Gabino Cué perdona a la mafia de Ulises Ruiz

jueves, 10 de mayo de 2012
Cinco exfuncionarios oaxaqueños acaban de salvarse de ir a la cárcel: Acusados de peculado por más de 400 millones de pesos, había órdenes de aprehensión en su contra y ya los buscaba la Interpol... pero súbitamente los requerimientos de captura se “revocaron” –figura inexistente– en virtud de flagrantes errores en la integración del expediente en su contra. Analistas políticos sospechan de ese sorprendente giro en el proceso y ya se habla de un aparente “arreglo” de inmunidad logrado por el anterior gobernador, Ulises Ruiz, ante el actual, Gabino Cué. OAXACA, OAX. (Proceso).- Antes de asumir la titularidad del Ejecutivo de Oaxaca –en diciembre de 2010–, Gabino Cué se comprometió a meter a la cárcel a los funcionarios de la administración anterior, la de Ulises Ruiz, que le causaron un multimillonario daño patrimonial al estado... Pero a 17 meses de iniciado el gobierno del cambio todo sigue igual, pese a que 45 auditorías detectaron un quebranto superior a 4 mil millones de pesos. La decisión del gobierno estatal de “revocar” –por supuestas deficiencias procesales– las órdenes de aprehensión libradas contra cinco exfuncionarios ha dado pie a comentarios y suspicacias... Tanto así que el procurador, Manuel de Jesús López López, tuvo que salir al paso para aclarar que “no hay ningún trato ni acuerdo político” entre Cué Monteagudo y Ruiz Ortiz. El hecho es que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), mediante el pedimento número 434 del 17 de abril de 2012, “revocó la orden de aprehensión” contra cinco exfuncionarios acusados de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y peculado. Los acusados en la causa penal 105/2011 son: el exsecretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib; el subsecretario de Finanzas, Fernando González García; los excoordinadores de Comunicación Social, Raúl Castellanos Hernández y Soledad Juana Rojas Walls, y el exjefe administrativo Jorge Efrén Rojas Hernández. Además el juez segundo de lo Penal, Andrés Manuel Jiménez Méndez, sobreseyó cuatro juicios de amparo interpuestos por los exfuncionarios acusados en uno solo de los expedientes de daño patrimonial por 495 millones de pesos. Es decir que la querella presentada por la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Marisela Woolrich Fernández; el secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada, y el jurídico, Víctor Hugo Alejo Torres, habría tenido deficiencias, por lo que se resolvió revocar las órdenes de aprehensión. El juez resalta: “Se revoca la orden de aprehensión librada en contra de Miguel Ángel Ortega Habib, Fernando González García, Raúl Gonzalo Castellanos Hernández y Soledad Juana Rojas Walls como probables responsables en la comisión del delito de ejercicio indebido de funciones y abuso de autoridad, ambos en perjuicio del erario de la Hacienda Pública del estado de Oaxaca y de la Sociedad; peculado, en perjuicio del erario; de igual manera, en contra de Raúl Castellanos como probable responsable de la comisión de los delitos de usurpación de funciones y falsificación de documentos (…).” Jiménez Méndez informó en un oficio al juez tercero de Distrito su determinación de sobreseer los juicios de amparo 1334/2011, 1503/2011, 1576/2011 y 1567/2011 Sin embargo para el procurador estatal la revocación de órdenes de aprehensión contra cinco exfuncionarios del priista Ulises Ruiz Ortiz “no es cosa juzgada”. Considera que esta decisión “está lejos de ser una derrota; por el contrario, está sentando una base para subsanar algunos criterios” y entonces ejercer acción penal contra los exfuncionarios. Sin embargo reconoce que con esta decisión de “revocar provisionalmente” las órdenes de aprehensión también se suspenden temporalmente las investigaciones que realiza la Interpol. Ésta emitió en septiembre pasado señales de “alerta” a los países donde tiene presencia para proceder a la aprehensión de esos exfuncionarios; ahora tienen que suspenderse. Precisa que el delito de peculado no se había aplicado antes en Oaxaca y además está acotado –con las modificaciones de 2010– y hecho a modo por el pasado régimen priista para evitar sanciones. Sin embargo, destaca, el caso no se ha resuelto de fondo. Lo que se determinó es subsanar el asunto de forma para continuar con el proceso legal, lo que significa que esto no ha concluido sino que se