Golpe moral a las Madres de Plaza de Mayo

miércoles, 6 de junio de 2012
Las Madres de Plaza de Mayo –símbolo de la lucha contra la dictadura argentina– sufren los efectos de un escándalo judicial: Sergio Schoklender, quien fue apoderado de esa organización y protegido de su dirigente, Hebe de Bonafini, desvió 57 millones de dólares del erario destinados a la edificación de viviendas sociales. El caso involucra al gobierno, pues los mandatarios Néstor Kirchner, primero, y Cristina Fernández, después, apoyaron ese proyecto que derivó en la creación de una de las más importantes constructoras del país. ROSARIO, ARGENTINA (Proceso).- Sergio Schoklender, exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, fue detenido el pasado 15 de mayo. El juez Norberto Oyarbide lo acusa de ser el jefe de una organización ilícita que desvió más de 260 millones de pesos argentinos (unos 57 millones de dólares) del Estado destinados a la construcción de viviendas sociales. Oyarbide ordenó también la detención de Pablo Schoklender, hermano de Sergio, y del contador público Alejandro Gotkin, sus presuntos cómplices. Los Schoklender adquirieron notoriedad en Argentina hace tres décadas cuando la justicia federal los halló culpables del asesinato de sus padres –en Buenos Aires el 30 de mayo de 1981– y los condenó a cadena perpetua. En la cárcel Sergio Schoklender se convirtió en un luchador por los derechos de los presos. Luego de 14 años encarcelado recobró la libertad y fue cobijado por Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. Sueños Compartidos El actual escándalo de corrupción en el que está metido Schoklender salpica al gobierno. Con el apoyo de Néstor Kirchner, primero, y de Cristina Fernández, más tarde, las Madres llevaron adelante un proyecto de edificación de viviendas para los sectores desprotegidos: La Misión Sueños Compartidos, que elevaba el acceso a la vivienda al rango de derecho humano inalienable. Llegó a sumar más de 40 obras en siete provincias. Por cantidad de empleados era la segunda empresa constructora de Argentina. Al frente estaba Sergio Schoklender. Él mismo introdujo el sistema de paredes hechas con paneles de unicel, lo que ahorraba costos y plazos. Los beneficiarios se organizaban en cooperativas para construir sus propias casas y el Estado se hacía cargo de los materiales y los sueldos. Pero sumas millonarias fueron a parar a las cuentas de los acusados. Las denuncias de diputados opositores y entidades bancarias llegaron antes que cualquier auditoría estatal o interna. En un intento por diluir sus responsabilidades, los Schoklender sostienen que Hebe de Bonafini tenía poder de decisión en el proyecto y que quiso comprar su silencio. El juez Oyarbide, sin embargo, ha permitido que las Madres de Plaza de Mayo se constituyan, junto al Estado, en querellantes de los acusados. Pero indagará a Alejandra Bonafini, hija de Hebe y actual apoderada de las Madres, sobre la venta de un inmueble y la compra de otro. Algunas de las obras de Sueños Compartidos han pasado a manos de las provincias y los municipios. Otras están paradas. En algunos casos los trabajadores del programa, ayer orgullosos de la oportunidad única que se les daba, han dejado de cobrar sus sueldos o los perciben “en negro” (sin prestaciones sociales). El grupo Madres de Plaza de Mayo mantuvo su lucha en medio de la miseria moral de la dictadura y más tarde del menemismo. Ahora los grandes medios denunciados por las Madres por su apoyo al terrorismo de Estado y a las políticas neoliberales, dan una cobertura privilegiada al escándalo. El daño que el caso Schoklender causa a los organismos de derechos humanos es difícil de cuantificar. “Para mí las Madres representan la dignidad de la propia vida; y los derechos humanos son algo demasiado grande en la conducta civilizatoria de la humanidad como para que ahora estén ligados a personas que matan a los padres y roban al fisco”, dijo el pasado 21 de mayo Vicente Zito Lema, fundador de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo en entrevista con Radio 10. Zito Lema renunció al grupo en 2003 por desacuerdo con los manejos financieros de los Schoklender. “Yo no creo que Hebe de Bonafini se haya llevado un solo peso al bolsillo”, sostuvo. “Pero cuando uno tiene un rol público tan importante no puede dejarse llevar por una pasión de la índole que fuera y poner en juego símbolos que van más allá de las personas”. Parricidio Sergio Schoklender fue internado en la cárcel de Ezeiza. Pasó 14 años tras las rejas. Él y su hermano Pablo están vinculados con uno de los casos político-policiacos más sonados de las