Justicia entrampada, en caso de joven asesinado por militares en NL

miércoles, 6 de febrero de 2013
MONTERREY, N.L. (apro).- El doctor Otilio Cantú González está decepcionado de la justicia mexicana. Un grupo de militares que hacían labor de policías asesinaron a balazos a su hijo Jorge Otilio Cantú Cantú la madrugada del 18 de abril de 2011, al sur de esta capital. Desde entonces, el expediente 239/2011 ha pasado entre juzgados, tribunales y agencias ministeriales, y aún no se establece quién será la autoridad que juzgará a los siete elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) implicados en homicidio calificado y encubrimiento. El doctor Otilio Cantú denuncia que, en el último giro en el juicio que se sigue a los inculpados por la muerte de su hijo, quien recibió más de 20 balazos, un Tribunal Colegiado ya asignó el caso a un juzgado federal, pero éste se niega a iniciar el procedimiento por supuesta incompetencia. El padre de la víctima explica que el 24 de enero pasado el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en el Distrito Federal, dictó sentencia en el segundo juicio competencial 17/2012 para determinar qué autoridad juzgaría a los militares, quienes la madrugada de los hechos patrullaban como policías preventivos en calles de Nuevo León. Inicialmente se anunció que un juez militar procesaría a los soldados, pero después el expediente fue turnado a un juzgador civil. Para dirimir el conflicto, el Tribunal Colegiado analizó el caso y sentenció que fuera el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal con sede en Nuevo León el que debía conducir el proceso. Sin embargo, el juez en esta entidad de nuevo rechazó aceptar el caso, lo que contraviene principios legales, dice el doctor Otilio Cantú. “La ley establece un plazo de cinco días hábiles para la notificación, que se cumplieron el pasado 31 de enero, sin embargo nos encontramos frente a una renuencia de los jueces para asumir su competencia y responsabilidad”, acusó. Esta violación constitucional, señala, le provoca impotencia, pues los diferentes poderes “pisotean” la ley sin recibir un castigo formal por ello. “En lo que se debería pensar es cómo obligar a cumplir y hacer cumplir las leyes que se violentan constantemente por dolo, impunidad, corrupción y, o incompetencia o por desconocimiento de la Constitución, por los propios jueces que dan a cada ley su propia interpretación”, señala. También subraya que, por lo visto, el sistema penal en el país ha desdeñado el caso del joven que fue asesinado días después de haberse casado y al día siguiente que regresaba de su luna de miel para integrarse al trabajo. “Todo lo que se ha hecho fue minimizar el caso y dilatarlo ya 21 meses, sin que se pueda hacer justicia, que es la que necesitamos las personas agraviadas por criminales. Es justicia mal aplicada. Ahora le toca a la familia esperar a que el Juzgado Sexto reciba el caso, continuando la ‘revictimización’ tan señalada por los organismos de derechos humanos pero que parece no importar a nadie”, lamenta. De los siete militares que están actualmente en prisión, tres son juzgados por homicidio calificado, tres por encubrimiento y uno por ambos delitos.

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