La Ley de Víctimas todavía se tambalea

martes, 1 de enero de 2013
La Ley General de Víctimas, una de las más avanzadas de su tipo en el mundo, fue aprobada por el Poder Legislativo mexicano el pasado abril. Pero nunca entró en vigor. Como presidente, Felipe Calderón interpuso una controversia constitucional para detenerla. El gobierno federal que asumió el 1 de diciembre retiró la controversia y todo indica que el ordenamiento se publicará en el Diario Oficial en los próximos días. Se trata, dicen sus promotores, de una ley inmejorable… en el papel. Falta reglamentarla y hacerla aterrizar. MÉXICO, D.F. (Proceso).- En México las víctimas de un delito grave que hayan sufrido incapacidad mental o física o la privación de la libertad, o los deudos de quienes hayan perdido la vida, recibirán por ley una “compensación subsidiaria” tasada en una cifra máxima de un millón de pesos. El Estado se hará responsable de pagarla sin importar quiénes fueran los delincuentes ni cuándo hubiera ocurrido la agresión. Cualquier víctima o familiar de una víctima de la delincuencia común, del crimen organizado, de funcionarios públicos o fuerzas de seguridad, tendrá representación de abogados capacitados en el tema, recibirá el pago por los gastos de alojamiento, comida o traslados que haya hecho para llevar su caso ante tribunales y tendrá servicios médicos, becas educativas y oportunidades de desarrollo. Estos son algunos de los beneficios de la Ley General de Víctimas cuya publicación es inminente y que es un triunfo político del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) que desde abril de 2011 sacó a las calles a las víctimas de la violencia del sexenio calderonista y las acercó a la clase política para que sus demandas fueran escuchadas. Es también un reflejo de la “crisis humanitaria” que dejó la estrategia de seguridad de Felipe Calderón y del colapso del sistema judicial que mantiene casi asegurada la impunidad. A partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y de su posterior reglamentación, las personas que hayan sido víctimas de ese tipo de abusos en algún momento de la historia de México –incluidas las de la Guerra Sucia– tendrán derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición. Se formará una Comisión Ejecutiva nacional con cinco expertos propuestos por universidades públicas y cuatro candidatos ciudadanos con experiencia en defensa de los derechos humanos, y se crearán comisiones equivalentes en cada entidad federativa. Éstas decidirán las medidas de apoyo que se otorgarán a cada víctima. Según el centro de análisis México Evalúa, en el sexenio anterior al menos 101 mil personas fueron asesinadas y más de 344 mil quedaron huérfanas, viudas o sin sostén económico. A su vez la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió denuncias por la desaparición de 24 mil personas en el mismo periodo. El Estado mexicano tendrá que someterse a una reingeniería para la creación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) en el que los gobiernos federal, estatales y municipales asumirán los costos por los daños físicos, mentales, materiales, pérdida de oportunidades, perjuicios morales y gastos de asistencia de las víctimas, y en el que todas las dependencias de gobierno asumen responsabilidades. O al menos eso quedó en el papel firmado por el Poder Legislativo y avalado por el Ejecutivo. La creación del nuevo sistema implica la desaparición de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), creada por Calderón a fines de 2011. “Es un parteaguas en la historia de este país. Es una ley inédita. Sólo hay dos en el mundo: en Filipinas para desastres naturales y en Colombia. Pero ésta es más avanzada. Es la primera que compendia lo que se ha estado construyendo los últimos 25 o 30 años en justicia restaurativa”, dice Eliana García, exdiputada perredista que dio apoyo técnico al MPJD en la creación y cabildeo de la ley. La siguiente etapa será reformar la Ley General de Víctimas aprobada en abril de este año e introducirle las modificaciones negociadas principalmente con la Secretaría de Gobernación calderonista y la fracción parlamentaria del PRI en los encuentros entre el equipo jurídico del Movimiento durante el tiempo en el que el documento estuvo congelado por la controversia constitucional interpuesta por Calderón. El Movimiento creado por Javier Sicilia no cantará victoria sino hasta el momento en el que la ley sea reglamentada y el sistema de atención reciba presupuesto. “Nos congratulamos por la Ley de Víctimas, pero no nos chupamos el dedo porque falta reglamentación, que se le dote de fondos y porque implica responsabilidades para casi todo el gabinete: Hacienda, Gobernación, Salud, Educación. Hay mucho trabajo