Edomex: La calle de la pesadilla

miércoles, 6 de febrero de 2013
Aun cuando el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, se afana en declarar que su administración no tolerará que el crimen organizado amedrente, intimide a la autoridad o pretenda controlar algún municipio local, lo cierto es que La Familia Michoacana, Los Templarios, Los Zetas y otros cárteles tienen presencia en 52 de ellos, lo que se refleja en la violencia exacerbada y el incremento de las ejecuciones. El caso más oprobioso es el de la calle Pemex –“la calle de la pesadilla”–, en la colonia Obrera Jajalpa de Ecatepec, donde sólo en enero pasado murieron 21 personas. ECATEPEC, MÉX. (Proceso).- Apenas tiene 100 metros de longitud, pero en los últimos seis meses la calle Pemex, en la colonia Obrera Jajalpa, cobró notoriedad pues ahí han sido ejecutados o tirados los cuerpos de 21 personas, dicen los habitantes del lugar. “¡Esto ya no es vida!”, prorrumpe una vecina. Tiene la mirada fija en uno de los vendedores de droga de la zona, donde también pululan halcones que vigilan las 24 horas del día desde una de las esquinas de esta calle adoquinada que hoy, recalca, es la más violenta de este municipio y de la entidad. La pesadilla –así le llaman los mexiquenses– empezó cuando Enrique Peña Nieto era el gobernador. De hecho la dejó como herencia a su sucesor Eruviel Ávila, cuya administración sabe que en ese entorno las bandas del crimen organizado, entre ellas La Familia Michoacana, controlan la mitad de los 125 municipios mexiquenses, sobre todo en la zona limítrofe con la Ciudad de México. De acuerdo con informes internos del gobierno mexiquense, en los últimos cinco años las pugnas entre La Familia y Los Caballeros Templarios y Guerreros Unidos –estos últimos ligados a Los Zetas– han cobrado 2 mil 221 vidas. En enero pasado, el mes más violento, hubo 105 muertes relacionadas con el crimen en el valle de Toluca y en este municipio. En la calle Pemex de Ecatepec la violencia afecta a los habitantes, residencias, comercios; las huellas se observan incluso en el maltrecho adoquín de las calles, impregnadas de manchas oscuras; son costras de la sangre de las víctimas de los delincuentes que se disputan la plaza. Nadie se atreve a limpiarlas por temor a las represalias. El sábado es día de mercado en la colonia y todo mundo sale a realizar sus compras, incluso los adictos al crack o a la cocaína, quienes acuden a un sitio conocido como El Punto, ubicado en la esquina de Pemex y Kennedy. Ahí consiguen la droga a cualquier hora del día. El dealer, un enjuto joven de pelo largo, mira con desconfianza a los transeúntes que no son del lugar. No es de la colonia, pero ya conoce a casi todos los que pasan por ahí. Observa cada movimiento mientras platica en la calle con el conductor de un bicitaxi. No hay forma de evadirlo para tomar una foto de las casas de cemento, la mayoría de uno o dos pisos. Sobresale una con orificios de bala en su fachada anaranjada; sus habitantes no se atreven a resanarla para no exponerse a las escrutadoras miradas de los halcones. Violencia expansiva   El último mes la violencia creció en el Estado de México, donde hubo 105 ejecutados –39 de ellos en Toluca, la capital–, superada sólo por Chihuahua, con 142, según los reportes periodísticos. De los municipios mexiquenses el más afectado es el de Ecatepec, donde en la colonia Obrera Jajalpa, ubicada a cinco minutos de la cabecera municipal y a menos de media hora de la Ciudad de México, la violencia se ha incrementado en la calle Pemex desde finales del año pasado. En octubre del año pasado, a plena luz del día, un grupo de pistoleros levantó a cinco adultos y a un joven de 14 años. Sus cuerpos fueron arrojados horas después en esa calle. El 8 de diciembre irrumpió un comando y empezó a disparar contra las casas. El 2 de enero hubo tres ejecuciones; siete días después otras dos, y el día 22 cayó otro par. Los 13 cadáveres estuvieron varias horas a la intemperie. “Nadie nos hace caso. Ya llevamos tiempo con esto, ya lo denunciamos y no pasa nada. En la madrugada pasaron dos camionetas con soldados y otras de policías. Pero, ¡miren!, ni siquiera los asustaron”, dice un vecino al reportero y al fotógrafo. “Pero, ¡cómo se van a asustar!, si hasta los policías vienen a comprarles (droga). ¡Es el colmo!”, exclama otro. Los habitantes relatan que la calma se rompió desde el 21 de julio de 2012. Un joven vendedor de drogas conocido como Alan fue ejecutado en la calle Pemex. Desde entonces ha habido 21 muertos. “El colmo fue cuando tiraron los seis cuerpos desnudos. Estábamos ahí mirando cuando de pronto llegó un joven en una motoneta. Yo creo que tenía como 14 años. Nos preguntó dónde había una papelería y le dijimos que ahí, en la misma calle. Compró una cartulina y frente a nosotros comenzó a escribir algo en ella. Al terminar la puso encima de los cuerpos. Era un mensaje que decía: ‘Esto les va a pasar a quienes sigan vendiendo. El duende verde’. “Nadie hizo nada. Y cuando lo denunciamos, las autoridades nos dijeron que ya no protestáramos, que eso ya era normal”, comenta uno de los entrevistados.   