últimas décadas. La justicia federal dictaminó que ambos asesinaron a sus padres, Mauricio Schoklender y Cristina Romano, la noche del 30 de mayo de 1981. Sergio cumplió ese día 23 años. Pablo tenía 20. Los jóvenes sufrían abusos de parte de sus padres. La madre, alcohólica, hostigaba al menor de los hijos sexualmente. Así lo muestra la película Pasajeros de una pesadilla (1984), de Fernando Ayala, basada en el libro Yo, Pablo Schoklender, que él mismo escribió junto con Emilio Petcoff. Una violentísima discusión entre Pablo y su madre, una semana antes del asesinato, habría determinado la expulsión del hijo de la casa. La noche del 30 de mayo Pablo regresó a escondidas a su casa y despertó a su hermano. La madre, al oír ruidos, se levantó de la cama. Estaba borracha. El menor de los hermanos le dio un golpe en la cabeza con una barra de metal y el mayor la remató, estrangulándola con una camisa. El padre dormía. Los hermanos discutieron durante dos horas qué hacer con él. Lo golpearon en el cráneo con la misma barra de metal, que después usaron como torniquete para estrangularlo con una cuerda. Gobernaba entonces el dictador Roberto Viola. Las fuerzas armadas argentinas impulsaban un proceso de rearme pues estaban frescas las hostilidades con el régimen chileno de Augusto Pinochet, que en diciembre de 1978 estuvieron a punto de llegar a la guerra. Por otra parte se ultimaba el plan para recuperar por la fuerza las Islas Malvinas. La reivindicación histórica pretendía lavar la sanguinaria represión del régimen militar contra la guerrilla, los sindicatos, los partidos políticos, los sectores estudiantiles, religiosos y sociales que pugnaban por un cambio. El ingeniero Mauricio Schoklender era gerente de Pittsburgh & Cardiff, representante argentina del gigante siderúrgico alemán Thyssen. Pittsburgh & Cardiff concretó la transferencia de tecnología para la instalación en Argentina de una fábrica de tanques (TAMSE) y otra de submarinos (Astillero Domecq García). Negoció las licencias para la construcción de tanques, corbetas y submarinos. Aceitó la compra de dos submarinos y cuatro fragatas producidos en Alemania. Nada de esto fue publicado entonces por la prensa. El proceso judicial contra los hermanos demoró cuatro años. Tras el regreso de la democracia, a finales de 1983, el parricidio cobró estatura política y las juntas militares fueron juzgadas por delitos de lesa humanidad. La defensa de los hermanos sugirió que los sectores militares vinculados con la citada compra de armas estaban implicados en el asesinato. Apuntó particularmente al exjefe de la Marina, el almirante Emilio Massera, máximo responsable de la represión en la Escuela de Mecánica de la Armada. Pese a todo Sergio (en 1985) y Pablo (en 1986, en un fallo de segunda instancia) fueron condenados a cadena perpetua. Hebe de Bonafini visitó a Sergio Scho-klender por primera vez en la cárcel en los últimos días de la dictadura. Ella, con dos hijos desaparecidos por su militancia revolucionaria exigía su aparición con vida cada jueves en Plaza de Mayo con el simbólico pañuelo blanco en la cabeza. Él, un parricida que encabezaba motines y huelgas de hambre para tratar de mejorar las condiciones de los reclusos. Los unía un discurso radical contra el poder económico y militar que gobernaba Argentina. Durante los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) se impulsaron algunos cambios en el sistema carcelario. Sergio Schoklender tuvo un rol central en la fundación del Centro Universitario del penal de Villa Devoto. Allí se recibió como abogado y psicólogo. Cursó también las carreras de sociología e informática. Gozaba de permisos de salida para dar charlas en algunas facultades. A su lado, en los paneles, había intelectuales de renombre. El hermano menor, Pablo, fue absuelto en el primer juicio. La Cámara de Apelaciones revocó ese fallo en 1986. Entre tanto el joven se fugó a Bolivia y vivió allí ocho años con un pasaporte falso hasta que una estafa con sus cheques atrajo el interés de la Interpol. Sergio quedó en libertad condicional en 1995 y estrechó sus vínculos con la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. Bonafini lo adoptó como si fuera uno de sus hijos desaparecidos: Lo llevó a vivir a su casa y lo convirtió en su mano derecha y en apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. “Para mí ahí está la esencia de todo esto: ¿cómo es posible transformar un dolor gigante, que es la muerte de dos hijos, en el amor a alguien que mató a sus propios padres?”, se preguntó Zito Lema en la entrevista radial. “Quizá Freud o Dostoievski, que buceó tanto en el alma humana, puedan dar una respuesta. Yo no la tengo”. Director junto a Eduardo Galeano de la revista Crisis en los setenta, Zito Lema tampoco tiene respuesta para otra pregunta: “¿Cómo pudo ella amar de forma ciega a estos hermanos Schoklender y llegar a una dependencia emotiva y psicológica absoluta?”