por hacer y suena demasiado bonito para ser cierto, porque sabemos que hay intereses de los criminales y de sus cómplices dentro del gobierno, porque el crimen es un negocio millonario”, dice el vocero del movimiento, el poeta Jorge González de León. “En la lógica del triunfalismo del ‘ya llegó papá-gobierno’ no queremos ser coro de apoyo; sabemos que el problema de la violencia en México va a costar al menos una generación y mucho trabajo para cambiarlo”, indica en entrevista con Proceso. El estira y afloja La ley fue creada a principios de 2012 y perfeccionada hasta abril por diferentes actores en distintos momentos. Surgió de la fusión de una propuesta de expertos del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la UNAM, y aderezada con proyectos del PRI, PAN y PRD, usando como modelo la ley colombiana respectiva. En diferentes tramos participaron –algunos a título personal, otros institucional– asesores de la oficina en México de la ONU, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Cencos, el Centro de Colaboración Cívica, Serapaz y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Fue impulsada por las víctimas que con sus testimonios, su presencia en las cámaras de diputados y senadores, su participación activa en foros con legisladores y sus encuentros con los candidatos presidenciales y sus movilizaciones callejeras, presionaron hasta obtenerla. La mayoría de las organizaciones de derechos humanos del país se mantuvieron ajenas. A partir del veto técnico aplicado por Calderón, el MPJD encontró en los asesores jurídicos y técnicos de los grupos parlamentarios del PRD y del PRI a sus principales aliados. “El apoyo fue muy fuerte en la Cámara de Senadores por parte de Murillo Karam; él impulsó muchísimo y abrió muchas puertas, tuvimos no menos de 15 reuniones con él desde abril, y en la Cámara de Diputados apoyó Manlio Fabio Beltrones”, informa González de León. Otra impulsora fue Claudia Ruiz Massieu, encargada del área de derechos humanos en el equipo de transición. Eliana García –quien militó en grupos de izquierda en los setenta y fue presa política– y González de León detallaron la ruta que siguió la ley desde su creación y las reformas que sufrirá después de que se publique para atender las preocupaciones planteadas en la controversia constitucional por el gobierno de Calderón y por los cabilderos de Enrique Peña Nieto que –insistieron– no deforman el espíritu de la ley. “No fueron cambios sustantivos”, señala González. Una de las modificaciones a la versión original es que se acotará que sólo reciban pago de “compensación subsidiaria” –una especie de indemnización– las víctimas de delitos graves que afectan a la vida y la libertad y ya no a cualquier delito. También incluirá responsabilidades para los gobiernos estatales y municipales hacia las víctimas y ya no únicamente del federal. Se darán facultades al presidente para que reciba las candidaturas de las universidades y de las organizaciones sociales de los nueve miembros de la Comisión Ejecutiva –ciudadana y autónoma– que regirá el Sistema Nacional de Víctimas para que arme las ternas con base en las cuales el Senado elegirá a sus integrantes. Otro punto espinoso que en la etapa del estira y afloje pudieron sortear fue el de la definición de víctima. “Ellos (el equipo de Gobernación) quería dejar sólo a las víctimas de derechos humanos. Decían: ‘¿Por qué va el Estado a pagar y apoyar estudios, medicinas, trasporte, atención psicológica y salud a los delincuentes o a sus víctimas si el Estado no era responsable?’ Pero no lo quitamos: Así sean hijos o familias de delincuentes o víctimas de ellos, también tienen derechos por ser víctimas”, explica García en la entrevista realizada a mediados de diciembre. González de León aclara: “Si en un plazo determinado el gobierno no tiene a los criminales capturados (a los que se les puedan decomisar bienes), debe pagar. Es un incentivo para que cumpla su trabajo. Es como si tuviera una multa, así que tiene que empezar a detener gente si no quiere pagar reparaciones”. El artículo citado quedará así: “El monto de la subsidiariedad a la que se podrá obligar al Estado será hasta de 500 veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal”. O sea que además de poner candados a quienes pueden solicitarlo, se fija un tope. Otro párrafo que se modificará en la próxima reforma –que hizo brincar a panistas y priistas– es el que incentivaba la creación de comisiones de la verdad para investigar el pasado, que en la redacción actual queda así: “Las víctimas tienen derecho imprescriptible a conocer la verdad histórica de los hechos”. Una de las propuestas de redacción que hizo el equipo del actual procurador general, Jesús Murillo Karam, señalaba