En el mar de violencia que fomentan grupos criminales y caciques en Guerrero, los candidatos realizan sus campañas como pueden, y quien no es secuestrado es intimidado o asesinado. El exalcalde de Arcelia, Ernesto González Hernández, asegura que en la entidad los narcos lo controlan todo, al grado de que los políticos tienen que pedirles permiso para hacer proselitismo. Las dirigencias estatales del PRI y del PRD advierten que las siete regiones de la entidad son de alto riesgo. CHILPANCINGO, GRO. (Proceso).- La muerte, el terror y el miedo desatado por la confrontación entre caciques y bandas delincuenciales que se disputan el control político y económico regional, así como las zonas de producción, trasiego y venta de drogas, envuelven las campañas electorales en el estado. Avasallados, los candidatos locales no sólo se ven obligados a “pedir permiso” al narco para realizar sus campañas; algunos incluso han sido levantados y extorsionados; otros, como Margarito Genchi Casiano, postulado por el PRD a una diputación local por el distrito 14 de la región de la Costa Chica, han sido ejecutados. Genchi Casiano, exalcalde del municipio Florencio Villarreal, fue ejecutado el lunes 11. Desde el inicio del proceso electoral, las dirigencias del PRD y del PRI estatales denunciaron el clima hostil en los municipios guerrerenses sin que las autoridades atendieran sus quejas. Las candidaturas locales, 81 ayuntamientos, el Congreso local –integrado por 46 diputados–, nueve diputaciones federales y tres espacios para el Senado, están siendo disputados por el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero y sus aliados, los cuatro dirigentes de las tribus perredistas, y los grupos que encabezan los exgobernadores priistas Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros. El PRI postuló incluso a Claudia Ruiz Salinas como su candidata a senadora. Ella es hija de Adriana Salinas y José Francisco Ruiz Massieu, exgobernador que fue asesinado a tiros el 28 de septiembre de 1994 en la Ciudad de México a finales de la administración de Carlos Salinas de Gortari. Y mientras los principales caciques optaron por repartir las candidaturas entre familiares directos, amigos y operadores políticos, el gobernador Aguirre Rivero utilizó al PRD para colocar a su hijo Ángel Aguirre Herrera como candidato a diputado por el Distrito VII de Acapulco, así como a varios colaboradores, entre ellos su antiguo secretario de Desarrollo Rural, Sofío Ramírez Hernández, quien ocupa el segundo lugar de la fórmula perredista al Senado. El exgobernador Figueroa Alcocer impuso a su hijo, Rubén Figueroa Smutny, en la lista de diputados locales del PRI por la vía plurinominal y a uno de sus operadores, Héctor Vicario Castrejón, como candidato a diputado federal por el Distrito VI, con sede en la zona de la Montaña Baja. Desde que el cártel de los hermanos Beltrán Leyva perdió fuerza en la entidad tras el asesinato de Arturo Beltrán, El Barbas, en diciembre de 2009, las escaramuzas entre los remanentes de esa banda criminal y las pandillas y células regionales se disputan a sangre y fuego el control de los principales corredores de droga, como Costa Grande-Acapulco; Zona de la Sierra-Tierra Caliente; Centro-Zona Norte, y Montaña-Costa Chica. Y aun cuando las cúpulas estatales del PRI y del PRD han demandado seguridad personal para los candidatos y el reforzamiento policiaco y militar, en las siete regiones de la entidad la respuesta de las autoridades estatales ha sido insuficiente. Durante sus campañas la mayoría de los aspirantes han tenido que desplazarse en camionetas blindadas, acompañados de escoltas armados, así como de policías estatales y federales. Manuel Saidi Prats, quien renunció al PRI y pidió licencia como diputado para disputar la alcaldía de Taxco de Alarcón bajo el emblema del PRD, es uno de los pocos que recibió ayuda del gobierno estatal. La razón: se le identifica como operador de Aguirre Rivero. Aun así, el 28 de abril fue ejecutado Horacio Barquín Ceballos, su suplente en la diputación que él dejó vacante. Barquín Ceballos, quien se desempeñaba como dirigente del PRI en la Zona Norte, era operador político de Figueroa Alcocer, hijo del teniente coronel Javier Barquín Alonso y ahijado del recientemente ejecutado general Mario Arturo Acosta Chaparro, a quien se vinculó con el narco.   Entre amenazas y levantones   El diputado local priista Ernesto González Hernández asegura que “es de todos sabido que hay que pedir permiso (al narco) para hacer política”. El año pasado, González Hernández, perteneciente a una de las cinco familias más adineradas de la región, tuvo que abandonar Tierra Caliente a causa de la violencia desatada por los grupos delincuenciales. El exalcalde de Arcelia y empresario tuvo que deshacerse de algunos de sus negocios, entre ellos la concesión de la cervecera Corona, tras recibir presiones de los criminales que prácticamente tienen secuestrada a la sociedad calentana, según informó el PRI. A finales de mayo, en un acto organizado por su partido en esta capital, González Hernández comentó: “Uno tiene que buscar llegar allá (a la región celentana), y ver cómo puede entrar para que lo dejen trabajar o hacer público su manifiesto de que quiere trabajar a favor de la ciudadanía”. Reportes oficiales refieren que Blanca Mireya, excandidata del PRI a la alcaldía de Arcelia y propietaria de casas de cambio, gasolineras y hoteles, y otra de sus hermanas, fueron secuestradas. Sus captores las liberaron tras el pago de un rescate, pero ellas ya no quisieron