VALPARAÍSO, CHILE (Proceso).- La coalición Nueva Mayoría –cuya candidata a la Presidencia, Michelle Bachelet, aventaja rumbo a la segunda vuelta en las elecciones que se realizarán este domingo 15– enfrenta reacomodos de la política interna en los que pierden fuerza los protagonistas de los partidos tradicionales y se posicionan nuevos cuadros con tendencia de izquierda. Este conglomerado de partidos de centroizquierda se formó en 2013, cuando la Concertación por la Democracia –formada por los partidos Democratacristiano (DC), Socialista (PS), Radical (PR) y Por la Democracia (PPD)– acogió en su seno al Partido Comunista (PC), al Movimiento Amplio Social (MAS) y a la Izquierda Ciudadana­ (IC). El académico Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (Icso) de la Universidad Diego Portales, asegura que “claramente el programa y las fuerzas políticas que acompañan hoy a Bachelet tienden a ser más de izquierda” respecto de los partidos que la postularon en 2006, cuando ganó por primera vez la Presidencia de Chile. En entrevista con Proceso, Fuentes dice que dentro de Nueva Mayoría “hay una tensión entre un polo más de izquierda, que incluye al PC, al PS y al PPD, con fuerzas que son más de centro, como el PR y la DC, “especialmente esta última”. El también exdirector de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) señala que Bachelet tiene el consentimiento de la Democracia Cristiana para avanzar en una reforma tributaria y otra al sistema de pensiones, pero cree que ese partido pondrá trabas para hacer otros cambios, sobre todo en educación. “Hoy día es el mercado el que provee y la familia la que paga. La propuesta de los estudiantes de convertir la educación en derecho social significaría que el Estado –vía impuestos a los más ricos– va a asumir el financiamiento en esta materia. Universalizar el acceso a la educación, y que ésta sea de calidad, constituye un cambio de paradigma y es lo que más va a nutrir la discusión entre la derecha y la centroizquierda”.   La derrota de los dinasaurios   Dentro de Nueva Mayoría, las fuerzas de izquierda alcanzaron algunos triunfos emblemáticos en las elecciones legislativas celebradas junto con la primera vuelta presidencial el pasado 17 de noviembre. Con seis diputados electos –que deberán asumir el 11 de marzo, al igual que la futura presidenta–, el PC consiguió tener el doble de representación en la Cámara de Diputados.­ Entre sus nuevos legisladores destaca la expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Camila Vallejo, quien hace dos años lideró con Giorgio Jackson las manifestaciones estudiantiles. Su influencia fue nacional y mundial: el diario británico The Guardian la designó “personaje del año 2011”. Jackson y el sucesor de Vallejo en la FECH, Gabriel Boric, también fueron elegidos diputados. Aunque ellos no pertenecen a la coalición de Bachelet, formarán parte del grupo que impulsará transformaciones de fondo en el Congreso. Según Fuentes, estos tres dirigentes juveniles –sumados a la también exlideresa estudiantil comunista Karol Cariola– “van a jugar un papel casi de megáfono del movimiento social hacia el Congreso. Y van a hacer una intermediación que puede ser muy positiva, o bien podrían poner luces amarillas y rojas en la medida en que los acuerdos no se logren”. Varios de los triunfos de líderes que asumen posiciones de izquierda fueron en detrimento de “barones” o “baronesas” que competían dentro de las listas de Nueva Mayoría. Es el caso del líder del MAS, Alejandro Navarro, quien retuvo su curul de senador por la región de Bío Bío al derrotar ampliamente a Camilo Escalona, quien en marzo culmina su periodo como senador en representación de la región de Los Lagos. Escalona, quien presidió el PS (1994-1998) y el Senado (2012-2013), es uno de los principales articuladores de “la política de los acuerdos” establecida entre la Concertación, la derecha y el empresariado a partir de 1990, cuando Patricio Aylwin (DC) sucedió en la Presidencia de la República al golpista Augusto Pinochet. La de Escalona no fue la única pérdida que debieron lamentar quienes se oponen a los cambios estructurales: en la circunscripción Santiago Oriente, el diputado socialista Carlos Montes (PS) venció sorpresivamente a la senadora Soledad Alvear. El pasado 18 de noviembre el diario electrónico El Mostrador señaló que este resultado implica un cambio en el “eje del poder en el seno de la Nueva Mayoría”, puesto que “la senadora Alvear es fiel