Llega a la presidencia del IFAI el cancerbero de la opacidad

MÉXICO, D.F. (apro).- En 2011, Gerardo Laveaga Rendón los tildó de fundamentalistas y el año pasado se atrevió a decir que lucraban con la transparencia. Hoy, esos “fundamentalistas”, como los definió en ese entonces, lo eligieron como su presidente, pese a ser el más nuevo e inexperto de todos. Luego de que la comisionada Jacqueline Peschard Mariscal concluyó el segundo período para el que fue electa, Gerardo Laveaga Rendón fue designado este viernes como presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Compañero de generación de Felipe Calderón en la Escuela Libre de Derecho, en cuyo sexenio se dio a conocer, Laveaga se convirtió en el cuarto presidente del organismo garante de la transparencia. Propuesto por Calderón apenas el año pasado, en abril asumió como comisionado del IFAI, en medio del rechazo de organismos ciudadanos por sus antecedentes antigarantistas en la materia. Durante tres horas, el pleno del Instituto deliberó este viernes sobre el relevo de Peschard, y fue hasta la cuarta ronda de votaciones cuando Laveaga resultó electo. La presidencia del IFAI es el cargo más relevante que ha desempeñado Laveaga, quien entrará en funciones el próximo sábado 19. Entre 1996 y 2000 fungió como titular de comunicación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y de 2001 a 2012 dirigió la Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). En esta última responsabilidad fue uno de los principales promotores de las reformas calderonistas, especialmente de la reforma constitucional penal de 2008. Además, se ha pronunciado por la adopción de la oralidad en el sistema penal, y en general ha manifestado sus inclinaciones por adoptar mecanismos del sistema jurídico anglosajón. Protección de datos… gubernamentales Como comisionado, Gerardo Laveaga se ha caracterizado por resolver de manera favorable asuntos del gobierno, especialmente cuando se trata de instancias de seguridad proclives a la opacidad. En fechas recientes ha influido en otros comisionados, inclusive imponiendo sus criterios ante el pasmo de sus compañeros. Por ejemplo, luego de casi un año de gestiones, el IFAI resolvió el recurso RDA 0096/2012, cuyo proyecto estuvo a cargo del comisionado Ángel Trinidad Zaldívar. Este último comisionado hizo suyos los criterios expuestos por Laveaga, a fin de que la Procuraduría General de la República (PGR) mantuviera en la opacidad los nombres de los agentes del Ministerio Público federal especializados en delincuencia organizada. La resolución formalizó algo que ninguna ley contempla: la existencia de fiscales sin rostro, es decir, agentes investigadores del Ministerio Público que no son públicos. En otras ocasiones Laveaga ni siquiera revisó los argumentos de solicitantes a quienes se les negó información, con lo que garantizó la opacidad de instancias de seguridad. En el Recurso 3540/2012, por ejemplo, se solicitó una serie de convenios firmados entre las secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional. La primera dependencia respondió que no era de su competencia, pese a que sus titulares habían signado los documentos, rendido informes ante el Congreso de la Unión y abordado públicamente el tema en entrevistas y conferencias de prensa. Laveaga resolvió con el argumento de que la dependencia, entonces encabezada por Genaro García Luna, había orientado en tiempo y forma al solicitante a realizar su solicitud en otra dependencia, sin siquiera revisar los argumentos de la inconformidad. Un alfil calderonista En su edición 1846, la revista Proceso publicó un perfil de Gerardo Laveaga Rendón. A pocos meses de que acabara su gobierno, Felipe Calderón propuso como comisionado a su viejo amigo de universidad y apologista a ultranza de sus acciones. Organismos ciudadanos alertaron que el IFAI y el derecho a la información corrían peligro por dos causas: una, la propuesta de Laveaga, y otra, el estancamiento de reformas en la materia. El 15 de diciembre de 2011, María Marván Laborde renunció al IFAI para irse al Instituto Federal Electoral, dejando vacío en aquel instituto uno de los cinco puestos. Tres meses después, la Secretaría de Gobernación informó de la propuesta de Laveaga. Desde enero de 2011, Artículo 19 y Fundar, organismos civiles especializados en transparencia y libertad de expresión, y Jacqueline Peschard, le pidieron a Calderón que su candidato