El colectivo El Grito Más Fuerte, integrado por actores, actrices y trabajadores de la cultura acusan al gobierno de Peña Nieto por desinformar al pueblo y no escuchar su opinión en torno a la mayor reforma energética de nuestro país en 75 años. Respaldados en el artículo 35 de la Constitución, Daniel Giménez Cacho, Demián Bichir, Ilse Salas y Baltimore Beltrán exigen al Estado realizar una consulta nacional, para lo cual convocan a la sociedad civil para recolectar firmas. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Sophie Alexander-Katz, Moisés Arizmendi, Karla Bukantz, Lucía Gajá, Víctor García Zapata, Daniel Giménez Cacho, Laura Imperiale, Ernesto Ledesma, Ilse Salas y Carlos Sosa, entre otros convocantes, emprendieron el pasado 12 de diciembre su campaña bajo el lema “Sí a la consulta popular sobre la reforma energética”, con el video Pregúntame#Art35, que circula en las redes y puede verse en la página www.elgritomasfuerte.mx. Ilse Salas expresa a Proceso que como integrantes del grupo El Grito Más Fuerte, “deseamos que la gente se convenza de que puede exigir que se le consulte”, al tiempo que Daniel Giménez Cacho apunta que poco a poco incluirán más información para que las personas empiecen a entender mejor de qué se trata la consulta popular, “porque existe demasiada desinformación”. Para el protagonista de Blancanieves, la publicidad del gobierno federal a favor de los supuestos beneficios que traerá la reforma energética al país, adolece de una enorme falta de claridad: “Los spots me parecen muy huecos. Nos dicen: ‘Va a mejorar tu bolsillo’, pero yo cuestionaría: ¿y esto cómo será posible?, o aseguran también eso de que ‘el capital privado va a hacer que produzcamos más petróleo’, sin explicar para qué necesitamos producir más. Creo que hay demasiadas preguntas que no se contestan.” Salas, quien recrea a Valentina Ivanova en el filme Cantinflas (aún en postproducción), critica a su vez que “el gobierno resalte que el petróleo no se está privatizando, sino que abre las puertas a empresas privadas, eludiendo aclarar para qué. Y lo principal: ¿por qué quieren modificar la Constitución si dicen que no van a privatizar?, así que como dice Daniel, existe un grave vacío informativo”. Es reforzado por el también actor Baltimore Beltrán, quien menciona que el artículo 35 de la Constitución brinda esa posibilidad de la consulta civil, pero “nos falta organización e información sobre este artículo y sobre todo, tener la convicción de que organizados podemos pedir este derecho”, enfatiza. “Pienso que debemos decidir sobre temas tan importantes como son la energía, el petróleo y la electricidad, sólo hay que recordar que en 1993 auguraban que la panacea para los mexicanos sería el Tratado de Libre Comercio (TLC), cuya firma nos iba a hacer llegar al ‘primer mundo’, pero a finales de 1994 se vino la devaluación del peso y después, pasó lo del Fobaproa.” Aunque la Cámara de Diputados aprobó el martes 10 la Ley de Consulta Popular (condición de la izquierda para iniciar los debates legislativos de la reforma energética), los tres artistas recuerdan que desde el 9 de agosto de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionó una fracción VII al artículo 35 instaurando el derecho de los ciudadanos para votar en las consultas populares, respecto a temáticas de trascendencia nacional. Resaltan que la votación de los diputados del martes 10 en torno a la Ley de Consulta Popular estableció que podrán realizarse consultas ciudadanas vinculatorias, si cuentan, al menos, con el apoyo del 2% de la lista de electores. Asimismo, se adicionó un párrafo al artículo 35 de la Constitución  para establecer que el Instituto Federal Electoral (IFE) sea el que promueva la difusión y la discusión informada de las consultas populares. Intranquilo, Beltrán manifiesta que con esta reforma energética “estamos dando un proceso histórico de degradación muy grande a nivel social”, de ahí que los integrantes del grupo El Grito Más Fuerte exijan el derecho de los ciudadanos a ser consultados, porque ellos no desean aceptar reformas ni leyes “que sólo beneficien a intereses privados, sean nacionales o extranjeros”, y exaltan que años atrás, “el gobierno afirmó que la modernidad consistía en privatizar y que la venta de los bienes públicos se traduciría en desarrollo y riqueza para todos, pero no fue así”... Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1937 de la revista Proceso, actualmente en circulación.