Ganan rarámuris a ganaderos litigio de 16 años

lunes, 4 de junio de 2012
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Después de 16 años de litigio y del asesinato del defensor del ejido rarámuri de Bakéachi, Ernesto Rábago Martínez, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5 en Chihuahua dictó la sentencia a favor de la comunidad en el juicio 165/09 (antes 79/95), que le permitirá a recuperar casi 7mil 700 hectáreas de tierras. La sentencia obliga a los ganaderos con quienes han sostenido problemas legales, a restituir el territorio que invadieron en el municipio de Nonoava, con todos los accesos y mejoras, así como a retirar el ganado que se encuentre pastando en las 7 mil 695 hectáreas ganadas. Estos terrenos se suman a las más de dos mil hectáreas recuperadas en sendas sentencias dictadas en los pasados meses de febrero y mayo, recordó Estela Ángeles Mondragón, viuda de Ernesto Rábago y actual abogada de los indígenas. En febrero, un juez de Garantía de Ciudad Cuauhtémoc, que corresponde al Distrito Judicial Benito Juárez, les entregó las tierras que ganaron en aquella ocasión. "El juez de Garantía se apostó en el ejido y entregó las hectáreas que habían sido arrebatadas a la comunidad por Carlos Torres. Él se había llevado desde el 7 de abril de 2011 al hijo del cuarto gobernador de Bakéachi, Antonio Rodríguez; lo tuvo dos días, se lo llevó amarrado", relató Estela Ángeles para reflejar el grado de impunidad con el que han actuado contra el ejido. La investigación del crimen de Ernesto Rábago continúa empantanada. El asesinato tiene relación con el litigio que los indígenas del ejido han sostenido contra un grupo de ganaderos mestizos por invasión y apropiación de más de 44 mil hectáreas de tierra. Son 32 juicios los que tienen interpuestos; llevan ganados 18. Ernesto Rábago Martínez era secretario general de la asociación civil Bowerasa (Haciendo Camino) y esposo de la abogada de la comunidad de Bakéachi. El asesinato sucedió en la oficina del jurídico de Bowerasa, en la céntrica calle de Allende en la capital del estado. Anteriormente habían intentado asesinar a la hija de Estela, Deni Ruth Loya Ángeles. En dos ocasiones intentaron matar también a la abogada: en 2010 fue el intento más reciente, un año después de que incendiaran su despacho, en 2009. De acuerdo con las organizaciones de derechos humanos que defienden el caso, la Procuraduría General de Justicia de la administración estatal anterior, perdió gran parte del expediente y de los documentos que les entregó Estela Ángeles para contribuir al esclarecimiento del asesinato. La actual Fiscalía General del estado reinició la integración de dicho expediente y la búsqueda de los documentos faltantes. En Bakéachi viven alrededor de dos mil familias y su historia inició el 1 de marzo de 1928, cuando mediante una resolución presidencial se les dotó con 44 mil 784 hectáreas. Desde entonces han enfrentado problemas legales con los ganaderos invasores, no sólo de Nonoava, sino del municipio de Carichí. La asesoría de Ernesto Rábago y de Estela Mondragón ha sido para que los indígenas conozcan la ley mestiza y puedan defenderse. Así, la comunidad se inscribió en el Programa de Certificación de Tierras Ejidales. En diciembre de 2005 realizaron la Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales, admitieron 230 nuevos ejidatarios de la comunidad, pero ahí se presentaron personas que no eran integrantes, querían que la Procuraduría Agraria los apoyara para ser admitidos como ejidatarios; pero la asamblea determinó que fuera el Comisariado Ejidal quien gestionara las solicitudes. Los solicitantes demandaron al ejido para obtener su reconocimiento como ejidatarios. En 2006 se presentaron 32 demandas ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5 para solicitar la nulidad del acta referida de 2005. Los 32 juicios interpuestos agotaron las etapas y fueron resueltos por el tribunal en primera instancia, en 2008 el TUA dictó las sentencias a favor del ejido, pidió a los invasores desocupar las tierras. Sin embargo, 28 de los demandantes impugnaron las sentencias en amparo directo, se resolvieron y a trece se les negó el recurso, a 15 se les concedió. Cuando crearon los Tribunales Agrarios el ejido demandó la restitución; en 1995 demandaron a 11, condenó a diez de los once demandados a entregar al ejido la superficie, pero éstos interpusieron un recurso de revisión que fue resuelto en el expediente R. R. 107/97-05. Con la sentencia se revocó la del Tribunal Unitario Agrario, para que regularizara el procedimiento y que emitiera una nueva resolución. En para dictar la nueva resolución, lo que sucedió hasta 2007. En total, han ganado tres veces el juicio, se ha ido a revisión con autoridades al Distrito Federal; y finalmente la sentencia les favoreció de nuevo. Los ganaderos que deberán entregar las 7 mil 695 hectáreas son: Claudio Meraz, Gonzalo García Terrazas, Nicolás Caro Caro Terrazas, Leonardo Caro Terrazas, Manuel Caro Terrazas, Rubén Caro Terrazas, Teófilo Hernández Meraz, Jorge Terrazas Domínguez, Carlos Villalobos Caro, Reymundo Romero Caro y Enrique Caro Quezada. Dos de ellos, Reymundo Romero y Jorge Terrazas y ya fallecieron, el juicio dilató más su la sustitución con los herederos correspondientes.

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