garantizara profesionalismo y autonomía. Laveaga no sólo carecía de experiencia, sino que se había mostrado contrario al principio de máxima publicidad, pues a su juicio “la transparencia tiene límites”. Sin embargo, el Senado avaló su nombramiento, con lo que se convirtió en el segundo miembro del círculo calderonista en el IFAI proveniente de una de las instancias de seguridad. La otra es Wanda Sigrid Arzt Colunga, exasesora de Calderón y exsecretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional, que desde 2009 ocupa un espacio en el organismo. La carrera de Laveaga comenzó a la sombra de Diego Valadés, quien como procurador de Justicia del Distrito Federal lo nombró director del Ministerio Público en lo Familiar y Civil. Luego fue director de Prevención del Delito, cargo que también desempeñó en la PGR en 1994, cuando Valadés era procurador general. Laveaga fungió como director de comunicación social de la SCJN, cuando Genaro Góngora Pimentel era presidente de esa institución. En 2001 el entonces procurador de la República, Rafael Macedo de la Concha, convirtió a Laveaga en director del Inacipe, de donde salió en 2009, al acabar su segundo periodo cuatrienal, considerando que los estatutos no permiten una tercera gestión. Durante el proceso de designación para que Laveaga fuera comisionado del IFAI, Darío Ramírez, director de Artículo 19, señaló que tenían la preocupación de que el presidente intentara “cubrirse las espaldas” imponiendo a uno de sus cercanos. Para Calderón el IFAI siempre fue objeto de deseo. No sólo como presidente electo pactó con Vicente Fox la llegada de Alonso Lujambio a la presidencia del mismo, el consejero jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio Robles (otro egresado de la Escuela Libre de Derecho), operó en 2009 el ingreso de Sigrid Artz y de María Elena Pérez Jaén (Proceso 1718). Pero no sólo Artículo 19 se extrañó del caso. El Colectivo por la Transparencia, integrado por 11 organismos ciudadanos, consideraron que Laveaga no cumplía con el perfil profesional. Observaron también que se trataba de una persona cercana al presidente y que sus antecedentes dejaban la duda sobre “si su nombramiento obedece a la política de opacidad y desacato de la LFTAIPG (Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental) que ha seguido el gobierno federal en materia de procuración de justicia durante el actual sexenio (de Calderón)”. Otro golpeador Laveaga Rendón también fue compañero de generación de Javier Lozano Alarcón, otro de los apologistas de Calderón, inmerso en todo tipo de escándalos. Las bravatas de Laveaga han sido llevadas a los medios de comunicación, como ocurrió con el tema de la transparencia. En un artículo publicado el 21 de febrero de 2009 en el diario El Universal, Laveaga descalificó la resolución del IFAI respecto de que las averiguaciones previas concluidas podrían ser objeto de revisiones públicas. Dicha resolución fue litigada por la PGR. En el texto, Laveaga expuso que abrir las averiguaciones ponía en riesgo el derecho a la intimidad y la seguridad pública, así como la presunción de inocencia y la fama pública de los implicados. En el mismo documento se refirió a los comisionados del IFAI, que hoy lo eligieron presidente, como “fundamentalistas de la transparencia”. Cuando se anunció que estaba propuesto por Calderón para sumarse como comisionado del IFAI, Laveaga advirtió en su cuenta de Twitter que no daría entrevistas, aunque sí respondió a algunos usuarios. Por ejemplo, @presuntoc preguntó: “¿Quiénes son los fundamentalistas de la transparencia?”. Laveaga respondió: “Quienes se olvidan de las garantías individuales con tal de lucrar”. O sea que quienes lucran fueron sus electores de hoy. Twitter y el sitio oficial del Inacipe se convirtieron en la ventana publicitaria del personaje, quien a través de ese medio reiteró “su aportación” a la transparencia por impulsar los juicios orales, escribió que a su paso por la SCJN contribuyó “a que se conocieran las sentencias” y recomendó ver su programa “Derechos en pugna”, que transmite el canal de paga EfektoTv. En la página del Inacipe se publicó la introducción que Laveaga hizo al libro ABC del nuevo sistema de justicia penal en México, que también recomendó en Twitter para difundir sus conceptos sobre transparencia. Es decir que, contra toda lógica de rendición de cuentas, su campaña para ser comisionado se realizó desde el