Los nahuas, a merced de las mineras

martes, 29 de octubre de 2013
Ante el abandono de la Sierra de Manantlán por los gobiernos de Jalisco y Colima, las empresas mineras continúan afectando las tierras y los cultivos de las comunidades nahuas. Para colmo, aún no hay solución a la vista para el conflicto limítrofe de ambos estados ni para las gravísimas carencias sociales de la población. SIERRA DE MANANTLÁN (Proceso Jalisco).- Al atardecer del martes 8, la comunidad indígena de Chanquiahuitl del municipio de Cuautitlán de García Barragán se quedó incomunicada por la vía terrestre durante unas horas. Inclinado hacia su izquierda, con las llantas traseras hundidas en el lodo, un camión cargado con 30 toneladas de mineral de hierro obstruía el camino más corto hacia la cabecera municipal de Minatitlán, Colima. Al mismo tiempo, otros tres vehículos rebosantes de material ferroso se encontraban varados sobre una curva, en la brecha que conduce al poblado jalisciense de Telcruz. Para los lugareños esto ya no es novedad. Los frecuentes bloqueos constituyen sólo uno de los problemas generados de enero a la fecha, a partir del inicio de la extracción del mineral de los predios Piedra Imán y Cañada Verde, cuya explotación se reanudó en agosto, luego de una suspensión temporal por una serie de protestas de los ejidatarios. Como consecuencia de la actividad minera, los caminos se encuentran destrozados, la tubería de agua potable inservible, los acuíferos de la región se contaminan más cada día y también, como consecuencia del polvo, aumentan las enfermedades de las vías respiratorias entre los habitantes de la zona. Activistas de organizaciones sociales de Jalisco y Colima visitaron Chanquiahuitl como parte de la decimotercera Gira de Observación por la Paz y los Derechos Humanos, realizada los pasados 8 y 9 de octubre por varias comunidades de la Sierra de Manantlán y la cual cubrió este reportero. La brigada estuvo conformada por Óscar González Garí y Efraín Franco, de la Red Jalisciense de Derechos Humanos; Gabriel Martínez Campos y Vanesa Gómez Pizano, del grupo ambientalista colimense Bios Iguana; María Ramírez, de las Comunidades Eclesiales de Base, de Guadalajara; Esteban Guzmán Pulgarín, del Consejo Indígena de la Sierra de Manantlán, y J. Jesús Hermenegildo García, del Frente Regional pro Manantlán y Cuenca del Marabasco (Fremmar). Después del recorrido por los poblados indígenas de Telcruz, Chanquiahuitl, Los Potros y Las Pesadas, se constató que “el régimen de apartheid o segregación racial en su contra sigue intacto”, dijo González Garí, coordinador de la gira, quien anunció que el informe final del recorrido se daría a conocer el martes 22 en Colima y Guadalajara. A los daños causados por las empresas mineras a las poblaciones de origen nahua-otomí que habitan la serranía, se suman la marginación y la pobreza ancestrales en que éstas han vivido, la inseguridad pública, la represión contra sus líderes, el abandono gubernamental, así como la incertidumbre derivada del conflicto limítrofe protagonizado por los estados de Jalisco y Colima desde hace décadas. En Chanquiahuitl, comunidad de 150 habitantes asentada sobre los cerros a mil 300 metros sobre el nivel del mar, no hay médico. La auxiliar de salud, Hilda Gutiérrez, revela que tampoco dispone de los medicamentos necesarios para atender una emergencia; sólo cuenta con paracetamol, analgésicos y antidiarreicos. La carencia de fármacos, dice Gutiérrez, ha propiciado la muerte de algunas personas en el último año, entre ellas la de su madre, quien tras presentar una crisis de hipertensión no alcanzó a llegar con vida a Minatitlán, Colima, a casi dos horas de ahí. Igual suerte corrieron otras personas que sufrieron infartos y fallecieron en el trayecto. El día de la visita, las 37 viviendas del poblado llevaban una semana sin servicio de agua potable porque los camiones que trasladan el mineral rompieron la tubería y no la habían reparado. Los lugareños se veían obligados a recolectar agua de lluvia. Para beber la traían de manantiales lejanos porque los ríos de los alrededores ya están contaminados. El exagente municipal Javier Martínez se queja además de que no sirven las luminarias del alumbrado público y la comunidad no cuenta con machuelos. Dice que las empresas mineras se llevan el producto y sólo dejan problemas. “Es un mineral muy rico, lo exportan. ¿Cuánto dinero se están llevando y aquí cuáles mejoras han hecho? Estamos sin buenos caminos, sin escuelas, sin casas de salud ni medicinas”. Aunque ninguno de los habitantes parece conocer el nombre de las empresas mineras que explotan los yacimientos de Piedra Imán y Cañada Verde —los más grandes de la región después de Peña Colorada—, informan que todos los días salen 50 camiones cargados con alrededor de 30 toneladas de mineral cada uno, es decir, que se extrae un total de mil 500 toneladas diarias. En mayo pasado, cuando fue detectada la operación de las mineras, el Fremmar, con apoyo de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, interpuso denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Procuraduría General de la República (PGR) por el “desmonte y extracción de materiales ferrosos dentro del área protegida