Ni las autoridades federales ni las estatales se atreven a decir lo que reportan agencias internacionales como Stratfor y padecen los habitantes de los límites de Jalisco y Michoacán: que las matanzas de los últimos días de 2012 y los iniciales del presente año se deben a la lucha de los Caballeros Templarios y el Cártel de Jalisco Nueva Generación por seguir expandiendo sus dominios, luego de consolidarse como las bandas predominantes en sus entidades de origen. La disputa entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la banda de los Caballeros Templarios que se desató antes de la Navidad pasada y se mantuvo las primeras semanas de enero tiene como objetivo el control del territorio Jalmich (la franja fronteriza de Jalisco y Michoacán), dicen habitantes de la zona, quienes se sienten a merced de los delincuentes. El pleito entre los grupos en conflicto se traduce en el aumento de extorsiones a la población civil y en la imposición de gobiernos paralelos, ya que las bandas criminales controlan el movimiento de personas y cobran impuestos a comerciantes y productores agrícolas. Las poblaciones jaliscienses más afectadas por esa guerra son Jilotlán de los Dolores, Pihuamo, Tecalitlán, Quitupan, Mazamitla, San José de Gracia, Santa María del Oro, La Barca, Atotonilco, Ayotlán, Tizapán El Alto y Degollado, Tuxcueca, Jocotepec y Chapala. En Michoacán, el conflicto abarca Briseñas, Yurécuaro, Sahuayo, Marcos Castellanos, La Piedad, Zamora, Cotija de La Paz, Tepalcatepec, Los Reyes, Peribán e incluso Apatzingán, la Tierra Caliente y cientos de kilómetros de zonas serranas. Los pobladores de los dos estados señalan que las escaramuzas y las masacres en la zona se originaron en el avance de los Caballeros Templarios sobre territorio jalisciense, la reacción sangrienta del CJNG y la incapacidad de las autoridades de los dos estados para mantener el orden. “Tenemos el temor de que tarde o temprano esta región va a arder o se va desatar algo muy grave porque, aparte de la lucha por el territorio, atrás de todo está el trasiego de la droga y hasta la ubicación de zonas de producción de mariguana o de sustancias químicas prohibidas; no sabemos a ciencia cierta qué pasa pero suponemos que todos esos factores que se mencionan desatan la ola violenta que ya acabó con la tranquilidad de decenas de pueblos”, expone un campesino de 65 años, quien pide no publicar su nombre. También los empleados del gobierno saben que en varios municipios no pueden ingresar, y menos con placas del estado, por lo que algunas obras de infraestructura carretera o de apoyo a escuelas han quedado truncas por la falta de seguridad o se entregan sin supervisión alguna. Los habitantes de varios municipios tienen que pagar una especie de impuesto de guerra por realizar su trabajo cotidiano, sean lecheros, carniceros o panaderos. También se cobra a quienes explotan los bancos de arena y de grava. “De la venta de 10 litros de leche, los sicarios le exigen al propietario el dinero de lo que equivale a tres litros; a las trilladoras les cobran 500 pesos por cada trillada o 100 pesos por hectárea”, relata el testigo. Empleados de dependencias estatales que prestan servicios de salud o apoyo a las comunidades de Jilotlán de los Dolores, Tecalitlán, Quitupan u otra población limítrofe tienen que entrar por el sur, rodeando por territorio michoacano para evadir a los criminales. Ellos reconocen que desde hace años la zona está fuera de control del gobierno de Jalisco. Destacan que tan sólo en el ataque a policías rurales de octubre de 2010 en Jilotlán, fallecieron al menos 15 efectivos, aunque las autoridades sólo informaron de nueve bajas. En la reciente ola de violencia murió, por ejemplo, Erika Esparza Mora, de 22 años, quien el sábado 5 viajaba en una camioneta Frontier con su esposo y su hija de dos años por la carretera Guadalajara-Morelia, en el municipio de Tuxcueca, cuando fueron atacados por presuntos miembros del CJNG, que aparentemente los confundieron con rivales del cártel michoacano. Los agresores iban en una camioneta Avalanche negra y en una Mitsubishi blanca. A decir de algunos testigos, el marido de Erika detuvo la marcha al ver que los acosaban, pero al percatarse de que los agresores iban armados intentó huir. Entonces los sicarios dispararon. Posteriormente los delincuentes comprobaron su error y al ver que Esparza mora estaba herida de gravedad le dijeron a su esposo que se fuera. Poco después se supo que los sicarios habían volcado la Mitsubishi y que escaparon a bordo de una camioneta Tahoe roja. Sin embargo, policías municipales de Jocotepec lograron capturarlos y les aseguraron dos pistolas calibre .45, una .9 milímetros y tres rifles AR-15. En el lugar del crimen se localizaron 37 casquillos. El comando estaba integrado por 10 sujetos que dijeron pertenecer al CJNG, entre ellos cinco menores. Declararon que ese sábado “patrullaban” la carretera a Morelia y que en Tuxcueca, a la altura del crucero a La Manzanilla, les llamó la atención una camioneta gris, Nissan Frontier, de modelo reciente y sin placas. Los detenidos que fueron consignados ante un juez penal por la Procuraduría General de Justicia de Jalisco y después enviados al penal de Puente Grande son: Manuel González Alonso, El Güero, de 24 años; Javier Ochoa Bautista, El Jaiba, de 30; Manuel Mercado Cruz, de 34; Francisco Ismael Grimaldo Mendoza, de 18; Pedro Magallón Orozco, también de 18, y cinco adolescentes de entre 15 y 17 