En vías de que se exhumen los restos del Nobel de Literatura Pablo Neruda el próximo 8 de abril, Rodolfo Reyes, abogado de la familia del poeta, expresa sus dudas y objeciones sobre el equipo de forenses que la llevará a cabo: Uno de sus miembros ya emitió un dictamen previo y puede tener una “opinión formada” que lo inhabilita; y dos más cometieron “errores graves” en peritajes de otros casos. Reyes pidió integrar a especialistas independientes, con probada capacidad profesional y que tengan la confianza de la familia... pero el juez de la causa rechazó su solicitud. VALPARAÍSO, CHILE (Proceso).- Rodolfo Reyes se muestra preocupado por la composición del equipo forense que el próximo 8 de abril exhumará los restos del Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda con el propósito de determinar las causas de su muerte. Reyes es sobrino de Neruda y representante legal de su familia, la que a principios de este mes se integró como parte querellante en la causa 1038-2011, abierta el 31 de mayo de 2011 luego de que el Partido Comunista de Chile (PCCh) presentara una demanda judicial en la que solicitó investigar si la muerte del poeta chileno se debió al cáncer que padecía –como lo afirma la versión oficial– o si ésta fue inducida, como lo sostiene Manuel Araya, exasistente del Premio Nobel. Como parte de la investigación, el ministro Mario Carroza, juez de la causa, informó el pasado martes 12 que se realizaría la exhumación de los restos de Neruda para someterlos al análisis de un equipo forense. A unos días de que la exhumación se lleve a cabo, Reyes expresa de entrada que no está de acuerdo con que el director y el subdirector del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos y Cristián Díaz, respectivamente, integren el equipo de peritos. Considera que el SML “depende directamente del gobierno a través del Ministerio de Justicia, lo que le resta independencia”. En entrevista con Proceso Reyes sostiene además que a la familia de Neruda le preocupa que uno de los peritos designados por el SML ya emitió un informe en esta causa. Se trata del médico legista Germán Tapia Coppa, quien en marzo de 2012 envió a Carroza un informe forense que lleva el sello del SML y la firma de su director, Patricio Bustos. En su informe Tapia concluyó que “no existen elementos suficientes que pongan en duda la naturaleza de la muerte de la víctima establecida en forma oficial en septiembre de 1973 (caquexia por cáncer con metástasis de próstata)”. Pero en ese mismo informe Tapia reconoce que no dispuso del “examen específico que certifique el diagnóstico de cáncer prostático”. Es decir, concluyó que Neruda murió de cáncer sin disponer de los elementos objetivos que certificasen siquiera la existencia de dicho padecimiento. Cabe recordar que en el antiguo sistema penal –en el que radica el caso Neruda– los peritos que emiten un informe oficial previo quedan automáticamente inhabilitados para participar en una exhumación y en una nueva autopsia, pues ya tienen una opinión formada y entregada oficialmente al juez. Además el informe de Tapia evidencia otros vicios que aumentan las dudas: En su realización se excluyeron dos exámenes –contenidos en el expediente de la causa– importantes a la hora de establecer el diagnóstico real de Neruda. Se trata de una radiografía de la parte derecha de la pelvis (hecha en diciembre de 1972) donde se constata –tal como confirmaron peritos del Departamento de Criminalística de la Policía de Investigaciones en el informe 75, de agosto de 2011– que Neruda no tenía metástasis por cáncer de próstata. Tapia también omitió de su informe del caso Neruda la nota médica enviada el 18 de abril de 1973 por el radiólogo Guillermo Merino –quien aplicó a Neruda un tratamiento de radioterapia– al médico tratante, el urólogo Roberto Vargas Salazar. En ésta revelaba que el diagnóstico de Neruda era “adenoma de próstata”; es decir, un tumor benigno.   