van a hacer las correcciones necesarias y continuará el proceso. Explica que el juez emitió un criterio con el que establece que las querellas, al tratarse del delito de peculado, deben ser presentadas por el director jurídico de la Contraloría y no por la secretaria titular de la Contraloría, por lo que el proceso lo repondrá la parte indicada y el tramité seguirá su curso. Consideró que el giro de los acontecimientos brinda ahora al gobierno –específicamente a la Contraloría– la oportunidad de revisar todos sus trámites en la materia y en este sentido la instancia conoce ahora el procedimiento riguroso para fincar responsabilidades al concluir un proceso de auditoría. A su vez la contralora manifiesta que la revocación de las órdenes de aprehensión contra funcionarios de la pasada administración estatal, “no constituye una declaratoria de inocencia, toda vez que esta decisión fue tomada con base en una interpretación y criterios –no compartidos con la dependencia estatal– de un juez de distrito, en cuanto a que se fundó en disposiciones secundarias. “Los exservidores públicos no están exonerados. La Secretaría de la Contraloría reactivará los procedimientos administrativos y se presentará una nueva querella con más elementos jurídicos”, dice Woolrich. Con fundamento en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, publicada el 10 de marzo de este año, se establece que derivado de las investigaciones y procedimientos administrativos es competencia de esa secretaría formular las denuncias o querellas cuando se advierta la probable comisión de hechos tipificados como delitos. Asimismo, ratificarlas y solicitar la coadyuvancia en la indagatoria. Sospechas de “arreglo” El sociólogo del Instituto de Investigaciones en Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Porfirio Santibáñez Orozco considera que existe la hipótesis de que los miembros de la clase política “se arreglaron” porque se dieron cuenta de que sería un desastre seguir peleando. Destacó que la primera evidencia de ese pacto político fueron las elecciones de 2010 y el terso cambio de gobierno que se habría realizado “a cambio de impunidad”. Para el especialista, si bien no hay pruebas que confirmen el pacto entre la clase política, cada vez hay más indicios que así lo demuestran, como la cancelación de las órdenes de aprehensión contra quienes saquearon el patrimonio del pueblo de Oaxaca. A su vez el coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, Francisco Wilfrido Mayrén Peláez, pedirá al Congreso local que comparezcan el procurador y la contralora para que expliquen con argumentos reales en qué se equivocaron. El no ejercicio de la acción penal contra los ulisistas, dice, “es la cúspide de todas las traiciones y deslealtades. Judas se quedó cortito. Si algo quedaba de confianza, ya no. Si no pueden, si no tienen capacidad, entonces, que renuncien, porque da la impresión de que estábamos mejor cuando estábamos peor. “Si desde el jefe hasta el empleado del más bajo nivel de este gobierno pensaban que gobernar es ir a tener reuniones al mejor restaurante, que dejen el lugar, que tengan la honestidad de irse. No crean que la confianza del pueblo es un cheque en blanco”, añade. Señala que “es evidente que hay un pacto político, porque al exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, por el 10% de lo que hicieron estos rateros en Oaxaca, está preso y muchos de sus colaboradores están huyendo”. Otro caso es el del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que encarceló a funcionarios del Góber Precioso, Mario Marín; pero “él si tiene… decisión”. Insiste en que antes “teníamos intuiciones y hoy hablamos porque tenemos evidencias de que hubo un arreglo (con Ulises Ruiz), porque no es posible que quienes saquearon el estado con miles de millones hoy sigan libres y que funcionarios que se suponía son expertos, lo hayan hecho mal”. Advierte que “esto que estamos viviendo hoy va a tener consecuencias gravísimas para la estabilidad del estado porque no se puede firmar un pacto de gobernabilidad y civilidad cuando están dando una puñalada al pueblo de Oaxaca”. En una comparecencia de la contralora en el Congreso local el diputado perredista Alejandro López Jarquín y el petista Flavio Sosa la cuestionaron por el “posible acuerdo” entre el gobierno aliancista de Cué y el del priista Ulises Ruiz para que sus exfuncionarios no pisen la cárcel. “¿Hubo