La frontera urbana   El Estado de México comparte con el Distrito Federal cientos de kilómetros como frontera. La línea limítrofe se pierde en calles, unidades habitacionales, ríos y solares llenos de basura. En esa franja viven aproximadamente 6 millones de personas. Ahí, dicen los residentes, la violencia está incontenible. Los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Los Reyes La Paz, Chimalhuacán, Huixquilucan, Atizapán y Naucalpan forman parte de las franjas urbanas que se disputan siete cárteles de la droga, según informes internos del gobierno mexiquense consultados por el reportero. De acuerdo con el mapa del crimen organizado en territorio mexiquense, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y Guerreros Unidos son las principales bandas que se disputan la plaza, aunque también están Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, lo que queda de la organización de los Beltrán Leyva y Los Zetas. De los 56 municipios mexiquenses donde opera el crimen organizado, La Familia Michoacana tiene presencia en 54, entre ellos Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, Chicoloapan, Texcoco, Amecameca, Chalco, Coacalco, Ixtapaluca, Huixquilucan, Naucalpan, Cuautitlán, Zumpango, Zinacantepec, Atlacomulco y Valle de Bravo. También disputa los municipios del sur de la entidad, como Luvianos, Tejupilco, Anatepec, Tlatlaya y Tonatico, que colindan con Michoacán y Jalisco y forman la llamada “tierra caliente”. En esa zona también están Los Templarios y Los Zetas. El 10 de mayo de 2010, cuando aún era gobernador, Peña Nieto declaró que el Estado de México y el Distrito Federal se habían convertido en “guarida” de los jefes del narcotráfico. Según él, la zona metropolitana era “el gran mercado consumidor” que los grupos se disputaban. De 2008 a la fecha, las autoridades mexiquenses registraron 2 mil 221 ejecuciones en todo el estado. El 2012 fue el año más violento, con 523, la mayoría de ellos en el oriente, pero sobre todo en Ecatepec. Los documentos consultados por el reportero indican que la pugna data de marzo de 2011, cuando en municipios de Michoacán aparecieron mantas en las que se anunciaba la escisión de la Familia Michoacana y la aparición de Los Caballeros Templarios, cuyos sicarios se enfrentan por las plazas de Michoacán, Guerrero y el Estado de México. En ese ínterin surgió el grupo Guerreros Unidos. Mario Covarrubias Salgado, alias M, quien trabajó para los Beltrán en el estado de Guerrero antes de aliarse con La Familia Michoacana en Chilpancingo, se desplazó al Estado de México. Al final cambió de bando y se unió a Los Templarios para arrebatarle Guerrero y Estado de México a sus antiguos aliados. Investigadores de la Procuraduría General de Justicia estatal tienen identificados a los jefes de La Familia en cada municipio; saben incluso que son comandados por José María Chávez Magaña, El Pony, cuya base de operación abarca los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl. Una ficha policial consultada por el reportero señala, por ejemplo, que El Pony es originario del municipio de Tepaltepec, donde cuidaba ranchos y ganado. Mide metro y medio y tiene entre 40 y 45 años. “Es muy cuidadoso, pues ni sus propios miembros pueden hablar directamente con él; todo lo realiza por medio de su secretario, al que le dicen Carlos o La Sombra”, según el documento. También consigna que en 2007 se escapó del penal de Zitácuaro, donde había sido recluido luego de que las autoridades estadunidenses lo extraditaron. Hoy, El Pony es la pieza clave de La Familia Michoacana en el Estado de México. En agosto de 2012 se reforzaron los patrullajes militares en territorio mexiquense. No obstante, la aparición de 12 cuerpos desmembrados en la ciudad de Toluca a finales de enero obligó al gobierno federal y al estatal a incrementar la presencia de soldados en la periferia del Estado de México y el Distrito Federal.   Tierra sin ley   El paisaje mexiquense conurbado con el Distrito Federal es árido y terregoso en la zona oriente. No hay grandes construcciones ni zonas verdes. Muchas calles están sin pavimentar y en municipios como Ecatepec y Nezahualcóyotl el servicio de basura lo dan carretas tiradas por mulas que también suelen ser utilizadas para el transporte de droga de una colonia a otra. En las esquinas de algunas calles se vende crack, cocaína y mariguana a cualquier hora del día. Los narcomenudistas también ofrecen sus servicios domiciliarios por teléfono o internet, lo que, dicen los vecinos, disminuye los riesgos. La mayoría de los vendedores y clientes son adolescentes. Desde 2002 las autoridades registraron la presencia del Cártel