MÉXICO, D.F. (Proceso).- El domingo 2 Jesús Zambrano, presidente del PRD, estampó su firma en el Pacto por México, promovido por Enrique Peña Nieto, y con ello arrastró a su partido a una crisis tal que su congreso nacional debió ser pospuesto. La mayoría de las corrientes perredistas se oponen al documento y Los Chuchos han desplegado una campaña de convencimiento entre la militancia y los simpatizantes del sol azteca. Incluso uno de los asesores de Zambrano elaboró un estudio comparativo para justificar la adhesión al acuerdo, pero no lo logra del todo… El Partido de la Revolución Democrática (PRD) intentó justificar la firma del Pacto por México, pero sólo logró evidenciar su crisis interna ahora recrudecida por la búsqueda de la interlocución de Los Chuchos, por un lado, y René Bejarano de Izquierda Democrática Nacional, por el otro, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, al cual ya reconocen. Antes del 25 de noviembre, cuando los perredistas fueron sorprendidos por un comunicado de su presidente nacional, Jesús Zambrano, donde anunciaba que se había puesto de acuerdo con el PRI y el PAN para la firma del Pacto por México, la mayoría de las corrientes estaban en desacuerdo. Menos de un mes después Guillermo Flores, asesor de Zambrano, aceptó que no hay un apoyo consensuado dentro del partido para el pacto, pero que la mayoría de los perredistas de base y en cargos públicos sí están de acuerdo con el documento. “Queremos evitar que este tipo de problemas afecten al partido y a su imagen y lograr acuerdos internos antes de aprobar el pacto en el Consejo Político Nacional y en el Congreso Nacional.” La firma del pacto por parte de Zambrano inconformó a varias corrientes del PRD, al grado de que cancelaron su congreso nacional programado para los días 14, 15 y 16 de este mes, donde iban a definir la línea política del partido y la relación con el gobierno de Peña Nieto. El secretario perredista de Planeación, Vladimir Aguilar, aceptó que su corriente, Foro Nuevo Sol, avala en lo general el pacto porque se dieron cuenta de que la oposición al mismo “era una disputa por la interlocución con el gobierno federal. Estaban (las corrientes) intentando negociar de manera paralela con el gobierno federal”. Aguilar consideró que el Pacto por México no es constitucional sino político, por lo que instó a los perredistas a vigilar que no haya abusos. Convencer en Twitter “Ya hay una serie de contenidos en el pacto que entrarán en vigor el 1 de enero” de 2013, registró Flores durante su exposición en la “reunión tuitera” organizada el lunes 17 por la Secretaría de Comunicación del PRD para convencer a sus seguidores en las redes sociales de los beneficios del Pacto por México. La idea forma parte de la campaña Por ti y Para ti, con el eslogan Tú eres nuestro impulso. En ese acto Flores habló del Pacto por México y de la agenda legislativa del PRD. En la convocatoria emitida el viernes 14 se indicó que la presentación de la reu­nión –llamada “tuitera” por su propósito de utilizar las redes sociales para convencer a la militancia– estaría a cargo del presidente del partido. Pero Zambrano no apareció. Se llevaría a cabo también una “exposición de ideas sobre el pacto, la reforma del Distrito Federal y derechos humanos” a cargo de la secretaria de Asuntos Políticos y de Organización del PRD, Mara Cruz, de la corriente bejaranista. Pero ésta se reportó enferma. En consonancia con el PRD Durante su intervención en dicha reunión Flores justificó la firma del pacto: “El partido no debe retirarse de la mesa de negociaciones en la instrumentación del acuerdo porque estos acuerdos no son para el beneficio del partido, sino de la sociedad. Este pacto no tiene algún acuerdo que lesione los derechos de la mayoría de los ciudadanos”. Según éste, 90% de las propuestas del Pacto por México están en consonancia con el programa y los documentos básicos del PRD. “No es que Enrique Peña Nieto o el PRI hayan recogido las propuestas del partido. Es la acción deliberada del partido de ir a una mesa de negociaciones para crear el pacto. No es sospechosa, extraña o milagrosa. Refleja las necesidades de la sociedad. Todo el Pacto por México fue de mutuo acuerdo; por eso lo deben cumplir, que se vea que la palabra empeñada es palabra cumplida”, advirtió. Sostuvo que el pacto “se acerca más a la agenda legislativa” del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, aprobada el 29 de julio de 2012 en su octavo Consejo Nacional. Citó un estudio comparativo que él hizo entre el Pacto por México y la agenda legislativa del partido. El PRD definió ocho ejes en su agenda legislativa: Rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción; nueva economía, desarrollo sustentable y soberanía energética; libertades y transversalización de los derechos humanos; seguridad, procuración e impartición de justicia; nuevo régimen político; Estado social y democrático de derecho; educación, ciencia y tecnología para el desarrollo, y nueva relación con el mundo. “La única manera de alcanzar nuestras aspiraciones era negociando, logrando acuerdos con otros partidos”, dijo, aunque sólo pactaron con priistas y panistas; el resto de los partidos no está representado. La premura para que Zambrano firmara el pacto el domingo 2 se debió, según Flores, a que al filtrarse a la prensa parte del contenido del acuerdo comenzaron las presiones de las televisoras, por los temas de las telecomunicaciones y del paso hacia la televisión digital, y de las farmacéuticas, por la pretensión de universalizar la seguridad social para que, aceptó, el Estado mediante los impuestos garantice este derecho. El estudio comparativo El documento comparativo, en poder de este semanario, muestra las supuestas similitudes entre los propósitos del Pacto por México y la agenda legislativa perredista. Si bien se refieren a temas similares, la redacción es diferente. En el tema de la salud, la agenda indica que los legisladores perredistas están de acuerdo en crear un sistema único de salud, lo cual, considera Flores, es idéntico a que en el