exponente del ‘partido del orden’”, en referencia al DC. En declaraciones al vespertino La Segunda (19 de noviembre), Montes dio por muerto al “eje DC-PS”: “Pretender tener un eje y que los demás se subordinen, no funciona”. Y manifestó que el objetivo de Nueva Mayoría es “llevar adelante las transformaciones que la oposición ha comprometido a la ciudadanía”. José Jara, investigador político y exdirector académico de Flacso-Chile, aborda el papel que jugó el “eje DC-PS” en el periodo postdictatorial: “En la transición, la DC y el PS articularon una relación de control del poder que buscaba la desmovilización de actores sociales y políticos”. Jara sostiene que “cuando Montes y otros senadores socialistas dicen que se acaba el eje DC-PS se refieren a que ahora se busca responder a las demandas de la ciudadanía: nuevas políticas sociales, distribución de la riqueza a través de una reforma tributaria, una nueva Constitución; es decir, cambios más grandes”. Montes, con su afirmación, “corrió el eje político hacia la izquierda”. Otro golpe al viejo orden lo propinó Carolina Tohá, del PPD. Ella es alcaldesa de Santiago e hija del asesinado ministro del Interior de Salvador Allende, José Tohá. El lunes 9 declaró a Radio Oasis “que la política de los acuerdos y los consensos es en realidad la política del veto impuesto por la derecha. (…) Ésta, a pesar de ser minoría, ha decidido lo que se hace y lo que no se hace”. A partir de marzo, Nueva Mayoría contará con 66 de los 120 diputados y con 21 de los 38 senadores. A éstos podrían agregarse los diputados Jackson, Boric y la exmiembro de la DC Alejandra Sepúlveda, así como dos senadores: Carlos Bianchi y Antonio Horvath. Ambos han manifestado su disposición de apoyar el programa de Bachelet. Con esta representación parlamentaria Nueva Mayoría podrá modificar todas las leyes que requieren quórum simple –como la tributaria, la laboral, la de aseguradoras de salud y la de medioambiente–, salvo las “orgánicas constitucionales” y las “constitucionales”, que requieren mayorías especiales. Pero si los diputados y senadores independientes ya mencionados apoyan las propuestas del gobierno, éste alcanzaría la mayoría de cuatro séptimas partes requerida para cambiar las 18 leyes orgánicas constitucionales establecidas en la dictadura, como las relativas a las concesiones mineras, la enseñanza, el sistema electoral y el banco central. Francisco Bucat, analista político y exsubsecretario general del Partido Socialista, explica que la realidad actual “es muy distinta a la que había en 2006, cuando un puñado de barones conservadores y neoliberales de los partidos Socialista (PS) y Democratacristiano (DC) controlaban la Concertación por la Democracia y articulaban con la derecha y el empresariado los destinos del país”. Bucat señala que “todo eso cambió porque se instaló en Chile la necesidad de los cambios” y “la gran mayoría del país comprende que es necesario tener otro código laboral; que la educación debe ser gratuita y de calidad… Eso la sociedad chilena ya lo instaló, ya percibió que es por ahí que hay que transitar”. Expresa que la Concertación, al convertirse en Nueva Mayoría, lanzó un mensaje simbólico: “Ahora quiere ser consecuente con el movimiento popular que lucha por cambios de verdad”. Sin embargo, Bucat no oculta sus dudas sobre Bachelet y su coalición. Señala que es posible que incumplan sus promesas de transformación del país. “Bachelet tuvo en 2006 casi 1 millón de estudiantes en la calle y resulta que promulgó una Ley General de Educación que acordó con los jefes de los partidos de la Concertación y de la derecha, dando la espalda al movimiento estudiantil”. Recuerda que “en los orígenes de la Concertación (1988) se prometió cambiar la Constitución y no se cumplió. Se dijo que iba a revertirse la privatización del aparato del Estado, pero tampoco se hizo”. Bucat estima que “sólo cuando se envíen los primeros proyectos al Parlamento se va a constatar la profundidad que Bachelet va a imprimir a los cambios y si su alianza respalda en bloque o no sus posturas”. Tiene la impresión de que “cuando lleguen los proyectos habrá muchos parlamentarios, especialmente de la Democracia Cristiana, que no van a votar a favor de las propuestas de Bachelet”.   