caer a –1.7%. Tal como lo hizo durante su campaña electoral, Rajoy mantiene un discurso ambiguo para evitar referirse a las nuevas medidas de ajuste que incluirán los presupuestos, según han denunciado dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Lo hace, dicen, para evitar dar malas noticias antes de las elecciones autonómicas que se realizan este domingo 25 en Asturias y Andalucía. En esta última comunidad el PP podría ganar luego de 30 años de gobiernos socialistas. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusó a Rajoy de “utilizar la crisis para hacer un ajuste de cuentas con el Estado de bienestar”. En un acto de campaña en Pravia (Asturias), advirtió que “el copago sanitario (pago en salud pública a cargo del paciente) lo tiene el gobierno en la cocina esperando hasta el día 26” para, una vez realizadas las elecciones en Andalucía y Asturias, “servírnoslo en el plato”. También dijo que “es la primera vez que en España un gobierno esconde el presupuesto por intereses electorales espurios”. Advirtió que la táctica del PP es “negar (el presupuesto) antes de las elecciones y aprobarlo inmediatamente después”. “No es la crisis sino la derecha la que decidió congelar el salario mínimo interprofesional, la que optó por aumentar unos impuestos y no otros y la que con una mano sube las pensiones 1% y con la otra retiene 1.2% por el incremento del impuesto sobre la renta”, resumió Pérez Rubalcaba en su crítica a la primera serie de medidas anunciadas el pasado 30 de diciembre por el gobierno de Rajoy Pauperización Alberto Montero Soler, profesor e investigador de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, advierte que las medidas de Rajoy se traducirán en “un mercado de trabajo más precario, remuneraciones a la baja, una progresiva pauperización de las clases medias, que no han entendido que no tienen futuro con estas políticas, y en el desmantelamiento del Estado de Bienestar. Es decir, se trata del tránsito de las clases medias hacia las clases depauperadas. “Esa flexibilidad (del mercado de trabajo) incrementará el desempleo hasta 24.3%. Entonces, lo que va a ocurrir en el país no es que los desempleados españoles se queden cobrando la muy limitada prestación del desempleo, sino que emigrarán a otros países –entre ellos, Argentina, Brasil y México– o se quedarán y se verán forzados a aceptar fuertes reducciones en sus sueldos, una entrada y salida en el mercado de trabajo y contratos laborales que los dejarán cada vez más desprotegidos”, expone el especialista. El propio gobierno de Rajoy ha reconocido que la reforma no generará nuevos empleos; por el contrario, prevé que este año se pierdan 630 mil plazas, con lo cual el desempleo llegaría a 24.3% de la Población Económicamente Activa (PEA); así, casi 6 millones de españoles no tendrán trabajo. Se trata del índice de desempleo más alto de los países de la Unión Europea. También colaborador de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), Montero Soler sostiene en entrevista con Proceso que, debido a la falta de oportunidades y a los sueldos miserables, “en los últimos meses han salido del país 300 mil españoles para buscar trabajo en otras naciones, sin hablar de los inmigrantes que están regresando a sus países de origen. Son, en su mayoría, jóvenes con alta o media calificación, lo cual descapitaliza la fuerza de trabajo nacional”. Explica que tal fenómeno ocurre debido a que “al proyecto neoliberal de la Unión Económica y Monetaria de la UE le faltaba una pata: la flexibilidad del mercado de trabajo. Por eso de manera homogénea se ha hecho hincapié en esa reforma en otros países con problemas, como Grecia o Portugal”. El académico critica que “todo se plantea por medio de recortes y no por vía de los ingresos”. Y lamenta: “Suena vergonzoso escuchar al ministro de Hacienda (Cristóbal Montoro) decir que le ofende que alguien pueda dudar que vaya a tocar Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”. Dice que entonces Montoro no se debe sentir ofendido si se le pide