MÉXICO, D.F. (Proceso).- La Cámara de Diputados cerró sesiones el 30 de abril con una ley que procurará proteger, ayudar e indemnizar a las víctimas de la guerra calderonista. Legisladores, abogados y activistas de derechos humanos, sin embargo, reaccionaron de maneras distintas: algunos la ven como una mascarada demagógica del gobierno, otros desconfían de su correcta aplicación y unos más la ensalzan y ponderan su superioridad sobre reglamentos similares en el extranjero... En el ocaso del sexenio calderonista y el último día de sesiones del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Víctimas que pretende lograr una reingeniería del sistema de justicia en favor de las víctimas de la violencia, que activaría mecanismos para la reparación de los daños y permitiría elaborar un diagnóstico del perjuicio originado durante el periodo de la narcoguerra en términos de personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas, extorsionadas, heridas, que perdieron sus bienes, y ampara también el daño a sus familias. La aprobación, el pasado 30 de abril, de esta ley que reconoce los derechos de las víctimas de la delincuencia común, de organizaciones delictivas y de agentes del Estado fue aplaudida por la sociedad civil, activistas y políticos. Significa la creación del Registro Nacional de Víctimas, el Registro Nacional de Datos Forenses, un fondo para la reparación del daño y que se enuncien derechos, como la restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición. “Es un día histórico”, festejó después de la aprobación el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezado por el poeta Javier Sicilia, quien logró hacer visibles a las víctimas de la violencia y puso sus necesidades en la agenda política. En una carta escrita desde Estados Unidos, Sicilia señaló: “(La ley) no resuelve ni las causas ni el origen de la violencia ni de la impunidad. Tampoco resuelve los profundos agravios de la estrategia fallida de la guerra contra las drogas, pero muestra, al reconocer la realidad y la necesidad de justicia de las víctimas, la debilidad del Estado y la poca voluntad de quienes conducen este país para enfrentar la actual emergencia nacional desde una agenda estructural, y sienta una mínima base para enfrentar a la situación actual. Por fin, al final del sexenio, con más de 50 mil muertes, más de 20 mil desapariciones y más de 160 mil desplazados, tenemos la posibilidad de un registro nacional de víctimas y de desaparecidos, y un fondo económico para sus indemnizaciones. (...) Falta todavía que el presidente de la República firme para que se promulgue la ley. Su demora sería un crimen”. En espera de que el presidente Felipe Calderón la promulgue, algunos legisladores y representantes de organizaciones se cuestionan el uso político que pudiera darle para “lavarse la culpa” de la violencia desatada durante su sexenio, si no se traslapa con otras leyes y si realmente habrá voluntad política y presupuesto para aplicarla el próximo sexenio. Las organizaciones de víctimas del interior del país y organizaciones de derechos humanos cuestionadas por Proceso manifiestan que apenas estudiarán la ley ya que no fueron consultadas por el Movimiento ni por el Legislativo para su elaboración. El MPJD señala que la aprobación se dio a pesar de un “camino de tensiones y dudas, frenos y retrasos”, en alusión al comportamiento de la Secretaría de Gobernación que hasta el último momento se empeñó en torpedearla con el argumento de que el Estado no tiene dinero para llevarla a cabo. Por la carencia de un registro confiable de víctimas nadie tiene claro cuánto costará su aplicación. También se podría convertir en la muerte de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas (Províctima), creada apenas el año pasado, porque la nueva ley la sustituye con otras instancias. “(La ley) pone el dedo en la llaga porque exhibe los problemas más severos dentro de esta violencia: las fracturas de un sistema de justicia que arroja 98% de impunidad, la precariedad de los derechos ciudadanos, la vulnerabilidad de los derechos humanos, la falta de funcionamiento del sistema de protección, la operación de la violencia criminal sin contención e incrustada en el tejido social, el error