Los escándalos de corrupción en España salpican a la clase política y empresarial de ese país. El más reciente, el llamado caso Bárcenas, involucra de lleno a la cúpula del Partido Popular, a integrantes del gobierno y al propio presidente Mariano Rajoy, quien presuntamente recibió 322 mil 231 euros por concepto de sobresueldos no reportados al fisco. Los efectos políticos ya son evidentes: El apoyo ciudadano a la gestión de Rajoy se desploma, las marchas de protesta contra la corrupción de su partido se multiplican y los líderes de la oposición de plano le exigen que renuncie. MADRID (Proceso).- El caso Bárcenas se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para el presidente Mariano Rajoy: La publicación de 14 páginas de un cuaderno con los apuntes de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular (PP), puso al descubierto que el mandatario y un buen número de altos dirigentes de su partido presuntamente cobraron “dinero negro” proveniente de donaciones ilegales que hicieron empresas españolas, principalmente del ramo de la construcción. Se trata de los apuntes de una contabilidad paralela a la oficial del PP, en los que Bárcenas anotó los jugosos sobresueldos que desde 1990 a 2008 recibieron los dirigentes sin que ese dinero fuera reportado al fisco, y que dio a conocer el periódico El País el 31 de enero y el domingo 3. Rajoy habría cobrado 322 mil 231 euros, producto de las 35 aportaciones periódicas que recibió entre 1997 y 2008. Además entre 2003 y 2008, siendo presidente del PP, aparecen apuntes para la adquisición de trajes y corbatas por un monto de 33 mil 207 euros a nombre de Trajes Mariano, Corbatas presidente o Trajes M.R. Este escándalo –conocido ya como “caso Bárcenas”– golpeó directo a la credibilidad de Rajoy, descrito por su entorno como un hombre austero y honesto. Optó por negar que el PP cobrara o pagara nunca “dinero negro” durante un acto partidista el sábado 2, donde afirmó que son “infundios” contra él y el partido, que “dañan a España”. También la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, negó la veracidad de la información y rechazó haber recibido sobres con dinero. Sin embargo en los documentos la también presidenta de Castilla-La Mancha aparece con dos cobros por un monto de 15 mil euros en 2008, poco después de asumir la dirigencia partidista. Este escándalo se sumó a un cúmulo de casos de corrupción que acabaron con la paciencia de los españoles, quienes durante los 13 meses de gobierno de Rajoy han padecido una agresiva política de recortes a las prestaciones sociales y, en contraparte, incremento en impuestos (IVA, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el de Bienes Inmuebles) y servicios (copago sanitario). Desde que estalló el escándalo se han sucedido las protestas frente a la sede del PP, en el número 13 de la calle Génova, donde los ciudadanos molestos gritan consignas como “¡Rateros!”, “¡Que se larguen!”, “¡Más educación y menos corrupción!”. Así lo hicieron cientos de jóvenes que recorrieron las calles del centro de Madrid el miércoles 6. En las últimas semanas los principales titulares de la prensa española están ­vinculados a casos de corrupción, entre ellos el Urdangarín. Este último se refiere al juicio que se sigue contra el duque de Palma acusado de cinco delitos, entre ellos blanqueo de capitales, al aprovechar su fundación y su posición en la Casa Real para beneficiarse de contratos con los gobiernos balear y valenciano. Esta es una pieza judicial separada del caso Palma Arena, que enjuicia al expresidente balear del PP, Jaume Matas. Los casos se acumulan vinculando al PSOE (caso Campeón, caso ERE), a Convergencia i Unió (CiU) que promueve la independencia catalana (caso ITV, caso Pallerols, caso Palau) y a otros políticos en los casos Malaya, Pokemón, Mercurio, Bankia… Esto ya tiene reflejo en las encuestas: El miércoles 6 el Centro de Investigaciones Sociológicas difundió su sondeo de enero que arrojó que el PP tiene una ventaja electoral de 35% –aún 4.8% más que el PSOE–, con una caída de 9 puntos desde el inicio del gobierno. A su vez la encuesta de Metroscopía para El País, difundida el domingo 3, concluye que el PP cayó casi 20% (de 43.6 a 23.9%) desde las elecciones generales de noviembre de 2011. El 77% de los encuestados rechazó la gestión de Rajoy, 85% desconfía de él, 77% pide un congreso extraordinario del PP que depure responsabilidades por la corrupción y 54% exigió elecciones adelantadas. Dirigentes de tres partidos –el PSOE, Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia– pidieron por separado que Rajoy dimita y adelante las elecciones generales para un nuevo gobierno. Hasta hoy Rajoy y su equipo se han negado.   “Luis el cabrón”   En entrevista con Proceso, José Luis Peñas –exconcejal del PP en Majadahonda, cuya denuncia fue base del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política y una de cuyas derivaciones es el caso Bárcenas– coincide con la exigencia de dimisión de Rajoy. “Una persona con un mínimo de dignidad y ética política, desde hace mucho tiempo hubiera dimitido. Sólo recordemos que hace casi cuatro años, cuando surgió la acusación contra Bárcenas, Rajoy se enrocó en su defensa, lo protegió, le pagó su defensa y le mantuvo su oficina durante un tiempo”, dice. Peñas se refiere a la aparición pública de Rajoy el 2 de abril de 2009 arropado por su comité ejecutivo nacional. El entonces líder de la oposición defendió a Bárcenas y al eurodiputado Gerardo Galeote: “Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes”, dijo entonces Rajoy. Los documentos de la investigación, sin embargo, arrojaban que el entonces tesorero había recibido 1 millón 353 mil euros en efectivo de la trama Gürtel, y Galeote 652 mil euros en efectivo, viajes, coches y joyas. El denunciante entregó en diciembre de 2007 a la Unidad de Delitos Financieros y Económicos de la Policía Nacional un conjunto de casetes con 17 horas de grabaciones subrepticias de sus conversaciones con el empresario Francisco Correa, cabeza de la trama, en las que éste alardeaba de pagar comisiones ilegales a miembros del PP a cambio de contratos para sus empresas o como intermediario para otros empresarios (Proceso 1746). A la fecha la justicia está procesando a 60 dirigentes o exdirigentes del PP y empresarios de Madrid, Valencia, Castilla y León. La justicia española envió comisiones rogatorias a Suiza y Estados Unidos solicitando información de los procesados. El caso está en manos del juez Pablo Ruz, quien ocupó el juzgado de la Audiencia Nacional que dejó vacante Baltasar Garzón, víctima del caso Gürtel al ser condenado por un delito de prevaricación tras estallar esta bomba contra el PP. Entre los documentos incautados a Francisco Correa, la policía y el juez descubrieron anotaciones en la documentación contable que identificaban las donaciones personales que recibía Bárcenas bajo las denominaciones “L.B.” o “Luis el cabrón”, por lo que fue acusado por cohecho y delito fiscal. El tesorero presionaba a alcaldes para que le dieran obras y la organización de eventos del PP a Correa. Bárcenas fue el hombre del dinero en el PP durante 20 años, primero como gerente y desde 2008 como tesorero general por designación directa de Rajoy. Por sus manos pasaron todos los detalles y secretos del manejo financiero de ese partido. Pese a las evidencias y a la presión interna para que este acusado renunciara al PP y que abandonara el escaño de senador, Rajoy lo protegió. Bárcenas resistió a esa presión y mandó las primeras señales exigiendo la protección partidista bajo el entendido de que él tenía los secretos del PP. No fue sino hasta el 19 de abril, 14 meses después, cuando presentó su dimisión al Senado. Un dirigente político relató a corresponsales que Bárcenas presionó a Rajoy, sabedor de que era una bomba de tiempo por el volumen de información con que contaba. La prensa española asegura que al abandonar el PP transportó nueve cajas con documentación vital.   Cuentas en Suiza   En pasado 16 de enero se hizo público que Ruz encontró una serie de cuentas de Bárcenas por 22 millones de euros que estuvieron depositados en el Dresdner Bank, en Ginebra, para evitar el brazo de Hacienda en España. Esta nueva información fue parte de la respuesta que Suiza dio a la comisión rogatoria girada en mayo de 2009, es decir, la respuesta tardó tres años y medio. Según fuentes judiciales el retraso se deriva de otro caso, de la negativa de España a extraditar a Suiza al francoitaliano Hervé Falciani, el técnico informático que extrajo información del banco HSBC en Ginebra, que contiene las listas de miles de defraudadores. La información en poder de Ruz concluye que Bárcenas habría trasladado una parte de sus fondos privados al banco Lombard Odier Darier en julio de 2009, después de declarar como enjuiciado en el Tribunal Supremo, en virtud de que entonces aún mantenía su fuero parlamentario. Bárcenas habría vaciado sus cuentas del Dresdner Bank a partir de mayo de 2009, es decir, poco después del evento en el que Rajoy lo defendió. Peor aún: Un informe entregado por la defensa de Bárcenas al juez destapó que el extesorero regularizó 10.9 millones de esos fondos a través de la amnistía fiscal que el gobierno de Rajoy anunció en marzo pasado, cuyo objetivo era hacer “aflorar” el dinero oculto de los defraudadores. Y lo hizo con el pago sólo de 1.4 millones de “multa”. El tema acorraló más a Rajoy frente al airado reclamo de la oposición, que obligó a la comparecencia parlamentaria del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La ministra de Salud, Ana Mato, también se vio atrapada en los avances del juicio Gürtel: El viernes 1 se supo que entre 2000 y 2004 Francisco Correa –inmerso en la trama Gürtel– les pagó a ella y a su familia viajes a destinos españoles y europeos –Suiza e Irlanda–, obsequios de moda y las