subir ese impuesto a los ricos. Y es que, señala, “no hay una sola medida que toque a los ricos ni a las grandes multinacionales, ni toca el impuesto sobre los bienes inmuebles de la Iglesia”. En su opinión, Rajoy “se plegó a los mercados y a Europa y no ejerce un gobierno soberano. Hace los mismo de lo que acusó a su antecesor”. Señala que “era una falacia pensar que un político convencional y de un partido conservador tuviera un instrumento que no fuera el mismo que se está planteando a nivel europeo para tratar de salir de la crisis”. A la calle El pasado 1 de febrero –nueve días antes de conocerse el contenido de la reforma– la dirección del teatro El Liceu de Barcelona comunicó a los trabajadores que de manera temporal aplicaría el llamado Expediente de Regulación de Empleo (ERE), el cual afectaría a 363 de los 395 empleados. El 12 de febrero –dos días después de que la reforma entró en vigor– la dirección les informó de manera oficial que, con base en la nueva norma, se modificarían sus condiciones laborales: dejarían de trabajar, sin percibir sueldo alguno, entre el 20 de marzo y el 19 de abril y entre el 5 de junio y el 8 de julio. Manuel Martínez, presidente del Comité de Empresa (representación de los trabajadores) del Liceu y técnico de escenario, declaró al diario Público que esto no se debe a la falta de productividad de los trabajadores, sino a la mala gestión de la dirección, al recorte que hizo la Generalitat de Cataluña de 1.5 millones de euros a su presupuesto, y al descenso del “mecenazgo” y de las ventas de boletos. La delegación de la CEOE en Ciudad Real (comunidad de Castilla-La Mancha) decidió cortar a 14 de los 38 empleados y al resto les aplicó una disminución de hasta 30% de su jornada laboral. El 14 de febrero, la administración del hotel Husa Chamartín de Madrid notificó a 12 trabajadores que les rescindiría su contrato laboral. Éstos recibieron sus cartas de despido acogiéndose a una nueva cláusula de la reforma llamada “despido objetivo”, la cual permite a la empresa recortar plazas por causas económicas, organizativas o de producción, con una indemnización de 20 días por año trabajado –en lugar de los anteriormente establecidos 45 días–, con un máximo de “12 mensualidades” de salario. La mayoría de estos trabajadores son mayores de 50 años y tienen 30 años de laborar en ese hotel. Es el caso del mesero Rafael López, quien asegura que recibirá de indemnización una “bicoca”. Con una enfermedad degenerativa, Rafael sostiene: “Como no les sirvo porque estoy de baja laboral por una enfermedad degenerativa en los tendones, debido a los 30 años de trabajar aquí, me echan; nos echan a los más antiguos”. En Asturias la Unión General de Trabajadores (UGT) tiene registradas 16 empresas que han aplicado despidos con base en la nueva reforma, incluida la poderosa Fábrica de Armas Santa Bárbara. Tomás Rodríguez, miembro del Comité de Empresa de Unísono Soluciones de Negocios, compañía que tiene entre sus clientes a trasnacionales como Vodafone, Banco ING y France Telecom, indicó que se iniciaron despidos por goteo. Sólo en febrero Unísono despidió a 45 trabajadores. Previamente, a todo el personal se le redujo su jornada laboral de las 40 horas habituales a 30 horas. “Casi todos buscan un trabajo de tiempo parcial porque de lo contrario no logran completar para sus necesidades básicas”, dice en entrevista. Apunta que la empresa utilizó un artículo de la reforma relativo a los “despidos objetivos por ausentismo”; esto es, “rescinden el contrato a empleados que a lo largo de dos meses superan los ocho días de ausencia, incluso si ésta es justificada por enfermedad”. Unísono aplicó esta medida al día siguiente de que entró en vigor la reforma laboral. Según Rodríguez ello viola la legislación, la cual prohíbe aplicar una ley en forma retroactiva. “En Unísono se despidió a compañeros computándoles el ausentismo previo a la entrada en vigor de la reforma laboral”, afirma. “Esta es la reforma del miedo porque ahora nadie quiere faltar a su trabajo aunque se