Licenciaturas de papel

jueves, 7 de marzo de 2013
Especialmente en el sexenio anterior, el gobierno federal auspició la proliferación de universidades privadas que, en los hechos, no son otra cosa que organismos improvisados donde los estudiantes no aprenden nada. La SEP ya tiene detectados a esos centros de educación superior certificada (según informó en enero), pero no divulga cuáles son, con lo que de alguna manera perpetúa el fraude. Especialistas en educación superior alertan sobre este fenómeno, que le quita presión al gobierno federal pero les cancela el futuro a muchos jóvenes de escasos recursos que se ilusionan con licenciaturas de papel. MÉXICO, D.F. (Proceso).- El octavo día de enero, cumplido un mes del mandato de Enrique Peña Nieto –para quien la educación fue tema central para posicionar su gobierno–, la administración federal propagó la noticia: A través del informe RVOE Federales y Programa de Fomento a la Calidad de las Instituciones Particulares se descubrió que durante los últimos seis años la Secretaría de Educación Pública (SEP) encubrió a universidades privadas, popularmente denominadas patito, responsables de impartir 7 mil 84 programas de licenciaturas, maestrías y doctorados que no cumplen con la calidad mínima requerida para su certificación. Según el documento, esos más de 7 mil programas educativos, equivalentes a 45.6% de las opciones de estudio de nivel superior en el sector privado, avalados por la SEP, fueron sancionados. Sin embargo sólo se retiró el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores (RVOE) a 921 programas durante ese periodo. En ninguno de los casos, entre sancionados y cancelados, se dio a conocer la lista de las instituciones que los imparten, violando el artículo 56 de la Ley General de Educación. El pasado 11 de enero el titular de la SEP, Emilio Chuayffet, dijo al respecto: “Estamos haciendo el estudio correspondiente a ese tipo de escuelas, que sí las hay. (...) reconozco públicamente que sí hay escuelas patito, escuelas que no cumplen con sus obligaciones y que tendrán que someterse a los criterios de evaluación que el INEE establezca”, dijo en el Foro México 2013, Educación y Formación de Capacidades para el Trabajo Productivo, auspiciado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A pesar de considerarlas un “fraude” educativo, el funcionario se rehusó a dar a conocer la lista, alegando que sería poco respetuoso con los maestros y estudiantes de las escuelas señaladas. “Aún no hay un diagnóstico de esas escuelas, tenemos resultados prácticos. Cuando hagamos las evaluaciones, las escuelas patito, las que estén mal, tendrán que enfrentar consecuencias jurídicas”, advirtió. Exhibido el fraude, expandidas las universidades sin rango, el 23 de enero los diputados Ricardo Monreal y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, publicaron una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación en el número 3693-III de la Gaceta Parlamentaria, donde exhortan a la SEP a difundir de manera permanente en su sitio en internet la lista de universidades privadas que han sido identificadas por defraudar la calidad educativa. “Esta situación es un claro ejemplo de lo insuficiente que resultó la ‘pseudorreforma educativa’, que dejó sin tocar a las universidades patito que defraudan a miles de jóvenes universitarios que salen sin los conocimientos que se requieren, y para los padres que hacen un esfuerzo para que sus hijos tengan estudios universitarios ante la falta de ofertas públicas”, dice el documento. El dato cobra relevancia, sigue el documento, al considerar que aproximadamente 30% de la matricula nacional de educación superior –más de 1 millón de jóvenes– estudia en universidades privadas. “Y no es para menos, cuando recientemente nos encontramos con el hecho que de la educación superior privada sólo 13.8% de las instituciones particulares de enseñanza superior cuenta o está en proceso de tener sus programas evaluados, y cuando 90% de las universidades particulares con RVOE federal, otorgado por la SEP, se ubican en los niveles uno y dos de calidad en una escala de cinco; es decir que funcionan sólo con los requerimientos mínimos que establece la ley”, dicen, haciendo referencia al informe que presentó la SEP.   