Se cerró el ciclo de las grandes expectativas: Lo que los candidatos a la Presidencia ofrecieron ya no es válido a partir de hoy, y no hay margen para la especulación. A partir de un análisis que exige realismo, el antropólogo Bolfy Cottom jerarquiza los problemas de la política cultural. “Lo prioritario es entender el subsector cultura, entender su arquitectura, por qué fue diseñado así. Si se entiende esa lógica, se sabrá en este momento si opera o no, si tiene sentido para el país”, dice. De ahí que no sea posible establecer un orden si no se ataca la situación jurídica de Conaculta, que lleva cuatro sexenios sin resolverse. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Ayer fue el tiempo de las promesas políticas. De ofrecer la creación de una Secretaría de Cultura, la reestructuración de las instituciones, mayor presupuesto, nuevas leyes, apoyo a las industrias culturales, muchas actividades de difusión y el compromiso, ahora sí, de dar a la cultura el lugar que merece pues ayudará al país a salir de los problemas políticos y la violencia generalizada. ¡Ayer...! Pero cuando el nuevo titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) enfrente la realidad y deba comenzar a resolver los problemas que aquejan al subsector desde hace más de dos décadas, otro será el panorama. Los ciudadanos verán también la otra cara de la moneda. Porque como dice el antropólogo y abogado especialista en legislación y política cultural, Bolfy Cottom, nadie de los ahora excandidatos planteó que la nación no deba tener identidad o habló de privilegiar intereses privados sobre los públicos y no defender el patrimonio cultural, y sin embargo es a la hora de ejercer el poder cuando sale a la luz su auténtico proyecto cultural y de nación. En su cubículo de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), habla de los pendientes con los que lidiará el próximo responsable de la política cultural del gobierno federal, así como los titulares de las comisiones de cultura del nuevo Legislativo y hasta quién será secretario de Educación Pública pues debe reasumir el papel que históricamente había tenido en materia cultural. En las campañas se dio un papel “salvador” a la cultura como generadora de desarrollo social, una solución a los problemas políticos y a la violencia. Pero advierte Cottom que al hablar de la cultura en esos términos se piensa en un modelo concebido desde las esferas del poder y siempre se tendrá la tentación de imponerlo a las culturas de los pueblos, los barrios, las colonias y ciudades, “y hoy ya no se puede sostener esa idea disfrazada de buenas intenciones”. Pensar –dice– que los jóvenes van a actuar distinto “con un violín en la mano, es simplista y falto de respeto”, pues los jóvenes tienen igualmente su propia dinámica cultural, con su imaginación y el uso de las tecnologías: “Si de algo he sido testigo en los últimos tiempos, es de que muchos jóvenes son excluidos de los centros artísticos. Muchos quisieran entrar a una escuela de música, formarse, y son rechazados. Y de pronto ahora, de la noche a la mañana, esto nos va a devolver la paz y la esperanza. Me parece un discurso político muy simplista.” El punto fundamental, en opinión suya, no es adelantarse y pensar en términos pragmáticos qué va a proporcionar la cultura o si realmente va a resolver la violencia o los altos índices de pobreza, sino definir qué futuro se quiere para el país, cuál es el proyecto de nación donde vamos a caber todos y en función de ello determinar qué espacio ocupará la cultura. Recuerda por ejemplo que con el nacimiento del Estado independiente en el siglo XIX se conformó un proyecto de nación dentro del cual, en materia de política, tuvo un papel fundamental el museo como un recinto educativo que podía formar conciencia y una visión de cultura nacional: “Y podemos discutir esa idea de la cultura nacional como algo integrador, excluyente de otras realidades culturales, pero como quiera el museo fue algo que se consolidó en la vida nacional y ahora gozamos de una gran cantidad de museos.” En ese proyecto en el cual también se dio importancia a los archivos, como el General de la Nación, a la preservación de los monumentos arqueológicos y las obras artísticas, se entendió que el Estado tenía una función primordial, que la función no era sencillamente instruir a la gente sino educarla en términos integrales, hacerla sensible, solidaria, abierta a otras realidades distintas a la suya, pero con conciencia de pertenencia a una identidad mucho más amplia que su propio barrio, pueblo o región. El problema en este momento es que la cultura no es una razón de Estado, sino una carga y entonces se les ocurre que va a generar la paz y todo eso, “lo cual no se descarta, pero sin una idea clara, eso puede significar cualquier cosa”. Lo primero, insiste, es que el Estado encarnado en el gobierno imagine qué tipo de nación quiere construir. Si es como el Estado comprometido con los museos, las bibliotecas, la diversidad y el patrimonio cultural, tendrá que responder a esa obligación. Pero si dice: “A mí lo que me interesa es la ley de la oferta y la demanda, las leyes del mercado, fomentar el turismo y que llegue mucha gente”, no le importarán las bibliotecas