ZACATECAS, ZAC. (Proceso).- El 7 de agosto, en la localidad de Villa González Ortega, todo el pueblo se dio cuenta de que los agentes de la Policía Federal que realizaban en la región uno de esos operativos espectaculares, con decenas de patrullas y helicóptero oficial, se llevaron a cinco trabajadores de los campos del ajo. Desde entonces, los padres de esos trabajadores salieron de Estancia de Ánimas para recorrer agencias del Ministerio Público, hospitales, salas forenses, comisiones de derechos humanos, y preguntar, incluso en el Distrito Federal, dónde están sus hijos, o bien, “dónde los tiraron, dónde los dejaron”. A su vez, la esposa de Eduardo Hipólito Hernández, Ana Karen, también de Villa González Ortega, anda en busca de justicia porque ella sí vio cuando mataron a su marido después de que a ambos los sacaron violentamente de su domicilio la madrugada del 21 de julio. En denuncias por separado, Ana Karen y los padres de los jornaleros Ismael Rodríguez, José Castillo Aguayo y Juan Carlos, Amado y Nectalí Delgado Rodríguez responsabilizan al gobernador Miguel Alonso Reyes de la ola de abusos en que han incurrido los agentes de la Policía Federal enviados a esta entidad a petición del mandatario, con el argumento de que la violencia desatada aquí obedece a la pugna entre los grupos delictivos, particularmente Los Zetas y los llamados Cárteles Unidos. Al gobernador le achacan parte de la responsabilidad, pues no obstante que existen “un sinnúmero de denuncias por homicidio, violación, robo, desaparición forzada de personas, abuso de autoridad y otros ilícitos” cometidos por elementos federales, éstos siguen impunes, como consigna la denuncia de Ana Karen, la cual fue presentada a los diputados de la entidad el 26 de julio. Algunas de las denuncias ni siquiera han sido recibidas por las instancias oficiales, con el argumento de que “aquí no se puede hacer nada”, y aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se ha visto obligada a consignar las quejas recibidas de la ciudadanía por la actuación de los federales, las ha turnado de inmediato a la CNDH. Inclusive cifras de la CEDH confirman la percepción de que los agentes federales han tenido una actuación arbitraria o abusiva en la entidad: De enero a diciembre de 2011, la comisión recibió 23 quejas por violaciones diversas de la PF, mientras que de enero a agosto de este año el número se había elevado a 41, casi el doble en menos tiempo, según la información proporcionada por el organismo a solicitud de Proceso.   “¿Y los cuerpos, jefe?”   En la denuncia que presentó ante la Agencia del Ministerio Público de atención permanente en la Subprocuraduría de Justicia de Fresnillo, reproducida en el documento entregado a los diputados y del cual Proceso tiene copia, Ana Karen narra que el sábado 21 de julio dormía en su casa junto a su esposo Eduardo Hipólito cuando la despertó la frase: “¡Párate, hijo de tu chingada madre!”. Eduardo saltó de la cama y se tiró al piso. Eran agentes uniformados y con los rostros cubiertos, uno de los cuales levantó a Karen tirando de sus cabellos, y a ambos los sacaron al patio de la casa, donde los pusieron de rodillas y les preguntaban dónde estaban “las armas y la camioneta gris”. Cuando la pareja dijo no saber de qué les hablaban, los agentes los subieron a un vehículo oficial de la PF, donde ya había dos hombres y una mujer atados, tirados boca abajo y con cinta canela tapándoles los ojos. Le preguntaron a su esposo cómo salir de la colonia y le advirtieron que si no era por donde les indicara y algo ocurría, los matarían a todos. Luego “le dijeron que se bajara los pantalones y el bóxer y que se agachara, y comenzó a gritar… (le repetían) que si ya les iba a decir, o que si no, tenían una más grande…”, narra la mujer. Cuenta enseguida que, después de un rato de avanzar, el vehículo se detuvo en un paraje, donde la hicieron bajar junto con las otras personas. “Me dijeron que me quitara la cinta y agachara la cabeza, que la mantuviera agachada y sólo volteara a un lado. Vi a varias personas hincadas, con cintas en los ojos, entre ellos mi esposo. Me dijo uno de ellos que sólo me habían bajado para que viera el mugrero que era mi esposo cuando lo mataran. Un federal empezó a disparar con un arma grande a los que estaban allí; eran como nueve. Les disparó a tres, entre ellos a mi esposo. Vi que caían de frente. Bajé la cabeza, pero un federal me jaló de los cabellos y me levantó la cabeza para que viera…”. A Karen volvieron a subirla a la camioneta. “Me taparon con una cobija; escuché más disparos y luego abrieron la puerta. Uno de ellos preguntó: ‘¿y los cuerpos, jefe?’ Le contestó: ‘Ahí déjalos, para qué los queremos, después van a ser puro mierdero’, y nos fuimos del lugar”. Dos horas después, Karen fue abandonada en un camino, descalza y sin pantalón. Pidió ayuda para llegar a Villa González Ortega y acudió a la Policía Municipal a denunciar lo ocurrido. Pero allí “me dijeron que no podían hacer nada”. Al día siguiente, una vecina a cuyo esposo también se habían llevado llegó a avisarle que los cuerpos de su marido y del de Karen estaban en una funeraria de Fresnillo. “Llegué y vi que sí era el cuerpo de mi esposo”, asienta Karen, en tanto que el acta de defunción de Eduardo Hipólito Hernández consigna que murió por heridas de arma de fuego en cráneo, tórax y abdomen. La mujer identificó a otras tres víctimas –dos murieron por heridas de bala y otra asfixiada–, y entregó a los diputados fotografías del sitio donde fueron encontrados sus cuerpos. Esta denuncia cita otros hechos en los cuales se involucra a policías federales, y menciona el proceso penal 361/2012 desarrollado en el Juzgado de Garantía en contra de Bernardo Rodríguez Salazar por el secuestro de dos personas, ya que “al momento de cometer los secuestros se hacía acompañar por elementos de la PF. El delito sigue impune”. “Exigimos que se haga cumplir la ley en contra de tanta arbitrariedad desplegada por la Policía Federal”, es el reclamo de la mujer, quien pidió a los diputados locales llamar a cuentas al gobernador.   El operativo y la búsqueda   El 7 de agosto, un aparatoso operativo de la Policía Federal desplegó una decena de patrullas y un helicóptero de la institución en la zona de Villa González Ortega. Ismael Rodríguez, José Castillo Aguayo y los hermanos Juan Carlos, Amado y Nectalí Delgado Rodríguez se encontraban trabajando como jornaleros en unos sembradíos de ajo en la comunidad Estancia de Ánimas, del mismo municipio. Pasaban de las 15:30 horas cuando llegaron varias patrullas. “Había otros trabajadores. Nos dijeron que federales los agarraron y los empezaron a golpear. Al patrón lo retuvieron. Le dijeron que no se moviera. Nomás escuchaba los gritos, los golpearon mucho”, contó el padre de uno de ellos en entrevista con Proceso. Después de un rato los dejaron. Pero regresaron por siete de ellos y se los llevaron. Le dijeron al propietario de las tierras que “los iban a investigar”. Lo cierto es que ese día hubo un reporte oficial de un supuesto enfrentamiento entre policías federales y presuntos sicarios en Villa González Ortega. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad comentaron a los reporteros locales que el alcalde de ese municipio, el priista Gustavo Uribe, había denunciado amenazas de grupos armados hacia algunos de sus colaboradores. De acuerdo con los reportes, en dicha jornada agentes federales efectuaban un patrullaje por el municipio y se encontraron con un grupo armado entre Villa y Pinos, donde supuestamente habían dado muerte a cinco hombres armados y luego a otros dos, tras una persecución que terminó, de acuerdo con esa versión, en Villa González Ortega. Para los padres de los desaparecidos, la historia es muy diferente. “Los federales andaban en operativo. El helicóptero ya había volado varias veces por ahí. Se llevaron a siete que estaban ahí trabajando, que no eran delincuentes, que estaban buscando el pan para sus hijos. Nomás era cosa de ver cómo vivían, así de pobres”, dice la madre de Ismael. De los siete hombres que se llevaron los agentes, dos fueron liberados y contaron a sus familiares: “(Los federales) iban diciendo que ellos agarraban gente, tuvieran culpa o no tuvieran, que porque al cabo les pagan 30 mil pesos por cada uno que agarran de Villa, de Pinos, de Loreto, de los alrededores, por ahí. A ellos los dejaron porque algún jefe más grande les dijo que no les iban a servir para nada”, refiere en la denuncia el padre de los tres hermanos Delgado Rodríguez. “Hemos ido a varias partes a preguntar, a la procuraduría, al Semefo (en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí), a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En Aguascalientes y San Luis no nos enseñan los cuerpos, ¿verdad? Nomás nos enseñan las fotos; imagínese, nomás de mirarlos. Pero no, gracias a Dios…”, dice y se interrumpe el papá de José Castillo, porque ya no aguanta las lágrimas. La CEDH informó que el 15 de agosto inició un expediente de queja que turnó de inmediato a la CNDH, donde fue asignado a la Primera Visitaduría. El día 20, los familiares de los desaparecidos viajaron a la Ciudad de México, donde los pasaron al Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC) de la PGR, y la funcionaria María de la Luz Alcántara Uribe les aseguró que ahí no tenían detenidos a sus hijos. El día 29 este grupo de padres interceptó al gobernador Miguel Alonso Reyes durante una gira por Loreto y le pidieron ayuda. El mandatario los envió con el secretario de Gobierno, Esaú Hernández, quien a su vez los remitió a la Procuraduría de Justicia para iniciar una averiguación. En esta dependencia, una vez más, se turnó el asunto a la delegación de la PGR, pero ahora por medio de la Contraloría Interna de la PGR. Finalmente, la Contraloría obligó a la Delegación a abrir un expediente el 3 de septiembre, casi un mes después de la desaparición de los cinco hombres. “Ni un día hemos dejado de buscarlos, de ir de un lado a otro. Ojalá que nos dieran una orientación para saber adónde ir… que nos den una pista de dónde los dejaron…”, comenta el padre de José Castillo.