MÉXICO, D.F. (Proceso).- Al Partido de la Revolución Democrática se le acusa de violar los derechos de sus trabajadores: empleados y exempleados dicen a Proceso que en la Cámara de Diputados el PRD tiene personal únicamente con contratos sucesivos de tres meses, sin posibilidad de recontratación ni liquidación. Además, en la sede nacional –donde se le teme al fin de año pues corre el rumor de que habrá despidos masivos– dos agrupaciones sindicales se disputan la titularidad y se acusan mutuamente de ilegítimas. La Unión de Trabajadores del PRD, creada en 1996, solicitó su registro ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), pero el pasado 2 de septiembre se le negó la toma de nota. El año pasado hizo su aparición el Sindicato Nacional de Trabajadores Mártires de Chicago (“los mártires”), el cual ha emplazado a huelga al partido dos veces: en octubre de 2012 y abril de 2013. Esto puso en alerta a la Unión de Trabajadores, encabezada por Tonatiuh Rodríguez Marrón. En entrevistas con Proceso, los protagonistas de esta historia dan sus versiones.   Los “mártires”   El pasado 17 de abril el Sindicato Nacional de Trabajadores Mártires de Chicago emplazó a huelga al PRD. Rodríguez Marrón asegura que esta organización es dirigida por Diana Ostos Romos, a quien nadie conoce en el partido. Incluso acusa a los dirigentes de los mártires de haber falsificado su firma, la del secretario de capacitación de la Unión, Jaime Ortiz Leroux, y la del integrante de la Comisión Nacional Electoral Abraham Guillermo Flores Mendoza para incluirlos como miembros del sindicato a fin de llenar el cupo mínimo, que es de 20 integrantes. Sin embargo, el abogado Juan Rubio desmiente a Rodríguez Marrón. Afirma que un grupo de trabajadores de la Unión lo buscó para que los asesorara, pues 45% de la base trabajadora del PRD no tiene contrato ni estabilidad en el empleo. Son temporales. “Me sorprendió mucho porque se supone que el PRD es un partido de izquierda. Uno de sus ejes centrales es la lucha por los derechos laborales”, critica Rubio. “Lo que los trabajadores querían era un sindicato ajeno a las corrientes internas del perredismo. Quieren estabilidad en el empleo, seguridad social, condiciones generales de trabajo, vacaciones, prima de antigüedad, etcétera. “En esa lógica emplazamos al PRD. En ese tiempo, cuando yo presento mi emplazamiento, estaba la anterior administración de la junta. ¿Por qué digo yo? Porque soy el secretario general. Yo emplacé como representante del sindicato y me rechazaron de entrada”, señala. Se queja de que la JLCA puso muchos pretextos para aceptar su emplazamiento; el caso llegó a los tribunales. Se amparó y a la junta le ordenaron recibir el emplazamiento y poner fecha para la audiencia de ley. Rubio sostiene que “gente de Tonatiuh” se le acercó para trabajar en el proceso de sindicalización, pero el apoderado legal del PRD le dijo que firmaría con su sindicato, pues la Unión no tenía representación jurídica. Eso molestó a los integrantes de la Unión, quienes rompieron pláticas y, afirma Rubio, comenzaron a comportarse como un sindicato patronal, defendiendo los intereses del partido y no los de sus trabajadores. “Al final cambian de abogados y se presenta Manuel Fuentes para defender al PRD como abogado de empresa. Me sorprendió el cambio radical del PRD. Empiezan a decir que no estamos legitimados para emplazar a huelga porque las firmas de los trabajadores que asistieron a la asamblea donde decidimos emplazar no son ellos, aunque algunos sí eran de la Unión”, indica. Rubio asegura que los trabajadores le hablaron de las amenazas de despido si no seguían la versión de la Unión. “Los trabajadores empiezan a entrar en pánico porque los empiezan a amenazar con correrlos. La gente de la Unión desconoce su firma y me empieza a atacar. Para la última audiencia Manuel (Fuentes) me lo dice muy claro: que el PRD lo está presionando y presentará una denuncia penal porque no son reales las firmas del emplazamiento”, afirma. “Esto se me hace una porquería. Me estás cuestionando por el lado penal, que me vas a meter a la cárcel simplemente porque estamos pidiendo la firma del contrato colectivo de trabajo. ¡Y tú, Manuel!”, exclama. A Fuentes lo contrató la senadora Dolores Padierna, de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), según fuentes perredistas. La historia está documentada en la Junta, agrega Rubio. En la última reunión con trabajadores perredistas la consigna era “si estás con los mártires, te despido”. El pretexto que ponen las autoridades es que el dinero público no genera derechos laborales. Finalmente Rubio se desistió del emplazamiento.­ “El PRD me decepcionó. No queríamos otra cosa más que firmar el contrato colectivo de trabajo de los perredistas. El PRD tiene un presupuesto inmenso y solamente pedí que regularizaran a los trabajadores, les dieran prestaciones como seguro social, contratos a tiempo indeterminado, promesa de un contrato colectivo para todos los trabajadores”, destaca. Los trabajadores vieron cómo la Unión se portó como patrón y no defendió sus derechos. Por eso, advirtió, volverá a emplazar a huelga, pues independientemente de que la Unión obtenga registro, en cualquier empresa pueden coexistir dos o más sindicatos. Además aclaró que la Unión no tiene presencia nacional, sino sólo en el Distrito Federal; por eso no buscaron un registro nacional.   La Unión   Rodríguez Marrón y los miembros de la Unión cuentan otra historia. Nacieron en 1996 y firmaron el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo –que actualmente los rige– el 15 de enero de 2002. Hasta hace unos años mantenían una relación respetuosa con la dirigencia del PRD. “Teníamos un sindicato ‘de hecho’ donde el partido nos reconocía”. Buscaron el registro pero se los negaron, pese a cumplir con los requisitos. A esto se sumó la aparición de los mártires. “Mártires de Chicago convocó a trabajadores y con su registro iba a emplazar al PRD a la firma de un contrato colectivo. No hubo respuesta de los trabajadores. Ninguno se afilió con ellos. No obstante, emplazaron a huelga en octubre de 2012. Exhibieron documentos donde falsificaron las firmas de miembros de la Unión y de un servidor”, sostiene. Según Rodríguez este sindicato es “de protección”. Incluso acusó a “esas personas” de haberle pedido dinero a la dirigencia del partido. El PRD no lo aceptó alegando que no tenían representatividad. Mandaron hacer un peritaje y la respectiva denuncia penal, y por eso, agregó, se desistieron. –¿Qué dice el presidente perredista? –se le pregunta a Rodríguez Marrón. –No hemos hablado con Jesús Zambrano –responde. La información que tienen sobre los mártires es que se formó en Guanajuato como un sindicato de industria sin relación con partidos políticos. Registró 16 trabajadores de una empresa, otros tantos de una inmobiliaria. “Es el típico caso de sindicatos de protección donde los registran como sea y ya presentan un contrato”, comenta. El 13 de febrero de 2012 la Unión solicitó registro. La presidencia de la JLCA quería dárselo, pero como es un organismo tripartita el sector patronal, representado por David Gustavo Núñez, miembro de la Coparmex, y el laboral, a cargo de Jorge Rivera Gómez, de la CTM, votaron en contra el pasado 2 de septiembre. El martes 12, en el foro Sindicatos y Partidos Progresistas, Jesús Zambrano dijo a Proceso: “Yo no soy el responsable de que les den o no la toma de nota. Es la autoridad laboral. Yo no soy antisindicalista, para que quede claro. Y ojalá me lo ponga en la nota. No en la nota roja, sino en la nota real”.