. Mecanismos Según la prensa argentina, hasta mayo de 2011 la Misión Sueños Compartidos cobró 756 millones de pesos argentinos (160 millones de dólares) de los mil 200 millones (266 millones de dólares) asignados al programa por el Estado. Los fondos eran girados por el gobierno federal a los municipios o provincias que contrataban a la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo para realizar las obras. Varios de los planes de vivienda se concretaron. Pero para la justicia está probado el desvío de fondos públicos de las cuentas de la Fundación hacia las de los Schoklender o hacia empresas de su entorno, que no brindaban contraprestación alguna o no contaban con un nivel de actividad económica acorde con las sumas que pasaron por sus cuentas. Entre las que sí brindaban una contraprestación está Meldorek. Esta empresa era contratada por la Fundación para construir los paneles y las viviendas. El 90% de la firma pertenece a Sergio Schoklender. La causa judicial se inició a raíz de una alerta emitida por dos bancos. Allí se constató que varios cheques extendidos por el Estado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo eran endosados a nombre de la empresa Antártica Argentina, encabezada por Sergio Schoklender, retirándose luego el monto en efectivo por ventanilla. En otros casos el dinero pasaba de las cuentas de la Fundación a las de Pablo Schoklender. Para eso se necesitaba el visto bueno de su hermano Sergio, en su carácter de apoderado. Así lo determinó el juez Oyarbide, basándose en informes del Banco Central y de la Policía Federal. Los Schoklender también cambiaban los cheques en “cuevas financieras” (locales ilegales que cambian divisas sin control fiscal). Depositaban el efectivo en sus cuentas o lo usaban para saciar un estilo de vida que no se correspondía con los sueldos moderados que cobraban. En mayo de 2011 la diputada de la Coalición Cívica, Elsa Quiroz, denunció a Sergio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La residencia que éste compró en 2009 tiene 19 habitaciones y 14 baños. En las cuatro hectáreas de terreno hay además piscina y canchas de tenis y de futbol. A Sergio Schoklender se le adjudican también 17 terrenos en la provincia de Buenos Aires, un Ferrari 430, dos aeronaves y un yate. El patrimonio de Pablo, por su parte, creció 500% entre 2008 y 2009. Oyarbide considera probado que la residencia y los terrenos se compraron con fondos del plan de viviendas. Acusa a Sergio Schoklender de falsificar firmas de tres mujeres del humildísimo barrio El Cartón. Sueños Compartidos debía reconstruir allí 780 viviendas afectadas por un incendio. El requisito legal era que al menos tres vecinos formaran para tal fin una ONG. Las tres mujeres en cuestión jamás firmaron documento alguno. Sergio había recibido ya los 152 millones de pesos adjudicados a la obra. “Los Schoklender son estafadores y traidores”, dijo Bonafini en mayo de 2011 tras desprenderse primero de Sergio y después de Pablo. “Pero una cosa son ellos y otra son las Madres, que pusimos el cuerpo 34 años para reivindicar a nuestros hijos”, aclaró. Sergio Schoklender encendió entonces el ventilador. Acusó a Hebe de Bonafini, a funcionarios del gobierno nacional e incluso al juez que lo investiga: para financiar a las Madres –dijo– había asaltado supermercados. Los grandes medios, que siempre lo habían silenciado o denostado, le dieron una enorme cobertura. Ahora ambos hermanos enfrentan probables penas de prisión que van de cinco a 10 años por asociación ilícita y hasta seis años por defraudación. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguró que no hay funcionarios en la discusión judicial ni los va a haber nunca. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, sin embargo, lleva una segunda causa en la que se investiga la responsabilidad penal que podrían tener los funcionarios que debían controlar las obras. El pasado 22 de mayo el fiscal Guillermo Marijuán dictaminó que el titular de la Unidad de Investigación Financiera, José Sbatella, debe ser investigado en dicha causa. Se busca determinar si cometió el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El organismo antilavado demoró casi un año en elevar a la justicia una investigación administrativa abierta en ese ámbito sobre Schoklender.

Comentarios