Mientras un dato del FMI indica que sólo 2% de los acusados de lavar capitales son consignados en México, el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Dinero señala que las leyes mexicanas contra ese delito no se ajustan a las normas internacionales. A su vez la Comisión Nacional Bancaria dio a conocer que durante siete años le estuvo notificando varias anomalías al banco HSBC sin resultados, y el diputado Mario di Costanzo explica: “Estamos en un sistema financiero que le pone las condiciones al Estado y no el Estado al sistema financiero”. MÉXICO, D.F. (Proceso).- La falta de información dentro del sistema financiero mexicano, una legislación obsoleta que impide atacar eficazmente el lavado de dinero e instituciones con poco margen de actuación son los principales obstáculos de México para eliminar de raíz la principal fuente de financiamiento del crimen organizado: el blanqueo de capitales. La semana pasada el Senado de Estados Unidos reveló en su reporte US Vulnerabilities to Money Laundering, Drugs, and Terrorist Financing: HSBC Case que el banco británico HSBC, mediante su filial en México, permitió el lavado de unos 7 mil millones de dólares entre 2007 y 2008. Además en el mismo periodo se sacaron del país más de 2 mil millones de dólares, según el documento del Senado estadunidense, por medio de 50 mil cuentas inscritas en ese banco. Mientras el reporte dejó entrever cuestionables acciones y omisiones de las autoridades y deficiencias de las leyes mexicanas, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Guillermo Babatz Torres, señaló que esa institución está prácticamente atada de manos por las leyes que la rigen. En declaraciones a El Universal, el presidente del principal órgano regulador del sistema financiero mexicano manifestó que “es una basura el régimen, le resta mucha efectividad a nuestras labores y evidentemente también le resta mucha fuerza (…) los intermediarios (bancarios) serían mucho más respetuosos de las recomendaciones y exigencias nuestras si tuviéramos esas facultades de revelar las sanciones al momento en que las impongamos”. Agregó que cuando las sanciones quedan firmes, la CNBV sólo puede publicar el monto de la multa y el precepto que se violó, sin que se pueda dar una explicación tan amplia como la asentada en el informe estadunidense el pasado martes 17 por los legisladores. Ese mismo día la CNBV confirmó en un comunicado que de 2002 a 2009 le reiteró a HSBC –el quinto banco más importante en México– preocupaciones por las siguientes anomalías: Fallas en la identificación y envío de reportes sobre operaciones inusuales y relevantes, falta de conocimiento de sus clientes de alto riesgo, fallas en la creación de expedientes y fallas de control en la apertura de cuentas, tanto en el territorio nacional como en la sucursal de las Islas Caimán. También notificó a HSBC un alto volumen de operaciones con dólares en efectivo, falta de personal e infracciones que llevaron a la imposición de sanciones. La CNBV subrayó que en 2010 las autoridades financieras del país establecieron restricciones sobre la operación con dólares en efectivo, lo cual provocó “una disminución de 75% de las exportaciones de esa divisa por parte de las instituciones crediticias mexicanas”. Insuficiente, contraproducente Lo cierto es que tales medidas fueron insuficientes e inclusive contraproducentes para el comercio en centros turísticos, así como en la frontera norte del país. En junio de 2010 la Secretaría de Hacienda anunció varias medidas. La primera consistía en que quienes tuvieran cuenta en un banco podrían efectuar operaciones en efectivo (venta, depósito o pago) hasta por 4 mil dólares por mes en toda la red de sucursales del banco, y la segunda, en que las personas que no fueran cuentahabientes ni turistas (usuarios residentes nacionales) tendrían un límite de mil 500 dólares al mes, sin que la operación diaria excediera los 300 dólares. La tercera medida establecía que los turistas extranjeros sólo podrían venderle a un banco un máximo de mil 500 dólares mensuales, mientras que las personas morales, es decir, las empresas, el límite de dólares que podrían abonar a su cuenta, cambiar por pesos o usar para hacer pagos sería de 7 mil dólares por mes, sólo en zonas turísticas y fronterizas. Para el diputado del Partido del Trabajo Mario di Costanzo esas reglas del gobierno federal son “ineficientes y demagógicas”. En entrevista con Proceso, el autor del libro El lavado de dinero. La experiencia internacional y el caso de México argumenta que dichas reglas fueron adoptadas ante la preocupación de Estados Unidos por la gran cantidad de dólares enviados a ese país. No obstante, apunta, los funcionarios de Hacienda y de la CNBV “nunca aclararon los objetivos de implementar esas medidas ni cuál sería su impacto en el combate al financiamiento del narcotráfico”. El principal argumento del gobierno federal fue que cada año el sistema bancario tiene un excedente de 10 mil millones de dólares, “los cuales podrían tener un origen ilícito y que llegan ya blanqueados”, según el entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero. Pero dos años después, con la información revelada por el caso HSBC, se ha confirmado que el problema del lavado de dinero en México es más profundo. De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Dinero (GAFI), México no tiene medidas legales preventivas sobre ese ilícito. En sus 40 recomendaciones contra el blanqueo de capitales el GAFI precisó que en el país “las leyes que penalizan el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo no responden plenamente a las normas internacionales y no hay margen para mejorar significativamente su aplicación”. Fundado en 1989, el GAFI, del cual son miembros México y las principales economías del mundo, subraya que en este país “no hay medidas legales o reglamentarias de prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, ni de supervisión para cualquiera de las categorías de empresas y profesiones no financieras designadas por el GAFI, con excepción de los