MÉXICO, D.F. (Proceso).- En el debate de la reforma hacendaria propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto comienzan a salir a flote tanto los intereses de las compañías refresqueras –que se quejan por el gravamen que se les intenta aplicar– como los de las principales televisoras, cuyos dueños niegan sus espacios a quienes hablan de los efectos nocivos de las bebidas azucaradas en la salud de los mexicanos. La semana pasada la asociación civil El Poder del Consumidor denunció públicamente que Televisa, Televisión Azteca y Milenio Televisión se negaron a transmitir el promocional “Impuesto a los refrescos para bebederos en las escuelas”, que en 30 segundos alerta sobre la obesidad asociada al consumo de gaseosas y manifiesta su apoyo al gravamen hacendario a esos productos. “La idea era salir antes de la reforma fiscal para influir en el presidente; sabíamos que la propuesta se estaba evaluando. Habíamos tenido reuniones en la Secretaría de Hacienda para promover el impuesto al refresco… La idea era salir con el anuncio dos o tres veces durante El Noticiero de (Joaquín) López Dóriga, no más, no había cómo pagarlo”, relata a Proceso Alejandro Calvillo, director de la asociación civil. Sin embargo, el monopolio de Emilio Azcárraga dio el portazo a la Alianza por la Salud Alimentaria –conformada por diversas organizaciones e integrantes de la comunidad científica y la productora del video–. De manera similar actuó TV Azteca, aun cuando había aprobado los contenidos del comercial, las condiciones de transmisión y el presupuesto. Al final sus directivos dijeron que “no tenían ni espacio ni horarios disponibles”. La transmisión del comercial implicaba un costo que oscilaba entre los 500 mil y 700 mil pesos que la Alianza por la Salud Alimentaria estaba dispuesta a pagar. Al final sólo se transmitió en CNN en español, Telefórmula, Dish y TVC, sostiene el entrevistado. El asunto deja al descubierto “el gran poder” de las principales concesionarias del espectro, así como la ausencia de las autoridades y la violación del derecho a la información de los televidentes mexicanos, comenta Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), conformada por expertos en el tema. “Si bien las televisoras tienen libertad contractual en materia de publicidad –ellos deciden los costos y a quién le venden–, debe tenerse en consideración que cuando se trata de una información vinculada con una política pública, el tema no sólo es impositivo, sino también de salud pública, por lo cual debe privar el interés público”. Hoy, el centro del debate es el impuesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pretende aplicar a las bebidas azucaradas (un peso por litro) como medida para contrarrestar el consumo de refrescos, que son causantes directos de la obesidad y diabetes, enfermedades en las que México ocupa los primeros lugares en el ámbito internacional. Al presentar la iniciativa, la dependencia encabezada por Luis Videgaray aseguró que este “impuesto de salud” busca desalentar el consumo de calorías vacías con el propósito de reducir la incidencia de obesidad y sobrepeso, sobre todo entre los niños. “Por esta vía mejorará la calidad de vida de la población, se elevará su productividad y se reducirán los costos de atender las enfermedades relacionadas al sobrepeso”, argumentó Hacienda, cuyos directivos esperan una recaudación adicional de 12 mil millones de pesos.   Las reacciones   La propuesta hacendaria molestó a la Coca-Cola, que de inmediato calificó de “discriminatorio y arbitrario” el gravamen. El director de la trasnacional refresquera en México, Francisco Crespo, respondió que eso “no resolverá el problema de la obesidad”. –Es difícil reducir el consumo de refrescos con un gravamen, sobre todo si consideramos que México es el principal consumidor mundial. Además, en el caso de los cigarros, por ejemplo, está demostrado que aun cuando aumente su precio la gente sigue consumiéndolos –se le comenta a Calvillo. –Los impuestos, cuando son representativos, afectan la incidencia del consumo. Por eso insistimos: que no sea de un peso, sino de dos; Hacienda se quedó corta. Además, no le estás poniendo el impuesto a las bebidas light; eso no lo dicen los refresqueros. Existe la Coca-Cola clásica, pero si se vende más cara, mucha gente va a irse a la light. –¿Cuál sería el segundo paso? –Toda la evidencia científica te dice que el tema de la obesidad es un problema ambiental. Calvillo insiste: el Estado debe proteger a los niños de los anuncios publicitarios que presentan los alimentos procesados y los refrescos; incluso, dice, debe obligar a las empresas patrocinadoras para que pongan en sus etiquetas los componentes nutrimentales de los productos. Por lo pronto ahí está el estira y el afloja de quienes están a favor del impuesto y quienes dicen que serán afectados, como la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac), cuyos integrantes insisten en que si se gravan las bebidas azucaradas con un peso por litro, los consumidores terminarán pagándolo. Del otro lado está el derecho a la información de la población a través de las pantallas, que es “limitado” por el duopolio televisivo, según la Amedi. Su presidente, Agustín Ramírez, sentencia: “El tema es cómo, de manera deliberada, los consorcios mediáticos limitan un mensaje importante de salud pública (al negarse a transmitir el promocional). Yo creo que el derecho (a la información) debe privilegiarse”. Pero la responsabilidad también recae en las autoridades, subraya. Y ese es el segundo problema, pues el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, ante una situación de esta naturaleza, por lo menos debería actuar de manera oficiosa y hacer un señalamiento o emitir una opinión, aunque aún no tenga ley reglamentaria”. Y explica: “En estos tiempos, no sólo el Estado viola los derechos; también lo hacen los corporativos. Por el gran poder que tienen son susceptibles de ser llevados a juicios de amparo para obligarlos a ciertas conductas. Yo creo que en este caso se está violentando el derecho a la información, particularmente de aquella que podría verse beneficiada con el impuesto (a las bebidas azucaradas)”. Ante la negativa de Televisa y TV Azteca a transmitir el anuncio a favor del impuesto a los refrescos, dice Ramírez, “corresponde a la autoridad evaluar esa libertad de opinión de los grupos mediáticos para asimilar la contratación de publicidad. Del otro lado está el contrapeso social de los derechos de las audiencias, que también deben por lo menos emitir una postura”.