de combatir la falta de oportunidades con una política de fuerza”, señala la diputada perredista e impulsora de la ley, Teresa Incháustegui. “También indica que hay un saldo desconocido (de víctimas), del que aún no sabemos su tamaño. También es una legislación con la que Calderón pretende legitimizarse para su salida, lavarse la culpa, pero son esos renglones torcidos que al final pueden dar algo derecho”, dice. Por su parte el activista Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señala: “Aunque es positiva su creación, parece una ley que obliga al Estado a cumplir lo que desde antes estaba obligado por ley a cumplir –pero en lo que ha fracasado por sus deficiencias–, como el acceso a la justicia. A Calderón le viene de maravilla para fortalecer el discurso en ámbitos internacionales para mostrar su compromiso con los derechos humanos, aunque no lo tuvo, y más a algunos de los legisladores que la aprobaron e intentarán ususfructuarla como autopromoción política”. De vanguardia La ley que llegó al Poder Legislativo nueve meses después de la reunión que el movimiento encabezado por Javier Sicilia tuvo con legisladores, es una amalgama que tomó lo mejor de los proyectos que realizaron por separado el Instituto Nacional de Ciencias Penales (a petición del Ejecutivo) y la UNAM con el MPJD, y retomó también anteproyectos sobre el tema del PRI, el PAN y el PRD. Entre sus novedades establece que las víctimas –además de asistencia médica, psicológica, jurídica y rehabilitación– recibirán apoyo monetario, becas y asistencia humanitaria para que puedan dar seguimiento a sus casos ante la justicia sin poner en riesgo la estabilidad económica de su familia. Las víctimas tienen derecho a que se realice una investigación judicial pronta y efectiva, que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de todos los responsables del daño. Contarán también con un “abogado victimal” capacitado para cumplir su labor con eficacia y sensibilidad, que formará parte de un instituto de abogados victimales que llevarán los casos de principio a fin al lado de las víctimas. Esta figura es equivalente a la de los defensores de oficio. A su vez los funcionarios negligentes, maltratadores o corruptos podrán ser denunciados y recibir sanciones. El propio abogado victimal debe proceder contra agentes investigadores, jueces u otras autoridades que obstruyan el derecho de su defendido. La ley obliga al Estado a permitir que la víctima coadyuve en las investigaciones, a proteger a testigos y sobrevivientes, a investigar e informar a las víctimas la verdad sobre por qué ocurrieron los hechos y a investigar de oficio y de inmediato las desapariciones de personas sin cesar hasta localizarlas o, cuando se le encuentre sin vida, recuperar su cadáver y entregarlo a la familia. Cuando el caso sea ganado, el ofendido podrá ser compensado con hasta 1 millón de pesos como reparación, dinero que saldrá del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Daño. Si el victimario es agente estatal, el Estado deberá pagar los daños, pedir disculpa pública y hacer actos de reparación. Si el delincuente es un particular, deberá resarcir los prejuicios con sus propios recursos y en caso de no poder hacerlo el Estado entraría como subsidiario. Se considera una víctima a quien acredite haber sufrido algún daño económico, físico, mental, emocional o jurídico como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos, o sus familiares afectados o personas que dependían de ésta. Para acceder a los beneficios deberá presentarse el caso ante el Sistema Nacional de Víctimas, constituido por miembros de organizaciones sociales y representantes de universidades, quienes determinarán a qué tipo de apoyo tiene derecho. “La ley ha dispuesto un sistema de Registro Nacional de Víctimas porque no sabemos cuántas hay. El gobierno da un estimado de 60 mil muertos, pero alguien hablaba de 240 mil, y si sumamos secuestrados o víctimas de delincuencia común vamos a llegar a millones. Claro que no todas tendrán acceso a lo mismos beneficios porque no es lo mismo una desaparición forzada cometida por un policía que un cristalazo para robarnos el estéreo del coche. Los dos somos víctimas; sin embargo los accesos a los