Los tres "ejes" incumplidos de Jesús Mena

El director de la Conade, Jesús Mena Campos, convocó a los reporteros en marzo pasado para hablar de los tres ejes en los que, dijo, descansará su programa deportivo sexenal. Pero lejos de presentar el documento respectivo a los legisladores federales para su análisis y aprobación, el funcionario se ha dedicado a denostar a su predecesor Bernardo de la Garza y, peor aún, ya transfirió los montos para las 529 obras asignadas a otros tantos municipios este 2013, sin supervisar cómo serán utilizados. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Aun año de haber sido nombrado director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Jesús Mena Campos aún no presenta su Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2012-2018, además de que las acciones emprendidas en torno a los tres ejes en los que supuestamente descansa ese proyecto –anunciados ante los medios informativos– evidencian su ineficaz gestión. Hace casi nueve meses, Mena enumeró las iniciativas más importantes de su administración: 1) la activación física de la población para combatir el sobrepeso y la obesidad; 2) la reestructuración del Programa Deporte para superar la desastrosa situación de la actual infraestructura deportiva, y 3) la profesionalización de las federaciones deportivas, así como la transformación del fideicomiso Compromiso Integral de México con sus Atletas (CIMA), el sistema de becas relegado desde hace 12 años por la iniciativa privada y cuyo patrocinador único es el gobierno federal. Cuando asumió la dirección de la Conade, Mena se encontró con el caos que heredó Bernardo de la Garza. Incluso informó a la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados que entre 2009 y 2012 su predecesor repartió más de 4 mil 500 millones de pesos a distintos municipios para la ejecución de mil 89 obras de infraestructura deportiva. El 82% de éstas, dijo, mostraban irregularidades: los recursos federales se entregaron sin el expediente técnico correspondiente; la comisión no le dio seguimiento a ese presupuesto ni supervisó las obras; algunas de ellas no se realizaron o bien el dinero fue utilizado para otros fines, y, aun cuando las alcaldías tenían adeudos de ejercicios fiscales anteriores, siguieron recibiendo dinero público (Proceso 1879 y 1898). El año más escandaloso fue 2012, según las cifras exhibidas por Mena. En ese periodo De la Garza transfirió recursos superiores a 2 mil 600 millones de pesos a 626 obras, de las cuales sólo cinco tenían expedientes cerrados al concluir el año. Ante esa situación, el directivo de la Conade organizó una conferencia de prensa el 14 de marzo pasado en la cual anunció que el organismo levantaría un censo para conocer el número de instalaciones deportivas en el país y las condiciones en que se encuentran. Mena anunció la creación de un software para almacenar los datos recabados y determinar qué necesitaba remodelaciones, mantenimiento o apoyo para su manejo y operación eficiente. “Esa información –dijo en su conferencia de prensa– se le entregará a la Cámara de Diputados para que (juntos) diseñemos un Programa Nacional de Infraestructura para que el dinero que los legisladores están autorizando cada año (en promedio 3 mil millones de pesos) se aplique bien. “Además, 3% de los montos que se entreguen a cada municipio será destinado para realizar una supervisión federal de las obras. Alguien distinto a los municipios hará esa supervisión.”   Anuncios y bloqueos El ambicioso proyecto de Jesús Mena también incluía subir a la página de internet de la Conade los proyectos ejecutivos de las obras e integrar un catálogo para que cualquier persona pudiera conocer el costo real de cada obra. El propósito era evitar los sobreprecios y que los ayuntamientos pagaran diferentes montos por obras similares. Mena también prometió que cada espacio deportivo contaría con un manual de operación –disponible en su propio sitio web–, de manera tal que, antes de construirlos, los alcaldes tendrían la información precisa de cuánto se invertiría en el equipamiento de esas instalaciones, así como en su mantenimiento y operación. Eso evitaría, según el funcionario, que se convirtieran en elefantes blancos. Las reglas de operación del Programa Deporte 2013, presumió, serían “muy diferentes” a las de 2012; con esos candados, puntualizó, el ejercicio de más de 3 mil millones de pesos sería completamente transparente. Sin embargo, los objetivos del director de la Conade se convirtieron en una lista de buenos deseos. Hoy, en la página de internet del organismo no hay una sola línea que aluda a los compromisos citados. La acción más contundente en su primer año de administración es la firma de un convenio con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) el 25 de septiembre último para que este órgano realice el censo de infraestructura. Ese mismo día, Mena anunció la integración de un Comité Técnico –del cual forman parte el Inegi; la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado–, cuyo propósito es realizar otro censo para conocer “los hábitos deportivos y alimenticios” de los mexicanos. Sin embargo, hasta ahora no se ha fijado la fecha para el levantamiento del censo. De acuerdo con información proporcionada a Proceso por el Inegi, apenas se está diseñando la metodología y las estimaciones para determinar cuántas personas serán encuestadas. La Subdirección General del Deporte de la Conade, encabezada por Juan Manuel Garduño, depositó 100% de las partidas presupuestales destinadas a los municipios. En otras palabras, la comisión no dispuso de 3% de los recursos para la supervisión adecuada de las obras a fin de darle seguimiento al uso de los recursos federales, según lo establecen las propias reglas de operación diseñadas por el organismo para evitar actos de corrupción. Peor aún: la Conade instruyó a los alcaldes a utilizar ese 3% para que ellos contrataran la supervisión directamente; es decir, se supervisarán a sí mismos. De acuerdo con el punto 4.3.1 de las reglas de operación, “los beneficiarios de infraestructura deportiva y su equipamiento deberán destinar 3% de la totalidad de los recursos federales autorizados y los convenidos con los estados y/o municipios, demarcaciones