Luego de enjuiciar a cientos de militares por asesinatos, secuestros, torturas y desapariciones de personas durante la dictadura (1976-1983), la justicia argentina inició procesos penales contra sus cómplices civiles: funcionarios de primer nivel, empresarios poderosos y ejecutivos de multinacionales que desde sus cargos apoyaron las acciones de represión y se beneficiaron del clima de terror que implantó el régimen militar. BUENOS AIRES (Proceso).- La justicia argentina investiga la participación de empresarios, ejecutivos y funcionarios civiles en delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar (1976-1983). El pilar civil del régimen disfrutó de una extendida impunidad durante esas tres décadas de gobiernos democráticos. A partir de 2003, cientos de mandos militares responsables del terrorismo de Estado pasaron por los estrados y recibieron penas de prisión. La justicia argentina comienza ahora lentamente a revisar la actuación de exfuncionarios de alto rango, empresarios poderosos y ejecutivos de multinacionales que colaboraron desde sus puestos con el régimen militar y se beneficiaron con el clima de terror que implantó El jueves 13 fue el turno de la causa Papel Prensa. En noviembre de 1976 esta era la única fábrica de papel de diarios que había en Argentina. Lidia Papaleo, viuda del banquero David Graiver, denunció que en esa época fue despojada de la fábrica bajo amenazas de muerte contra ella y su pequeña hija. El juez federal Julián Ercolini, que le tomó declaración en calidad de testigo, investiga la posible comisión de delitos de lesa humanidad en el marco de ese traspaso. Los tres diarios beneficiados –Clarín, La Nación y La Razón– fueron firmes aliados de los operativos de prensa montados por la dictadura. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, constituida junto con Papaleo como querellante, solicita que se cite a declarar a los imputados en la causa: Ernestina Herrera de Noble, dueña del grupo Clarín; Héctor Magnetto, director ejecutivo de este mismo grupo; Bartolomé Mitre, director de La Nación; Sergio Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Peralta Ramos, entonces propietarios de La Razón. También estaban imputados el exdictador Jorge Rafael Videla y su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, ambos fallecidos en fecha reciente. El 2 de noviembre de 1976 los tres diarios mencionados se quedaron con el paquete mayoritario de Papel Prensa. Su dueño había sido David Graiver, un empresario y banquero argentino, muerto en Chilpancingo, Guerrero, México, el 6 de agosto de 1976, en un avionazo cuyas causas nunca fueron aclaradas. Uno de los múltiples negocios de Graiver consistía en administrar de manera clandestina los fondos que la organización revolucionaria peronista Montoneros había obtenido de sus secuestros y extorsiones. Poseedor de una inmensa fortuna, con apenas 35 años, Graiver llegó a ser dueño de dos bancos en Argentina, dos en Estados Unidos, uno en Bélgica, otro en Israel, así como de numerosas compañías financieras e inmobiliarias. La viuda de Graiver, Lidia Papaleo, regresó de México a Argentina en septiembre de 1976. Comenzó a recibir amenazas de muerte que la conminaban a vender Papel Prensa. También Montoneros la presionó para que les devolviera una suma millonaria que le confiaron a su marido. La dictadura estaba decidida a quedarse con la papelera. Papaleo señala que la obligaron a vender Papel Prensa bajo amenazas y presiones, sin poder leer siquiera el documento que le dieron a firmar. Cuenta que en esa reunión nocturna, llevada a cabo el 2 de noviembre de 1976 en oficinas del diario La Nación, el representante de Clarín, Héctor Magnetto, le advirtió: “Firme, o le costará la vida de su hija y la suya”. La hija de Graiver y Papaleo tenía entonces dos años. El 14 de marzo de 1977, Papaleo engrosó las filas de los desaparecidos. Pasó por centros de detención clandestinos. Fue vejada y torturada. Estuvo detenida ilegalmente durante cinco años. El 25 de agosto de 2010, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el informe Papel Prensa, la verdad, en la Casa Rosada. En ese acto describió como ilegal el traspaso de Papel Prensa a favor de los periódicos. Dijo que Clarín y La Nación se beneficiaron de la disponibilidad de papel a precio ínfimo, mientras sus competidores tenían que comprarlo a precios de mercado o en el extranjero. Presentó la apropiación de Papel Prensa no sólo como delito económico, sino también como pieza fundamental de la alianza entre estos holdings de medios y la dictadura. Los directivos de los diarios imputados sostienen que se trató de una venta en regla y que el único objetivo del gobierno es quedarse con la papelera.   