Argentina: cuando la policía se rebela

miércoles, 18 de diciembre de 2013
La primera semana de diciembre fue de disturbios y saqueos en algunas de las principales ciudades argentinas. Trece muertos, cientos de heridos y miles de comercios afectados es el saldo. Las turbas arremetieron contra tiendas de todo tipo y las vaciaron. Las víctimas pidieron auxilio a la policía, pero fue en vano: se encerró en sus jefaturas y, según algunas versiones, alentó los robos, si no es que participó directamente en ellos. Fue su manera de protestar por los bajos salarios y la ausencia de una representación gremial. BUENOS AIRES (Proceso).- Franco Ezequiel San Jorge tenía 17 años. Vivía en la ciudad de Perico, provincia de Jujuy, a mil 500 kilómetros de la capital argentina. Murió el lunes 9 en un local de ropa deportiva, por un arma blanca que le clavaron en el abdomen durante los saqueos en ese y otros comercios. “La policía investiga si fue el propietario del negocio o un secuaz del occiso el que ultimó al saqueador”, informó el periódico electrónico Policiales de Jujuy. Hasta ahora 13 muertos, cientos de heridos y 2 mil comercios devastados es el saldo de la ola de disturbios y saqueos de la semana pasada en Argentina. Las escenas de violencia enturbiaron la celebración de los 30 años del regreso a la democracia. Los motines en reclamo de mejoras salariales involucraron a policías de 20 de las 24 provincias argentinas, quienes abandonaron sus puestos y se acuartelaron en sus jefaturas. La ausencia de seguridad pública en las calles propició el brote de saqueos en varias ciudades. Comerciantes y vecinos asumieron las tareas de seguridad. “Algunas cosas que pasan en determinadas fechas y con determinados protagonistas no son por contagio, son por planificación y ejecución quirúrgica”, dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner­ el martes 10. La mandataria condenó “la extorsión a una sociedad por parte de aquellos que portan armas para defenderla y no para atacarla”. La policía liberó zonas, agregó, “para que vaya gente a cometer delitos”. El conflicto policial hizo evidentes algunas deudas que tres décadas de gobiernos democráticos no han saldado, como que el control político sobre las fuerzas de seguridad es débil, en la estructura de las policías se anidan mafias vinculadas con el crimen organizado, el nivel de profesionalización de los agentes y sus salarios son bajos y carecen de un mecanismo transparente para expresar sus reclamos gremiales. Otro flagelo irresuelto es el de la pobreza, aunque su índice se redujo sustancialmente desde que el kirchnerismo asumió el gobierno en 2003: Asciende a 4.7% de la población urbana, según datos oficiales de octubre de 2013. Sin embargo la medición que realiza la Universidad Católica Argentina lo ubica en 26.9% de los habitantes de Argentina en 2012. Para este sector el acceso a la vivienda propia y a una educación de calidad se ha vuelto una utopía. En algunos barrios se verificaron casos de saqueos que contaron con la participación “espontánea” de vecinos. En otros casos se denunció el carácter organizado de los atracos, con una logística y una ejecución que nada tenían de azaroso. La sublevación policiaca comenzó en Córdoba –la segunda ciudad argentina– el martes 3. La ola de saqueos se desató allí horas más tarde. Los atracadores arrasaron con artículos de primera necesidad pero también con ropa de marca, colchones o electrodomésticos. Comerciantes y vecinos repelieron con armas de fuego la presencia de saqueadores o sospechosos. Bancos y supermercados cerraron sus puertas. Muy pronto los motines se extendieron a otras dos provincias fundamentales: Buenos Aires y Santa Fe. Sólo en cuatro de las 24 provincias argentinas no hubo disturbios ni saqueos. En la mayoría de los casos las protestas fueron encabezadas por policías francos, retirados de la fuerza o sus familiares. Frente a las respectivas jefaturas o gobernaciones provinciales se montaron piquetes, con quema de neumáticos y ramas. En Catamarca los uniformados ingresaron por la fuerza en la Casa de Gobierno. La Gendarmería Nacional los desalojó con gases lacrimógenos y balas de goma el viernes 6. La Gendarmería, que usualmente ejerce el control de las fronteras, fue enviada a algunas de las ciudades más importantes del país, como Córdoba y Rosario, para garantizar la seguridad de personas y bienes. “Esta sublevación no fue casual: es condicionar y someter al Estado a los intereses de grupos que realmente son responsables de la muerte de muchas personas, más los heridos, más los saqueos producidos en el país”, dice a Proceso el premio Nobel de la Paz 1980 Adolfo Pérez Esquivel. “Se debe sancionar esa actitud policial”, sostiene. “Otra cosa es el reclamo por los salarios, que yo apoyo”, dice, “pero debe tener otros canales y no la actitud de sublevación, alteración del orden y zonas liberadas para saquear, destruir y provocar el daño que le han hecho al país”.   