Las desavenencias en torno al manejo del Fondo de Pensiones de la Universidad de Colima se intensifican. Este centro de estudios, creado hace 30 años, atraviesa por una trama de problemas laborales inéditos, amén de graves, según el diagnóstico del Sindicato Único de Trabajadores de la institución. Por ejemplo, no encuentra cómo acabar con la expedición irregular de cheques, las jubilaciones onerosas, las violaciones a la reglamentación y la opacidad en el manejo de los recursos, que implican a varios exrectores.   COLIMA, COL. (Proceso).- El fondo de pensiones de la Universidad de Colima se encuentra en riesgo, pero no sólo por el rápido crecimiento del número de trabajadores en retiro –que se elevó más de 100% en el periodo 2005-2011–, sino también por presuntos actos de corrupción y otras irregularidades en el manejo de los recursos. Reportes de revisiones contables practicadas al Fondo Social de Apoyo al Pensionado (Fosap) de la institución, cuya bolsa actual es de alrededor de 700 millones de pesos, revelan que si no se corrige la situación, en unos años podría ser insuficiente el capital para pagar las pensiones, por lo que el fideicomiso resultaría inviable para el fin que fue creado. Según hallazgos de auditores del gobierno estatal, con cargo a ese fondo se pagan jubilaciones cuantiosas para algunos personajes; se cubren prestaciones que deberían ser otorgadas desde otra partida presupuestal; prevalece la opacidad en la disposición de los recursos, y se cometen diversas violaciones a la reglamentación de la materia. Y por si lo anterior fuera poco, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC), Leonardo César Gutiérrez Chávez, denuncia una presunta malversación de dinero del Fosap por parte de directivos universitarios. Según el líder sindical, desde una cuenta bancaria de la que se han realizado pagos a jubilados, también se expidieron cheques por cantidades –que superan incluso el monto de la jubilación de un exrector– a nombre de personas ajenas a la nómina universitaria. Para sustentar sus afirmaciones, Gutiérrez Chávez incluso entrega al corresponsal copias de 32 documentos cobrables de este tipo, fechados el 12 de febrero de 2007. Mientras que para el exrector jubilado Jorge Humberto Silva Ochoa fue expedido como pago de esa quincena un cheque por 41 mil 940 pesos, proveniente de la cuenta tradicional 51274094406 del Banco Santander, en esa misma fecha y desde esa misma cuenta fueron emitidos al menos 18 cheques por 60 mil pesos cada uno a nombre de otras personas, de acuerdo con las evidencias obtenidas por este semanario. Los presuntos beneficiados fueron Rogelio Robles Cárdenas, Arturo Zamora Pineda, Pedro Gutiérrez Hinojosa, Alberto Riojosa Álvarez, Rogelio Alcántar Sánchez, Juan Antonio Guerra Molina, Roberto Lorenzana Cortés, Mariano Luján Quintero, Arturo Ordorica Peralta, Anastasio Riojano Suárez, Alberto Lozano Mendoza, Calixto Andrade Ortega, J. Refugio Camacho Ortiz, Arturo López Cervantes, Ángel Carmona Lara, Leandro Ramírez Ortiz, Reynaldo Robledo Careaga y Ricardo Lomelí Anguiano. Otros 14 cheques emitidos con cargo a la misma cuenta a favor de otros beneficiarios amparan cifras que van de 25 mil a 50 mil pesos. Después de una revisión minuciosa, el SUTUC descubrió que esas personas no forman parte de la nómina de jubilados ni de trabajadores universitarios en activo, sostiene el dirigente sindical. Duda incluso, dice, de su existencia y estudia la posibilidad de solicitar una auditoría a la casa de estudios. A nombre de un supuesto beneficiario de uno de los cheques, Ricardo Lomelí Anguiano, por ejemplo, existe una cuenta en la red social Facebook, en la que la identidad del usuario es un mural de la Universidad de Colima; no hay foto, por lo que se presume que se trata de troll (provocador). Los cheques que cuestiona Gutiérrez Chávez, emitidos en la primera quincena de febrero de 2007, suman un millón 596 mil 250 pesos. Si esos cobros se realizaron de manera periódica, podrían significar un quebranto al fondo de pensiones cercano a 40 millones de pesos al año, calcula el dirigente universitario. Antes de que, en abril de 