MÉXICO, D.F. (apro).- A pesar de que mejoró la infraestructura en los centros de detención de inmigrantes, persisten las violaciones a los derechos humanos, afirmó hoy la asociación Sin Fronteras en la presentación de su informe “Ser migrante no me hace delincuente”. La Ley de Migración, que se ratificó en 2011, ya no considera que los inmigrantes cometan un delito al ingresar a México. No obstante, aumentó el plazo durante el cual pueden estar detenidos. La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 11 de junio de 2011, validó, por su parte, el principio de detención de los migrantes: el reformado artículo 33 de la Carta Magna establece que “el Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento de la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como lugar y tiempo que dure la detención”. La Ley de Migración prevé la detención de personas extranjeras en una estación migratoria durante 15 días hábiles prorrogables hasta 60 o por tiempo indefinido, en caso de que el migrante interponga un recurso judicial o administrativo, critica Sin Fronteras en el reporte. Por esta razón en las 32 estaciones migratorias y 26 estancias provisionales que existen en México, la mayoría de los inmigrantes sigue en espera de obtener información sobre su detención, lo que genera “confusiones”. Los migrantes deducen que se debe a su condición de extranjeros. Gran parte de ellos no estableció contacto con su consulado y pasa su tiempo de detención viendo televisión o durmiendo, ya que no todos los centros cuentan con áreas de recreación o bibliotecas, y que los detenidos tienen poco contacto con el exterior, observó Sin Fronteras. La organización hizo tales observaciones con base en información que obtuvo después de realizar 423 entrevistas y de proporcionar 415 cuestionarios a los inmigrantes detenidos en las estaciones migratorias de Iztapalapa (Distrito Federal), Tenosique y Villahermosa (Tabasco). Otras dos asociaciones, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Frontera con Justicia, investigaron las estaciones migratorias de Tapachula (Chiapas) y Saltillo (Coahuila), respectivamente. El reporte recoge estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), según las cuales un promedio de 401 mil personas cruzan México cada año. Señala que las autoridades migratorias detuvieron a 85 mil 100 migrantes en 2012, un número 22% superior al de 2011, cuando las autoridades arrestaron a 66 mil 583. En su informe, Sin Fronteras señala que la Ley de Migración mantiene vacíos que pueden provocar abusos contra los migrantes. Por ejemplo, la ausencia de reglas precisas que les permitan contar con un debido proceso y con representación legal gratuita. Reporta también que no existe ningún dispositivo eficiente para que los detenidos se puedan quejar de sus condiciones de privación de libertad. Además, las autoridades les obstaculizan el otorgamiento de permisos de residencia. Las asociaciones pidieron una mayor apertura de estos centros a sus miembros para poder ayudar a los inmigrantes. Sin Fronteras lamenta también que la detención de indocumentados sea una regla en México, siendo que debería ser una excepción. “Espacios de riesgo” El proceso de migración y el tránsito por México, en sí, son fuentes de estrés intenso. Pero la detención genera consecuencias sobre la salud mental de los inmigrantes, concluyeron las asociaciones. Documentaron testimonios de ansiedad, depresión, frustración, intranquilidad o nostalgia. El entorno de las estaciones migratorias les pareció “deshumanizante”, ya que los agentes vigilan constantemente a los inmigrantes. En el centro de detención de Saltillo, por ejemplo, no se puede ingresar con lápiz o pluma por temor a que los detenidos los usen como armas. También por esta razón cortan los mangos de los cepillos de dientes. Los detenidos declararon recibir tres comidas al día, aunque no siempre en proporción suficiente. Las organizaciones recolectaron quejas de que muchos de los platos llevan chile, a lo que no todos los inmigrantes están acostumbrados. La mayoría de los entrevistados aseguraron que las autoridades les proporcionaron artículos esenciales para la higiene (desde el 94% en Villahermosa, hasta el 65.5% en Iztapalapa), y se dijeron satisfechos del nivel de aseo de los sanitarios. Pero un problema es recurrente: la entrega de cobijas sucias y con “muy mal” olor. Los centros de detención cuentan con oficinas médicas para atender la salud de los migrantes. Sin embargo, los migrantes se quejaron ante Sin Fronteras de que los médicos trabajan de lunes a viernes con horarios de oficina, así que en caso de enfermar durante un fin de semana no se les puede atender. Al retomar un estudio internacional sobre Grecia, Sin Fronteras advierte que las enfermedades que se propagan en los centros de detención son consecuencias o relacionados con las propias condiciones de detención. Las asociaciones constataron que los migrantes recibieron un mejor trato a su llegada a los centros. Sin embargo, Sin Fronteras lamenta que la propia administración de migración haya escogido a los entrevistados, cuyo tiempo de detención no superaba los cinco días. Las organizaciones se alarmaron sobre algunos puntos de las condiciones de detención en los centros: en la estación migratoria de Iztapalapa –la segunda más grande del país– Sin Fronteras recolectó testimonios según los cuales los agentes migratorios castigan a los jóvenes si éstos cometen alguna falta o tienen “mal comportamiento”. Los encierran por horas en un “cuarto de los sueños”, uno de los tres cuartos pequeños originalmente destinados a “homosexuales y enfermos mentales” para que mediten sobre su comportamiento. En Saltillo, Alberto Xicoténcatl, de Frontera con Justicia, informó de un caso de abuso sexual de que fue víctima una adolescente hace una semana, por lo que deploró que los centros de detención se han transformado en espacios de riesgo, donde se “concentran las violaciones a los derechos humanos”. Según él, los agentes de seguridad tenían que resguardar y proteger a esta joven. Las asociaciones destacaron que existen “mayores controles y restricciones migratorios que han orillado a que los flujos migratorios utilicen rutas más inseguras y violentas”. Debido a la violencia que sufre México, un número mayor de migrantes se entrega por su propia voluntad a la autoridad migratoria por temor a caer en manos del crimen organizado, porque ya sufrieron violencia o secuestro, o porque ya no tienen recursos económicos para seguir su viaje. “Para los migrantes, la frontera norte está sellada. No por las autoridades sino porque el crimen organizado la controla. Antes los migrantes trataban de cruzarla sin polleros, pero ahora ya no pueden. Si llegan a la frontera sin los 3 mil dólares que pide el crimen organizado para cruzarla, los secuestran, los asesinan o los someten a la trata de personas. Así que se quedan en la frontera, y tienen que regresar a su país, pero ¿cómo?”, preguntó Alberto Xicoténcatl, de Frontera con Justicia. Recordó además que los migrantes llegan muy reticentes a los centros del INM porque asumen que los agentes forman parte de la delincuencia organizada. Agregó que el número de secuestros de migrantes creció un mes antes de las elecciones de julio de 2012 debido a la guerra de los cárteles de la droga. “Cambiaron la forma y los lugares, pero el delito permanece. Siguen existiendo ‘campos de concentración’”, lamentó.