El presidente Evo Morales nacionalizó la empresa Transportadora de Electricidad, filial de la compañía ibérica Red Eléctrica de España, en un contexto de pérdida de popularidad de su gobierno y de diversas protestas sociales. La medida no le produjo mayor apoyo político, pero le implica un reto: obtener millonarias inversiones que garanticen el abasto de energía para su economía; sólo que ni el Estado ni los empresarios privados del país disponen de esos recursos. La Paz (Proceso).– ¡Vivan las nacionalizaciones!, exclamó el presidente boliviano, Evo Morales, cuando el pasado 1 de mayo anunció la estatización de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), filial de la compañía Red Eléctrica de España (REE). La misma frase fue pronunciada por Morales en actos similares celebrados en los años 2006, 2008, 2009 y 2010 para anunciar otras expropiaciones. Ello ha convertido estas medidas en una fórmula predecible, orientada a afianzar el carácter estatal de la economía y a mejorar la imagen del gobierno que enfrenta conflictos internos, afirman analistas consultados por Proceso. “Morales cree que con estas acciones va a recuperar un apoyo político perdido en estos años. Está tomando decisiones económicas que no le van a servir a Bolivia en el largo plazo”, dice en entrevista Armando Méndez, analista económico y expresidente del Banco Central de Bolivia. Armando Álvarez, consultor financiero independiente, coincide: “Con estas medidas no hay seguridad jurídica en el país y se ahuyentan las inversiones”. Poco después de anunciar en La Paz la nacionalización de TDE, que controlaba el 73% de las líneas de transmisión eléctrica, Morales viajó a la ciudad de Cochabamba, donde se encuentra la planta principal de la empresa, ocupada por una unidad de las Fuerzas Armadas. Allí se armó el mismo escenario de otras nacionalizaciones: militares con traje de combate distribuidos en la planta, numerosas banderas bolivianas colocadas en las instalaciones y un gigantesco telón con la palabra “nacionalizada”. “En 2006, con la nacionalización de los hidrocarburos, el gobierno logró un impacto político con militares y banderas en los pozos de gas natural (la principal riqueza de Bolivia), pero la medida de nacionalización tras nacionalización se ha desgastado y, hoy en día, la imagen de militares en centros productivos ha dejado de entusiasmar a la gente. El impacto más fuerte está únicamente en el inversionista extranjero, que queda ahuyentado con ese procedimiento”, afirma el analista Carlos Cordero. La medida contra la filial española se produce cuando el gobierno de Morales enfrenta una ola de protestas sociales: sindicatos que demandan aumento salarial para sus agremiados amenazan con huelgas, transportistas exigen subir el precio de sus tarifas en las ciudades e indígenas de la región oriental del país realizan una marcha que se dirige a La Paz con el propósito de oponerse a la construcción de una carretera que atraviesa una reserva ecológica. De acuerdo con una encuesta de la empresa Ipsos Apoyo, en marzo de 2012 la popularidad de Evo Morales llegó a 29%, lejos del 64% que alcanzó al ser relegido en 2010. En 2014 habrá elecciones generales en Bolivia y de manera extraoficial se especula que Morales aspira a continuar en la presidencia. Paradójicamente, la acción contra la TDE se anunció el mismo día en que el presidente Morales inauguró una ampliación de la principal planta de procesamiento de gas natural, ubicada en el departamento de Tarija, al sur del país, con la presencia de Antonio Brufau, presidente de la española Repsol, principal inversionista en la planta. Apenas el pasado 16 de abril, el gobierno de Argentina había nacionalizado 51% de las acciones que Repsol tenía en la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Baja tensión El gobierno boliviano se comprometió a pagar la compensación que corresponda a la empresa española REE, que deberá ser determinada por una firma independiente en el plazo de 180 días hábiles, lo que relajó la inicial tensión entre los gobiernos de España y Bolivia. De acuerdo con el presidente Morales, TDE invirtió en 17 años 81 millones de dólares, una cantidad que consideró “insuficiente”. En su descargo, la compañía española dijo que “a los 74 millones invertidos de 2002 a 2011 hay que añadir otros 14 millones de dólares en proyectos ya iniciados, lo que da como resultado una cifra superior a los 88 millones de dólares”, según declaró a la prensa el presidente de la empresa, José Folgado. Aunque el embajador de España en Bolivia, Ramón Santos, dijo que la disposición “manda una señal negativa desde el punto de vista de la inversión, tanto nacional como extranjera”, no se han registrado declaraciones inamistosas por parte de funcionarios de ambos países. El caso es diferente al conflicto que enfrenta Argentina con España por la nacionalización de YPF, ya que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández anunció su negativa a pagar la compensación que exige la compañía. De