algún acuerdo de carácter político, en cuanto a estos temas, es decir se pactó el borrón y cuenta nueva? ¿Se le va a dar vuelta a la página? ¿Se va a permitir que a los que quieren protegerse con las candidaturas a diputados federales y al Senado para tener fuero e impunidad, no se les toque?, o ¿fue un acuerdo en otro sentido, de retrasar las investigaciones o permitir que esos individuos se ampararan, huyeran del país y buscaran la protección, a través de mecanismos que la misma justicia establece para que puedan ser candidatos?”, le preguntaron. Flavio Sosa le exigió además aclarar la exculpación que hizo el gobernador Gabino Cué de su antecesor Ulises Ruiz. “¿Comparte usted la declaración del licenciado Gabino Cué de que no hay elementos contra el señor Ulises Ruiz, cuando había, si es que ya no los hay, procesos en curso? Queremos saber con base en qué pudo la administración estatal realizar declaraciones exculpando al anterior gobernador.” Argumentos de la defensa Para los juristas Enrique Toro Ferrer y Fernando Tobías, quienes llevan la defensa del indiciado Raúl Castellanos Hernández, desde el principio notaron que se estaban violando las garantías de audiencia de su representado. Según el juicio de amparo 1334/2011, los actos reclamados fueron la ilegalidad de la orden de aprehensión dictada por el juez segundo de lo penal en la causa 105/2011 y el inicio de un procedimiento administrativo sin derecho a audiencia por la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Entre los alegatos que presentó la defensa resaltaron una serie de inconsistencias, como el hecho de que ya prescribió la acción penal para interponer la querella contra el exvocero de Ruiz Ortiz. Además que no existe orden del gobernador para que se emitiera dictamen de procedencia y cuantificación del monto y/o declaratoria de perjuicios 001/2011, ni autorizó a la contralora a presentar la querella. Hacen referencia a que, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el consejero jurídico del gobierno del estado no tiene facultades para querellarse ni para denunciar. Aunado a esto, la subprocuradora de la zona sur, Maribel Mendoza Flores, informó al juez quinto de Distrito que a Castellanos Hernández se le acusó del daño patrimonial de 736 millones 207 mil 337 pesos cuando en la causa penal se le responsabiliza de 495 millones 700 mil 229 pesos. Toro Ferrer destacó que “la contraloría armó esto muy mal, muy deficiente, con muy poca técnica. La señora (Perla Woolrich) no le puso la debida atención o no conoce el derecho a pesar de que tiene mucho tiempo de litigar”. Hizo hincapié en que la contralora “violentó totalmente el procedimiento y anticipadamente interpusieron una querella sin que hubiera facultades para ello. Esto trajo como consecuencia el resultado de que ahora no proceda el asunto”. Fernando Tobías dice que “desde que se presentó el juicio de amparo las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras –el juez segundo de lo penal y el procurador– se negaron a proporcionarle la información al juez quinto de distrito que inicialmente conoció del asunto. Y es que “armaron la averiguación a su antojo y a la carrera. Tan es así que en un documento el procurador dice que el monto del ejercicio indebido y abuso de autoridad fue por 736 millones y el juez penal dice que son 495 millones”. La Contraloría dice que en la época de Ulises Ruiz se blindaron para salirse del problema, sin embargo “se le olvida a la contralora que esas leyes se aprobaron cuando ella era diputada y ella votó por esa ley”. Lo que observaron es mucha “ineficiencia” y por eso la PGJE pidió que se revoque la orden de aprehensión, otro error o desconocimiento de la ley porque no existe esa figura de revocación, lo que existe es el no ejercicio de la acción penal o desistirse de dicho ejercicio y el juez se los otorga y se cancela la orden de aprehensión. En síntesis, dice, es “una exhibida para ellos porque no están actuando con legalidad, están violando los derechos fundamentales, actuando a su total arbitrio y mostrando su total desconocimiento de la ley”. Torro Ferrer abunda: “Con tanto desconocimiento e ineficiencia de las autoridades, efectivamente se puede pensar en algo sospechoso, porque es el propio gobierno el que está dando marcha atrás y está reconociendo que no hay elementos para esa orden de aprehensión”.

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