Veracruz: Megaproyecto depredador

viernes, 27 de diciembre de 2013
El gobierno de Enrique Peña Nieto aprovechó un decreto­ con el que su antecesor, Felipe Calderón, desprotegió una parte de los arrecifes veracruzanos, y se dispone a ampliar el puerto de Veracruz aunque esto implique devastar la reserva de la biosfera. El modus operandi es el mismo de las recientes reformas: no escuchar, no consultar. A decir de investigadores y ambientalistas el megaproyecto arrasará con especies únicas, dejará­ inerme a esa ciudad ante los huracanes que la azotan­ periódicamente y ni siquiera es compatible con su infraestructura.­ VERACRUZ, VER. (Proceso).- Con una inversión de 60 mil millones de pesos en 13 años y la promesa de generar 140 mil empleos (100 mil indirectos), el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, con 30 nuevas posiciones de atraque y acceso para buques de gran calado, pone en peligro los arrecifes de Punta Gorda y Bahía de Vergara, cuyo sistema arrecifal fue declarado reserva de la biosfera por la UNESCO en 2006. Aunque el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, anunció que el proceso de construcción se inició con la licitación para el levantamiento de los muros de contención y avances en el sistema de ferrocarril, ambientalistas veracruzanos advierten que proseguirán el litigio para proteger el Parque Nacional Marítimo, aunque un Tribunal Colegiado de Distrito revocó la “suspensión definitiva” del proyecto (expediente 1242/2012 del Juzgado Tercero de Distrito). “¿Que pueden construir? Sí, pero el amparo sigue. La tesis de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la SCT violaron tratados internacionales en materia de conservación ambiental está vigente”, apunta Marco Antonio Muñoz, apoderado legal del Frente Ciudadano por la Defensa del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, el cual se opone a la modificación de los límites del área natural protegida (ANP) declarada hace 21 años por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. En diciembre de 2012, en los últimos días de su mandato, Felipe Calderón desincorporó del ANP a Bahía de Vergara y Punta Gorda, pese a que ahí hay arrecifes coralinos, fauna y zonas rocallosas con biodiversidad de zooplancton y fitoplancton, así como barcos hundidos en la cordillera submarina para la práctica del buceo. A decir del investigador Franklin Rendón González, exsubsecretario estatal de Medio Ambiente, el decreto calderonista producirá daños irreversibles al ecosistema y dejará al puerto de Veracruz más vulnerable ante los fenómenos meteorológicos, pues los arrecifes actúan como una barrera natural. “En la manifestación de impacto ambiental (MIA, hecha por la Semarnat) no hicieron un análisis de riesgo, no evaluaron posibles desastres ni huracanes ni sismos. Uno tiene que ser respetuoso con el mar. El proyecto (de ampliación del puerto) es lesivo, engañoso, arbitrario y aberrante. No sabemos cómo va a reaccionar la naturaleza”, advierte Rendón. Aun así el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue al pie de la letra el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2013. La justificación de Ruiz Esparza: “México no debe desperdiciar esas oportunidades de convertirse en un centro logístico global, como lo expresa el presidente Peña Nieto”. En junio de 1992 Salinas de Gortari asistió a la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. En ese foro, con representantes y jefes de Estado de 178 países y 400 organizaciones no gubernamentales, se discutieron problemas relativos a la gestión de los recursos naturales y al saneamiento. Dos meses después, el 24 de agosto de 1992, motivado por dicha cumbre, Salinas declaró ANP los arrecifes veracruzanos. En una entrevista que dio al diario español El País, el entonces mandatario delineó su intención de crear “un derecho ecológico internacional que propicie la conciliación de intereses, permita regular conflictos y establecer responsabilidades, garantizar una legislación y fijar una obligación para todos los países en cuanto a la conservación del medio ambiente”. Muñoz reitera: “Salinas los protegió (los arrecifes de Veracruz) y Calderón y Fox iniciaron su proceso de destrucción. Peña Nieto no se movió ni un ápice de esta actitud, con tal de continuar el proceso de ampliación del puerto”. Agrega que apenas empiezan los problemas de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante y la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver): “Me pregunto si las mareas los van a dejar construir. El problema es que cuando se hace una MIA amañada no se repara en esos detalles. Las mareas van a taponear la entrada”, detalla. Rendón y Muñoz coinciden en que el puerto carece de la infraestructura carretera, ferroviaria, vial urbana e incluso de densidad poblacional para absorber la oferta de empleo y servicios, como vivienda