años. El domingo 6, a las 8:45 de la mañana, la Policía Rural fue notificada por la Secretaría de Seguridad Pública estatal del hallazgo de siete cadáveres en Jilotlán de los Dolores, a la altura del kilómetro 17, sobre la carretera que conduce a Tepalcatepec, Michoacán, y cerca del rancho El Terrero. Las víctimas tenían los ojos vendados, estaban amordazadas y presentaban heridas de bala. Las autoridades federales y estatales reforzaron la vigilancia en el límite entre los dos estados y el Ministerio Público comenzó la indagatoria correspondiente. En la madrugada del mismo domingo, cuatro hombres fueron acribillados en una vivienda en Ciudad del Sol, en Zapopan. Uno de los fallecidos fue identificado como David Álvarez Ayala, El R-4, hermano de dos cabecillas del CJNG: Ramón y Rafael, quienes fueron capturados el 9 de septiembre del año pasado por militares en la calle Nápoles del fraccionamiento Terranova. En Quitupan, las autoridades estatales recogieron los cadáveres de tres hombres ejecutados en la plaza de la delegación Montoso. Uno tenía aproximadamente 70 años, otro 50 y uno más como 25. Los tres se llevaron al Servicio Médico Forense para realizarles la autopsia y tratar de identificarlos. El lunes 7, la responsable de la Dirección de Seguridad Pública de San Miguel El Alto, Sara del Refugio Chávez Rangel, fue atacada con armas de grueso calibre cuando salía de su casa. A pesar de la inmediata movilización policiaca para buscar a los agresores, éstos lograron escapar. La funcionaria y uno de sus escoltas, gravemente heridos, fueron trasladados de emergencia a Guadalajara. Chávez Rangel ya había encabezado otras corporaciones policiacas en Guanajuato y en Ojuelos, Jalisco. Stratfor: se consolida el CJNG Un informe reciente de la agencia estadunidense Stratfor advierte que en Jalisco y otras entidades mexicanas siguen incrementándose delitos como secuestros y extorsiones, que los grandes cárteles de la droga realizan para diversificar sus ingresos. En su edición digital del jueves 17 (en su sitio www.stratfor.com), la consultora especializada en seguridad prevé que este año la violencia en el país continúe escalando. Stratfor también señala que Los Zetas se han expandido en la entidad en este inicio de año y que el CJNG amplió sus operaciones. También advierte que los Caballeros Templarios siguen avanzando en territorio jalisciense, que durante décadas se consideró controlado por el Cártel de Sinaloa, que encabeza Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Indica también que los secuestros, extorsiones y ataques a las autoridades por las bandas criminales pueden recrudecer en las principales zona urbanas del país, como las de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Jalisco, Coahuila y Michoacán. Indica que el año pasado el CJNG realizó actividades en estados como Morelos, Colima, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, a fin de controlar las rutas de tráfico de drogas, pero también continúa extorsionando y vendiendo drogas al menudeo en Veracruz y Colima. Según el mismo análisis, en abril de 2012 se puso en evidencia el conflicto entre los Caballeros Templarios y el CJNG, pero no está claro si en esa confrontación tiene alguna injerencia la llamada Federación de Sinaloa, ya que las dos bandas han sido sus aliadas. Varios factores sugieren que el CJNG se separó de la organización sinaloense el año pasado, al consolidarse y comenzar a expandirse. Como ejemplo de ello, la consultora cita varias narcomantas colocadas en Jalisco con amenazas contra la organización michoacana y mensajes de La Resistencia contra el CJNG. Sin embargo, puntualiza Stratfor, nada sugiere que las zonas de operación o la capacidad de traficar drogas del CJNG se hayan reducido, ya que además de mantener su despliegue en el país, esta organización entrega su mercancía ilícita en Estados Unidos porque tiene la misma capacidad de suministro que otros cárteles dominantes. Agrega que el año pasado los Caballeros Templarios se posicionaron definitivamente como sucesores de La Familia Michoacana, de la que se separaron en 2011: ahora predominan en su estado y se pelean Morelos, Guanajuato, Querétaro, Guerrero y el sureste de Jalisco. El informe advierte asimismo sobre el poder de Los Zetas, que considera el segundo cártel más peligroso del país y la más activa “organización criminal que opera ampliamente en México desde el 2012. Si bien este grupo no amplió su zona de operaciones en 2012, logró consolidar sus operaciones en estados donde ya tenía una presencia importante, como Jalisco. Además, demostró notables actos de violencia en otros estados, como Sinaloa”. La agencia indica que a pesar de la relativa reducción de la ola de violencia en 2011, la guerra de cárteles por el control de los territorios causó estragos en 2012. Adelanta que pese a la propuesta de restructurar la Policía Federal en forma de “gendarmería nacional” –con 10 mil efectivos entrenados por el Ejército–, no se esperan grandes cambios en la estrategia de combate al crimen en los próximos 11 meses. El informe se dio a conocer en medio de un repunte de la violencia en los límites de Jalisco y Michoacán, como parte de los enfrentamientos entre los Caballeros Templarios y el CJNG. El martes 22, unos desconocidos colocaron en Tizapán El Alto una narcomanta donde le reprochan al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que se esté apoyando tanto la lucha contra el crimen organizado en Zacatecas.