La exhibición del cine nacional se verá afectada por esta especie de impuesto que Hollywood prácticamente instituyó en todas las salas del mundo, en la transición de los proyectores de celuloide (35 mm.) a digital. El presidente de los productores independientes, Miguel Necoechea, desmenuza el problema, y en una especie de SOS considera que el Estado debe financiar la operación porque la preservación de la cultura es parte de su responsabilidad. MÉXICO, D.F. (Proceso).- El pago o cuota por copia virtual, creada en Estados Unidos en 2006 bajo el nombre Virtual Print Fee (VPF) por las exhibidoras de ese país y los estudios de Hollywood (las majors), exigido ya en todo el mundo, “pone en desventaja” al cine mexicano, según Miguel Necoechea, presidente de la Asociación Mexicana de Productores Independientes, A.C. (AMPI). “Nos pega esa contribución porque la repartición del peso en taquilla en México es desfavorable”, aclara en entrevista. Ese pago, que deben cumplir los productores y distribuidores del país (850 dólares por pantalla), ayudará a que los dueños de las salas de cine comerciales (Cinépolis, Cinemark y Cinemex) recuperen la inversión que realizan para cambiar los proyectores de celuloide (del formato de 35 mm.) a digital (en DCP, Digital Cinema Package), lo cual también permitirá la transmisión satelital del largometraje: en breve ya no se enviarán las cinco o seis latas con la cinta en 35 mm. Mariana Cerrilla Noriega y Rodrigo Herranz en el texto “El precio de la digitalización” (revista bimestral Cine Toma, número 22 correspondiente a mayo-junio pasados), escribieron que después de un largo debate en Estados Unidos sobre a quién tocaba financiar la transición digital, se concretó que con el VPF se pague alrededor del 75% del costo del proyector, mientras que el 25% restante deberá ser cubierto por el exhibidor, ya que éste había hecho una inversión muy fuerte en la compra de los proyectores. La cuota del VPF la impuso Hollywood ya en todo el mundo para que la conversión total de las pantallas en digital se complete hacia 2015 como máximo, de lo contrario no podrían exhibir los cines las producciones de las majors porque ya filman en digital casi todas sus historias. Necoechea, productor, guionista y director del séptimo arte, cuenta que en Estados Unidos se llegó a ese acuerdo del VPF debido a que la película en 35 milímetros está destinada a desaparecer “por muchas razones, entre ellas el incremento en el precio del petróleo”. A la interrogante de cómo calcularon el precio de 850 dólares por proyector, Necoechea explica que lo determinaron sobre el costo de una copia en 35 milímetros (está en mil dólares en promedio), “pero aunque el VPF se extrapola a todo el mundo, la reacción es distinta en cada nación”. Explica: “En los países escandinavos es el Estado es el que adopta y paga la transformación digital, lo mismo pasa en Argentina, Brasil y Francia.” En México, señala que las cadenas de exhibición solas han iniciado su transformación digital: “Es el caso de Cinépolis, ha adelantando el dinero para transformar sus salas a digital, con la idea de convertirlas todas en ese formato a finales de 2013, y poco a poco van a ir recuperando la inversión aplicando el pago por la copia virtual a todos los que exhibamos películas, a los distribuidores y los productores. Las empresas exhibidoras invierten al principio, compran los proyectores, cada uno vale entre 100 mil y 200 mil dólares, los instalan en sus salas, los echan a andar y van cobrando poco a poco para amortizar esa inversión. Nos cobran el 75% y ellos ponen el 25%.” Se queja: “El asunto es que en México, el 75% se lo están cargando todo al productor. Nosotros estamos pagando los 850 dólares de esa amortización.” Por lo mismo, los cineastas nacionales están gestionando ante el Estado varias opciones: “Una de ellas es que el Estado otorgue crédito, a través de la Banca de Fomento, a las cadenas exhibidoras, para que la amortización de la compra de esos proyectores sea a mucho más largo plazo y con un interés mucho más bajo para que el impacto para nosotros sea menor y podamos empezar a ver desde hoy el beneficio