Errores periciales   Llama la atención que en el equipo médico se incluya a un funcionario del SML y odontólogo forense, Luis Ciocca. Éste fue uno de los responsables del masivo error de identificación de restos de detenidos-desaparecidos sepultados durante la dictadura como NN (sin identificación) en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago. Entre 1991 y 1996 fueron desenterrados, examinados e identificados 96 cuerpos del Patio 29 por peritos y funcionarios de la incipiente Unidad de Identificación del SML. Pero a raíz de numerosos antecedentes que apuntaban a una identificación errónea de los cadáveres, en 2005 y por órdenes del entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Sergio Muñoz, se volvieron a exhumar y analizar los cuerpos. Las conclusiones sacudieron al país, en especial a los familiares de las víctimas: 48 de los 96 cuerpos habían sido mal identificados. El entonces presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Leal –quien impulsó la creación de una comisión investigadora– aseguró en abril de 2006 que entre los responsables directos de este grave error estaba Ciocca, además del exdirector del SML, doctor Jorge Rodríguez; la exjefa de la Unidad de Identificación, Patricia Hernández; y los peritos forenses de esta Unidad Isabel Rebeco y Jaime Mery. Ciocca también tuvo responsabilidad en la identificación errónea de siete cuerpos calcinados en el incendio de la capitalina Cárcel de San Miguel, en diciembre de 2000. Ciocca y otros tres peritos reconocieron su error y dieron explicaciones a la magistrada interina del 19 Juzgado del Crimen de Santiago, Rosa Gálvez, según informó el diario La Nación el 3 de junio de 2003. Otro de los peritos es el químico farmacéutico Eduardo Torres, quien se desempeña en la Unidad de Toxicología del SML. Torres, cuya presencia en el Servicio Médico Legal data de los tiempos de la dictadura, formó parte del equipo que practicó la autopsia a los restos de Viviana Haeger, asesinada en junio de 2010 en la sureña ciudad de Puerto Varas. La conclusión de Torres fue que Haeger se había suicidado con un herbicida. Sin embargo, tras una nueva autopsia practicada en marzo de 2012 se comprobó que el presunto herbicida no estaba presente en los restos de Haeger.   Confiables e independientes   Con estos antecedentes la familia del poeta –representada por Reyes y su colega Elizabeth Flores– presentó el lunes 11 un escrito al ministro Carroza solicitando que se integren cuatro peritos de su confianza al equipo que practicará las diligencias forenses. Los especialistas propuestos son el doctor John Clark, jefe del departamento de Medicina Forense de la Universidad de Glasgow y perito de la Corte Internacional de Justicia de La Haya; la doctora Gail Cooper, toxicóloga forense de la Universidad de Glasgow; Hugo Rodríguez, director del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de La República del Uruguay; y el doctor Luis Ravanal, quien tiene maestría en medicina forense y está acreditado ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El PCCh propuso la participación de Cristián Orrego, genetista de la Universidad de California, y del neurólogo y psiquiatra Luis Fornazzari. Carroza –según se expresa en un oficio enviado el viernes 15– dejó en manos del SML la responsabilidad de decidir la conveniencia y pertinencia de que otros peritos participen en la diligencia. Esto provocó el rechazo de la familia Neruda, que el lunes 18 presentó un recurso de reposición con el fin de que sea el ministro y no el SML el que decida: “¡Necesito que la familia pueda contar con peritos adjuntos que puedan actuar independientemente del Servicio Médico Legal... lo que queremos es que se sepa toda la verdad respecto a lo ocurrido con Neruda!”, sostiene Reyes. El vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro (del Movimiento Amplio Social), expresó en un comunicado emitido el jueves 21 su preocupación ante las dificultades que se han presentado para que los peritos propuestos por los querellantes fueran acogidos: “El ministro Carroza no ha accedido a las peticiones, lo que nos extraña pues en otros casos se ha acudido a pericias internacionales, en consideración a que en Chile no se encuentran todas las tecnologías de punta ni todos los expertos que se necesitan”. Navarro agregó: “Hemos sabido por parte de la familia que la Fundación Neruda se opuso en su momento a la exhumación del poeta, aduciendo que se profanaba su cuerpo. Nosotros creemos que se profana a Neruda no haciendo nada o no haciendo lo suficiente para determinar con absoluta certeza la causa de su muerte”. Finalmente, el viernes 22 el ministro Carroza informó al abogado Reyes que había rechazado integrar a los peritos propuestos por la familia Neruda. Fundamentó su decisión en que la solicitud fue hecha a destiempo. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1899 de la revista Proceso, ya en circulación.