20012, Miguel Ángel Aguayo López dejara la rectoría –estuvo dos periodos en el cargo– para convertirse en diputado federal por el PRI, Gutiérrez lo cuestionó sobre la emisión de esos cheques; le preguntó también sobre la identidad de los beneficiarios. “No aclaró nada, sólo dijo que eran pagos a vigilantes, pero son montos demasiado altos para que sea así; debe investigarse a fondo este asunto. Y si se siguen haciendo estos pagos quincenalmente, sería una burla para los trabajadores. Que esas personas ‘levanten la mano’ si efectivamente son vigilantes y recibieron los cheques”, exhorta el líder del SUTUC. Desde 21 de octubre, a través de la Coordinación de Comunicación Social de la universidad, el corresponsal solicitó una entrevista con el rector José Eduardo Hernández Nava para abordar el tema de los manejos del Fosap. Hasta el cierre de edición no había respondido.   Un conflicto larvado   Desde 2002 la universidad colimense tenía su fondo de pensiones, creado por recomendación de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP. Ese mismo año, según la normatividad, debió crearse el comité técnico del Fosap, con tres representantes de la rectoría y tres del sindicato, para vigilar el depósito bancario de las aportaciones de los trabajadores (5% de su sueldo) y de la universidad (el equivalente al 10% de la nómina), así como verificar el buen uso de los recursos en general. Sin embargo, no se creó el comité técnico y desde entonces la rectoría ha manejado los recursos de manera unilateral. Según Leonardo Gutiérrez, al SUTUC ni siquiera se le han proporcionado los dictámenes de jubilación para verificar si los beneficiarios cumplen los requisitos y reciben el monto que realmente les corresponde. Desde 2005 el sindicato advirtió a la institución que no estaba depositando a la cuenta del Fosap los recursos descontados a los trabajadores y los correspondientes a la institución, pero sólo recibió largas sobre el asunto. A través del oficio 302/2007, enviado el 6 de septiembre de 2007 al sindicato, el tesorero de la Universidad reconoció que –en violación al reglamento del Fosap– faltaba depositar 109 millones 721 mil 141 pesos, por concepto de aportaciones de 2005, 2006 y 2007, de los que 36 millones 573 mil 646 pesos fueron descontados a los trabajadores y 73 millones 147 mil 495 pesos correspondían a la universidad. El conflicto por el fondo de pensiones estalló en marzo de 2011, cuando el sindicato exigió públicamente transparentar el manejo de los recursos y denunció los depósitos faltantes. A propuesta del entonces rector Aguayo López, al mes siguiente se conformó por primera vez el comité técnico del Fosap con la encomienda de revisar la documentación respectiva y determinar si existían adeudos y, en caso de que los hubiera, definir su monto. De acuerdo con Gutiérrez Chávez, desde la instalación de este comité, Aguayo adujo que a partir de 2005 se había pagado la nómina de pensionados y jubilados con cargo a los recursos del Fosap, pero “esto fue irregular, porque lo hacían de manera unilateral, violando flagrantemente el Reglamento del Fosap y el Contrato Colectivo de Trabajo”, donde se establece que esos recursos deben ser manejados de forma mancomunada entre el rector y el secretario general del SUTUC. Después de meses de trabajo, el comité técnico no alcanzó acuerdos. Al rendir en diciembre de 2011 el tercer informe de su segundo periodo rectoral, con la inasistencia del líder del SUTUC al acto, Aguayo anunció que hasta noviembre de ese año la cuenta del Fosap tenía 623 millones 402 mil 433 pesos. Asimismo dio a conocer un dato revelador: entre 2005 y 2011 creció a más del doble el número de jubilados y pensionados en la Universidad, al pasar de 190 a 407 en ese periodo. Tras asegurar que había cumplido con el compromiso esencial de transparencia y manejo honesto de los recursos bajo su resguardo, Aguayo indicó que durante los siete años de su gestión rectoral, la universidad pagó 247 millones de pesos por concepto de la nómina de pensionados y jubilados. En entrevista posterior, el entonces rector aseveró que una auditoría externa encargada al despacho capitalino Consultores Asociados Juan Rodríguez Turcato determinó que con esos pagos la rectoría aportó “en exceso” 44 millones de pesos al fondo de pensiones.   