Suman ya cientos, miles los casos de madres, padres, hermanos, esposos, amigos… que se han atrevido a derrumbar las sordas paredes de la “justicia” mexicana para encontrar personalmente a los seres que aman, mientras que las autoridades, al cínico paso que todos los mexicanos conocemos, responden con más cinismo e indolencia.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La señora Beatriz Mejía Díaz volvió por enésima ocasión a un anfiteatro mexiquense para pedir que le enseñaran el registro de todos los cuerpos de personas no identificadas que habían tenido en sus bóvedas.
“Señora, usted ya ha venido varias veces, su hija no está en los registros”, le dijo un empleado cuando pidió las carpetas. Obstinada, exigió que le dejaran revisar personalmente cada una de las fichas a partir del 4 de noviembre de 2011, cuando su hija Alejandra Viridiana Osornio Mejía desapareció, fueran registros de hombres, niños o ancianas.
Al repasar los documentos del 27 de enero de 2012 la encontró. La tuvieron ahí como NI (no identificada) y la enviaron a la fosa común.
“Encontré las ropas de mi hija. Me dijeron que tenían sólo el cráneo, que me fuera al Servicio Médico Forense (Semefo) de Izcalli. Pero allá perdieron la carpeta con sus datos. En el anfiteatro tampoco encontraron la ropa. No entiendo: ¿cómo es posible que la mandaron a una fosa común si yo había puestos muchas denuncias y llevaba tanto tiempo buscándola?”, dice la señora afuera de la PGR, adonde acudió a gritarle al procurador, Humberto Murillo Karam, y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, su asco y su rabia por el calvario que pasó desde que su hija de 21 años fue raptada del bar billar Victorias, de Cuautitlán.
Les gritó cuando ellos anunciaban, una vez más, la creación de la Unidad de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
“Desde el 28 de noviembre de 2011 comencé a ir a los semefos. Fui al de Tlalnepantla, que es el principal del Estado de México, luego al de Texcoco, Ecatepec, Ameca y hasta el del Distrito Federal, de la colonia Doctores. Jamás me permitieron revisar personalmente las carpetas, los encargados introducían las características en la computadora y ellos hacían la supuesta búsqueda, hasta que les exigí que me permitieran revisar y ahí estaba. Eso vine a decirles a la PGR: que cómo es posible que mi hija hubiera pasado tanto tiempo en la fosa común y que nadie me informara nada”, dice Beatriz Mejía, que hace unos minutos gritaba con furia y angustia.
La acompañan otras madres y padres que se han enfrentado al desorden administrativo de morgues y panteones, donde los cadáveres se descomponen bajo tierra y en total anonimato por la impericia, la burocracia y la negligencia institucionalizada. Al menos 24 mil cuerpos permanecen en fosas comunes a la espera de una digna sepultura, pero por el desorden administrativo sufren una doble desaparición: la primera cuando fueron secuestrados, la segunda cuando los peritos forenses los clasificaron mal, perdieron las pertenencias que llevaban, registraron mal sus datos en la computadora o los mandaron a una fosa común, revueltos con otros, y muchas veces ni siquiera anotaron la ubicación final.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1909, ya en circulación)