Casino Royale: la hipocresía de Calderón

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En la fachada de lo que fue el casino Royale, las 52 cruces colocadas por los deudos de quienes perdieron la vida en el atentado incendiario del 25 de agosto de 2011 fueron retiradas la mañana del lunes 7. También desaparecieron las fotografías de las víctimas que permanecían ahí a manera de memorial. Un grupo de familiares de los fallecidos en el casino se congregó en los alrededores del predio y, cuando se aproximaron a la entrada, el encargado se fue corriendo. Los atendió un joven vigilante. “Como si fuera basura nos aventaron las cruces por debajo de la malla ciclónica”, dice Samara Pérez Muñiz, sobreviviente del ataque y madre de Brad Xavier Muraira Pérez, quien murió en ese lugar. –¿Las quieren todas? –les preguntó insolente el guardián. Ese mismo día la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León (CDHNL) emitió una medida cautelar dirigida al ayuntamiento de Monterrey para que garantizara la permanencia del modesto memorial. Sin embargo la alcaldesa Margarita Arellanes, de extracción panista y a quien se vincula con la mafia de los casinos (Proceso 1860), declaró a la prensa que el asunto no era de su competencia. Al día siguiente los familiares regresaron para colocar de nuevo las cruces, aunque fuera en el suelo. Un supuesto abogado del propietario los recibió para aclararles que no hubo mala intención en el retiro del monumento, pues se pretendía remozar el sitio porque “se veía muy feo”. El memorial se reinstaló. En medio del escándalo desatado por las declaraciones de Talía Vázquez Alatorre –exesposa del casinero Juan Iván Peña–, quien involucra a encumbrados políticos del PAN cercanos a Felipe Calderón con la mafia de los casinos (Proceso 1889), la tragedia del ataque al casino Royale sigue presente. “El escándalo no nos revela nada. Sólo volvemos a entender la impunidad en el caso. Sabíamos que había intereses muy grandes que no permitían que se esclarecieran los hechos, y al ver este escándalo de casinos, permisos y demás confirmamos lo que siempre supimos. “Vemos dolorosamente, desde que empezamos a conocer el caso, que hubo una tremenda corrupción que no podía ser parada porque las autoridades federales estaban inmiscuidas”, dice Samara Pérez.   Empantanados   El martes 15, familiares de las víctimas acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para dar seguimiento a la recomendación 66/2012, emitida a finales de noviembre pasado. Fueron recibidos por Luis García, primer visitador del organismo. La recomendación resolvió que hubo violaciones a los derechos de seguridad y legalidad por parte de los tres órdenes de gobierno, que favorecieron a Atracciones y Emociones Vallarta, propietaria del centro de apuestas. La CNDH informó a las familias de las víctimas que el ayuntamiento de Monterrey y la CDHNL no aceptaron la recomendación. El rechazo es el último de los incumplimientos de promesas y compromisos que hicieron Felipe Calderón, la empresa y hasta la Iglesia. En la última semana de su gobierno Calderón concedió a Joaquín López Dóriga una entrevista que se transmitió en el horario estelar de Televisa. Ahí manifestó que el episodio más doloroso de su gobierno fue el del casino Royale. Los deudos consideraron ofensiva esa declaración. “Es un sentimiento de impotencia, enojo, sufrimiento. No podemos entender que una persona que nos ignoró en todo su sexenio, diga que fue lo que más lo marcó, cuando no tuvo ni siquiera la delicadeza ni la responsabilidad moral de un presidente de hacerles justicia a esos ciudadanos que murieron en el ataque más grande que ha habido de la delincuencia organizada a la población civil”, plantea Samara. El desempeño de la PGR en torno a los hechos del casino Royale ha sido una incógnita que los familiares de las víctimas no han podido despejar: Atrajo la investigación y la regresó en menos de tres meses, mantuvo hasta hace poco la custodia de las instalaciones y detuvo y trasladó a la Ciudad de México a presuntos responsables que nadie sabe quiénes son ni dónde están. Además el fiscal Juan Mendoza tomó declaraciones a las familias sin permitirles revisarlas e impidió el acceso de sus abogados; se contradijo en la cantidad de detenidos, pues primero dijo que eran 14 y luego que eran muchos, sin precisar el número. Mientras tanto, en la procuraduría estatal ya hasta lograron sentencias contra siete perpetradores. Províctima, la institución calderonista creada al vapor para atender a víctimas de la violencia, fue un fiasco. Durante una reunión sostenida el jueves 17 con la subsecretaria de Gobernación Lía Limón, los familiares tuvieron acceso al informe de la dependencia. Se llevaron una sorpresa: El expediente consistía en el vaciado de datos de lo que el gobierno estatal ha implementado en cuanto a becas, apoyos y otras medidas. Quieren una audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto para pedirle “que todas las autoridades con responsabilidad de los hechos, por acción u omisión, sean castigadas y que se paguen las indemnizaciones, por simple lógica, por derecho... que se hagan cargo de los daños que sufrimos”. Pese a que desconfían, ven una buena señal en la publicación de la Ley de Víctimas: “Nos escuchan, pero eso no es garantía. Nos han escuchado muchos en este año y medio y estamos casi como al principio”, dice otro deudo.   Héroes y víctimas   El día del ataque era el primero de trabajo de Rubén Morales Castillo en el centro de apuestas. Ayudó a sacar a varias personas del sitio en llamas, pero él no se pudo salvar. Murió ahí. Las investigaciones revelaron que el chofer de Raúl Rocha, propietario del casino, tenía en su poder el celular de Rubén y su tarjeta de crédito. La familia cree que los dueños querían ocultar su relación laboral para no pagar indemnización. Y es que Atracciones y Emociones Vallarta no reconoció a Rubén como trabajador y rechazó tener obligación con sus deudos. Familiares de 14 empleados del centro de apuestas han sufrido todo tipo de abusos. Entre otras cosas los han hecho firmar documentos haciéndoles creer que son indemnizaciones cuando en realidad se trata de perdones legales. El día del ataque Samara Pérez acudió al casino en compañía de su hijo Brad Xavier, quien había cumplido la mayoría de edad y acababa de sacar su credencial para votar. Ese día el joven estrenaba unos tenis blancos, regalo de su abuela. Cuando entraron los sicarios, Samara corrió a buscar a su hijo. Fue a un área y a otra, a la zona VIP y, entre las llamas y el humo, cayó rendida detrás de una barra. Entonces advirtió la puerta por la que salían varios empleados. Como pudo los siguió y se vio libre. Una mano desconocida atrancó la salida. Por esa puerta pudieron salvar la vida más personas, piensa. Nadie daba información. Hasta una hora y media después lograron convencer a policías y trabajadores de una construcción para que usaran una retroexcavadora. La puerta cedió y la avenida San Jerónimo, donde se ubicaba el casino, se inundó de un espeso humo negro. “Entonces entendí que mi hijo no podía estar vivo”, rememora. Se aferró a una esperanza: Podía estar entre los heridos, pero llegó la hora en que ya no había nada más que esperar. Su esposo llegó al lugar y caminaron juntos hasta encontrar un taxi. Después vino el infierno ministerial: descripción, confusión de cuerpos y finalmente identificación. Los tenis desaparecieron y los pies de Brad estaban calzados con unos huaraches viejos.

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