Nueva Constitución   Entre los compromisos de la campaña presidencial de Bachelet estuvo el de una nueva Constitución, la cual será gestada en forma “participativa”. La Carta Magna que rige en Chile fue confeccionada por la dictadura de Augusto Pinochet y refrendada por un fraudulento plebiscito en 1980. En 2005, el presidente Ricardo Lagos (PS-PPD) sacó adelante una reforma constitucional que eliminó algunos “enclaves autoritarios”, como la institución de los senadores designados. Sin embargo, no reemplazó el antidemocrático sistema electoral binominal ni redefinió el restringido papel que se le asignó al Estado en la Constitución de 1980. Todo lo anterior determina la falta de legitimidad de la “Constitución de Pinochet”, como se le conoce ampliamente. El pasado 23 de abril, en un acto realizado en su casa de campaña, ubicado en la capitalina comuna de Providencia, Bachelet presentó una comisión de expertos constitucionalistas, a quienes dio una misión precisa: dar forma “a una nueva Constitución nacida en democracia” que “sea producto de una discusión amplia y diversa, y que recoja los cambios que el país ha vivido en las últimas décadas; una Constitución sin los cerrojos ni las trabas que heredamos”. Sin embargo, Bachelet no ha definido cómo se procesará la nueva Constitución: si a través de una asamblea constituyente, de un grupo bicameral del Congreso Nacional o de la comisión de expertos nombrados por ella. La apertura de Bachelet ocurre en un contexto de gran descontento. Según el estudio nacional Valores sociales y política, realizado por Ipsos-Universidad de Santiago y divulgado el miércoles 11, tres cuartas partes de los chilenos son partidarios de cambiar la Constitución, mientras que sólo 12% quiere que se mantenga la actual. Bachelet ha prometido otros cambios: El pasado 21 de noviembre recibió al senador de Renovación Nacional (RN) Antonio Horvath. A la salida de la cita, ambos expresaron su rechazo al megaproyecto energético HidroAysén que la empresa Endesa (propiedad de la italiana Enel) y el grupo chileno Matte quieren instalar en la patagónica región de Aysén. Ese mismo día, Bachelet recibió al candidato presidencial ecologista Alfredo Sfeir. Ambos se comprometieron a buscar un acuerdo “que beneficie al medio ambiente y a la salud de las personas”. Expresaron su rechazo a HidroAysén y coincidieron en la necesidad de revisar otra polémica ley, cabildeada por la empresa de transgénicos Monsanto. Las promesas de Bachelet y la movilización ciudadana por los cambios han desatado los temores de la derecha, que ha pasado a la ofensiva. El lunes 9, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, aseguró en entrevista con el diario La Tercera que “anuncios de nuevas inversiones están siendo postergados” y que “la única explicación que eso tiene es que hay incertidumbre y temor, fundamentalmente por las propuestas de Bachelet”. Larroulet afirmó incluso que esas propuestas también habían causado el bajo crecimiento de la economía en octubre: 2.8%, la tasa más baja en los últimos 27 meses. Los presidentes de los partidos de derecha, Carlos Larraín (RN) y Patricio Melero (UDI), respaldaron estos señalamientos. El derechista diario El Mercurio le ha dado amplia tribuna a este tema, aunque ha concentrado sus ataques en el debate constituyente. Según el estudio El Mercurio versus la asamblea constituyente –realizado por el aspirante a doctor en lingüística por la Universidad de Lancaster, José Ferreiro, y el académico experto en comunicación política de la Universidad Diego Portales, Damián Trivelli– ese diario “intenta instalar una retórica del riesgo (“peligro”, “arriesgar”, “vértigo”, “esconde”…) y de irresponsabilidad institucional (“descabellada”, “devaneos”, “fanatismo”, “populista”...), utilizando sistemáticamente falacias discursivas para justificar su posición ideológica y así deslegitimar una posible asamblea constituyente”. El jueves 12 en Temuco, a horas de cerrar su campaña, la candidata presidencial de la derecha, Evelyn Matthei, lanzó duros dardos con los que buscó infundir el miedo en la población: “Cambiar la Constitución. ¿Por qué? (…) Si a Chile le ha ido bien, mejor que a cualquier otro país en Latinoamérica”. Y remató: “Algunos quieren que Chile se parezca a Venezuela, (…) donde no tienen qué comer… ¿Eso es lo que quieren para Chile?”. De todos modos, esta vieja táctica del miedo parece no darle réditos. Según la citada encuesta Ipsos-Usach, 64% de los votantes respaldará a Bachelet en las urnas, mientras que 36% se inclinará por Matthei. Sólo un factor complicaría el triunfo de Bachelet: una alta abstención de los votantes, que generalmente aumenta en situaciones de temor, real o infundido.