Propiciadas por el Estado   La proliferación de universidades calificadas como patito es resultado de una política pública, según especialistas consultados por Proceso. Para ellos, el “promotor” de ese mercado de escuelas de baja calidad es el Estado mexicano. “El Estado es el principal promotor de este circuito mercantil. Fue el Estado el que le dio condiciones a ese mercado de educación barata al no hacerse cargo de atender la demanda. Con la existencia de ese tipo de escuelas (el gobierno) se ahorró muchísimo dinero y construyó una vía de escape a la presión que le ejercían los nuevos aspirantes a la educación superior”, explica el investigador de El Colegio de México (Colmex) Manuel Gil Antón. En el estudio que presentó la SEP se informa que durante la administración de Felipe Calderón se presentaron 11 mil 636 solicitudes para impartir programas educativos de nivel superior con RVOE, de las cuales fueron autorizadas 8 mil 592, más de la mitad de los programas vigentes totales autorizados por la SEP. A su partida, Calderón se jactó de haber elevado la cobertura en educación superior en 35%, incluidos los programas que la nueva administración de la SEP ha señalado por ser un fraude. “Es un 35%, pero con qué calidad. Y ahora, según el reporte de Responsabilidad Social de la ANUIES, quieren llegar a 50% en 2020. ¿Así, donde más de la mitad de los programas son un fraude? ¿De qué sirve ampliar la matrícula, atender a mayor proporción de jóvenes, si una parte muy importante está estudiando en instituciones que no tienen RVOE o que si lo tienen son un fraude?”, cuestiona Adrián de Garay, exrector de la UAM-Azcapotzalco. –¿Cómo interpreta esta denuncia al amanecer del sexenio, con la que se exhibe a la administración pasada? –se le pregunta a Gil Antón. –Viene en la lógica de que el Estado va a retomar la rectoría de la educación. Es una crítica a la pasada gestión, pero no se ha convertido en una nueva política con respecto a esas instituciones (patito). De entrada (la administración de Peña Nieto), tampoco se compromete a nada. Nos deberían haber dado la lista. Chuayffet no la da porque perderían credibilidad social esas instituciones. ¡Necesitan perderla porque son fraudulentas! No se trata de proteger a un particular, sino de proteger su incumplimiento de la ley. “Lo grave en lo que ha dicho Chuayffet es que aun con el aval gubernamental no hay calidad. Entonces las personas están indefensas. ¿Quieren retomar la rectoría de la educación? Debería haber empezado por cancelar la posibilidad de seguir estudiando en esas escuelas que no necesitan el RVOE para funcionar. “Cuando descubren que no tienen la calidad suficiente, la acción del Estado es una denuncia, no una clausura y tampoco la apertura de opciones universitarias públicas. El problema no se resuelve. Ha habido instituciones en las cuales habría que fincar responsabilidad penal por engaño. ¿Dónde está la acción de la SEP en eso? Ahí hay un terreno de impunidad. No sólo de quienes ofrecen ese servicio sin calidad, sino de quienes lo aprobaron y lo siguen permitiendo”, dice el sociólogo, quien califica como una tragedia que en México ingresar al sistema de educación superior no garantiza acceder al conocimiento “relevante”. Urge una reforma legislativa que “impida” que operen esas instituciones, dice De Garay. “Y eso va a la par de invertir muchos millones de pesos para ampliar la oferta como responsabilidad pública. ‘Te voy a cerrar tu universidad, pero junto tengo que construir otra’, para atender a esos miles de jóvenes a los que se les está engañando. Hasta ahora Calderón no hizo más que abrir casi 100 (96) institutos politécnicos y tecnológicos que no están funcionando porque no tienen demanda. En cambio fue vergonzoso ver cómo apoyó al sector con los préstamos para ingresar a esas escuelas. Se cambió un movimiento de rechazados de la universidad pública por uno de futuros endeudados”. Durante tres semanas Proceso solicitó una entrevista con algún funcionario de la SEP para abordar el tema. Dijeron estar ocupados en otros asuntos. La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes), organizaciones calificadas para la certificación de la educación superior, también declinaron hablar con el reportero. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1896 de la revista Proceso, ya en circulación.

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