Desaparecidos, deuda pendiente

viernes, 13 de abril de 2012
MONTERREY, N. L., (apro).- La mañana del 24 de julio del año pasado, Coral Pérez, una modelo de 24 años de edad  originaria de Reynosa, Tamaulipas, salió de paseo en su camioneta  Nissan modelo  XTerra gris junto con cinco  amigas. A nueve meses de su partida, familiares de las jóvenes continúan buscándolas. Hasta ahora, nadie se ha comunicado con ellos para exigirles dinero a cambio de su liberación. La desaparición forzada de personas se ha convertido en la mayor tragedia de la “narco guerra” que se registra en los estados del noreste de México. Ha sumergido a cientos de familias en la peor incertidumbre sobre el paradero de hermanos, hijos, esposos.  Con  interminables y agónicas  noches soñando con la esperanza de volverlos a ver.  Y también con la certeza de que ya están en  mundo mejor, pero sin un cuerpo a quién llorar. Hasta el momento no existen cifras confiables sobre el  número de  personas  privadas ilegalmente de su libertad, secuestrados o “levantados”, término que comenzó a usarse en las ciudades fronterizas tamaulipecas. Las estadísticas conservadoras recabadas por organizaciones de familiares de personas desaparecidas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas  arrojan que en los dos últimos años han desaparecido más de mil 450 personas en los tres estados. Las organizaciones regiomontanas Lupa y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) tienen documentadas 252 desaparecidos en Nuevo León. La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en  Coahuila (Fuundec) registra 230 personas esfumadas sin rastro. El caso más difícil de documentar  es Tamaulipas, donde meses atrás  comenzó a gestarse una organización de familiares con personas desaparecidas, pero dicha iniciativa tuvo que ser disuelta por las amenazas de la delincuencia organizada. En el caso de Tamaulipas, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) arrojan que en  el estado se registraron  2.7 privaciones ilegales de la libertad por cada mil habitantes en el año 2010. Otro indicador que ofrece un panorama de lo que ocurre en Tamaulipas son los secuestros. Para los primeros once meses del 2011  el estado  ya contaba  con dos ciudades entre las diez con mayor índice de plagios: Tampico, con 39,  y Ciudad Victoria, con 23 secuestros, según cifras del Sesnsp. El censo del 2010 arrojó que  Tamaulipas contaba hasta ese año con  3 millones 268 mil 554 habitantes. Así que con los datos anteriores y con escasos reportes de familiares se  estima que en los pasados cinco años han desaparecido, al menos un millar de personas. En  Nuevo León la problemática va en aumento  convirtiéndolo en el estado  con mayor índice de  violencia de la República Mexicana, superando ya a Ciudad Juárez. Aquí se  han llegado al extremo que se han  registrado “levantones” masivos de efectivos de corporaciones policiacas. En mayo del 2011 el jefe de la policía de Apodaca y 10 de sus escoltas fueron plagiados por un grupo de la delincuencia organizada. "Están desaparecidas once personas del municipio de Apodaca", entre ellos el jefe policiaco Milton Alvarado Rojas, dijo en su momento  el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz. Dos meses antes, el 12 de marzo,  fueron privados de su libertad siete policías estatales en el municipio metropolitano de Guadalupe. En ambos casos los efectivos siguen sin aparecer. Debido a los incrementos de  desapariciones forzadas, la Procuraduría General de Justicia estatal está considerando crear una fiscalía para estos casos. “Será de gran ayuda tener una fiscalía especializada. Esto conlleva métodos de investigación, protocolos y manuales de operación y  hacer más eficiente el trabajo en este tipo de delitos”, dice a Apro el procurador  Adrián de la Garza. El funcionario explica que la nueva Fiscalía especializada está en etapa de desarrollo y que podría entrar en operaciones para junio o julio de este año. Además, refiere la PJGNL investiga 100 expedientes de casos de desaparecidos de un total de 250. De la Garza confirma también que se tienen datos de la participación de funcionarios en algunos casos y revela incluso que hay detenidos. “Sí tenemos casos donde  han participado  autoridades en la desaparición de personas, pero la mayoría son producto de la delincuencia organizada”, aclara. Para poner  “nombre y rostro a la tragedia”, las organizaciones de familiares de personas desaparecidas de Coahuila y Nuevo León  presentaron varios casos ante un grupo  de funcionarios de Naciones Unidas. Uno de los casos presentados, en los que se encuentran implicados elementos de la policía y tránsito de San Pedro, la Ministerial de Nuevo León  y la Marina, ocurrió el 12 de noviembre del 2010. Jesús Abraham fue detenido por agentes de tránsito de San Pedro por “estacionarse mal sobre la calle Vasconcelos”. El joven trabajaba en una empresa de la construcción y  viajaba en una camioneta modelo Tornado. A los agentes “se les hizo extraño” que se estacionara en ese lugar y se lo llevaron en una patrulla a los patios de la corporación para investigar si no tenía relación con la delincuencia organizada. Ya en los patios de la dependencia, como quedó registrado en los videos de las cámaras de la corporación,  fue entregado a un agente ministerial. Posteriormente, Jesús Abraham salió esposado en una patrulla escoltado por policías ministeriales. El comandante Javier Rangel informó  a sus familiares  que fue retenido un breve periodo y que después de someterlo a un interrogatorio consideraron prudente ponerlo a disposición de la Marina. “Eso dijo él y la Marina negó los hechos, pero posteriormente cambiaron su versión y dijeron que sí lo tuvieron pero que lo dejaron libre porque no tenía nada”,  relatan a Apro familiares de la víctima. “Según la Marina, el detenido  tomó un taxi. Después de que desapareció, las dos dependencias se lavaron las manos”, dice la afligida esposa que lleva un año buscándolo sin éxito.

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