y agua potable. “¿Dónde están las supercarreteras de ocho carriles y dónde la estructura ferroviaria para mover 95 millones de toneladas anuales?”, cuestionan. Ambientalistas y especialistas en ingeniería civil y náutica destacan que de enero a octubre de 2013 el recinto portuario de Veracruz movió 18 millones 929 mil toneladas de carga (cifras de la Apiver), por lo cual el anuncio de que la ampliación del puerto implica mover 95 millones se pone en duda. Y aunque tampoco se aprecia en la entidad y en el resto del sureste una infraestructura ferroviaria y carretera de esa capacidad, el gobernador Javier Duarte, las cúpulas empresariales locales y la SCT festejaron el anuncio de la obra. “Hay que sacrificarlo” El Frente Ciudadano por la Defensa del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, integrado por pescadores, ambientalistas, exservidores públicos, diputados, activistas, ingenieros, prestadores de servicios turísticos, abogados y científicos del mar, expone su preocupación por el impacto ambiental que significará ampliar el puerto. Desde el 28 de diciembre de 2012, cuando promovieron el amparo 1242/2012 ante el Tribunal Colegiado de Distrito en Boca del Río, los inconformes han organizado conferencias de prensa, manifestaciones y recorridos por los arrecifes de Veracruz. A ellos se refirió en noviembre pasado el consejero nacional de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz, Érick Suárez: “Se están peleando por un pedazo de pinche arrecife que, muerto, vivo o moribundo como está, pues hay que sacrificarlo”. Leonardo Ortiz Lozano, investigador del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías adscrito a la Universidad Veracruzana, señala que el problema es que la Apiver y varias empresas encargadas de hacer los proyectos ejecutivos escogieron “el peor lugar” para ampliar el puerto. Según él, además de Bahía Vergara y Punta Gorda, los arrecifes de Anegada de Adentro y de La Gallerita se colapsarían al acumularse los sedimentos que arrastren las obras portuarias. Por eso insiste en que ni la Semarnat ni la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas elaboraron estudios de impacto ambiental, de la viabilidad del proyecto o algún tipo de estudio para justificar y avalar los trabajos ya hechos. “Nunca los hicieron”, explica Ortiz Lozano. “Los solicitamos a través del Instituto Federal de Acceso a la Información y al cabo de varios recursos de revisión, las dependencias admitieron no tener ningún proyecto o estudio que avalara la destrucción de una parte de los arrecifes del puerto de Veracruz. Es claro que ellos (la Apiver) tienen intereses económicos; nosotros tenemos intereses de preservación”. Violación de la Constitución La juez de distrito en turno del Séptimo Circuito, Cándida Ojeda Hernández, aún debe conseguir tres peritos para dar una resolución final: si la zona arrecifal de Bahía Vergara y Punta Gorda será modificada con la ampliación del puerto o el gobierno de Peña Nieto buscará otro municipio para la obra (Rendón propuso Alvarado). Marco Antonio Muñoz explica: “Faltan algunos elementos para dar la audiencia y el periodo de presentación de pruebas y alegatos. La Presidencia de la República ya mandó a cuatro peritos y nosotros ya presentamos los nuestros. La juez aún no consigue sus cuatro especialistas, sólo tiene a uno, que es un investigador del Centro de Investigaciones Demográficas de la Armada de México”. Admite que el litigio aún podría demorar un año o más y que mientras tanto la Apiver y la SCT podrán continuar con la construcción de los muros de contención con el respaldo del gobierno de la entidad. En su solicitud de amparo, los ambientalistas argumentan que el gobierno calderonista violó los artículos 1, 4, 14, 16, 25 y 27 de la Constitución al ignorar el decreto publicado el 24 de agosto de 1992 en el Diario Oficial de la Federación por el cual se declara área natural protegida, con el “carácter” de Parque Marino Nacional, la zona conocida como Sistema Arrecifal Veracruzano, frente a las costas de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado, con una superficie de más de 52 mil 200 hectáreas. La solicitud de amparo cobró fuerza el 19 de mayo de 2008, cuando el periódico oficial dio a conocer que se destinan al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 48 mil 333.98 metros cuadrados de zona federal marítimo-terrestre en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (islas de Enmedio, Santiaguillo, Verde, Sacrificios y Salmedina), a fin de realizar actividades de protección, restauración, conservación, investigación, saneamiento, aprovechamiento sustentable no extractivo y rescate de los recursos naturales. Sobre la violación a la Constitución y a los tratados internacionales, los ambientalistas exponen en el amparo 1242/2012: “El mal desarrollo urbano de Veracruz ha ocasionado grandes