Pacto por México se diga “que todos los asegurados puedan ser atendidos en cualquier sistema público de salud”. La pensión para mayores de 65 años, que en la agenda se pide elevar a rango constitucional, no se menciona en el pacto. Tampoco comparten el tema de dotar de seguridad social a las parejas de los trabajadores cuando sean del mismo sexo o vivan en hogares alternativos. La idea de que el gobierno pretenda crear un Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza es para Flores igual a la pretensión de los legisladores de “facultar a las Cámaras del Congreso de la Unión para que puedan incidir en la definición y el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo para impulsar los planteamientos de carácter integral para erradicar la pobreza”. En cuanto a la reforma educativa, la cual avalan Los Chuchos, su agenda se refiere a agregar temas como la educación pluriétnica y multicultural en la Ley General de Educación, lo que no se prevé en la reforma educativa ni en el pacto. En la agenda se pide que en el presupuesto de 2013 se asignen recursos suficientes para impulsar el desarrollo de la cobertura en el nivel medio superior “a efecto de dar cumplimiento a la obligación de inversión de cuando menos 8% del PIB. El pacto ni la reforma educativa prevén lo anterior. Exigir educación de calidad, capacitación y más recursos para obligar al Estado a garantizar la educación superior es similar a que en el pacto hayan acordado crear un Sistema de Información y Gestión Educativa, según el documento de Flores. Tampoco hay similitudes en cuanto a derechos humanos. El pacto propone crear una Ley Sobre Reparación del Daño; la agenda perredista quiere una ley sobre desplazados internos por motivos políticos, religiosos, militares o del crimen organizado. El PRD pide la reforma a la Ley de Migración para garantizar los derechos humanos de los indocumentados; el pacto va por la suspensión de garantías y la expulsión de extranjeros. La única similitud es sobre la Ley de Víctimas, pero el pacto sólo se refiere a ésta; en su agenda los perredistas quieren que sea publicada la ya existente, la misma que Felipe Calderón se negó a publicar en el Diario Oficial de la Federación durante su gestión. Los legisladores perredistas nunca previeron dentro de su agenda crear la cédula de identidad ciudadana. Sobre los derechos de los indígenas el gobierno no planteó elaborar una ley o hacer reformas a las leyes, como lo hace la agenda del PRD. En el pacto jamás se refieren a los derechos y la libre determinación de los pueblos indígenas ni a fortalecer la impartición de justicia para las comunidades. En materia de telecomunicaciones están de acuerdo en la transición de la televisión digital y nuevas cadenas de televisión, aunque el pacto sólo habla de una tercera cadena. No simpatizan con la idea de los legisladores de reformar la Ley de Radio y Televisión para sancionar a los concesionarios que no transmitan los mensajes electorales conforme a los ordenamientos del IFE. Al referirse al desarrollo sustentable, el gobierno se refiere a transitar a la economía baja en carbono, el manejo hídrico del país, aumentar la cobertura de agua, drenaje y tratamiento; atención a las sequías y mejorar el manejo de recursos. Los perredistas consideran que para mejorar el desarrollo sustentable es necesario incrementar la inversión pública y privada para generar empleo digno con perspectiva de género, reformar la Ley General de Turismo y dar autonomía a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. La reforma energética, en ambos casos, trata generalidades para referirse a la manera de hacer de Pemex una empresa viable, aunque se pretende concesionar a extranjeros o capital privado el manejo de los hidrocarburos diciendo que estos, como materia prima, seguirán siendo propiedad de la nación. Sobre el endeudamiento público de los estados, el pacto promueve una Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para entidades y municipios. Los perredistas pretenden “instaurar el Registro Público de deuda de todos los entes públicos federales, estatales y municipales”. Aunque desde el principio se sabía que los cambios promovidos por el gobierno y pactados con Los Chuchos estaban sujetos a la aprobación de la reforma hacendaria –la que pretende aumentar el IVA y gravar alimentos y medicinas–, Flores marca las presuntas similitudes. Mientras el gobierno quiere “mejorar y simplificar el cobro de impuestos” y eliminar el régimen de consolidación fiscal, no pretende, como en la agenda perredista, reducir los costos del gobierno, reorientar el gasto público o instaurar un Estado de bienes­tar, entre otros puntos de corte social. En cuanto a la seguridad los perredistas no pretendían crear la Gendarmería Nacional “como un cuerpo de control territorial”. Al contrario, establece su agenda eliminar la cadena de impunidad, reformar el sistema de procuración de justicia, tipificar las desapariciones forzadas, erradicar la figura del arraigo y que el Ejército se ajuste al marco constitucional. Ambos pretenden implantar un nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral y una nueva ley de amparo; pero el gobierno quiere invertir en centros de rea­daptación social. Los primeros están por crear una comisión nacional anticorrupción; los segundos, un instituto. Piden que el gobierno cambie el nombre de Distrito Federal a Ciudad de México y que ésta tenga una Constitución, revisar las facultades del jefe de gobierno y de la Asamblea Legislativa, la elección de gobiernos colegiados en las legislaciones; los perredistas quieren plena soberanía, autonomía, que tenga una constitución y se convierta en un Estado Capital. Sobre la reforma política, el pacto quiere aprobar candidaturas independientes, revisar la reelección de los legisladores y regular la publicidad de gobierno en medios de comunicación. El primer tema y el último son planteados en la agenda perredista, aunque también pretenden que se creen los mecanismos de sustitución del presidente en caso de falta absoluta y acotar el fuero a los legisladores.