Secuestros en la Ford   El pasado 20 de mayo fue el turno de tres exdirectivos de la empresa Ford Motor Argentina. Ese día la jueza federal Alicia Vence ordenó el procesamiento del exgerente general de la planta, Pedro Müller; del exgerente de Relaciones Laborales, Guillermo Galarraga, y del exjefe de Seguridad, Héctor Sibilla. Se les acusa de haber entregado a los jefes militares de la zona “los datos personales, fotografías y domicilios” de 25 obreros de la fábrica, secuestrados entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976. La jueza los consideró partícipes necesarios del delito de privación ilegal de la libertad, “doblemente agravado por haber sido cometido por abuso funcional con violencia y amenazas, e imposición de tormentos”, según obra en el auto de procesamiento. También se les imputa “haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio” de la fábrica de Ford a las afueras de Buenos Aires. Además, la jueza impuso embargos de 750 mil pesos (144 mil dólares) a cada uno de los imputados. Es la primera vez que la justicia argentina encausa a ejecutivos de una multinacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante esa etapa sombría de la historia argentina. La filial de Ford en Argentina no quiso revisar lo ocurrido en su planta a partir del golpe de Estado de 1976. En 1984, la empresa se negó a dar información a la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), que registró en su informe Nunca más el destino de miles de detenidos-desaparecidos. A diferencia de otras causas que investigan la complicidad de las grandes empresas con la política represiva de la dictadura, ningún secuestrado de Ford figura hoy como desaparecido o asesinado. Esto facilitó la recopilación de testimonios y pruebas que contiene el expediente. Veinte de las 25 víctimas eran delegados de la comisión interna de la fábrica. Al tiempo que los retuvieron y torturaron en comisarías adaptadas como centros clandestinos de detención, Ford les envió telegramas de despido “por abandono de trabajo”. La planta de la automotriz estadunidense se ubica en General Pacheco, a 25 kilómetros de Buenos Aires. En 1976 contaba con 5 mil trabajadores, entre operarios y empleados administrativos. A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de ese año, personal civil y militar adscrito a la fábrica comenzó a secuestrar a delegados gremiales en el centro de trabajo; los directivos de la empresa se encargaban de señalarlos. Otros trabajadores de Ford fueron secuestrados en sus domicilios. El personal militar contaba con los carnets o las fichas personales de la empresa para identificarlos durante los operativos. Esos delegados no pertenecían a grupos guerrilleros, pero su organización de base era muy fuerte. Además, estaban en contra de la burocracia sindical encabezada por José Rodríguez, un hombre cercano a la patronal. “Lo que molestaba a la empresa era que limitaban su poder de dirección y su capacidad de ganancia”, dijo el abogado Federico Casiraghi al diario Página 12 el pasado 4 de marzo. “Llevaban demandas concretas –sostiene– como mejorar las condiciones sanitarias porque había problemas con el laminado y el plomo”. Aquella época fue una de las más prósperas de la fábrica. Los obreros estaban muy politizados y exigían consecuentemente mejoras en el sueldo y en las condiciones de trabajo. “La empresa urdió y ejecutó un plan preciso y concreto para deshacerse en forma violenta de la actividad gremial y sindical”, dijo el operario Pedro Troiani, secuestrado el 11 de abril de 1976, en su presentación frente a la justicia. Ford se valió, sostuvo, “del aparato engendrado por el terrorismo de Estado, aunque proveyendo también, como nunca antes había ocurrido, instalaciones propias para el funcionamiento de un centro clandestino de detención y para el mantenimiento del personal militar y de seguridad”. La cacería de obreros dentro de la planta de Ford se enmarca dentro del sistema de represión salvaje que los mandos militares desplegaron en todo el país. Su objetivo era dar marcha atrás con la organización de los trabajadores y con las conquistas obtenidas durante el periodo democrático que transcurrió de 1973 a 1976.   “Causa justa”   Las desapariciones en Ford comenzaron el mismo día del golpe del Estado. Montados en una camioneta Ford F-100, con la que recorrían la planta, los militares se llevaron a tres delegados. Ese mismo día, la empresa convocó a una reunión para anunciar la suspensión de la actividad gremial. A finales de mayo, en apenas dos meses, el número de representantes sindicales secuestrados ascendía a 25 y su paradero era una incógnita para los familiares. Veinte de ellos pertenecían a la comisión interna formada por 200 delegados de una planta con 5 mil trabajadores. Estuvieron desaparecidos de 30 a 70 días. La mitad de los secuestros ocurrió en la fábrica. Un comando militar integrado por distintas fuerzas de seguridad comenzó a operar en el campo de deportes de la Ford. La fuerza militar ocupó las canchas de futbol y rodeó con un cerco de lona uno de los dos quinchos del predio. En esa construcción simple, con columnas de troncos y techo de paja, usada para comer asados, fueron alojados de manera transitoria los operarios detenidos. Allí fueron amenazados, golpeados y sufrieron simulacros de fusilamiento. “Nos sacaban de los lugares de trabajo, esposados, encapuchados, y nos paseaban dentro de la fábrica para que todo el mundo lo viera. Impusieron el terror”, cuenta el operario Troiani. En el momento la reacción de los trabajadores fue valiente y digna: “La gente dejó de producir y empezó a tirar tornillos a los militares que nos estaban llevando”, recuerda. Al cabo de algunas horas o de pocos días los detenidos eran trasladados a dos comisarías cercanas acondicionadas parcialmente para funcionar como centros clandestinos. Ese era el destino sin escalas de otros obreros que fueron levantados en sus casas. Después de pasar allí entre 30 y 60 días, los obreros de la Ford fueron “legalizados”. Dejaron de ser desaparecidos. Los trasladaron a las cárceles de Villa Devoto, en Buenos Aires, o Sierra Chica, en la Patagonia, como detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Un año después los llevaron a la Unidad 9 de La Plata y fueron recuperando la libertad de manera paulatina. Días después de los secuestros comenzaron a llegar telegramas de la empresa a las casas de los operarios. Se les exhortaba a presentarse a trabajar. De lo contrario, se les apercibía, serían despedidos “con causa justa”. “Lo más bravo fue la tortura. Nos tuvieron durante siete horas en el quincho de la empresa y luego estuvimos secuestrados 70 días en zona norte (del Gran Buenos Aires); después nos pasaron a (la cárcel de) Devoto”, dijo en su declaración testimonial Carlos Propato, otro de los trabajadores secuestrados, entonces primer oficial de pintura de la planta automotriz. En 1976, Francisco Perrotta era empleado administrativo de la Ford. Se desempeñaba en la Oficina de Análisis de Costo Material e Inventario. Allí manejaba información detallada de los asuntos internos de la fábrica. A partir de 1975, Perrotta era además el delegado de su oficina. Hasta mediados de los setenta, los 2 mil 500 empleados administrativos de la planta no habían tenido representación gremial. En su declaración testimonial para la causa, Perrotta denunció que sus secuestradores obtuvieron detalles de su identidad y actividad sindical en la oficina de personal de la automotriz. “La empresa decidió participar en forma directa de su interrogatorio a través del jefe de Seguridad de la planta (Héctor Sibilla)”, puede leerse en la causa. Las sesiones de tortura tuvieron lugar en la Comisaría Primera de Tigre. Perrotta se encontraba con el rostro vendado. Nunca pudo ver la cara del interrogador, pero reconoció la voz del militar Héctor Sibilla como la “segunda persona que le sugería a quien lo estaba interrogando que le preguntara tal o cual cosa”, según declaró en la causa. El interrogatorio versaba sobre datos y nombres de otros delegados de la Ford. Perrotta fue torturado con picana. “Lo desnudaban y lo amarraban a una especie de catre de hierro y le colocaban un anillo en el dedo del pie”, se lee en la causa. “Luego lo mojaban con agua y le aplicaban descargas eléctricas en los genitales, en el pecho y en la boca”. En su declaración, la víctima recordó que “le aplicaron ese