Zedillo: inmunidad que se resquebraja

Juristas estadunidenses que representan a las víctimas de la matanza de Acteal marchan con pasos firmes gracias a la resolución de un juzgado mexicano para demostrar la improcedencia de la inmunidad otorgada a Ernesto Zedillo por el gobierno de Barack Obama. Todo se decidirá en los tribunales de México, y a menos que Enrique Peña Nieto impugne la resolución que recomienda retirar la protección diplomática al expresidente, es probable que concluya la impunidad de la que ha gozado todos estos años. MÉXICO, D.F. (Proceso).- La defensa legal del expresidente Ernesto Zedillo recibió un revés ante la demanda civil que enfrenta en Estados Unidos por la matanza de 45 tzotziles en Acteal el 22 de diciembre de 1997, luego de que un juzgado mexicano recomendó se le anule la inmunidad diplomática concedida por el gobierno de Barack Obama. El miércoles 6 el juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal concedió un amparo “para efectos” a los familiares de las víctimas de Acteal, quienes impugnaron las gestiones del gobierno de Felipe Calderón a fin de solicitarle al Departamento de Estado inmunidad para Zedillo. La decisión del juez Ricardo Gallardo Vara de conceder el amparo se publicó al día siguiente en la lista de acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal. “Ampara para efectos”, dice la sentencia del caso que se sigue con el expediente número 1093/2012. El recurso fue interpuesto en septiembre pasado entre otros por Mariano Luna Ruiz, una de las víctimas de la matanza de Acteal (Proceso 1886). El amparo concedido en principio a los demandantes de Zedillo se sostiene sobre la base legal y jurídica de que “el respeto a los derechos humanos supera al interés de la autoridad responsable”, en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y por recomendar a una corte extranjera otorgar inmunidad a un expresidente, por encima de los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referentes a los motivos y procedimientos para someter a juicio al presidente de la República. “Es una excelente noticia para los familiares de las víctimas”, declara a Proceso Roger S. Kobert, abogado quien junto con sus colegas Matthew D. Gordon y Marc Pugliese representan a los demandantes de Zedillo en el juicio civil interpuesto ante la Corte Federal de Distrito en el estado de Connecticut. “Revisaremos el amparo y en el tiempo adecuado notificaremos a la Corte y al Departamento de Estado del procedimiento a seguir para con el juicio”, dice Kobert en entrevista telefónica. El amparo establece que la SRE retire la nota diplomática que la embajada de México en Washington presentó durante el gobierno de Calderón ante el Departamento de Estado (Proceso 1885). Amenazado él mismo con ser llevado a la Corte Penal Internacional (CPI) por la muerte de más de 70 mil personas y la desaparición de más de 20 mil durante su gobierno a consecuencia de su política violenta contra el narcotráfico, Calderón no escatimó esfuerzos en gestionar la inmunidad para Zedillo. La demanda contra Calderón fue presentada en noviembre de 2011 en la sede de la CPI en La Haya, Holanda, y en ella se responsabiliza al Estado mexicano de delitos de lesa humanidad. El caso aún está en proceso de admisión. Triquiñuelas El 4 de noviembre de 2011 la embajada de México en Estados Unidos envió al Departamento de Estado la nota diplomática 07654, en la cual la SRE aboga por la inmunidad para Zedillo. Como consecuencia el Departamento de Justicia de Estados Unidos recomendó a la Corte de Connecticut otorgarle inmunidad al expresidente mexicano ante el juicio iniciado por los familiares de las víctimas de Acteal. Ante la decisión del gobierno de Barack Obama a favor de Zedillo, el pasado 22 de octubre los familiares de los tzotziles asesinados en el municipio de Chenalhó, Chiapas, solicitaron un amparo ante el juzgado Décimo Sexto argumentando que la recomendación de la SRE al gobierno de Obama era inconstitucional, y que el entonces embajador mexicano en Washington, Arturo Sarukhán, recurrió al engaño para manipular el buen juicio de las autoridades del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia. Luna Ruiz, uno de quienes promovieron el amparo, sufrió la pérdida de su esposa Juana Pérez, de 33 años, y de su hijo Juan Carlos Luna Pérez, de sólo dos. El recurso también fue solicitado por Ernestina Pérez Luna, quien al momento de la matanza tenía 10 años. Ella perdió a su padre Miguel Pérez Jiménez, de 40 años; a su madre Marcela Luna Ruiz, de 35, y a sus hermanos Juana, Silvia y Alejandro, de 10, seis y 16 años, respectivamente. Además su hermana Zenaida, de cuatro años, quedó ciega por el ataque. Ernestina se hizo cargo de Zenaida y de Rosela, quien entonces tenía dos años. En total fueron asesinadas 45 personas: 18 mujeres –cinco embarazadas–; siete hombres; 16 niñas de entre ocho meses y 17 años, y cuatro niños de entre dos y 15 años. Además 26 personas, en su mayoría menores de edad, fueron heridas; cuatro con daños permanentes. (Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1897, ya en circulación)

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