fiestas infantiles de la familia por un monto que rebasa los 50 mil euros. Su exesposo Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo, está imputado en el caso. Gaspar Llamazares, portavoz de la comisión de Salud del Congreso, dijo que Mato no tiene legitimidad para seguir en el cargo porque “no puede ser al mismo tiempo la ministra de los ‘copagos’ y de los regalos”. Pero ahí no terminaron los problemas para Rajoy y su entorno. La primera información sobre la contabilidad paralela la difundió el periódico El Mundo el 20 de enero, asegurando que Bárcenas pagó “sobresueldos en (dinero) negro” a parte de la cúpula del PP, por cantidades que oscilaban entre 5 mil y 15 mil euros mensuales. Aunque no identifica a sus cinco fuentes el diario aseguró que el dinero procedía de comisiones cobradas a constructoras. “Bárcenas ha amenazado con sacar a la luz esta contabilidad si el partido no le ayuda a librarse de las consecuencias penales del caso Gürtel, que podría arrancarle una condena de cárcel”, señaló. “No me consta” la existencia de esos pagos, fue la respuesta que dieron De Cospedal y el resto de la cúpula. Sin embargo el 28 de enero El País publicó lo que denominó “los papeles secretos de Bárcenas”, que registran que ese sistema de pagos para evadir al fisco venía desde la época de José María Aznar y prosiguió con Rajoy. E identificó a las empresas que hicieron las donaciones. Este tema provocó un cisma en el PP y en los sectores político y empresarial porque también aparecen los vicesecretarios Rodrigo Rato –exministro de Aznar y exdirector gerente del FMI– y el ultraconservador Jaime Mayor Oreja. El dinero alcanzó también a los secretarios generales Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, entre muchos otros. El diario también aseguró que más de dos tercios de los ingresos registrados en la contabilidad manuscrita que llevaba el extesorero del PP “vulneraban la ley de financiamiento de partidos políticos”. Los supuestos donativos superaban los topes legales de haber sido entregados por vías oficiales o bien porque procedían de empresas a las que les está prohibido hacer aportaciones a los partidos. Esos documentos secretos de Bárcenas podrían abrir la puerta a un delito de financiamiento ilegal del PP, porque incluyen gastos de funcionamiento del partido, como pago de asesoría jurídica, encuestas o estudios, entre otros. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, decidió pedir a la Fiscalía Anticorrupción investigar esos posibles sobresueldos, por encontrar indicios de delito. Aunque su idea inicial era solicitar al juez Ruz que abriera una “pieza separada” del caso Gürtel, decidió que lo lleve la fiscalía, porque por el momento no se ha encontrado relación entre la contabilidad “B” con las cuentas de Bárcenas en Suiza. Para conocer el origen de los fondos de dicha contabilidad y el destino de los mismos la fiscalía llamó a declarar a Bárcenas, a su antecesor Álvaro Lapuerta y al exdiputado del PP Jorge Trías, quien como testigo confirmó que Bárcenas le mostró hace años el cuaderno de los apuntes que reveló El País. Los dos primeros negaron la existencia de una contabilidad secreta. Por otra parte Ruz pidió informes a la Agencia Tributaria para conocer si además de Bárcenas y Alfonso García Pozuelo (dueño de la constructora Hispánica), otros 21 enjuiciados por la trama Gürtel se acogieron a la amnistía fiscal del gobierno de Rajoy, entre ellos Francisco Correa y su número dos, Pablo Crespo. Se solicitó además un informe para certificar si Bárcenas cometió un delito fiscal al regularizar los 10.9 millones de euros. Pero el goteo no termina ahí: Los informes de las autoridades suizas hunden más a Bárcenas porque se descubrió una nueva cuenta en el Lombard Odier, desde donde transfirió 1.5 millones de euros al español Bankia, con los cuales pagó para acogerse a la amnistía fiscal. El expresidente Aznar presentó una demanda contra El País por violación al derecho al honor, porque el matutino le atribuyó “supuestas conductas y decisiones ilegales en la gestión económica del PP”, según un cable de Europa Press. El diario había asegurado, citando al entorno de Bárcenas, que “desde la etapa de la presidencia de José María Aznar hasta la del propio Mariano Rajoy, los principales dirigentes del partido han cobrado un sobresueldo que ni el partido ni ellos declaraban al fisco”, y atribuye que el “sistema fue ideado por Aznar”, que se negó a cobrar “un sueldo tan abultado como presidente del PP”. Supuestamente ausente de la primera fila de la política desde septiembre pasado, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, es la que mayor provecho político está obteniendo del escándalo: Se propuso para encabezar “una urgente regeneración democrática” de la política y encabezó una revuelta de los “barones” del PP exigiendo a Rajoy que se querelle contra Bárcenas, supuesto al que hasta hoy el presidente se niega a llegar.