La reforma electoral, secuestrada antes de nacer

miércoles, 23 de octubre de 2013
El PAN, el PRI y el PRD están jugando con fuego: intereses que poco tienen que ver con la solidez de los comicios están definiendo el debate al respecto. Hoy, la grilla entre liderazgos, el anhelo de impunidad y la transacción legislativa han contaminado la discusión, antes incluso de que arranque formalmente. En juego está un gasto de miles de millones de pesos, la vocación federalista del país, la justicia electoral y la independencia del árbitro. MÉXICO, D.F. (Proceso).- La reforma energética está en manos de Acción Nacional. Para destrabarla presiona al gobierno federal con el fin de que se aprueben las modificaciones electorales delineadas en el Pacto por México. El PAN quiere nuevas reglas de fiscalización, que eviten casos como el Pemexgate, Amigos de Fox o Monexgate. Fernando Rodríguez Doval –diputado del PAN y encargado de negociar con el PRD y el PRI el “nuevo modelo político-electoral”– anuncia que la discusión en el Senado arrancará esta semana para que el tema sea votado en la Cámara de Diputados antes de concluir octubre. En entrevista con Proceso, el legislador hace un llamado al PRI y al gobierno federal para que no sigan dilatando el debate de lo trazado el 2 de diciembre de 2012. “Saben que la reforma energética, y lo saben bien, sólo la pueden aprobar con el PAN, por tratarse de una reforma constitucional; y nosotros ya lo dijimos: primero la electoral y luego la energética”. En su primera fase, la reforma política se centrará en el artículo 41 de la Constitución. De acuerdo con el último borrador avalado por los tres partidos, que consta de tres páginas, el punto toral es la sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE) por el Instituto Nacional de Elecciones (INE). Esta instancia se encargaría de organizar todos los comicios, tanto nacionales como locales. El principal órgano de decisión, el Consejo General, pasaría de nueve a 11 miembros y su método de elección “dejará a un lado el cuotismo de partidos”. Según el documento, el paso inicial implicaría conformar un “comité técnico” integrado “por siete personas de reconocido y probado compromiso democrático que sean referentes para la sociedad y las fuerzas políticas”. Este comité propondría a los candidatos al Consejo General. Al respecto hay dos sugerencias. Primero, que tres integrantes del comité sean propuestos por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados (uno por cada una de las tres principales fuerzas políticas: PRI, PAN y PRD); dos, por miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y dos más, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El panista Rodríguez Doval explica la otra propuesta. Se trata de incluir al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y al Consejo Nacional de Evaluación (Coneval). Se baraja también la posibilidad de incorporar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o a la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)... Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1929 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

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