CHILPANCINGO, GRO. (Proceso).- Las amenazas de muerte y extorsiones por parte de un grupo criminal contra dos cercanos colaboradores del gobernador Ángel Aguirre Rivero ocasionaron el despliegue de un operativo con policías, militares e infantes de Marina. Esta reacción para proteger a los subsecretarios de Administración y Finanzas, Arturo Sánchez Torres, y de Planeación, Pablo Zapién Cortés, ambos de la Secretaría de Salud (Ssa) estatal, contrasta con la indolencia que distintos sectores sociales observan en el gobernador Ángel Aguirre Rivero frente a sus demandas de seguridad. En documentos de la procuraduría local se consigna que una banda de delincuentes que opera en la región centro de la entidad reclama parte de las ganancias que los dos funcionarios mencionados supuestamente obtienen a través de negocios realizados al amparo del poder. Tanto a Sánchez Torres como a Zapién Cortés se les vincula directamente con el hermano del mandatario, Mateo Aguirre, señalado insistentemente por presuntos actos de corrupción. El lunes 3 de septiembre, Proceso.com.mx dio a conocer que los dos subsecretarios, así como el secretario privado de Sánchez Torres, Elvis Cortés Salado, solicitaron protección del gobierno estatal tras recibir amenazas de muerte de un grupo armado que el 31 de agosto irrumpió en un fiesta en casa de Zapién Cortés, en el sur de esta capital. Los funcionarios festejaban el cumpleaños de Arturo Sánchez, quien lleva cerca de 30 años en la administración pública estatal y –según fuentes cercanas al grupo– trabajó en la Secretaría de Desarrollo Económico cuando su titular era Aguirre Rivero y gobernaba la entidad José Francisco Ruiz Massieu. Los delincuentes sometieron a golpes a los invitados, arrinconaron a las mujeres y encerraron en los baños a los hombres, pero antes les quitaron sus celulares, carteras y credenciales de elector, señalaron testigos que posteriormente interpusieron una denuncia ante la procuraduría local por robo, lesiones y amenazas. Según las fuentes, cuando irrumpieron los intrusos–unos 20 individuos con uniformes de la Policía Municipal y pasamontañas– preguntaron directamente por Sánchez Torres, quien ya se había ido, así como por el anfitrión, Zapién Cortés. Éste se hizo pasar por otra persona y así engañó a los delincuentes. Antes de abandonar la propiedad, éstos les exigieron a los presentes que transmitieran un mensaje a los funcionarios de la administración de Aguirre: “Díganles a esos culeros que queremos el 10% del 20% que le cobran a los proveedores o se los va a cargar la chingada”. Por ello los funcionarios solicitaron protección al gobernador. Manifestaron que dos días antes el secretario privado de Sánchez Torres recibió llamadas telefónicas para exigirle una cuota por los contratos que otorgan a proveedores de la Ssa, como consta en los reportes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). La dependencia investiga como posible causa de estas amenazas una queja presentada por empresarios en contra de Sánchez Torres y de Zapién Cortés porque, supuestamente, exigen 20% del monto de los contratos que la Ssa adjudica a los proveedores de medicamentos o de obras. Hace un par de meses se registró un conflicto en la secretaría porque algunos de sus trabajadores denunciaron que los dos subsecretarios incurren en actos de corrupción y desvío de recursos públicos. Los inconformes informaron que al menos dos edificios pertenecientes a Mateo Aguirre son rentados por la secretaría como oficinas y bodegas, aunque no se necesitan. Especificaron que la dependencia, mediante el subsecretario de Administración y Finanzas, paga al menos 150 mil pesos mensuales por la renta del inmueble ubicado en la avenida de Los Gobernadores, atrás de la residencia oficial Casa Guerrero, en la zona oriente de Chilpancingo. A comienzos de este año y en medio de protestas, personal de la subsecretaría de Planeación de la Ssa, que encabeza Pablo Zapién, fue concentrado en este edificio, al que el exgobernador Zeferino Torreblanca se ha referido como una muestra del “nepotismo y la corrupción” de Aguirre Rivero.   “Un asalto” con mucha cola   Dos días después de que el portal de Proceso dio a conocer este hecho, el gobernador de Guerrero declaró ante la prensa en Acapulco: “La semana pasada se dio un incidente en un evento donde se encontraban dos de los subsecretarios de Salud y llegó un grupo armado; asaltaron a las personas que se encontraban ahí y preguntaron por algunos otros que ya no estaban. Estamos investigando para detener y sancionar a los responsables con todo el peso de la ley.” Después, justificó la impresionante guardia asignada a sus amigos: “Es imposible que yo le ponga un policía a cada uno de los funcionarios, a cada alcalde o cada servidor público; todos debemos aprender a tomar providencias ante la delincuencia. Pero desde luego, sin cancelar tampoco que en casos como este evento de los funcionarios de Salud; desde luego que estamos apoyando a los dos subsecretarios que sufrieron esta contingencia.” Pese a que el mandatario minimizó el incidente, que calificó como “un simple asalto”, la procuradora de Justicia, Marta Garzón Bernal, lo contradijo al declarar públicamente que el grupo armado “intentó levantar” a Sánchez Torres. La funcionaria confirmó que por ese motivo desde el lunes 3 Sánchez cuenta con escolta de agentes de la Policía Ministerial Estatal (PME). Al menos 10 policías con armas largas y chalecos antibalas resguardan el perímetro y el interior de las oficinas centrales de la Ssa en la avenida Ruffo Figueroa, colonia Burócratas, en la zona sur de Chilpancingo. El despliegue policiaco para proteger al funcionario ocasionó que personal administrativo y operativo de la Ssa desalojara las oficinas y suspendiera labores el viernes 7, pues se consideró que las amenazas a Sánchez Torres ponen en riesgo la integridad de los casi 2 mil trabajadores de la dependencia estatal. Al frente del operativo de protección se encuentra el director de la Policía Ministerial, Marcos Esteban Juárez Escalera, un general retirado que llegó a Guerrero en diciembre último recomendado por el jefe de escoltas del gobernador, el teniente coronel Felipe Martín Ornelas Rebollo, vinculado a la masacre de El Charco en 1998. El miércoles 5, un grupo de infantes de Marina adscritos a la Octava Región Naval Pacífico Sur, con sede en Acapulco, llegó a la Ssa para interrogar al subsecretario de Finanzas acerca de las amenazas del grupo armado.