que las personas que obtengan reparación perdían su derecho a exigir reparación de cualquier otra naturaleza. Ese punto fue rechazado por el MPJD. En cuanto a las personas que podrán integrarse al SNAV están por ponerse candados que indiquen que deben ser especialistas o víctimas de distintos delitos y regiones geográficas. Tampoco podrán ser elegidas personas que hayan ocupado cargos públicos o en la estructura de algún partido político dentro de los dos años previos a su designación para evitar lo que ocurrió durante el calderonismo: Que un reducido grupo, cercano al gobierno, de organizaciones de víctimas de secuestro acaparó los consejos consultivos de las dependencias. Sobre la eliminación de Províctima, que era una “ventanilla única” que otorgaba servicios jurídicos, médicos y psicológicos a las víctimas, García señala: “En este nuevo sistema cada estado tendrá su ventanilla única, que es una comisión ejecutiva, donde la víctima se registrará y tendrá una acreditación con la que todas las instituciones del país sabrán que es víctima y que tienen que atenderla”. Esto da derecho a servicios hospitalarios públicos o privados. A partir de la promulgación de la ley reformada, las instituciones médicas del país tendrán 180 días para reformar sus leyes y reglamentos internos. La versión original de la ley impulsada por el MPJD obligaba a la creación de un cuerpo de abogados victimales en todas las procuradurías, que fueran contrapartes del Ministerio Público y equivalentes a los defensores de oficio. Murillo Karam pidió que esto fuera modificado por considerar que trastoca el papel de los defensores de oficio. En su lugar se creará la Asesoría Jurídica Federal, un área de abogados victimales que dependerá de la Comisión Ejecutiva del SNAV. Responsabilidad del Estado En su primera semana en la Presidencia, Peña Nieto retiró la controversia constitucional con la que Calderón intentó bloquear la publicación de la Ley General de Víctimas aprobada en abril. “La excusa de los expertos (calderonistas) fue lo que implicaba para el Estado la reparación económica a las víctimas, pero también supimos que fue en castigo porque no quisimos entrarle al Memorial que construyó y que finalmente nunca inauguró”, explica González de León. Según García fue un capricho de Calderón para no reconocer el desastre que dejó su estrategia de seguridad: “Esta ley significa el reconocimiento de que en este país hubo un periodo de una violencia criminal e institucional que dejó una crisis humanitaria en el país y que por tanto el Estado tiene la obligación de generar un instrumento jurídico que se exprese en una política pública para atender sus efectos y para resarcir, restaurar, reparar íntegramente el menoscabo de los derechos de las personas que hayan sido víctimas”. “La Ley de Víctimas no permite que se diga que lo que ocurrió es responsabilidad del sexenio pasado; el Estado sigue teniendo responsabilidad aunque haya cambio de administración. Y el problema sigue vivo”, agrega González de León. Aunque González de León y García esbozan un gesto de “misión cumplida”, están expectantes de que la etapa de reglamentación concrete el logro. La aprobación de la ley sería sólo un tramo en el camino del MPJD –creado a partir del asesinato del hijo de Javier Sicilia– que mediante caravanas en México y Estados Unidos, actos en cada plaza pública del país, encuentros con la clase política, movilizaciones de protesta, plantones en las sedes del Poder Legislativo, una huelga de hambre e intenso cabildeo logró una legislación que está a punto de hacerse realidad. Como comentó un legislador: “¿Cómo no voy a votar esa ley si tengo tantos ojos viéndome, si ahí están las personas llorando para que les hagan justicia?” Lo que sigue, explica González de León, es vigilar la reglamentación, armar un encuentro binacional de víctimas de todo México y Estados Unidos, pedir que la Estela de Luz sea resignificada para convertirla en el verdadero memorial de las víctimas de la violencia en México, movilizaciones para exigir que se haga justicia en los distintos casos. En enero habrá un encuentro para fijar la postura del MPJD frente al sexenio de Peña Nieto porque, explica González de León: “A pesar de la aprobación de la ley nos reservamos el derecho a la duda (…) no queremos ser su coro de apoyo”. García, quien después de esta misión se separará del MPJD, expresa: “No conozco un solo movimiento que haya sentado a toda la clase política, al presidente, a los legisladores, para plantearles su agenda. Nomás no pudo sentar al Poder Judicial porque se rehusaron a ir al Castillo de Chapultepec. El Movimiento por la Paz es en este momento el más subversivo”.

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