Los enredos   En marzo de 2012, tras un año sin avances en el conflicto y poco antes de que Miguel Ángel Aguayo iniciara su campaña para diputado federal, intervino el gobernador Mario Anguiano Moreno, a petición de la rectoría y el sindicato, para que auditores del gobierno estatal revisaran el manejo de los recursos del Fosap en el periodo de 2001 a 2011. Tres meses después, los comisionados gubernamentales Arturo Flores y José Luis Villa rindieron un informe preliminar en el cual reportaron que la rectoría no proporcionó documentos para corroborar si los descuentos y aportaciones al fondo fueron correctos; tampoco presentó estados financieros de bancos para verificar los movimientos que, según un estado de ingresos y egresos al 31 de diciembre de 2011, arrojaron un saldo de 625 millones 424 mil 460 pesos. Entre otras anomalías, los auditores detectaron que “terceras personas firmaron de recibido el cheque correspondiente al pensionado, sin que medie carta poder que lo autorice plenamente a realizar dicha acción”, por un total de 38 millones 618 mil 698 pesos. Asimismo, “no fue proporcionado documento alguno que señale mediante firma de recibido los importes cobrados por los ciudadanos Fernando Moreno Peña (exrector), Gustavo Ceballos Llerenas (exdirigente sindical, cuñado de Moreno Peña) y Juan José Guerrero Rolón (director general de Recursos Humanos)”, por 17 millones 428 mil 249 pesos. Otra de las observaciones fue en el sentido de que “los pagos hechos a pensionados vía nómina no se efectuaron con las cuentas bancarias propiedad del Fosap, sino con cuentas bancarias de la Universidad, no identificándose el nombre del banco ni la cuenta con la que realizaron dichos pagos”. Este informe preliminar fue entregado a las partes con la promesa de que posteriormente se les entregaría el informe definitivo. Un dictamen contable elaborado en diciembre de 2012 por el contador público José Antonio Nande Mercado por encargo del SUTUC advierte que el Fosap “denota serias irregularidades en perjuicio de los trabajadores, ya que se observan operaciones irregulares y actos jurídicos mediante los cuales se ha motivado afectación y puesto en riesgo la viabilidad del fideicomiso”. En el manejo de diversas cuentas bancarias, señala, la Universidad de Colima “ha omitido dar transparencia y faltado a la rendición de cuentas” respecto a la cantidad de 87 millones 896 mil 713 pesos que resultan por concepto del antiguo fondo de pensiones. “A la fecha –añade –se desconoce la cuenta o destino de dicha cantidad, requisito necesario para que se realice el registro contable correspondiente, pues de lo contrario debe registrarse como adeudo al fondo”. A juicio de Nande, la universidad colimense ha afectado seriamente la viabilidad del Fosap cuando hay pensiones que exceden “por mucho” la pensión máxima de 25 mil 198 pesos al mes considerada en la Auditoría de Desempeño efectuada al Régimen de Pensiones y Jubilaciones, contenida en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010. Entre los pagos que exceden la pensión máxima, señala la del exrector Moreno Peña, posteriormente gobernador del estado, quien cobraba entonces 125 mil 541 pesos mensuales, en tanto que Jorge Humberto Silva Ochoa percibía 96 mil 987 pesos al mes como rector. Otros jubilados que excedían la pensión mensual máxima son Juan José Guerrero Rolón, con 82 mil 37 pesos; Ángel Mario Martínez Torres, 66 mil 398; Francisco Lepe Aguayo, 60 mil 771, y Eduardo Barragán Vázquez, 54 mil 284.   