MADRID (Proceso).- Baltasar Garzón reapareció en la escena pública cinco meses después de haber sido inhabilitado 11 años como juez de la Audiencia Nacional de España (ANE), pero ahora como director jurídico de la defensa del australiano Julian Assange. El 24 de julio Wikileaks difundió un comunicado conjunto de Assange y Garzón tras la reunión privada que ambos tuvieron cinco días antes en la embajada de Ecuador en Londres, donde el primero se refugió hace dos meses con la pretensión de que se le concediera asilo, petición a la que el gobierno ecuatoriano accedió el jueves 16. En el comunicado ambos señalaron que “los abusos de proceso y de arbitrariedades del Sistema Financiero Internacional (...) pondrán de manifiesto el alcance real de la operación contra Julian Assange, en la que el proceso secreto que se le sigue en Estados Unidos de América supone una clara amenaza que vicia cualquier otro proceso, como el que motiva la petición de extradición para ser cuestionado en Suecia, solicitud que aparece como mero instrumento para conseguir aquella finalidad”. Se refieren a la inusitada ofensiva judicial y diplomática que han desplegado en su contra los gobiernos de Suecia, el Reino Unido y Estados Unidos –a la par de la ausencia de Australia en su defensa– al pretender llevarlo ante la justicia por presuntos delitos de violación y abuso sexual cometidos contra dos suecas en agosto de 2010. Este cerco contra Assange se hizo más evidente tras la difusión de los 250 mil cables diplomáticos del Departamento de Estado que fueron publicados a partir de abril de 2011 en medios europeos como The Guardian, Le Monde, El País, el semanario alemán Der Spiegel y el diario estadunidense The New York Times. El escritor Manuel Rivas –autor del libro Baltasar Garzón. La fuerza de la razón (Debate, 2010)– advierte que “por el trato que recibió en España se pensó que Garzón iba a elegir irse a la sombra de un camino discreto para que le ‘perdonaran sus pecados’, pero no lo hizo y no es por una excentricidad de su parte sino sencillamente porque tiene el coraje de seguir defendiendo los principios en los que cree, por insólito que parezca”. Rivas sostiene en entrevista que el caso que ahora defiende Garzón es el “más emblemático en el terreno de la lucha por el derecho a la información a nivel global; creo que a veces se pretende obviar el significado que tiene para la transparencia universal esta revelación de secretos de la diplomacia estadunidense, pero tiene un peso real y un valor importante”. El domingo 5 en entrevista con El País Garzón señaló que decidió coordinar la estrategia de defensa de Assange porque “creo en su inocencia y en su causa (...) Me pareció (Assange) una persona muy firme en sus convicciones, en su defensa de la libertad de prensa, de información, de expresión”. Uno de los problemas de Assange, dijo el exjuez que no cobrará honorarios por esta defensa, “es precisamente que no se publicó toda la información que tiene (en los cables que filtró Wikileaks). Tememos por su seguridad porque se intuye que los que (generaron) esa información pueden intentar que no se conozca nunca. Lo que conocimos por Wikileaks no se refería a grandes hechos que hubieran cambiado la humanidad, sino más bien a hechos zarrapastrosos, de suciedad y política de bajo nivel” de los servicios de inteligencia y diplomáticos. El 26 de julio, dos días después de la difusión del comunicado de Wikileaks, Garzón declaró a Cadena Ser que en ese juicio existe “una clara intencionalidad política” como respuesta a “la gran labor que (Assange) ha hecho con su organización a la hora de denunciar el abuso de las corrupciones”. En su opinión la investigación se basa en hechos “inconsistentes” y más porque se basan en una “persecución motivada por intereses gubernamentales”, por tanto pidió las garantías de un juicio justo. El jueves 16, luego de conocerse la decisión del gobierno de Ecuador de darle asilo, Garzón pidió que el Reino Unido deje salir a Assange con un salvoconducto, en aplicación de las obligaciones de la Convención del Refugiado. En caso contrario, advirtió, elevará una queja ante la Corte Internacional de Justicia. José Antonio Martín Pallín, exfiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo español, dice a este semanario que es “natural” ver a Garzón, su amigo cercano, implicado en la defensa de Assange, pero precisa que “no se debe a la espectacularidad del caso sino (...) a su convicción de la injusticia que el caso muestra y en su objetivo por combatir la opacidad con la que se manejan los Estados, que es justo lo que dejaron en claro las revelaciones de los cables de Wikileaks”. Miembro de la Comisión Internacional de Juristas que revisó el caso de las desapariciones forzadas en Guerrero, Martín Pallín dice que “el caso de Assange y Wikileaks es un gran reto profesional para cualquier jurista. Definitivamente eso es lo que mueve a Baltasar, como movería a cualquiera, incluyéndome a mí”. Martín Pallín y Manuel Rivas son parte del patronato de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, que el exmagistrado de la ANE creó a finales de junio y que en coordinación con la Pontificia Universidad Javeriana, de Cali, y la Autónoma de Ciudad Juárez promoverá la formación en temas de derechos humanos, atención a víctimas, transparencia y combate a la corrupción de los sectores público y privado.   