de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán” (RBSM) desde cinco meses antes, así como por la extracción de agua del arroyo de Telcruz para las actividades mineras y daños severos a las especies acuáticas del Arroyo Los Arrayanes, que conduce al Río Ayotitlán. Entre las comunidades inconformes mencionó a Chanquiahuitl, El Naranjal, Cortapico, Cerro Prieto, Las Pesadas, La Astilla, San Antonio, Changavilán y La Joya, y señaló como presuntos responsables a dos particulares y a quien resulte responsable. Ante la falta de respuesta, a principios de junio cerca de 250 miembros del ejido Ayotitlán bloquearon el paso a los camiones y realizaron un plantón con el que lograron la suspensión temporal de los trabajos y la colocación de sellos de clausura por la Profepa. Semanas después, luego de negociar con el ejido la entrega de una indemnización, los mineros reanudaron actividades pero no quedó claro en qué términos quedó la denuncia ante la Profepa. En agosto, el representante del Consejo de Mayores de Ayotitlán, Gaudencio Mancilla Roblada, denunció que las empresas mineras habían violado los sellos de clausura de la dependencia federal y se quejó de que el gobierno de Jalisco no cumplió su promesa de frenar el saqueo de minerales. Municipios débiles El sacerdote Ulises González, vicario de la parroquia de Telcruz, calcula que son alrededor de 16 las comunidades afectadas por la explotación de los predios Piedra Imán y Cañada Verde. Dice que además de dañar a los poblados en lo económico, en lo social y en su infraestructura, la actividad minera está causando perjuicios al medio ambiente. “Se supone que esto es una reserva protegida a nivel internacional y nadie mete las manos por ella”, comenta. González afirma que desconoce si existe convenio de los mineros con el ejido Ayotitlán, pero “el sentir de la gente es que no quieren la mina. La gente en general está en desacuerdo; desgraciadamente compran a algunos, callan a la gente con dinero, pero los problemas no se solucionan. Las autoridades no sé si se hagan de la vista gorda o no tengan los mecanismos para poder ayudar, pero se supone que para eso son autoridad”. Según el secretario del Ayuntamiento de Cuautitlán, Esteban Arias Soto, además del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, que inició operaciones hace casi 40 años, hay otras “seis o siete” empresas mineras que actualmente realizan labores extractivas en la Sierra de Manantlán, donde según datos oficiales se encuentran los yacimientos de hierro más ricos del país. En una reunión con los miembros de la Gira de Observación por la Paz y los Derechos Humanos, Óscar González Garí le preguntó al funcionario si el ayuntamiento estaría dispuesto a declarar al municipio como territorio libre de minería a cielo abierto, a fin de proteger la RBSM. Arias Soto comentó que no podría responder por una decisión que compete al cabildo, pero cuestionó el hecho de que autoridades estatales y federales otorguen permisos a empresas mineras “al por mayor” en esa zona, y negó que la actual administración municipal —iniciada hace un año— haya emitido alguna autorización, pues todas “son herencia que nos dejaron”. Adujo que a veces el ayuntamiento “es el último que se entera” del inicio de actividades de una empresa minera en su territorio, pues hay casos en que ya tienen hasta permiso del ejido. Reconoció que existen grandes carencias en el municipio. “En abasto de medicamentos nuestras condiciones son pésimas; tenemos 65 casas de salud pero nos faltan ocho médicos que ya el presidente municipal, Pedro Sánchez Orozco, gestionó ante el gobierno del estado; también necesitamos acondicionar más las escuelas, pero no nos alcanza el presupuesto”. A raíz de las afectaciones de la tormenta tropical Manuel la oficina de Protección Civil y la Cruz Roja enviaron poco más de mil 200 despensas, dice Arias Soto: “Me preguntó el de Protección Civil si eran suficientes; yo le dije que independientemente del fenómeno natural que nos llegue, la gente todo el año está damnificada; si me dicen que cuántas despensas se necesitan en tal comunidad, yo respondo que para todas las familias; sin importar el parámetro o indicador que pongamos, por muy alto que pudiera ser, todas entran, todas caben”. Aunque más de la tercera parte del territorio de Cuautitlán es considerado indígena, sólo cuatro comunidades son reconocidas formalmente como tales por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI): Ayotitlán, Cuzalapa, Plan de Méndez y Chacala. Con el propósito de que reciban beneficios a través de recursos y proyectos productivos, a finales de agosto el alcalde propuso al cabildo solicitar a la dependencia federal el reconocimiento del carácter indígena de todas las comunidades enclavadas en la Sierra de Manantlán, que son alrededor de un centenar. Ante la petición de apoyo del secretario del ayuntamiento, el presidente de Bios Iguana, Gabriel Martínez, planteó la posibilidad de que las organizaciones civiles ahí presentes gestionen ante instancias internacionales recursos para desarrollar proyectos en las poblaciones indígenas de Cuautitlán. En materia de seguridad pública, Arias Soto aceptó las debilidades del ayuntamiento, cuya policía