de Neza, encabezado por Delia Patricia Buendía Gutiérrez, Ma Baker, cuyo control se hacía sentir en ese municipio mexiquense, e incluso en la delegación Iztapalapa, en el oriente del Distrito Federal. Del otro lado de Nezahualcóyotl y Ecatepec, hacia el norte, el panorama es distinto. En Huixquilucan, donde comenzaron a proliferar residencias y departamentos de lujo a partir de 2006, también hay rastros del narcotráfico. En noviembre pasado, tropas del Ejército detuvieron a Jesús Alfredo Salazar Ramírez, alias El Muñeco, presunto lugarteniente de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en ese municipio. En septiembre de 2008, en las barrancas de El Olivo, municipio de Ocoyoacac, cercano a Huixquilucan, fueron hallados los cuerpos de 24 albañiles. En 2010 los militares detuvieron en Bosques de la Herradura a José Gerardo Álvarez, El Indio, y a 15 integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva. Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, tenía una casa en Huixquilucan, donde se registraron 25 ejecuciones durante 2011. Al año siguiente se localizaron 12 cadáveres en la localidad de San Juan Yautepec, del mismo municipio. En septiembre de 2011, en su quinto informe de gobierno, Enrique Peña Nieto manipuló las cifras al asegurar que la tasa de homicidios dolosos en la entidad se había reducido de 16.5 a 7.6 por cada 100 mil habitantes. La revista británica The Economist lo desmintió de inmediato con cifras del Sistema Nacional de Seguridad, según las cuales de 2006 a 2007 las muertes se incrementaron 62%. Y en enero pasado, cuando la violencia cobró 105 vidas, el gobernador Eruviel Ávila saltó a la palestra para decir que su gobierno no permitirá que el crimen organizado amedrente, intimide a la autoridad o pretenda controlar alguno de los 125 municipios mexiquenses. Sin embargo, en un recorrido de varios días por los municipios aledaños a la Ciudad de México, el reportero constató que los cárteles controlan calles, parques, avenidas y comercios; a estos últimos les cobran incluso derecho de piso. En la esquina de Lázaro Cárdenas y Alfonso Sierra, en Nezahualcóyotl, por ejemplo, la cocaína y el crack se venden frente a las patrullas municipales; los narcomenudistas incluso se desplazan hacia el Distrito Federal con naturalidad, sin que nadie los detenga. Según los informes de inteligencia policiaca consultados por Proceso, una de las principales rutas de paso de cocaína proveniente de Sudamérica es el Bordo de Xochiaca, y de ahí, tras recorrer el circuito mexiquense, sale hacia Querétaro y se distribuye por todo el bajío. Por ese corredor salen también los autos robados que se venden completos o en piezas en el mercado local y en Centroamérica.   Frivolidad municipal   El profesor Manuel Ambriz Roldán, integrante del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), descarta que el aumento de la violencia en suelo mexiquense sea un mensaje para Peña Nieto, como lo fue para Felipe Calderón en Michoacán en 2006, cuando le declaró la guerra al crimen organizado. “La situación es diferente. Para Peña Nieto el problema del crimen organizado es una herencia que le dejó Calderón, a quien (los cárteles de la droga) sí le mandaron un mensaje de que no se iban a dejar”, precisa el investigador especializado en presencia de bandas delincuenciales en la Ciudad de México y el Estado de México. Refiere que, en efecto, el poder de esos grupos ha crecido en el Estado de México, por lo que, dice, la presencia de las Fuerzas Armadas no va a disminuir la espiral de violencia y muerte en la zona. Así, mientras que el crimen organizado se posiciona en más de la mitad de los municipios de la entidad, en Ecatepec los colonos se quejan porque su presidente municipal, el priista Pablo Bedolla, está más preocupado por traer nuevos animales para la granja ecológica empotrada en el cerro de Ehécatl que en abatir la inseguridad en las 500 comunidades donde hoy sólo cuenta con 38 patrullas. En el colmo de la incoherencia, señalan, Bedolla organizó un desfile en noviembre para traer al canguro Joey a la granja ecológica local. El gusto le duró poco, pues el animal murió por falta de atención. Al alcalde se le ocurrió traer otro animal exótico. Mandó pintar las calles por donde pasaría el nuevo espécimen rumbo al zoológico, donde cohabitará con un par hienas, cerdos de Vietnam, y avestruces y gallinas de Guinea. El 5 de enero la recepción fue espectacular. Ese día arribó una jirafa de tres años y 3.20 metros de altura. Ahora, la prioridad del ayuntamiento de Ecatepec es darle nombre a la mascota, más que la pavimentación de cientos de calles, atención al alumbrado público en por lo menos 30% del territorio y la depuración del cuerpo policiaco, algunos de cuyos elementos son señalados por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.  

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