Espontáneo y organizado   Rodrigo Romero no aparenta más de 16 años. El adolescente cordobés no pudo evitar la tentación de compartir algunas fotos en su perfil de Facebook. Allí se aprecian cuatro flamantes pares de tenis Adidas. También tres shorts como los que usa la selección alemana de futbol. En su perfil el joven escribió que la policía “me pegó siete balasos (sic) de goma”, pero “me cansé de sacar ropa y tillas (zapatillas)” de un local de ropa deportiva. La confesión consiguió más de 60 likes de sus amigos. No fue el único joven que publicó en la red social fotos del botín y compartió detalles de su participación en los hechos. El periodista Dante Leguizamón, de Canal 10 de Córdoba, le baja algunos decibeles a la declamada intrepidez de éste. Algunos policías de civil participaron en los saqueos, sostiene. “Primero pasaban motos cuyos tripulantes sólo rompían las vidrieras, detrás otras motos que precedían a unas camionetas muy chetas (fresas) en las que comenzaban a cargarse la mercadería saqueada, y recién después el contagio generalizado”, informó Página 12 el domingo 8 citando al reportero. El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, dijo que se investigará la relación entre los robos y las protestas policiales. “Yo pienso que aquí hay complicidad de la policía”, sostiene Pérez Esquivel. “Ellos son responsables de las muertes, de los heridos y de los saqueos”, dice. “De esto yo no tengo dudas. Además hay antecedentes en los que montándose en el problema salarial han intentado dar golpes de Estado. Por ejemplo el caso de Ecuador, contra el presidente Rafael Correa. Esto es gravísimo porque es desestabilizar los gobiernos democráticos que tanto nos ha costado afirmar en la vida institucional del país”. El sueldo inicial de un policía provincial ronda hoy los 5 mil pesos argentinos (unos 750 dólares). Los salarios varían entre una provincia y otra. Los policías exigían aumentos de hasta 100% para retomar sus actividades. Muchos gobernadores cedieron ante la presión de los uniformados. En provincias como las de Buenos Aires y Santa Fe los gobiernos cerraron la discusión tras otorgar aumentos de 80%. El conflicto aún persiste en Salta y Tierra del Fuego. Los grandes medios opositores criticaron al gobierno de Cristina Fernández. “El componente más importante del conflicto es la crisis social no reconocida por el gobierno nacional”, sostuvo el diario La Nación el martes 10. Se acusa al gobierno de plantear una conspiración inexistente. “El problema es más simple: las policías están mal pagadas en un país bajo los efectos de una muy alta inflación”, prosigue La Nación. “Las policías están, además, atravesadas por las complicidades con el crimen. Narcotráfico y malos salarios son una mezcla explosiva”. “Los conflictos policiales y los saqueos pusieron a la vista una crisis de fondo motivada por un modelo productivo que sólo fue atenuado en estos años (de kirchnerismo)”, sostuvo Página 12 el domingo 8. Se refiere al cultivo industrial de soya transgénica, que hoy se extiende hasta las puertas de urbes como Córdoba y Rosario “desplazando población y otras producciones de la agricultura de subsistencia y provisión para el consumo, y encareciendo el valor de la tierra urbana”, se afirma. Las enormes ganancias de la soya se volcaron a la inversión inmobiliaria. Esto disparó el precio en dólares de terrenos y viviendas. Los perdedores, los más pobres, “se asientan de modo precario en terrenos de baja calidad, anegables o con acceso deficiente a los servicios esenciales”, convirtiéndose en mano de obra de un “delito regulado por una policía brava”, prosigue el artículo. “Sin reforma policial y acceso al suelo urbano no hay remedio contra el narcotráfico y la inseguridad”, concluye.   