Durante su segunda semana de trayecto, la Caravana por la Paz que encabeza Javier Sicilia recogió testimonios de migrantes mexicanos que buscan un nuevo estatus legal en Estados Unidos, así como adhesiones de organizaciones como Mexicanos en el Exilio, abocada a la defensa de los  paisanos que huyen de la violencia e intentan convertirse en exiliados.  El éxodo hace recordar al que agobió a países como Guatemala y El Salvador, en la época de sus guerras internas. EL PASO, TEXAS (Proceso).- En los años ochenta, fueron las guerras en Guatemala y en El Salvador las que expulsaron a miles de familias a Estados Unidos. Treinta años después, el éxodo hacia este país, más específicamente a los estados del sur, proviene de México, atizado por la violencia derivada de la guerra contra las drogas del gobierno calderonista. El año pasado, 80 de esas familias provenientes de Chihuahua, Veracruz, Michoacán y Coahuila fundaron la organización Mexicanos en el Exilio, cuyo propósito es proporcionar todo tipo de ayuda a sus connacionales en territorio estadunidense: psicológica y alimenticia, así como asesoría jurídica y laboral. Sus 154 miembros están conscientes de que la violencia en el país no cede y de que, por tanto, la migración podría seguir incrementándose. Muchos de los desplazados aún no superan el miedo, por lo que cambian de casa con frecuencia, pues temen que los sicarios o policías en activo los busquen en las ciudades que eligieron como refugio. Saben que las bandas criminales mexicanas no respetan fronteras. Para Cipriana Jurado Herrera, la primera defensora de derechos humanos mexicana que recibió el estatus de exiliada en Estados Unidos, hay denuncias en el sentido de que sicarios de bandas criminales se internan en  Estados Unidos, sobre todo en esta localidad, para llevarse a la gente a México. “Yo por eso no estoy en El Paso”, comenta la exdirectora del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera (CISO), quien sobrevive limpiando casas y no tiene residencia fija. Oriunda de Ciudad Juárez, admite que muchos de los refugiados no se atreven a denunciar por miedo. Prefieren, dice, estar en sus casas e incluso no trabajar para evitarse problemas, pero eso impide que las quejas prosperen. Las historias La de Cipriana es sólo una de las múltiples historias que ha recogido la Caravana por la Paz en su itinerario por las entidades fronterizas. En Las Cruces, Nuevo México, Cristina presentó su caso. Dice que en abril de 2011 ella y su familia huyeron de Valle de Guadalupe, Chihuahua, tras sobrevivir a la matanza de noviembre de 2010 en el Bar Castillo. Dice que cuando ella y sus hijos, hermanos, cuñada y sobrinos llegaron a Estados Unidos se creyeron a salvo, pero pronto se desengañaron: “Un día que salí llegaron unos hombres a la casa de la viejita donde trabajaba. Querían llevarme a fuerza, pero ella les dijo que yo no laboraba ahí. Me salí de esa ciudad y me fui a otra porque supe que me estaban buscando. Ya no tengo paz tampoco aquí. Desde que empezaron a buscarme, en febrero pasado, ya no vivo bien”. Meses antes de la matanza en el Bar Castillo, en Valle de Guadalupe, una banda criminal de la zona ejecutó al esposo de Cristina, quien tenía un lote de autos, por negarse a pagar la cuota. En febrero de 2010 buscó trabajo y el único lugar donde encontró fue precisamente en el bar, donde a finales de ese año un grupo de sicarios acribilló a los clientes y quemó el negocio. Cristina relata que fue testigo de que agentes federales iban custodiando a los agresores. Ella logró escapar cuando llegaron los policías municipales. Más tarde, los federales implicados comenzaron a intimidarla para que no los denunciara. En una ocasión, dice, secuestraron a su padre para obligarla a entregarse. Esa acción la obligó a irse a Estados Unidos, pero aquí –comenta – también se siente acorralada. Juan Frayre Escobedo, hijo de la activista Marisela