distintos esquemas varían”, explica a Proceso el abogado Julio Hernández Barros, uno de los creadores de la ley desde el equipo del Inacipe y cabildeador por parte del MPJD. Llama la atención que a diferencia de la ley colombiana, que resarce únicamente a víctimas del conflicto armado y a partir de cierta temporalidad (en ese caso arbitrariamente desde el año 1984), o la italiana, que únicamente incluye a las víctimas de la mafia, la mexicana es atemporal e incluye a todos. En Colombia el proceso de construcción de la ley duró una década, fue auspiciado por la ONU y se realizó a través de foros regionales de consulta de víctimas, lo que logró la articulación de las organizaciones. “La mayoría de las leyes de víctimas tratan de reparar el daño que se ocasionó en un momento determinado; en ésta todas las victimas del pasado y del futuro tienen acceso. No hay limitación. Si la violación fue actual o de hace ocho años o de la guerra sucia, tiene acceso a la ley”, explicó el abogado especialista en derecho penal. Mencionó entre las novedades la obligación del Estado de darle educación a los hijos de las víctimas, a pagar su transportación, comida y hospedaje cuando deban presentarse, porque el proceso penal lo requiera, además de proveer apoyo médico, psicológico y jurídico. “No es necesariamente una indemnización para los 60 mil muertos y los millones de víctimas; cada caso es distinto (…) La idea no es quebrar al país sino crear instituciones para que las víctimas tengan acceso y usar las instituciones ya existentes para que disminuyan los gastos que tengan que hacerse.” Así, explica, el Seguro Social o el ISSSTE atenderán a las víctimas que requieran servicios de salud o psicológicos (“la obligación de atenderlo no es en su calidad de derechohabiente sino de víctima y eso no genera mayores egresos”) o una escuela pública de Quintana Roo deberá acoger a un niño de Monterrey cuya familia ha sido desplazada, con el mismo cargo al erario. A manera de abogado del diablo se le plantea una pregunta: “¿Los familiares de El Chapo pueden pedir indemnización si lo mata el Ejército?”. Responde: “Un muerto es un muerto, se haya dedicado a lo que se haya dedicado. Muchas veces éstos son víctimas de la sociedad en que les tocó nacer o vivir. Yo no podría culpar a El Ponchis, que tiene 14 años, porque el primer culpable es su familia, su comunidad y en tercer lugar el Estado. Si El Chapo cae abatido, la familia de él que no tiene ninguna relación con el crimen organizado podrá esclarecer lo que pasó, tiene el mismo derecho a la justicia y de acceder a algunas instancias de la ley (…) No se trata de una ley que dé dinero a la familia de El Chapo, sino que todos tengamos acceso a un esquema básico de derechos”. Señaló que el mecanismo contendrá filtros para evitar que personas que contraten buenos abogados se aprovechen de los beneficios de la ley para pedir compensaciones.- Por su parte, la abogada Ana Lorena Delgadillo, quien participó en el equipo de redacción de la ley del Inacipe, señaló que los beneficios de la ley no se limitan a lo económico, ya que la reparación consiste también en que el Estado investigue y sancione en todos los casos, y en los de violaciones a los derechos humanos garantice medidas para que el hecho no se repita y pida una disculpa pública. Reticencias y sorpresas A decir de Hernández Barros fue el propio Calderón quien pidió al Inacipe la elaboración de una ley en la materia y fue el primer interesado en su aprobación. Sin embargo, Gobernación la secuestró porque nunca la presentó a los legisladores. “La Ley de Víctimas surge porque no se ha cumplido con otras leyes, como el Código Penal Federal o la de Delincuencia Organizada o Contra el Secuestro (...) Es el resultado de una catástrofe, de una emergencia nacional que en condiciones normales no necesitaríamos (…) El presidente estaba interesado en el proyecto; sin embargo tuvimos algunos obstáculos en Gobernación, donde la congelaron indefinidamente porque hasta el momento la Presidencia nunca presentó el proyecto”, dice el experto penalista. Aunque este semanario buscó la opinión de la Secretaría de Gobernación sobre la ley, no hubo respuesta. Un senador comentó que de esa dependencia les pidieron que no la