Atenco, ni perdón ni arreglo "amistoso"

sábado, 16 de marzo de 2013
Ante las atrocidades perpetradas por elementos policiacos en San Salvador Atenco no puede haber ninguna solución amistosa y sí, en cambio, es necesario buscar que se haga justicia, aunque sea ante organismos internacionales. El gobierno de México sufrió un nuevo revés en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de que funcionarios de la Secretaría de Gobernación,  encabezados por Lía Limón y Manuel Gómez Robledo,  fracasaron en su intento de desactivar la denuncia que 11 mujeres presentaron ante ese organismo de justicia internacional en contra del Estado mexicano por las vejaciones que sufrieron a manos de la policía en mayo de 2006. MÉXICO, D.F. (Proceso).- En su primera participación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de Enrique Peña Nieto fracasó en su intento por evitar la difusión internacional del fantasma de la represión policiaca desatada en San Salvador Atenco que lo persiguió durante su gestión como gobernador del Estado de México y como candidato a la Presidencia. Durante la audiencia pública realizada en Washington, sede del organismo de la OEA, la representación del Estado mexicano encabezada por la expanista Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se topó con la negativa de 11 mujeres agredidas sexualmente durante el operativo de mayo de 2006 para negociar una “solución amistosa”, a fin de evitar una eventual sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Ante los comisionados Tracy Robinson, Rosa María Ortiz y Rodrigo Escobar, éste relator de la CIDH para México, los representantes del Estado mexicano, los abogados de las víctimas –del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)– y decenas de personas que acudieron a la audiencia, en representación de 11 de las decenas de mujeres ultrajadas el 4 de mayo, Bárbara Italia Méndez Moreno leyó en una carta: “No vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el Estado ha demostrado en estos más de seis años no sólo su incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia –máxime porque sus únicas acciones han estado relacionadas con la denuncia que hemos levantado a nivel interamericano e internacional–, sino también sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco y sobre la búsqueda de la justicia”. En esa misiva dirigida al secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, las 11 mujeres que sostienen el caso identificado con el número 12.486 pidieron el informe de fondo, preludio para iniciar un litigio en el tribunal interamericano. Momentos antes, Limón expresó “la voluntad del gobierno mexicano de resolver este asunto con una solución amistosa conforme lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reglamento de la CIDH”. También aseguró que la administración de Peña Nieto contaba con “un marco jurídico adecuado, en particular con la Ley General de Víctimas, que establece los parámetros para trabajar de manera conjunta en la construcción de esta vía”. En su discurso, Limón se refirió a la conclusión de mayor controversia de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Atenco de febrero de 2009, la cual excusó a los altos funcionarios de los abusos perpetrados durante la represión policiaca. Dijo Limón: “Esas violaciones graves de garantías individuales y de derechos humanos no se debieron a una estrategia estatal, ni obedecieron a órdenes ilícitas de autoridades superiores para preparar la agresión o urdir acciones contra los manifestantes”. La oferta de la subsecretaria de Gobernación fue apuntalada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Manuel Gómez Robledo, quien informó que de 2006 a 2009 21 casos sometidos a la CIDH se resolvieron por la solución amistosa. Pidió a los comisionados su colaboración para concretar esa vía y “reparar a las víctimas, de conformidad con la estándares de los derechos humanos y de conformidad con la Ley General de Víctimas”. La posibilidad se cerró cuando Bárbara Italia recordó en la lectura de la carta que el Estado “tuvo oportunidad desde el año 2006 de demostrar una voluntad para investigar y sancionar las violaciones alegadas”. El texto enviado a la CIDH el viernes 8 fue firmado por Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Linares, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo y la propia Bárbara Italia. (Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1898, ya en circulación)

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