Desde hace cuatro meses las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos negocian en La Habana la paz en Colombia. En entrevista con Proceso, el delegado guerrillero Andrés París revela aspectos nodales de la negociación: reparto de tierras, sustitución de cultivos ilícitos, reformas electorales, garantías para la participación política…Optimista, sostiene que existen avances reales para lograr un acuerdo que ponga fin a 49 años de guerra interna. BOGOTÁ (Proceso).- El delegado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en las negociaciones de paz con el gobierno, Andrés París, es optimista en torno al desarrollo de éstas –que tienen lugar en La Habana– y cree que es posible cumplir “la aspiración de todos los colombianos” de alcanzar un acuerdo que ponga fin a 49 años de guerra interna. “El avance más notorio es que contamos con elementos en borrador de algunos aspectos de la problemática agraria”, afirma París en respuesta a un cuestionario por escrito que le hizo llegar Proceso. Señala que México podría contribuir a la paz colombiana apoyando los diálogos de La Habana, en los que Cuba y Noruega fungen como países garantes, y Venezuela y Chile como acompañantes. De común acuerdo las partes pueden invitar a otras naciones según “las necesidades del proceso”, como establece la agenda de negociaciones. El integrante del Estado Mayor Conjunto de las FARC asevera que “otro gran avance, más importante (que el borrador de acuerdos sobre el tema agrario), es que se ha conformado una amplia convergencia de fuerzas que están por la defensa del proceso”, que se inició a nivel de conversaciones entre los representantes de la guerrilla y el gobierno de Colombia el pasado 19 de noviembre en la capital cubana. Las partes concluyeron el pasado jueves 21 la séptima ronda de negociaciones con un comunicado conjunto en el cual informaron que siguen avanzando “en la construcción de acuerdos sobre los temas de acceso y uso de la tierra, tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva”. La tierra En estos cuatro meses de pláticas los delegados se han centrado en la discusión del tema agrario, origen del conflicto armado en Colombia y que figura como el punto número uno de la agenda: “Política de desarrollo agrario integral”. Ya hay acuerdos en torno al apartado “acceso y uso de tierra”, un asunto medular en cualquier revolución latinoamericana. En Colombia, donde los terratenientes han bloqueado desde el siglo pasado cualquier intento de reforma agraria, el problema está vigente y se agudizó en las dos últimas décadas, pues al conflicto histórico se agregó el despojo de 6.6 millones de hectáreas por parte de organizaciones delictivas –narcotraficantes y paramilitares de extrema derecha y sus remanentes, conocidos como bandas criminales o bacrim– así como de latifundistas. Según París, la concentración de la tierra es el origen del conflicto armado interno. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ubica a Colombia entre los países más desiguales del mundo en distribución de la tierra, con un índice Gini de concentración de propiedad rural de 0.85, cuando el máximo de desigualdad es de 1 punto. El 52.2% de la superficie agrícola está en manos de 1.15% de la población. Las partes dialogan en La Habana sobre la creación de un fondo de tierras para repartir a los campesinos, incluidos los 4.9 millones de desplazados que ha dejado la guerra. Para las FARC el fondo necesita un mínimo de 20 millones de hectáreas y el gobierno ofrece 8 millones. De acuerdo con París, de las 114 millones de hectáreas que hay en Colombia, “36 millones están dedicadas a la ganadería extensiva, que es una forma de enmascarar el latifundio; 10 millones están en manos de testaferros y narcos, pero a pesar de que en público se dice (por parte del gobierno) que serán devueltas y puestas al servicio de los campesinos, el Estado sólo ha ganado tres procesos de extinción de dominio”. Por otra parte las FARC piden nueve millones de hectáreas para ser declaradas zonas de reserva campesina (ZRC), una figura ya existente que goza de una autonomía similar a la que tienen las comunidades indígenas y de afrodescendientes. Los ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y de Defensa, Juan Carlos Pinzón, así como el ultraconservador líder de los ganaderos Félix Lafaurie (crítico del proceso de paz y vinculado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez), se oponen a las ZRC, a las que catalogan de “republiquetas independientes”. París sostiene que esas zonas “no son creación de la guerrilla, como mal dicen los voceros del gobierno; fueron creadas por ley del Estado y están en la Constitución nacional”. Para el representante de las FARC, al margen del fondo de tierras que se discute en La Habana, el Estado colombiano está en condiciones de destinar unos 56 millones de hectáreas “al servicio de una reforma agraria integral”. Las propuestas, contrapropuestas y el debate son parte de las negociaciones que se desarrollan en el más completo sigilo en la capital cubana y que el pasado martes 19 cumplieron cuatro meses. París señala que “todavía queda tela por cortar para arribar a un acuerdo” pero confía en que eso puede lograrse “con voluntad (por parte del gobierno) para entrarle a los temas con vocación de reforma y sentido de patria. Entregar tierra a los campesinos es un acto sencillo para saldar la deuda que tiene el Estado con este sector de los colombianos que da el alimento al país y que sólo recibe violencia estatal”. En torno al problema de la tierra es inminente un acuerdo; podría lograrse en la octava ronda de negociaciones que empezará este 2 de abril en el Palacio de las Convenciones de La Habana. París dice que los avances en la mesa de conversaciones constituyen “un hecho muy importante” al compararse con anteriores procesos de paz en los que “ni siquiera pudimos avanzar en dibujar el primer punto de esas agendas”. Se refiere a los diálogos de Caracas (1991-1992), Tlaxcala (1992) y El Caguán (1998-2002), en los que los representantes de las FARC y el gobierno nunca abordaron temas específicos ni partieron de una agenda de puntos concretos. México Al referirse a la eventual participación de México como acompañante del proceso de paz, París sostiene que en el acuerdo general suscrito el pasado 26 de agosto en La Habana entre representantes de las FARC y el gobierno para iniciar los diálogos, las partes dejaron abierta la posibilidad de incorporar a otros países como coadyuvantes. “México está en la oportunidad de recuperar su política exterior, colocándose una vez más como factor de paz y apoyo en estos procesos, tal y como lo jugó en su momento en Centroamérica”, plantea el dirigente de las FARC, quien participó en los diálogos de Caracas, Tlaxcala y El Caguán (Colombia). El pasado septiembre, cuando se anunciaron los diálogos de paz, Colombia recibió el respaldo público de todos los gobiernos de América Latina excepto el de México, que bajo la Presidencia de Felipe Calderón guardó un ominoso silencio. A diferencia del panista, el actual presidente Enrique Peña Nieto manifestó, durante una visita a Colombia –como mandatario electo– en septiembre pasado, su deseo de respaldar los diálogos de paz. El secretario mexicano de Hacienda, Luis Videgaray, dijo en esa ocasión que Peña Nieto “quiere estar cerca, acompañar, respaldar y ser un factor de colaboración para que este proceso de paz que es tan importante para Colombia, pero también para toda la región, y eso incluye a México, sea muy exitoso”. Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1900, ya en circulación.