Escobedo, ejecutada en diciembre de 2010 frente al palacio de gobierno de Chihuahua al lado del campamento que montó para exigir justicia a las autoridades por el asesinato de su hija Rubí Marisol, es otro de los exiliados mexicanos. “Nosotros teníamos que salir de México para conservar nuestra vida. No tuvimos otra opción. Ahora es volver a empezar, con el dolor y la impotencia de lo que ha sucedido”, comenta Juan al reportero a través del teléfono. Desde diciembre pasado, él se mueve por varias ciudades fronterizas, luego de que un hombre en un centro comercial de esta ciudad se le acercó y le dijo que él y su familia serían asesinados: “Él y otras personas me querían sacar del centro comercial, pero se detuvieron cuando vieron el video. En el estacionamiento lo estaban esperando cuatro personas”. El que amenazó a Juan en esa ocasión era Héctor Miguel Flores Morán, un pistolero del crimen organizado a quien las autoridades atribuyeron el asesinato de Marisela. Pero él no fue quien la ejecutó, dice Juan, “pues mi tío nunca lo reconoció”. Relata que aun cuando presentó la denuncia ante las autoridades de esta ciudad no le hicieron caso, por lo que decidió mudarse más lejos. A esos testimonios se suman los de Martha Valles García, Daniel Vega Hernández y Diana Hernández, del Valle de Guadalupe, la zona más peligrosa de Juárez, donde los cárteles controlan la región fronteriza. En esa región han sido asesinadas decenas de personas. Los tres pertenecen a Mexicanos en el Exilio, que la semana pasada se sumó a la caravana encabezada por el escritor Javier Sicilia. “Tengo 16 años –dice Diana–. Estoy en Mexicanos en el Exilio porque desaparecieron a mi mamá, Isela Hernández Lara, el 14 de agosto de 2011 en el Valle de Guadalupe. Amenazaron a mi familia, nos dijeron que ya no nos querían en el pueblo, que nos querían fuera. Por eso tuvimos que salir”. El pecado de Isela fue cuidar a un bebé de dos años, hijo de una de las mujeres de la familia de Olga Reyes Salazar, a la cual le han matado siete de sus miembros. Olga es una de las principales activistas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que se dirige a Washington. Entrevistada en El Paso, Texas, la adolescente recuerda el día que se llevaron a su madre: “Nosotros llegamos en la tarde. Estaba toda la familia. De repente llegaron cinco personas armadas en una troca. Nunca nos imaginamos que fuera a pasar algo. Se metieron a la casa y nos gritaron que nos tiráramos en el piso. Éramos puras mujeres y mi papá. “Nos preguntaban dónde estaba el papá del niño. Mi mamá fue la única que se atrevió a contestar. Golpearon a mi papá hasta dejarlo inconsciente y se la llevaron”. Les dijeron que ya no los querían ahí; que los iban a matar. “Por eso nos venimos a El Paso a pedir asilo, somos 10, incluyendo a mis tías, primas y a mi papá”. Entre los familiares de Isela Hernández que salieron de México se encuentra Daniel Vega Hernández, de 18 años, quien se crió en Estados Unidos. El adolescente relata que antes de 2009 Valle de Guadalupe era un lugar tranquilo. “Se podía trabajar y pasear a toda hora, y los fines de semana los lugareños solían dar vueltas alrededor de la plaza en sus trocas. Todo iba bien hasta que las bandas del crimen organizado, aliadas a las policías local, federal y a los soldados, comenzaron a disputar esta zona rural conectada a la frontera”, expone Daniel. Pero ahora ya no se puede vivir ahí. “Las casas –dice– están abandonadas o quemadas. Mis amigos ya se murieron y los sicarios andan sueltos. Muchos de ellos son jóvenes, les pagan bien poquito, de 20 a 100 dólares por trabajo. Cuando estaba en la escuela en Estados Unidos llegaron los de la Army a reclutar. Me dijeron que entrara al Ejército, pero les dije que lo haría sólo si entraban a México a combatir a los narcos y defender a mi gente. Sólo así aceptaría”. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1869, ya en circulación)