servicios de confianza que por ley sólo pueden ser prestados por las instituciones financieras autorizadas”. Di Costanzo asegura a este semanario que en México “se necesita una reforma penal, no una reforma administrativa. Este esquema jurídico es tan ineficiente que, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, únicamente 2% de los acusados por lavado de dinero son consignados. La eficiencia es bajísima porque no existen los canales adecuados, porque ni la Unidad de Inteligencia Financiera ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pueden hacer algo, están sujetas a la Procuraduría Fiscal de la Federación, la única facultada para sancionar”, explica. El también economista y autor del libro El rescate bancario advierte que estamos en “un sistema financiero que le pone las condiciones al Estado y no el Estado al sistema financiero”, además de que el secreto bancario es una “barrera” para el intercambio de información en caso de lavado de dinero en las instituciones bancarias. Sin embargo subraya que no debería haber pretextos para que las autoridades no actúen ante el constante blanqueo de capitales ocurrido en años recientes. Recuerda la llamada Operación Casablanca, donde 12 bancos fueron acusados de lavar dinero en 1998; también, cuando HSBC adquirió Bital en 2002 y éste tenía “647 millones de dólares en cuentas en el país y 700 millones en Islas Caimán”, y por último los 7 mil millones de dólares lavados por HSBC en México. Ante esos casos la CNBV sólo se ha limitado a “advertir y emitir recomendaciones”, sin actuar. Según el informe México: flujos financieros ilícitos, desequilibrios macroeconómicos y la economía sumergida, elaborado por la organización no gubernamental Global Financial Integrity (GFI), los reguladores mexicanos “deberían comprometerse a aplicar una política de transparencia de todas las cuentas y transacciones financieras”. El GFI, con sede en Washington, expone que esa medida requiere de una amplia cooperación entre la autoridad fiscal de las secretarías de Economía y de Hacienda, la CNBV, el Banco de México y las autoridades de Justicia de México “en lo que respecta a las leyes nacionales y sanciones que se aplican a las transacciones realizadas por individuos y empresas que infringen las normas”. De acuerdo con el documento, que se dio a conocer a principios de 2012, entre 1970 y 2010 la suma de los flujos ilícitos de dólares en México fue de 872 mil millones. El flujo saliente pasó de mil millones en 1970 a 68 mil 500 millones de dólares en 2010. Según Di Costanzo, cada año salen de México de 35 mil a 40 mil millones de dólares, cantidad que supera por mucho los 10 mil millones de dólares que el gobierno federal dice que “sobran”. Según datos del Banco de Pagos Internacionales (que vienen incluidos en el informe del GFI), los destinos de los fondos tanto lícitos como ilícitos del sector privado mexicano entre 2002 y 2010 fueron los siguientes: Estados Unidos, hacia donde el sector privado mexicano ha transferido entre 8 mil millones y 12 mil 700 millones de dólares, y en segundo lugar se ubican “los centros financieros extraterritoriales del Caribe” –por ejemplo las Bahamas, las Bermudas, las Islas Caimán, Panamá y las Antillas Holandesas–, donde los depósitos del sector privado mexicano pasaron de 2 mil 700 millones a 5 mil millones de dólares en el mismo periodo. De acuerdo con los análisis del FMI y del GFI, “los depósitos del sector privado suelen acabar en centros financieros extraterritoriales regionales” como los mencionados. El tercer destino más común de los depósitos del sector privado mexicano son los centros financieros extraterritoriales europeos, es decir, Guernsey, la Isla de Man, Jersey, Luxemburgo y Suiza. Este tipo de depósitos se incrementó de 2 mil 200 millones en 2002 a 3 mil 400 millones en 2010, alcanzando un máximo de casi 5 mil millones en 2007. Mientras que el siguiente foco de absorción de depósitos mexicanos es el grupo de bancos de países europeos desarrollados, como Francia, Alemania y el Reino Unido. Las transacciones en esas instituciones bancarias pasaron de mil 200 millones de dólares en 2002 a 3 mil millones en 2010. Otros destinos, como los grandes países asiáticos y los paraísos fiscales de esa región, “parecen haber representado un papel minoritario a la hora de atraer depósitos lícitos e ilícitos mexicanos”, señala el informe del GFI. Para Mario di Costanzo el informe sobre las operaciones de lavado de dinero de HSBC reveladas por el Senado estadunidense también es una forma de presión para que las autoridades mexicanas actúen en un contexto en el que México se ve como una nación emergente ante la crisis económica que viven los países desarrollados. “Este es el inicio de la presión estadunidense, presión que será mundial, por el lugar geográfico que México ocupa, por el papel de su economía en un contexto de crisis y como una necesidad vital para controlar a la delincuencia organizada.” Sin embargo, señala que además del narcotráfico están los problemas de robo, secuestro, trata de blancas, evasión fiscal y cohecho, así como la corrupción gubernamental. Luego advierte que “si se quiere tener un ataque frontal, se van a pedir cuentas lo mismo a El Chapo Guzmán que a Carlos Slim. Esas fuerzas lo que menos quieren es un combate así, pero si no se hace, no se debilitará la delincuencia organizada”. Y si no se debilita el lavado de dinero pasará a su siguiente fase, que es el verdadero financiamiento al terrorismo. “Esto se puede seguir deteriorando más. Aparte del daño para una economía que representa el lavado de dinero, éste ha evolucionado a una fase todavía peor, que es el financiamiento al terrorismo... Antes se lavaba dinero para que el delincuente tuviera la cara limpia y legalizara sus ganancias; hoy se hace también para financiar el terrorismo”, declaró. Luego advierte a Proceso que el próximo gobierno debe tener como prioridad el combate al lavado de dinero, antes que el combate frontal al crimen organizado, que en el sexenio de Felipe Calderón ha dejado más de 60 mil muertos.