aprobaran porque no cuenta con presupuesto. La propia ley señala que cada año debe asignársele un presupuesto para su operación y prevé mecanismos para que los culpables resarzan el daño, o en casos imposibles de hallar al agresor, y de manera subsidiaria, entraría a apoyar el Estado. El experto explica que cuando el MPJD cabildeaba la ley que sumaba las iniciativas del Inacipe y de la UNAM, acudieron a reuniones interinstitucionales con la Comisión para el Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, desde donde intentaron paralizar la ley. “Querían quitarle la protección a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, que es lo que hace a esta ley única en el mundo. La de Colombia protege sólo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, o en Europa, a víctimas del delito; esta tiene la gracia única en el mundo de proteger a todas las víctimas, sin importar su origen”, dijo. Las organizaciones que Proceso intentó consultar para que dieran su opinión sobre la ley que se aprobó el pasado 30 de abril revelaron que no la conocían. “Esta (ley) es una ganancia que se da en el marco de la reforma constitucional de derechos humanos. Una de las leyes secundarias que se tienen que desprender de las reformas es la Ley de Víctimas. Pero apenas la vamos a conocer y a revisar su contenido. Supe de ella por algunos compañeros en informaciones indirectas, pero no (hubo) una convocatoria más abierta a participar”, dijo Agniezcka Racksynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, que aglutina a las organizaciones de defensa de derechos humanos más respetadas de todo el país. Lo mismo ocurrió con organizaciones de Coahuila, Chihuahua y Baja California –como Fundem, Cedhec, Cosyddhac, Alto a la Impunidad, entre otras, pioneras en la búsqueda de personas desaparecidas– que dijeron que apenas revisarían su contenido. Delgadillo, quien también asesora a organizaciones de víctimas, dice que la tarea que sigue es consolidar los movimientos que existen en el país para que se apropien de la ley, la defiendan y la hagan exigible. “Esa ley es muy importante y necesaria para el país. Nos hubiera gustado una consulta más abierta, un proceso de debate y participación más amplio de las víctimas y que llegara a organizaciones que trabajan en comunidades muy alejadas, donde se dificulta mucho más el acceso a los derechos y a los servicios”, expresa. Por su parte Gabino Gómez, del chihua-huense Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem), que lleva casos de desapariciones forzadas y feminicidios, se muestra escéptico a que la ley logre materializarse. “La intención de la ley es positiva, el problema va a ser quién la opere, porque la ignorancia, apatía y corrupción hace inoperante cualquier ley. Si la ley va a hacer lo mismo que los centros de justicia familiar de Chihuahua, donde los operadores no hacen nada, o lo mismo que Províctima, que nació sin presupuesto, entonces la ley será sólo para salir del paso, para acallar las voces críticas”, expresó. Aunque la ley prevé que las personas halladas culpables paguen las compensaciones por los daños cometidos, Gómez dijo que esto no ocurrirá si persiste el alto nivel de impunidad. Édgar Cortez manifiesta su temor de que corra la misma suerte que el IFAI o el IFE, donde la Presidencia termina controlando los nombramientos de los consejeros: “La posibilidad de éxito de la ley está construida sobre algo inexistente, que es un buen sistema de justicia, porque tenemos un mal sistema de justicia, pues dependerá de cada procuraduría o de la PGR, que sabemos que son ineficientes. Otro punto crítico es que plantea cosas pero se olvida de todo lo que hay antes, como Províctima, que no aparece mencionada ni considerada en esta ley”, expresa. Incháustegui señaló que la materialización de la ley empezará cuando la Presidencia la publique: “En Colombia les llevó más de 10 años crear la suya. Fue un proceso muy complejo de construcción. Aquí estamos reaccionando con mucha celeridad, la legislación da un paraguas bastante generoso, pero la construcción de la política va a requerir muchísimo tiempo. A partir de la participación de organizaciones civiles, que está prevista en la legislación, se puede generar una sinergia”.