problemas en la población y violenta derechos humanos y garantías individuales. El relleno y desprotección de zonas con animales y plantas únicas en el mundo de zonas de agua marina, implica aniquilar totalmente para toda la vida lo que la naturaleza tardó 350 millones de años en construir. “Es un acto de irresponsabilidad, cuando existen todos los elementos biológicos, técnicos, jurídicos y tratados internacionales que protegen los humedales. Más ahora cuando el amparo se abre al interés legítimo en acto fuera de juicio (como éste, que es decreto del Ejecutivo) y en tutela del medio ambiente.” En el área protegida habitan especies animales y vegetales únicas en el mundo, algunas de las cuales no han sido estudiadas: “Cuando el gobierno mexicano desde 1992 hizo compromisos internacionales de tutelar, es algo de lo que no se puede retractar. Más aún, los arrecifes de coral sirven para evitar que los huracanes entren de golpe a la ciudad de Veracruz. La Constitución impone que el desarrollo debe ser sustentable; este acto de ecocidio, que se traduce en una modificación del citado decreto, debe ser anulado constitucionalmente vía amparo, pues violenta derechos fundamentales”. Propuesta alterna Rendón recuerda que desde hace dos décadas él ha propuesto que en vez de ampliar el puerto de Veracruz se pensara en un recinto portuario nuevo. Desde su punto de vista el lugar adecuado para ello es la Cuenca del Papaloapan, en el puerto de Alvarado, donde se pueden establecer 35 puntos de atraque y un acceso para buques de gran calado, además de construir instalaciones de Pemex y quizá un astillero. Asegura que Alvarado podría servir para descarga de gas, de buques de gran calado, “a un costo mucho menor”, “sin hacer estragos en el medio ambiente” y “pensando en reactivar la economía” de la región. No obstante, durante su visita a Veracruz la última semana de noviembre pasado, Ruiz Esparza dijo ante la prensa: “Los terrenos del puerto ya están, prácticamente hay una urbanización, es una base muy importante y de mucho dinero en el puerto. Una inversión en su etapa completa de 60 mil millones, pero en esta etapa del presidente Peña Nieto es una inversión de 23 mil millones de pesos. Es la oportunidad, como el proyecto que tiene el señor gobernador, de que Veracruz se convierta de nuevo en un centro de atracción internacional”. Agregó que el gobierno federal actuará con “respeto” al medio ambiente, problema que según él “ya está subsanado” pues la Semarnat otorgó “la autorización” para continuar los trabajos. “La idea es que realmente sea un puerto de clase mundial, de respeto al medio ambiente, de respeto a la naturaleza, de respeto a la ecología. Eso queremos y va a ser el orgullo del puerto de Veracruz para los veracruzanos.” Ruiz Esparza aseguró que ya se empezó a adquirir el material en licitaciones públicas para empezar con el levantamiento del muro de contención. Añadió que en 2014 la SCT llevará a cabo otras 16 licitaciones para continuar la obra: “La idea es terminar esa primera etapa en diciembre de 2017”. El pasado 19 de noviembre los dipu­tados Cuauhtémoc Pola (de Movimiento Ciudadano), Fidel Robles (Partido del Trabajo), Ana María Condado y Jesús Velázquez (Partido de la Revolución Democrática) emitieron un punto de acuerdo para exigir a los gobiernos de Peña Nieto y de Javier Duarte que se revoque el cambio al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano realizado al final del mandato de Felipe Calderón. Al respecto, Pola comenta a Proceso que la propuesta se turnará a comisiones y la impulsarán organizaciones ambientales: “De realizarse ese cambio se inhi­biría la construcción y ampliación del recinto portuario, proyecto de la Apiver que pretende extender al doble sus cargas y descargas, tanto industriales como comerciales”.­ En el documento se solicita “proteger” dichos arrecifes, donde además del coral habitan tortugas lora, verde y caguama, así como peces damisela, payasito, tijerilla, cirujano, perro cubano y charal elegante, entre otros. El legislador lamenta que la iniciativa privada se haya “doblado” ante las “falsas promesas” de Peña y Duarte: “Le están vendiendo espejitos. De las licitaciones para la ampliación del puerto no les van a tocar ni las migajas, todo el dinero de la inversión se lo llevarán empresas extranjeras”. Pola coincide con Rendón en que sería mejor construir un puerto alterno o nuevo en Alvarado: “¿Por qué destruir el arrecife si existen condiciones para trasladarse dos municipios más sin afectar el ambiente? La distancia no es nada, hay ferrocarril, hay rutas, hay todo”. Los cuatro legisladores argumentan que la MIA para avalar la obra fue elaborada por la empresa Argo Consultores Ambientales, la cual nunca pudo probar qué técnicas y procesos específicos utilizó para llegar a la conclusión de que la zona no tiene riqueza ambiental.

Comentarios