acuerdo con informes de la empresa Red Eléctrica de España, ésta sólo obtiene 2.5% de sus ingresos en Bolivia y Perú, los dos países de América Latina donde tiene presencia. En el caso de Bolivia, según los mismos datos, sus operaciones representan sólo 1.5% del volumen global de negocios de la firma. De acuerdo con el analista Cordero, la nacionalización de Transportadora de Electricidad fortalece el discurso nacionalista y populista del gobierno de Evo Morales. “Otorga más argumentos a lo que es una constante en el gobierno: hablar de la ‘recuperación’ de empresas extranjeras para el Estado, aunque todo se queda en eso, ya que los problemas de la economía siguen siendo los mismos”, argumenta. Para el economista Chávez, “esta nacionalización implica que el gobierno manejará transporte y generación de la ahora empresa nacionalizada; por lo tanto, todos los apagones y la falta de electricidad van a ser responsabilidad del gobierno nacional”. En el último trimestre de 2011, seis de los nueve departamentos de Bolivia sufrieron cortes en el suministro de energía eléctrica debido a que la demanda superó a la oferta existente. En 2012 se puso en marcha una nueva turbina termoeléctrica que resolvió el problema, aunque la cantidad de electricidad generada se mantiene apenas por encima de la demanda. En vísperas de la época invernal, que se inicia en junio, los expertos temen que el déficit salga nuevamente a flote, obligando a realizar cortes programados en las ciudades, que afectan no solamente a los hogares, sino a industrias y comercios. De acuerdo con Carlos Delius, presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, en una década la demanda de energía eléctrica creció en más de 66%, en tanto que las reservas disminuyeron de 21% a 4%, entre 2008 y 2011. Delius considera “inquietante” este panorama. Juan José Sosa, ministro de Energía e Hidrocarburos, afirmó que no se volverán a repetir apagones en las principales ciudades del país al existir un suficiente equilibrio energético. El analista económico Julio Alvarado cuestiona ese argumento. Afirma que “no hay un plan de desarrollo, este es sólo un enunciado que no sirvió para prevenir la tendencia del crecimiento de la gran demanda de energía en el país. La ineficiencia estatal ha hecho que no se lleven a cabo las inversiones en el sector eléctrico”. Bolivia tiene una capacidad de generación de energía eléctrica de 6 mil 718 Gigavatios por hora (GWh) y, según el gobierno, en una década la demanda alcanzará los 13 mil 786 GWh. Para cubrir ese requerimiento, de acuerdo al Colegio Profesional de Ingenieros Eléctricos de Bolivia, el sector requiere inversiones de unos mil millones de dólares, que no están disponibles ni en el Estado ni en los empresarios privados de Bolivia. Presencia creciente De acuerdo a la Constitución de Bolivia, el Estado tiene como obligación intervenir en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos e incluso ejercer el monopolio en las actividades que se consideren estratégicas o de necesidad pública. Fiel a ese mandato constitucional, el presidente Morales informó en julio de 2007 que en los 18 primeros meses de su gestión el Estado incrementó su presencia en la economía de 6% a 20% debido a la nacionalización de los hidrocarburos. Pese a ello, Bolivia es deficitaria en la producción de diesel y gas licuado debido a que no se han registrado inversiones significativas en la exploración de petróleo, contrariamente a lo que sucede en la búsqueda de gas natural. De acuerdo con el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en 2010 Bolivia importó combustible por valor de 615 millones de dólares. Un año después la cifra llegó a los 786 millones de dólares y estima que en 2012 alcanzará los mil millones de dólares. “La nacionalización (de los hidrocarburos) nos debería haber generado mayor independencia, y pasa lo contrario. Tenemos enormes importaciones de derivados de petróleo, diesel, gas licuado y gasolina”, afirma el analista económico Marco Gandarillas. En un informe presentado en octubre de 2011, el vicepresidente, Álvaro García Linera, dijo que el Estado controla 35% de la economía. “Y ese porcentaje tiene que crecer todavía un poco más. ¿Demasiado estatismo? Sí, tiene que haber estatismo, porque si no es estatismo es el privatismo extranjero el que asume el liderazgo económico en Bolivia”, argumentó. Además de tomar el control en los sectores estratégicos de la economía (hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones y, parcialmente, en minería), el gobierno ha creado 14 empresas estatales, de las cuales sólo dos tenían saldo económico a favor al concluir 2011: la línea aérea estatal y una fábrica de producción de almendras. El resto, dedicadas a rubros tan diversos como la producción de papel, cartón, cemento, cítricos y otros, aún se encuentra en proceso de consolidación. De acuerdo con la Fundación Milenio, especializada en análisis económico, las 14 compañías públicas sólo crearon 250 empleos directos.