encuentre enfermo (…) Todos los empleados sienten incertidumbre y están temerosos de que con cualquier pretexto los echen a la calle.” Rodríguez advierte que los despidos se concentran en el personal con mayor antigüedad, al que indemnizan con sólo 20 días por año trabajado, pero sin rebasar lo que hubieran recibido en 12 meses, con lo cual “los trabajadores con antigüedad alta van a recibir una indemnización menguada”. Añade que la reforma permite esos despidos y la contratación precaria de nuevos empleados. “Estamos convencidos de que, aprovechando la reforma, la empresa echará por una puerta a los más viejos y por la otra contratará a trabajadores en paro, con contratos leoninos, horarios reducidos y salarios más bajos. Además, eso permitirá a los dueños recibir una bonificación gubernamental para la seguridad social con el argumento de que contratan a gente en paro. Esto es un fraude a la seguridad social”. Rodríguez dice estar enterado de que hay “empresas con menos de 50 trabajadores que harán contratos por un año, que servirá como periodo de prueba para el trabajador, y se le podrá despedir antes de cumplir el año, diciéndole que no ha superado el lapso de prueba y por eso no se le pagará indemnización alguna”. Esther Román, integrante del Comité de Empresa de Unitono Servicios Externalizados, dice que el miércoles 7 la dirección de esa compañía comunicó a los mil 400 trabajadores que reducirá a 30 horas la jornada laboral de 295 empleados (alrededor de 25% de la planta laboral). El motivo: “razones de productividad”. “Antes se consideraba que un mileurista (persona que gana mil euros) no tenía un sueldo decoroso, ahora eso es un objetivo a alcanzar”, dice Román. Comenta que, debido a la reducción de la jornada laboral, en su empresa los ingresos de los empleados disminuirán en promedio de 800 a 600 euros mensuales.” En vísperas de la aprobación de la reforma laboral, Rajoy acudió a Bruselas, sede de las instituciones de la UE. Durante un acto del Consejo Europeo, aparentemente no se dio cuenta de que tenía el micrófono abierto y se le escapó decir que la reforma laboral “me va a costar una huelga general”. El 10 de febrero, fecha en que el Consejo de Ministros aprobó la reforma, se registraron las primeras protestas en la Puerta del Sol de Madrid. Los policías antimotines arremetieron contra los más de 800 manifestantes. En protesta por los recortes en educación –que el periódico El País cifró en 3 mil millones de euros para este año–, estudiantes del instituto Luis Vives de Valencia realizaron una manifestación. Aquí también la policía arremetió contra ellos durante tres horas. El jefe superior de la Policía en Valencia, Antonio Moreno, recurrió a un lenguaje bélico para negarse a dar detalles del operativo que reprimió la protesta. Dijo: “No pienso proporcionar esa información al enemigo”, en alusión a los estudiantes. Ello provocó el repudio generalizado. En los siguientes días se propagaron las manifestaciones de solidaridad con los estudiantes en una veintena de ciudades. Participaron en ellas padres de familia y profesores. Los jóvenes levantaban en alto sus libros al tiempo que gritaban: “Estas son las armas del enemigo”. El 29 de febrero último se registraron manifestaciones en Madrid, Barcelona y Valencia, entre otras ciudades, donde abundaron consignas contra la reforma laboral. Además, hubo pancartas con lemas como “Recortes cero a la banca y al clero” o “Tu botín, mi crisis”. Consultados por el reportero, dirigentes de Comisiones Obreras (CCOO) –central sindical que junto con UGT convocó a la huelga– anunciaron que presentarán una queja contra la reforma ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a que viola convenios ratificados por España. Precisaron que contraviene el artículo 98 de la Ley del Trabajo relativa a la negociación colectiva –invalidada en la nueva norma– y el artículo 58 de esa misma ley referente al periodo de prueba del trabajador, que la reforma extiende a un año.

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