El SUTUC, excluido   En las condiciones actuales, el dirigente del SUTUC estima que los recursos del Fosap serán insuficientes en un plazo menor de siete años, pero el rector José Eduardo Hernández Nava es más optimista. Según él, el fondo de pensiones tiene una década de vida, por lo que consideró necesario buscar nuevas fuentes para fortalecerlo. Tras una etapa de negociaciones entre las partes, en marzo pasado el gobernador Anguiano Moreno anunció una serie de acuerdos con los que parecía llegar a su fin el conflicto del Fosap. Acompañado del rector y del dirigente sindical, Anguiano dijo en rueda de prensa que el procedimiento unilateral del pago de la nómina de jubilados y pensionados por parte de la rectoría “no se apegaba totalmente a la normatividad vigente, por lo que la universidad y el SUTUC convinieron que a partir del 15 de abril de 2013 las aportaciones de los trabajadores y las de la universidad se depositarán íntegras a la cuenta del Fosap; asimismo acordaron que a partir del 1 de mayo de 2013 la nómina del Fosap se cubriera con la citada cuenta mediante cheque mancomunado” entre la universidad y el sindicato. Otro acuerdo fue el compromiso de la universidad de aportar 90 millones de pesos adicionales a la cuenta del Fosap, en cuatro parcialidades anuales para compensar los pagos de prestaciones a jubilados los últimos años con cargo al fondo de pensiones, cuando el reglamento de éste establece que de ahí sólo de cubrirá el salario base. No obstante, denuncia el líder sindical, siete meses después de la firma de los acuerdos éstos no han sido cumplidos y la rectoría continúa excluyendo al SUTUC del manejo de los recursos. El 10 de octubre pasado, Leonardo Gutiérrez invitó al rector Hernández Nava a un escrutinio público que debió realizarse el día 16, para que cada uno ofreciera sus argumentos y pruebas sobre el caso del fondo de pensiones. El directivo universitario no asistió. Mediante un documento enviado al líder sindical, el funcionario expuso que uno de los principios fundamentales de la vida universitaria es el debate y la libre discusión de las ideas, pero aseguró que “el tema del Fosap ya fue discutido, encontrándose una solución definitiva el pasado 23 de febrero”.   Divisiones intrasindicales   Ante las desavenencias por las irregularidades en el manejo del Fosac, la universidad atraviesa por una situación inédita, pues a 30 años de su fundación es la primera vez que se ve inmersa en un conflicto laboral. Hay pasado casi tres años de que se iniciaron los desacuerdos, Al principio, los trabajadores comenzaron a laborar bajo protesta; después recurrieron a los paros escalonados en algunos campus, incluso se manifestaron ante la sede del Encuentro Regional Parlamentario organizado por la institución en Manzanillo. A principios de octubre, tres miembros del comité ejecutivo central del SUTUC, encabezados por el secretario general suplente, Jorge García Pérez, pretendieron desconocer a Leonardo Gutiérrez como su dirigente. Arguyeron que su elección fue irregular; algunos mencionaron que recibe ingresos extras a través de una plaza de confianza. Y aun cuando los inconformes no encontraron eco entre los agremiados al SUTUC, Gutiérrez responsabilizó a las autoridades universitarias de alentar ese movimiento con el propósito de debilitar la lucha por la transparencia del Fosap. En la segunda quincena de octubre, el SUTUC inició una serie de marchas en demanda del cumplimiento de los compromisos, la más reciente fue la del día 22, en la que participaron alrededor de 300 trabajadores, quienes al final realizaron un mitin frente al Palacio de Gobierno. A la fecha, el sindicato no descarta la posibilidad de una huelga, tras un emplazamiento presentado en marzo de este año por violaciones a la cláusula contractual del Fosap. Luego de que en mayo pasado el expediente fue archivado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el sindicato promovió un amparo contra ese organismo por violar sus garantías procesales, que se encuentra pendiente de resolución. Otro amparo fue interpuesto contra el gobernador Anguiano Moreno por no haber respondido la petición de entregar el informe definitivo de la revisión realizada a las cuentas del Fosap por parte del gobierno estatal. En este periodo, la organización sindical presentó también una queja ante la Condusef contra el Banco Santander, por negarse a entregar estados financieros del fideicomiso del Fosap. En dos ocasiones, la institución crediticia fue multada por su renuencia; finalmente el caso fue turnado a la Procuraduría General de la República para su trámite por la vía penal.