Bajo la administración de Ángel Aguirre Rivero, los conflictos sociales, la corrupción gubernamental y el poder de la delincuencia organizada escalaron tanto en Guerrero que los pobladores comienzan a actuar por sí mismos. Algunos, como los maestros, se organizan para hacer valer sus demandas forzando al gobernador a comprometerse ante el gobierno federal a cumplir acuerdos; como los integrantes de las autodefensas comunitarias, se aferran a las armas porque consideran que el gobierno no puede o no quiere garantizar su integridad. CHILPANCINGO, Gro. (Proceso).- El próximo 1 de abril Ángel Aguirre Rivero cumplirá dos años como gobernador de Guerrero, en medio de señalamientos de incapacidad para brindar seguridad a la población, indolencia ante los conflictos sociales y falta de oficio político. Mientras el narco campea impunemente y somete a las autoridades locales, provocando que algunas comunidades formen grupos de autodefensa para enfrentar directamente a la delincuencia, los conflictos sociales se agudizan. Los maestros disidentes llevan tres semanas en paro y mantienen tomadas las sedes del Ejecutivo y Legislativo en protesta por la reciente aprobación de la reforma educativa. El gobierno de Aguirre no ha ofrecido soluciones a los problemas políticos ni al embate de la delincuencia. Por el contrario, autoridades municipales, estatales y castrenses siguen bajo sospecha de proteger a las bandas criminales que se disputan­ la entidad. Alcaldes del PRD de las regiones de Costa Grande, Tierra Caliente y la Zona Norte han reiterado sus solicitudes de ayuda al gobernador porque viven amenazados y extorsionados por los narcos; continúan los asesinatos de políticos, como el del síndico perredista de Iguala, Justino Carvajal Salgado, y el alcalde priista de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, denunció que la autoridad estatal permite que en la capital circulen 150 taxis sin placas, los cuales son señalados por dirigentes transportistas como colaboradores de los narcos. La mañana del miércoles 13, en Tixtla de Guerrero –municipio de la región Centro–, se manifestaron ante la sede del ayuntamiento un centenar de habitantes del poblado de Acatempa, policías comunitarios armados con escopetas y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, encabezados por el coordinador de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, Arturo Campos Herrera. Querían demostrar que su grupo de autodefensa, no reconocido como tal por las autoridades locales, forma parte del sistema de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), creada hace 17 años en la Costa Chica y la Montaña. Afirman que la Constitución prevé ese tipo de organización en el esquema de respeto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas. En esa ocasión, los manifestantes demandaban información sobre la inversión asignada a los programas sociales y la obra pública de Acatempa, comunidad de indígenas nahuas ubicada a 10 kilómetros de la cabecera municipal. La movilización inquietó a los tixtlecos, pero más a las autoridades, que desplegaron a más de 300 policías de los tres niveles y a soldados conducidos por el comandante del 41 Batallón de Infantería con sede en Chilpancingo, Rafael Hernández. “Por consigna” del gobernador Aguirre, dijeron, iban a detener a Campos Herrera. Este activista, ligado a la defensa de los sobrevivientes de la masacre de El Charco, perpetrada en Ayutla en junio de 1998, actualmente es miembro de la dirigencia de la CRAC en ese municipio y promotor de la autodefensa. Las autoridades esperaban que Campos Herrera volviera a Acatempa con el resto de los manifestantes después de que éstos se reunieron con funcionarios del municipio en un auditorio contiguo al ayuntamiento de Tixtla. Pero el dirigente mixteco se apartó antes del grupo que acompañaba. Anteriormente el activista ha sido acusado por autoridades municipales y estatales de fomentar la creación de grupos armados en esa localidad, donde existen antecedentes de la presencia de células guerrilleras. En la reunión con los manifestantes, el alcalde perredista Gustavo Alcaraz cuestionó la presencia de Campos Herrera, procedente de Ayutla, y negó que los grupos de civiles armados adheridos a la CRAC tengan presencia en seis de las 18 comunidades de Tixtla, como dijeron. Según el funcionario, sólo están en Acatempa y en el resto de las comunidades hicieron únicamente “apariciones mediáticas”, en alusión a que en febrero pasado los periódicos El Sur y La Jornada Guerrero difundieron informes sobre ellos. Cuando los medios de comunicación destacaron la participación de Campos Herrera en las autodefensas, Aguirre anunció en una gira por la Costa Chica que no va a tolerar que el esquema de la policía comunitaria se utilice “con otros propósitos”. Advirtió que los integrantes de las autodefensas serían detenidos por el Ejército cuando salieran de sus territorios. Por su parte, los dirigentes del grupo de autodefensa de Acatempa, surgido a finales de enero igual que el de Atliaca, siguieron reprochando a las autoridades civiles y militares su indolencia frente a las organizaciones delictivas. Más aún, de acuerdo con policías comunitarios de Acatempa y habitantes de Tixtla que pidieron no publicar sus nombres, el hermano del alcalde Gustavo Alcaraz, José Luis (La Gringa), es el jefe de plaza local de la delincuencia organizada. En el mencionado encuentro, los pobladores de Atliaca aceptaron dejar las armas y devolverle a la autoridad municipal las tareas de seguridad pública, pero los de Acatempa acordaron adherirse a la CRAC y crear un grupo de policías comunitarios armados. Cuando mandos civiles y militares exigieron a los policías comunitarios que no salieran de sus poblados con armas, el comisario municipal de Acatempa, Pastor Coctecón, les contestó: “Los policías y sicarios andan armados. ¿Por qué nosotros no? Ya estamos cansados de tanta delincuencia y corrupción”. Cuando volvían a Acatempa, los manifestantes de allá fueron interceptados por soldados y policías cerca del crucero que conduce al municipio Mártir de Cuilapan y conecta con Acatempa y Atliaca. Ahí, el director de Gobernación estatal, Moisés Alcaraz, se enteró de que el activista Campos Herrera había salido de Tixtla por la carretera a Chilpancingo: “¡Síganlo!”, ordenó al subalterno que le informó por teléfono. Enseguida, el funcionario estatal le dijo al jefe militar que Campos había burlado el operativo y, molesto, ordenó la detención de los dirigentes comunitarios de Acatempa, que iban en una camioneta. Como los militares ya le habían pedido a Pastor Coctecón que se abstuviera de salir de su comunidad con sus hombres armados, dejó que el propio director de Gobernación les repitiera la advertencia. Coctecón reprochó el despliegue policiaco y militar para vigilarlos, y exhortó: “Desarmen a los delincuentes y no a nosotros, que estamos defendiendo nuestra comunidad de ellos”. Y se dirigió concretamente al comandante Rafael Hernández: “Mi jefe, yo le dije lo que es y usted no ha cumplido su palabra. Yo le dije que me investigue a personas y no ha cumplido”. El jefe del 41 Batallón de Infantería se mostró evasivo. Los líderes de Acatempa exigieron a las autoridades que los respeten y se dijeron dispuestos a seguir defendiendo su comunidad mientras vean que la delincuencia opera impunemente. El ostentoso operativo de Tixtla se esfumó poco después de que lo burlara Campos Herrera. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1898 de la revista Proceso, ya en circulación.