dispone de poco más de 40 efectivos para atender la cabecera, cinco delegaciones y 140 comunidades, muchas de ellas de difícil acceso. Aunado a esto, no todos los elementos cuentan con arma larga y van abastecidos con sólo dos cartuchos. En los últimos años fueron asesinados el alcalde Raúl Delgado Benavides (2006), el exalcalde Juan Manuel Orozco Serrano (2008), el director de Seguridad Pública Miguel Delgado Díaz (2009) y en julio pasado cayeron en una emboscada dos policías municipales; uno murió y el otro fue herido gravemente. El 23 de octubre de 2012 fue secuestrado el líder indígena Celedonio Monroy, quien está a punto de cumplir un año de desaparecido; en junio de 2013 el líder Gaudencio Mancilla recibió amenazas por parte de un grupo armado que se presentó en su domicilio. En agosto siguiente fue detenido por agentes de la Fiscalía General, que lo acusaron de portar un arma de uso exclusivo del Ejército (Proceso Jalisco 417 y 461). Cuando Mancilla salió libre, denunció que los agentes lo torturaron para que confesara su intención de crear un grupo armado de autodefensa. En junio de 2012 había sido desaparecido su hermano Agustín Mancilla, quien era comandante de la policía de Villa de Purificación. Situación explosiva En la zona de conflicto limítrofe, la brigada de activistas jaliscienses y colimenses visitó Los Potros y Las Pesadas. En la primera, el campesino Félix Monroy Rutilo denunció que en los últimos 15 años muchas familias se fueron de ahí por presiones de la minera Peña Colorada, que ahora quiere desalojarlo a él y a otras personas que poseen tierras de labranza en Puertecito de las Parotas a fin de arrojar desechos ferrosos en esa superficie que le rentó al ejido Ayotitlán. A su paso por las oficinas de Peña Colorada, cuatro activistas se entrevistaron en privado con directivos de la minera, a quienes les plantearon la situación de las comunidades ubicadas en el área de influencia de la mina. Sólo acodaron agendar un nuevo encuentro en el que participen los representantes de los poblados afectados. En Las Pesadas, donde viven 25 familias, el agente municipal representante de Cuautitlán, Julián Sánchez Monroy, dio a conocer que debido al uso de explosivos por la Minera del Norte —que ya suspendió actividades— 11 viviendas sufrieron serias cuarteaduras y tres se derrumbaron. Con el paso del tiempo también colapsó la casa de salud construida por el gobierno de Jalisco, de la que sólo quedan dos bardas, mientras que la edificada por las autoridades colimenses se encuentra en el abandono. De acuerdo con Sánchez Monroy, las explosiones causadas por Peña Colorada en la zona también están dañando las casas y una escuela recién construida en la vecina comunidad de La Astilla, por lo que demanda que las empresas responsables se hagan cargo de los perjuicios y de la reparación del camino que sube de Minatitlán a Las Pesadas, que ha sufrido peligrosos desgajamientos. Desde hace más de un año, añadió, la población no cuenta con agua entubada porque se dañó el sistema de bombeo y no ha recibido apoyo para su reparación. En los últimos seis años, ninguna autoridad de Colima ni de Jalisco ha atendido a la comunidad. “Nos sentimos abandonados por los dos gobiernos”, se quejó. Una situación parecida padecen los habitantes de Plan de Méndez en el abasto de agua, cuenta en entrevista el consejero de esa comunidad, Plácido Villa Ruiz, quien participó en la gira de los representantes de las organizaciones civiles. Dice que el voltaje de la energía eléctrica, insuficiente para echar a andar un motor, ha impedido bombear el agua a la comunidad para que cuente con el servicio todo el año. Durante la temporada de estío se queda sin el líquido y es preciso conseguir pipas para el uso doméstico y trasladarse hasta un manantial lejano si se requiere para beber. Añade que la falta de médico obliga a los habitantes a atenderse en la población vecina de Paticajo, en Minatitlán, Colima, mientras que la casa de salud de Plan de Méndez está en tan malas condiciones que le cubrieron el techo con un plástico. Aunque el gobierno del presidente Felipe Calderón se comprometió a construir una casa de usos múltiples, narra Plácido Villa, actualmente el inmueble se encuentra inconcluso, y en el espacio disponible fueron colocadas computadoras para su utilización por parte de los estudiantes. A lo largo del recorrido por Telcruz, Chanquiahuitl, Los Potros y Las Pesadas, el presidente del Consejo Indígena de la Sierra de Manantlán, Esteban Guzmán Pulgarín, promovió entre los lugareños la firma de un documento dirigido a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: “Los suscritos, de origen náhuatl, habitantes de las comunidades de la Sierra de Manantlán, solicitamos a su señoría se nos dé la oportunidad de intervenir y defender la tercería en la controversia constitucional de fecha 5 de diciembre de 2005, del conflicto limítrofe entre los estados de Jalisco y Colima, promovida por el alcalde de Cuautitlán de García Barragán Raúl Delgado Benavides. Lo anteriormente expuesto lo hacemos con fundamento en los tratados nacionales e internacionales, gobiernos y leyes que rigen a nuestro país”.

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