y los archivos, pero sí las zonas arqueológicas aunque con una visión economicista y mercantil. Doble discurso En la ya concluida campaña política los excandidatos trataron de diferenciar sus propuestas culturales. Sin embargo a veces pesa más lo que no se dice y se tiene en el horizonte cercano. Vicente Fox no habló nunca de gastar millones en la megabiblioteca Vasconcelos. O el gobierno actual no ofreció autorizar paradores turísticos privados en las zonas arqueológicas, de los cuales ya le ha pedido cuentas la Auditoría Superior de la Federación. Al respecto el investigador compara con lo que sucede con el llamado Estado de derecho: Todo mundo dice que es necesario y “nadie en su sano juicio diría que está mal, pero en la realidad, la actuación lo contradice”. En política cultural sucede algo semejante: Hay un discurso formal, bien planteado, una estructura legal, una infraestructura institucional, normatividades que establecen atribuciones y facultades. Pero el problema tiene que ver con quiénes llegan a estar al frente de las instituciones, con los intereses que defienden y con su capacidad, pues algunos funcionarios no tienen la menor idea y eso significa que no hay cabeza ni rumbo y entonces pueden tomarse decisiones dolosas, pero a veces simple y sencillamente carentes de conocimiento: “Padecemos una especie de orfandad de funcionarios culturales. Se perdió un proceso formativo de conocimiento real que llegue a darle sentido, aplicabilidad a la normatividad. Para eso se necesita conocimiento de la historia, de las normas mismas.” Otro aspecto señalado por el antropólogo es que las políticas públicas en materia de cultura no existen “en el etéreo” y no están por encima o a un lado del resto de las políticas de Estado. Entonces se dan condicionamientos muy fuertes provenientes del sistema económico o político que “generan una presión como nunca se había visto en las políticas culturales”. Pone como ejemplo las decisiones tomadas para otorgar permisos de explotación a empresas privadas como la minera San Xavier en Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí; los pueblos de Wirikuta, donde nunca quedó claro si el proyecto se suspendía en su totalidad o parcialmente; o de paraestatales como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Todos estos plantean una especie de dilema: El patrimonio puede ser causa de utilidad pública, pero como las empresas ofrecen dar empleos, generar divisas y “políticamente lucen”, se privilegian por encima de lo cultural, “y no hablo sólo de monumentos, sino de pueblos, rutas de peregrinación, tradiciones, fiestas populares, que son absorbidas por grandes empresas de bebidas, etcétera, porque se trata de privilegiar el sistema económico imperante. “Este proceder de facto, esta privatización de actividades culturales, muy cargadas hacia intereses precisos y no del interés general de la sociedad, mucho tiene que ver el sistema económico y político, tiene que ver también con la ignorancia, el desconocimiento de quienes están al frente de las instituciones.” Y pone un ejemplo más que resulta a la vez una contradicción: La existencia de instituciones privadas a las cuales se provee de presupuesto público a través de la Cámara de Diputados o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para fundaciones que fomentan actividades –que son responsabilidad del Estado– y luego el Estado tiene que ir a mendigar con ellos para que le ayuden con sus programas culturales: “Eso da el panorama de que en esta presión del sistema político y económico, el interés privado está siempre acechando las prácticas públicas en este caso de carácter cultural.” –¿Está proponiendo entonces que los ciudadanos deberán estar atentos entonces a la persona que sea designada al frente de las instituciones culturales y al momento cuando empiece a ejercer programas? –Sin duda alguna... Lo más relevante es ser consciente de que las ofertas políticas son una especie de buenos deseos porque está por entrarse a las estructuras de poder. Una vez ahí, el panorama es totalmente distinto hay cosas que operarán y otras no y siempre habrá forma de justificar que lo prometido simplemente no se pudo pues las condiciones eran otras. Quienes lleguen deberán tener claro, a su vez, que no inventarán nada, que hay mucho trabajo, bueno o malo, que se ha ido construyendo a lo largo de la historia y no se puede despreciar o hacer a un lado: “Tienen que reconocer que existe toda una infraestructura normativa con qué operar, que no les guste o no estén de acuerdo ya lo valorarán. E insisto mucho en el perfil de los funcionarios: Ya no puede suceder lo mismo de que sin ton ni son digan: ‘¡Ah! Pues a mí me parece que este señor es un buen arquitecto, este un buen sociólogo, un buen escritor, a mí se me ocurre que podría hacerlo bien’. “¡No! Yo creo que el perfeccionamiento de los perfiles es fundamental, no basta con tener capacidad intelectual, hace falta tener visión política, una trayectoria en el sector, conocimiento de las instituciones. Todo ese conjunto de valores, más el reconocimiento de que hay muchas cosas que se han ido construyendo, posibilitará ya no que haya muchos aciertos, que haya menos errores, porque eso les llevará a