gobierno, específicamente desde el instituto que él mismo dirigía. Apologista, comedido y represor En los programas de televisión de Laveaga, los invitados eran generalmente afines al gobierno, y los temas los que en el momento abordaba Calderón. Para hablar de la reforma laboral llevó a los especialistas Jorge Enrique Roel y Edmundo García, ambos a favor. Para comentar sobre la reforma penal invitó a su subordinado Álvaro Vizcaíno, quien promovió iniciativas de Calderón. Y naturalmente su jefa, la procuradora Marisela Morales, también fue invitada. El funcionario convertido en conductor televisivo preguntó a Morales sobre temas de transparencia. La procuradora fue evasiva, hasta que finalmente admitió que los servidores públicos sujetos a escrutinio dan mejores resultados. A cada dicho de Morales, Laveaga asentía emocionado: “¡Claro, claro!”. El recién nombrado presidente del IFAI fue defensor de las decisiones y hasta de los exabruptos de Calderón, en especial en coyunturas que lo ponían en entredicho. Por ejemplo, cuando un grupo de abogados –entre ellos Netzaí Sandoval, John Ackerman y Loretta Ortiz– anunció que interpondría una denuncia contra Calderón ante la Corte Penal Internacional (CPI), Laveaga escribió un artículo (en el suplemento Enfoque de Reforma, el 6 de noviembre de 2011) en el que se manifestó escandalizado, los llamó alborotadores y del Ejecutivo dijo que era “un mandatario que, con apego a la ley, ha trabajado para preservar la seguridad nacional” y que ningún tribunal se atrevería a juzgar. En otro párrafo añadió: “Lo que sí parece claro es el oportunismo de quienes –cuando se avecina una contienda electoral en México y está a punto de concluir el periodo del fiscal ante la CPI– pretenden confundir a la opinión pública con fines partidistas. Su despropósito sólo desgastará a la CPI, que se verá obligada a realizar trámites inútiles para desechar la solicitud. También radicalizará el debate entre las personas mal informadas”. En otro artículo (también en Enfoque de Reforma del 24 de diciembre de 2010) explicó que no es lo mismo un juez que un ministro: “Mientras el primero debe apegarse al artículo, ceñirse a la fracción, cotejar lo que dice el Código con la jurisprudencia y el tratado internacional, el segundo está obligado a descifrar hacia dónde apunta la Constitución y cómo aplicar una idea abstracta a un problema concreto…” Semanas después Calderón empezó a descalificar al Poder Judicial, en concreto a partir de junio de 2011. El 12 de julio, en el diario Reforma, Laveaga ironizó: “Escudándose en el debido proceso, lo importante para un juez penal es que el Ministerio Público no haya omitido ninguno de los requisitos de una consignación, que no haya retenido al inculpado más de 48 horas y –Dios no lo permita– que lo haya detenido sin orden judicial, así se le haya sorprendido en flagrancia”. Otro ejemplo del pensamiento de Laveaga es el caso de Rubí Marisol Frayre Escobedo, asesinada en agosto de 2008, cuya madre, Marisela Escobedo, se dedicó a buscar justicia hasta que fue asesinada en diciembre de 2010. El responsable de la muerte de Rubí fue detenido, pero quedó en libertad luego de un proceso oral. Eso puso a discusión el modelo impulsado por Calderón. En un artículo titulado “Jueces que no meten gol” (Reforma, 30 de enero de 2011), Laveaga se refirió a los asesinatos de Rubí y Marisela para defender, con analogías futbolísticas, los juicios orales. “Estamos construyendo un nuevo sistema acusatorio que, apuntalado en la publicidad y transparencia, nos permitirá ver de qué están hechos nuestros jueces, defensores, agentes del MP, peritos y policías. Creo, por lo anterior, contra lo que algunos opinan, que el caso de Rubí no ha demostrado la ineficiencia de los juicios orales sino, al contrario, su excelencia. Ha logrado que la sociedad esté enterada de lo que ocurrió y de que los jueces rindan cuentas, en los términos del artículo 17 constitucional”. También se pronunció contra el proyecto del ministro Arturo Zaldívar para que se liberara a Florence Cassez, quizás la mayor pifia de la procuración de justicia del sexenio de Calderón. Y aquí su talante de represor: el jurista René González de la Vega, maestro del Inacipe, declaró que era viable enjuiciar a Calderón (Proceso 1804). Laveaga se apresuró a deslindar al Inacipe, que en adelante prescindió de los servicios de aquél.

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