regresar a su pueblo. Aquel día González Hernández habló también de Catalino Duarte Ortuño, exalcalde de Zirándaro y actual candidato a diputado federal por el PRD en el Distrito I, con sede en Tierra Caliente: “A ver –dijo–, explíquese cómo Catalino Duarte, siendo diputado local, no visitó la región de la Tierra Caliente por los problemas de inseguridad y ahora sí está allá. Tuvo que entrar y llegar a los arreglos, a los convenios con la gente que esté en esos menesteres, en esas cuestiones.” Cuando se le pidió ser más específico, el “priista exiliado” respondió: “¿Cómo explicarse que (Catalino Duarte) no pudo visitar la región en sus tres años como diputado local? Es de todos sabido que hay que pedir permiso (a los delincuentes y caciques) para hacer política”. El secretario de Gobierno Humberto Salgado Gómez declaró por esas mismas fechas que “al menos tres candidatos” fueron levantados y amenazados por grupos delincuenciales durante el periodo de precampañas. Pese a ello, autoridades estatales y electorales insisten en negar los “focos rojos”. Según sus representantes, el proceso electoral se desarrolla en condiciones óptimas. Sus declaraciones contrastan con las de los dirigentes estatales del PRI, Cuauhtémoc Salgado Romero, y del PRD, Carlos Reyes Torres, para quienes en las siete regiones de la entidad los contendientes realizan sus campañas en un clima adverso. Para ellos, Acapulco, Costa Grande, Tierra Caliente y la Zona Norte son puntos de “alto riesgo”. Según Salgado Romero, cinco de sus candidatos han sido amenazados de manera abierta por grupos criminales. Por lo que atañe al PRI, Álvaro Burgos y Alejandro Bravo Abarca, postulados a diputados federales por los distritos II en la Zona Norte y III, en la Costa Grande, respectivamente, han sido intimidados. Lo mismo pasa con los candidatos a las alcaldías de Taxco y Huamuxtitlán, Salomón Majul González y Timoteo Domínguez Maldonado, y con el candidato a la diputación local por el Distrito XXI, con sede en Taxco de Alarcón, Omar Flores Jalil. El consejero presidente del consejo local del IFE, David Delgado Arroyo, trató de justificarse y dijo que Alejandro Bravo es el único candidato a diputado federal que ha solicitado oficialmente seguridad ante ese órgano electoral. Con respecto al candidato priista José Azueta, quien pidió licencia como alcalde de Zihuatanejo, según Delgado Arroyo, nunca especificó por qué pidió resguardo, por lo que su petición fue turnada a la Secretaría de Gobernación, conforme al protocolo de seguridad. Carlos Reyes informó a su vez que Feliciano Álvarez Mesino, candidato perredista a la alcaldía de Cuetzala del Progreso, fue secuestrado durante el periodo de precampañas; incluso hoy, dijo, dos dirigentes de la coalición de izquierda permanecen desaparecidos: Eliseo Ocampo Ávila, dirigente municipal del partido Movimiento Ciudadano en Iguala, desaparecido desde el 6 de mayo, y Rafael Ariza Bibiano, exalcalde perredista de Coyuca de Benítez, quien fue levantado por un grupo armado el 31 de mayo. Ariza Bibiano se desempeñaba como operador de la campaña del candidato del PRD al ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Javier Bataz Benítez. La ejecución de Margarito   Hasta ahora, el caso más grave es el de Margarito Genchi Casiano, candidato a diputado local por el distrito 14 con sede en el municipio de Ayutla de los Libres, en la región de la Costa Chica, quien fue ejecutado de cinco tiros el lunes 11 por dos hombres en un potrero ubicado a un costado de su casa, en el poblado de Llano Grande, municipio de Florencio Villarreal. Ese mismo día el gobernador Aguirre Rivero emitió un comunicado en el que expuso: “Nuevamente reiteramos que no habrá tolerancia a las acciones de la delincuencia organizada; personal de la Procuraduría General de Justicia del estado se encuentra investigando este caso en coordinación con otras instancias hasta dar con los responsables”. Genchi Casiano fue dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Refresquera y Bebidas Envasadas en esta región y era conocido por su afición a los caballos y a la ganadería. Hasta el cierre de edición el PRD aún no decidía quién lo suplirá. Hace cuatro años, en este mismo distrito 14 fue asesinado Homero Lorenzo Ríos, candidato perredista a una diputación local. El crimen sigue impune. Lorenzo había pedido licencia al ayuntamiento en ese municipio; lo sustituyó su hija, Hilda Ruth Lorenzo, quien ahora aspira a la alcaldía de Ayutla bajo las siglas del PRD. Es en este escenario en el que se desarrolla el proceso electoral guerrerense que culmina en dos semanas más. A esta violencia se sumaron la semana pasada los maestros disidentes, quienes el jueves 14 manifestaron su rechazo a la aplicación de la prueba Enlace y a la Evaluación Universal. Ese día irrumpieron violentamente en la sede del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) y se enfrentaron con piedras y palos a los policías antimotines. Los docentes iniciaron sus jornadas de protesta hace más de tres semanas en esta capital, aunque intensificaron sus acciones en días pasados para presionar al gobernador Aguirre Rivero para que cumpla su palabra empeñada y cancelar la disposición de la SEP. El miércoles 13 bloquearon por más de cinco horas la autopista del Sol: al día siguiente acudieron al IEEG, donde instalaron un plantón que no levantarán, dijeron, hasta que obtengan una respuesta satisfactoria. El viernes 15 Aguirre Rivero declaró: Si los docentes afectan el proceso electoral, se les aplicará la ley “con todo el rigor”.