ser cautos y a tomar decisiones con mesura, más en este subsector de la cultura que tiene un alto grado de complejidad.” Los viejos problemas Cottom considera que se debe ser prudente y no comenzar a presionar con que “este político prometió una secretaría o desaparecer al Conaculta o mantenerlo o en fin”: “Será más honesto partir de la necesidad de conocer las instituciones y, como se ha repetido hace años, hacer un diagnóstico que es un proceso largo, no se hace en un periodo legislativo, debe tener etapas e involucrar a la sociedad, a los órganos de poder, federales, estatales, y al legislativo.” Pone un ejemplo: “El Conaculta tiene más de 20 años de existencia y no se sabe con claridad cómo está funcionando”. Lo que sí se sabe, dice, es que fue creado por decreto presidencial “y en una aberración jurídica” se impuso a los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes (INAB), creados por ley del Congreso, duplicó sus funciones “y eso es tan ilegal aquí y en China”, y “ha usurpado funciones que sólo le corresponden al secretario de Educación Pública, además de absorber la mayor parte del presupuesto asumiendo incluso la facultad de decidir a qué gobierno estatal le da más o menos recursos”. –¿Cuáles son los problemas que se deberán comenzar a atender de inmediato? ¿La situación del Conaculta, la Ley General de Cultura, los nuevos temas de economía y cultura, turismo? –Esos son una buena parte de los problemas. Pero lo prioritario es entender el subsector cultura, entender su arquitectura, por qué fue diseñado así. Si se entiende esa lógica, se sabrá en este momento si opera o no, si tiene sentido para el país, porque evidentemente la existencia de este diseño intentaba dar respuesta a un problema social de interés del Estado nacional. “Una vez entendido cómo se encuentra el subsector, estaremos en posibilidad de entender la lógica de la reforma constitucional (del llamado derecho a la cultura), del asunto de si se necesita o no una Ley General de Cultura, de si debemos cambiar al órgano coordinador (Conaculta). Yo he planteado que si este órgano alguna vez operó, está agotado. Ha demostrado que la tensión entre las instituciones del subsector no cede, no mejora la vinculación interinstitucional y eso es vital para una política pública en materia de cultura.” –Hay quienes opinan que el Conaculta es una realidad, que debe asumirse así y pasar a discutir otras cuestiones para poder avanzar. –Creo que la solución del problema pasa por el análisis del vínculo entre educación y cultura, algo que el Estado ha seguido ejerciendo aunque intente desentenderse de ello. Eso necesariamente nos lleva al análisis del órgano coordinador y lo que se alcanza a observar es el desplazamiento de la Secretaría de Educación Pública y un protagonismo del Conaculta. Esto le hace preguntarse si la SEP ha sido desplazada porque hay otros intereses, y si la educación ya no es fundamental: “Yo creo que no puede decirse ‘pasemos a otra cosa’ mientras eso no se resuelva, porque implica quién va a conducir la política pública del país. Y daría un margen de espacio, el beneficio de la duda –como dicen–, de que quien se ocupe del Conaculta en una nueva administración asumiera una actitud distinta y dijera ‘vamos a dedicarnos en estricto sentido a la mera coordinación, a respetar la autonomía de las instituciones que existen, a trabajar precisamente porque ese vínculo (educación-cultura) esté presente y a atender los otros problemas (economía, turismo, etcétera) sin descuidar la facultad fundamental que se nos ha dado’. “Eso, en cierto sentido relajaría la situación, pero no excluiría la discusión de la naturaleza del órgano coordinador. Lo que daría es la pauta para dialogar pero no resolvería el problema.” Puntualiza que podrán discutirse otras cosas, como se ha hecho, pero si no se resuelve la situación jurídica del Conaculta, estará siempre como un lunar en la piel, pues al final la toma de decisiones es crucial y pasa necesariamente por esta instancia, por ser precisamente el órgano coordinador. –¿Entonces es uno de los problemas urgentes? –Sin duda. Y conste que he dicho que si hubiese habido bases de coordinación claras y de respeto a la autonomía de las instituciones, no estuviésemos en la circunstancia actual, aunque hubo críticas respecto de la inconstitucionalidad jurídica, de las aberraciones, pero el panorama sería menos complicado. “Pero el órgano es uno de los problemas de la política pública y no es un ataque a ultranza, hay gente ahí que ha trabajado mucho y es su fuente de sobrevivencia y bien o mal han contribuido, pero –sin afectar a la gente trabajadora– debe haber un rediseño, se puede funcionar de una mejor manera.” –¿El titular de la SEP deberá reasumir su papel en la cultura? –Sin duda alguna, a fin de cuentas es el primer responsable de la política cultural porque forma parte del sector educativo. Hubo un tiempo en el que las instituciones culturales y los institutos acordaban directamente con el secretario, inexplicablemente eso dejo de ser así: Es el desplazamiento de la SEP y el protagonismo del Conaculta. “Aquí ya no se trata de izquierda, de derecha o de frente, la cultura es una causa común del país, no de alguien en particular.” l