El incómodo exmagistrado   El abogado Gonzalo Boyé cruzó su camino profesional con el de Garzón en marzo de 2009 cuando presentó la denuncia por los casos de crímenes de guerra y tortura contra los supuestos terroristas encarcelados en Guantánamo, que dio pie al entonces magistrado de la ANE para abrir una causa penal “que alteró sobremanera a Estados Unidos, porque las pesquisas estaban dirigidas a seis funcionarios del más alto nivel del gobierno de George W. Bush” (Proceso 1706 y 1745). En entrevista con este corresponsal Boyé advierte que “Garzón fue el objetivo de muchos de esos cables diplomáticos luego revelados públicamente por Wikileaks, comunicaciones de la embajada de Estados Unidos en Madrid al Departamento de Estado en los que lo señalaban y lo criticaban por su posición jurídica firme contra las atrocidades cometidas en Guantánamo”. En la divulgación de los 250 mil cables publicados por El País destaca uno del 5 de mayo de 2009 que describe que el fiscal en jefe de la ANE, Javier Zaragoza, telefoneó a la embajada para asegurar que haría todo lo posible por que el caso Guantánamo no cayera en el juzgado de Garzón sino en el de Ismael Moreno, pero que si el exmagistrado se empeñaba en seguir la causa, filtraría a la prensa que durante los cinco años previos Garzón no había investigado dichos casos de tortura, como luego reflejó la prensa. Con un tono arrogante y despectivo hacia el exjuez, el diplomático que redactó el cable escribe: “No es fácil imaginar a este enamorado de la propaganda que es Garzón desconectado de la máquina de hacer titulares de prensa a menos que se le obligue a hacerlo”. Lo profuso de la información de dichos cables refleja las maniobras de los embajadores estadunidenses Eduardo Aguirre y Alan Salomón–en funciones– por influir en que los casos abiertos contra autoridades de Estados Unidos fueran archivados, todo con la ayuda del entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, y del fiscal Javier Zaragoza, así como de la entonces vicepresidenta de gobierno María Teresa Fernández de la Vega. Boyé explica: “Garzón vivió en primera persona las presiones políticas y diplomáticas de Estados Unidos a partir de que resolvió abrir el juicio de Guantánamo y de pedir –al juez Ismael Moreno– las diligencias por el caso de los vuelos secretos de la CIA, mismas presiones que otros jueces vivieron por el juicio contra los militares implicados en el asesinato del camarógrafo José Couso (muerto por la artillería estadunidense el 8 de abril de 2003 en la toma de Bagdad) y el propio caso de los vuelos de la CIA en España” (Proceso 1676). Recuerda: “Denunciamos que Estados Unidos estaba ejerciendo una dura presión cuando vimos cómo el fiscal (Zaragoza) se oponía en forma desmedida sobre unos hechos; sabíamos de la brutal presión estadunidense hacia los jueces y la fiscalía para modificar las resoluciones judiciales en esos casos, pero no contábamos con la evidencia que luego Wikileaks corroboró. “Uno de esos casos es cuando advertimos que el juez Eloy Velasco buscó obstaculizar el enjuiciamiento de las autoridades estadunidenses en España enviando a Estados Unidos una parte de la causa que recayó en su juzgado, como sucedió y como luego un cable de Wikileaks confirmó. Lo mencionan con nombre y apellido y hablan de su disposición a ayudar a las autoridades de Estados Unidos.” El jurista de origen chileno advierte: “Estoy convencido de que en Estados Unidos existe un proceso secreto contra Assange, como lo ha denunciado Wikileaks y lo presume el propio Garzón; de lo contrario no habría el nivel de interés tan elevado por llevar a Assange hasta Suecia para luego ser extraditado a Estados Unidos. “Estados Unidos ha demostrado que en materia de persecución de sus enemigos es capaz de hacer y justificar cualquier cosa. Assange tiene un negro porvenir si llega a Suecia, porque Suecia lo va a entregar a Estados Unidos; por eso es razonable la preocupación que tienen Garzón y su defendido sobre la falta de garantías y de información del gobierno estadunidense.” El jurista –quien defendió al marroquí Lahcen Ikassrien, acusado de pertenecer a Al Qaeda (Proceso 1745)– dice que hay “una persecución política contra todo aquel que revele información que ponga en entredicho los actuales términos de la democracia socavada por la seguridad, como sucede con Assange o con Hervé Falciani, el informático que destapó las corruptelas en el HSBC en Ginebra, que es perseguido por Suiza y que fue detenido la semana pasada en España”. Martín Pallín, portavoz de Jueces por la Democracia y miembro del jurado del Proceso del Tribunal Russell sobre Palestina, dice que este caso demuestra una serie de contradicciones, porque mientras organismos de las Naciones Unidas o Transparencia Internacional abogan por la apertura de la información gubernamental para que los gobiernos tengan el menor número de secretos y la menor opacidad posibles, este caso muestra lo contrario. “En este caso se alude a que han estado en riesgo aspectos de la seguridad nacional de los países involucrados. No se ha conocido que la divulgación de esos cables secretos haya puesto en riesgo la seguridad nacional de ninguno de los involucrados”, apunta.