territoriales del Distrito Federal, sector privado, las entidades y/o dependencias de la administración pública, así como asociaciones deportivas nacionales y entidades deportivas, para efectuar la supervisión federal directa de las obras, por lo que deberá dar todas las facilidades a la Conade o a quien ésta designe para tal propósito. La Conade podrá realizar las gestiones que correspondan para que dicha supervisión sea contratada con especialistas externos, definidos por la propia Conade, ajenos a los ejecutores de las obras públicas realizadas con el recurso federal”. La Ley de Obra Pública, así como la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público indican que la comisión debió haber ministrado los recursos federales según el avance de las obras o la compra de equipamiento deportivo. Ese era el propósito al introducir los cambios a las Reglas de Operación 2013, pero no se cumplió. En cada convenio que la Conade firmó con los ayuntamientos transfirió 100% de los recursos en una sola exhibición y sin revisar los expedientes técnicos, presupuestos y programas de trabajo. Era imposible que los revisara, pues carece del personal técnico operativo suficiente para hacerlo. En la Subdirección General del Deporte y en la de Infraestructura –al frente de la cual está Jesús Antonio Torres– trabaja el mismo personal que en la administración anterior. Tampoco podía cerrar de manera simultánea los 621 expedientes de las obras de 2012, los 214 de 2011, los 30 de 2010 y los 27 de 2009. Sólo tiene tiempo para revisar los 529 proyectos de este año. Y como las reglas de operación establecen que aunque el dinero sea transferido a estados y municipios, los recursos deben apegarse a la normatividad federal. Información proporcionada por la Comisión de la Cámara de Diputados en la materia indica que hasta septiembre pasado la Subdirección General del Deporte inició la recepción de solicitudes para transferir los 3 mil millones de pesos entregados a los ayuntamientos. ¿La razón? De marzo a agosto Jesús Mena gestionó en la Secretaría de Hacienda que en lugar de 3% se autorizara 5% de los recursos para supervisión. Asimismo, pretendió reetiquetar los fondos para que la Conade dispusiera del presupuesto del Programa Deporte. La solicitud fue denegada pues se trata de un programa social sujeto a las reglas de operación. “Hay subejercicios y se especula que entonces vienen las reasignaciones (de los recursos federales) que ellos (los funcionarios de la Conade) determinan y luego se puedan gastar como quieran. Es una sospecha”, comenta a Proceso el diputado panista Jorge Rosiñol. El hecho de que hasta septiembre se haya iniciado el procedimiento para la revisión de expedientes y transferencia del dinero significa que en 60 días la Subdirección de Infraestructura analizó la elegibilidad de cada proyecto: la situación jurídica de disponibilidad de los predios, los proyectos ejecutivos, los programas de trabajo y los flujos financieros, entre otros factores. Proceso solicitó una entrevista con el subdirector general del Deporte, Juan Manuel Garduño, quien, según las reglas de operación, es el “responsable de la transferencia de los recursos a partir de la primera asignación y hasta la comprobación total”. Mena no le permitió atender la petición.   El origen   De acuerdo con las fracciones del PRI, PAN, PRD y PVEM en la Cámara de Diputados, el presupuesto 2013 del Programa Deporte se asignó con base en una negociación política, sin considerar un marco programático, presupuestal y normativo de los indicadores de las necesidades de infraestructura deportiva en los municipios. En septiembre de 2012, los legisladores de la Comisión del Deporte seleccionaron los municipios y convocaron a los alcaldes beneficiados para presentar los proyectos de infraestructura deportiva, así como los montos de inversión. Asimismo, esa comisión envió a la de Presupuesto el monto asignado a cada uno de los 529 municipios seleccionados para el Programa Deporte. La información se integró al proyecto de Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 que se autorizó ese mes. En julio pasado, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Partido Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión del Deporte, presentó una propuesta de reasignación de recursos a los integrantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) para darle un mejor destino al Fondo de Infraestructura Deportiva Municipal. Advirtió que cada año se asigna un presupuesto multimillonario a este rubro que, dijo, la Conade no maneja, lo que deriva en la falta de comprobación de parte de los ayuntamientos y el nulo seguimiento que la dependencia da a los recursos federales. El legislador propuso que 30% del presupuesto asignado cada año a la construcción de infraestructura deportiva sea etiquetado para la operación y mantenimiento de las instalaciones que ya existen. Nadie lo respaldó. En entrevista con Proceso, Villanueva critica a la Comisión del Deporte por validar un acuerdo de la Comisión de Presupuesto en que la asignación de los recursos del ejercicio 2013 la hicieron los coordinadores parlamentarios con fines políticos y no con base en la viabilidad de los proyectos de infraestructura. De los recursos etiquetados en 2013 para ese rubro –3 mil 140 millones de pesos–, el PRI asignó a alcaldes de su partido mil 452 millones de pesos. El destino de otros 755 millones lo definió el PRD. El PAN designó 731 millones de pesos para los municipios donde gobierna, mientras que el PVEM distribuyó 202 millones. “Son cuotas por partido y la estrategia deportiva nacional les vale un cacahuate”, acusa Villanueva. Los proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos de cada año, dice, no necesariamente son aquellos que fueron aprobados en la Cámara de Diputados. Agrega que los alcaldes suelen modificar los planes originales y desvían el dinero para construir instalaciones que no son deportivas, pagan aguinaldos con esos recursos o simplemente no los ejercen, pero tampoco los reintegran a la federación. El diputado asegura que la Conade ya transfirió 90% de los recursos a los municipios y estados beneficiados con las 529 obras autorizadas para este 2013.

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