del cambio a digital y no dentro de diez años. “Otra idea es que el cine mexicano no pagara el VPF o que pague una cuota muy pequeña.” La preocupación de la comunidad cinematográfica con el cambio del proyector digital, destaca, implica que las películas mexicanas que se estrenen con menos de cien copias no van a encontrar ni distribuidor, ni sala: “El 90% de producciones mexicanas no se van a poder exhibir porque todas se estrenan con menos de cien copias, eso sÍ puede dejar totalmente afuera a nuestro cine, y también a los exhibidores y los distribuidores pequeños porque es un arreglo de grandes transnacionales, quienes precisamente a los pequeños los van absorbiendo y comiendo.” También le han sugerido al Estado que al encabezar la transformación a digital se encargue de comprar los proyectores digitales para todas aquellas instancias que no son cines comerciales, como la Cineteca Nacional, las cinematecas que existan localmente, las casas de cultura, las universidades públicas, en fin, “porque el fenómeno que se está dando es que los proyectores de 35 milímetros que empiezan a desechar las cadenas, los están donando a esas instancias, pero tendrán una vida muy pequeña porque en dos años más ya no habrá películas en 35 milímetros”.   El inicio   “En México, como en el resto de Latinoamérica, el gran catalizador para la digitalización fue la proyección estereoscópica o 3D desde 2008, y a finales de 2011 se anunció que Cinépolis había firmado con la empresa estadunidense Barco para la compra de varios proyectores digitales”, a decir de Cerrilla Noriega y Herranz. El 28 de mayo pasado se dio a conocer que Cinépolis tiene previsto digitalizar la totalidad de sus pantallas de cine para 2013. Sergio Raúl López, periodista especializado en cultura y cine, le preguntó a Gabriel Morales, subdirector de Administración y Estrategia Tecnológica de Cinépolis (entrevista que se publicará en Cine Toma de julio-agosto):“¿De cuánto ha sido la inversión realizada hasta la fecha para convertir el 61% de sus salas a digital?”. Éste contestó que de cerca de 200 millones de dólares. Así, Necoechea objeta al comentario de si el cine nacional no paga el VPF, ¿quién lo haría? –¡Esa es la gran pregunta!, ¿quién? El exhibidor va a decir: ‘Si yo estoy adelantando el dinero, alguien me lo tiene que pagar’. Por eso hemos propuesto como esquema que el gobierno se convierta en el integrador y adelante la transformación en digital al 100%, serían alrededor de 700 millones de dólares, y que ese dinero se le vaya pagando conforme se vaya amortizando –expone. –¿Qué pasaría si se aceptara que el cine nacional pague menos? –El cine de las majors tendría que pagar más y ya se conoce cuál es su reacción: inmediatamente van a decir que es una práctica desleal, por lo tanto se van a amparar, y por lo general ganan esos amparos. “Ante las prácticas desleales de comercio, creo que una vez más es una obligación del Estado asumir esta responsabilidad porque es parte de la preservación de la cultura.” Los productores se han reunido desde febrero con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), que preside Marina Stavenhagen, y con la presidenta de Conaculta, Consuelo Sáizar, apenas el martes 17. Para el realizador, ambos encuentros han sido muy positivos. Por cierto Stavenhagen, debido a su complicada agenda, aceptó hablar con este semanario en breves días. –¿Ya se está cobrando el VPF en México?– se interpela al productor. –Sí, se está empezando a dar en algunos casos. Los que si están pagando son las majors, y otros distribuidores todavía no, pero les llevan la cuenta, y al rato les van a cobrar. Nadie se va a salvar. Cree que se puede lograr una solución antes de que acabe el sexenio. El paso siguiente, informa, es elaborar un documento “con la propuesta que creamos más viable, más analizada” para presentarlo en esta semana a Conaculta, y “nos lo puedan hacer realidad”. Víctor Ugalde, titular de la Sociedad Mexicana de Directores, tras aceptar que la conversión tecnológica era necesaria, Imcine debió establecer una política pública ante el criterio inequitativo de la repartición del peso en taquilla.