Sindicalización   Cristian Vera tenía 36 años. Era subcomisario en Resistencia, Chaco. No se plegó a las medidas de sus compañeros. Prestó servicio durante los saqueos y disturbios callejeros. Falleció a las 6.30 de la mañana del martes 10. Recibió un tiro de revólver calibre .32. “Hay tres detenidos por su homicidio. Según consta en la causa, el disparo fue efectuado por un joven que iba en una moto junto con otros dos. El grupo –integrado por un menor de 14 de años y dos mayores de alrededor de 20– se acercó a la zona de la avenida. Edison con intención de participar en los saqueos a comercios y en medio de los disturbios le dispararon al subcomisario”, se lee en el portal de la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas Infojus. Los gobiernos provinciales se han visto totalmente desbordados por “la protesta policial con mayor alcance de la historia argentina”, según la define el consultor Rosendo Fraga (La Nación, martes 10). El Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría que dirige registra 205 huelgas de la policía en todo el país desde 1986. Fraga puntualiza que estas protestas “nunca se desarrollaron en simultáneo con los saqueos, como ha sucedido ahora”. La imposibilidad de desactivar esta protesta antes de sufrir severas pérdidas humanas y materiales genera interrogantes. El jefe de gabinete del gobierno nacional, Jorge Capitanich, recalcó la falta de “representación unificada” de los policías que efectuaban los reclamos. Advirtió que “es muy difícil tener sindicalización” en la fuerzas de seguridad “porque portan armas”. Legisladores de la Unión Cívica Radical y del Frente Amplio Progresista, liderado por los socialistas, proponen permitir cierto grado de sindicalismo policial, vedando el derecho a huelga. La idea es habilitar comisiones y delegados para discutir salarios y condiciones de trabajo. “Otros países tienen la policía sindicalizada”, dice Pérez Esquivel. “Aquí los médicos hacen manifestaciones por la situación hospitalaria, los salarios bajos, pero en ningún momento cerraron los hospitales y las guardias para la atención de urgencias”, sostiene. “Aquí la policía se borró totalmente y provocó estos daños. Me parece correcto que puedan tener un sindicato policial, pero también hay que ver cuáles son los ámbitos de reclamo para lograr esos derechos. Nunca pueden ser los que han aplicado en este momento”.   Volver a empezar   José Báez fue futbolista de Colón de Santa Fe en los setenta. Hoy es dueño de una tienda de deportes en dicha ciudad. En su cara hinchada hay cortes y moretones. Por delante tiene la tarea de reconstruir su local y reponer la mercancía. La pesadilla comenzó la noche del sábado 7. Báez vive en la parte posterior de su negocio. Fue despertado por un ruido parecido a una explosión. Al acercarse le costó creer cómo habían levantado la cortina metálica y derribado la reja y el vidrio blindado. Lo peor, sin embargo, ocurrió la mañana siguiente. Báez había llamado a dos herreros para efectuar los arreglos. A la 13:30 paró un taxista y le dijo: “Mira que se vienen de nuevo”. Báez alzó la vista y vio una multitud de gente que llegaba corriendo. Se atrincheró en el negocio junto a su hijo, el novio de su hija, algunos vecinos, los propios herreros. “No sabíamos qué hacer. Agarramos maderas y fierros para defendernos y cuando llegaron se armó una batalla campal”, dijo a Clarín el martes 10. “En un momento no resistí más y dije: ‘Entren, entren, llévense todo’”, recuerda. “Gracias a Dios no tenían armas”, sostiene Báez, quien terminó hospitalizado. Y algo más: “Esa gente que vino a quitarme lo mío a veces me viene a comprar”. El comerciante sostuvo que ningún funcionario del gobierno se puso en contacto con él. Solamente se presentó un oficial de policía para pedirle disculpas. Las policías de Santa Fe y de Córdoba son de las más cuestionadas por sus lazos con el narcotráfico. “La connivencia de sectores policiales con el delito organizado no es nueva”, dice Pérez Esquivel. “Por ejemplo, los desvalijadores de coches, el narcotráfico”, enumera. “Esto no significa que toda la institución hace lo mismo. Hay policías correctos que cumplen sus funciones, pero hay que tratar de desmontar los negocios que otros tienen en el sistema policial”, sostiene.

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