método alrededor de cuatro o cinco sesiones”. La importancia que los militares y sus socios civiles daban al acallamiento de las demandas sindicales quedó plasmada en la carrera de Héctor Sibilla. En junio de 1978, poco después de haber erradicado el gremialismo de la Ford, el jefe de seguridad en la planta fue ascendido al rango de teniente coronel. Al dejar la empresa automotriz se desempeñó como personal de seguridad de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, cargo del que se retiró el 27 de febrero de 2004. Los acusados se han declarado inocentes de los cargos que se les imputan. En la actualidad los tres residen en la provincia de Córdoba. Deberán comunicar al juzgado cambios de domicilio, presentarse una vez por mes en la delegación de la Policía Federal más cercana y no dejar su vivienda por más de 24 horas. El entonces presidente de Ford Motor Argentina, Nicolás Courard, murió en Chile en 1989. “Es un paso gigante para la historia del movimiento obrero de este país que procesen a directivos de una empresa multinacional como Ford”, sostuvo en mayo pasado el exoperario Carlos Propato al diario Tiempo Argentino.   La Noche del Apagón   Carlos Pedro Blaquier es dueño del ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy. El Zar del Azúcar, como se conoce a Blaquier, es uno de los empresarios más poderosos de Argentina. Sus negocios incluyen también el petróleo, el agro y la fabricación de papel. En noviembre de 2012, el juez federal número 2 de Jujuy, Fernando Luis Poviña, procesó a este hombre de 85 años, que ha manejado la provincia como un feudo durante décadas. Se le acusa de haber sido cómplice en primer grado de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas durante la última dictadura militar. El procesamiento alcanza también al exadministrador general del ingenio Ledesma, Alberto Lemos, como partícipe secundario. La causa incluye la desaparición del exjefe comunal de Libertador General San Martín, Luis Arédez, así como 26 secuestros durante la llamada Noche del Apagón. A Blaquier le fueron embargados 11 millones de pesos (2 millones de dólares) y a Lemos 5.5 millones de pesos (1 millón de dólares). Ambos se encuentran en libertad provisional pero no pueden salir del país. La Noche del Apagón abarcó en realidad las siete noches que van del 20 al 27 de julio de 1976. El ingenio Ledesma desconectó en varias oportunidades la electricidad de sus generadores y dejó la zona en tinieblas. Más de 400 personas fueron secuestradas en Libertador General San Martín, donde se encuentra la fábrica, y en la vecina localidad de Calilegua. Treinta de los detenidos en el marco de ese operativo aún se encuentran desaparecidos. El juez Poviña sostiene que el ingenio Ledesma puso sus camionetas a disposición de la Gendarmería y la policía provincial para que realizaran los operativos. La resolución abarca a 26 de las víctimas y el material probatorio es contundente. No se detiene en las numerosas denuncias por torturas ocurridas durante esos días en el predio de la empresa. Agrega que fue Blaquier quien “impartió la orden a Lemos para que este proveyera de medios de transporte a las fuerzas armadas y de seguridad para hacer efectivo el traslado de los detenidos hasta los distintos lugares de detención, donde fueron alojados”. Las víctimas fueron torturadas en la cárcel de Villa Gorriti, en San Salvador de Jujuy, que desde el golpe de Estado funcionaba como un centro de detención clandestino. “Los encarcelamientos, torturas, asesinatos y desapariciones de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la última dictadura cívico-militar habrían tenido entonces por razón no sólo la preservación de una determinada ideología, sino que la represión ilegal apuntó además a la instauración y defensa de una economía de tintes neoliberales exenta de amenazas de reclamos y reivindicaciones gremiales”, sostiene el juez en los considerandos de su fallo. Luis Arédez figura aún como desaparecido. Hasta el golpe de Estado de 1976 se desempeñó como alcalde de Libertador General San Martín, pequeña ciudad a la que también se conoce por el nombre de Ledesma. Allí las chimeneas del ingenio azucarero dominan el cielo y la vista más que la cúpula de la iglesia. Durante su gestión intentó cobrarle impuestos a la empresa. Fue secuestrado durante la Noche del Apagón, liberado y vuelto a captura el 13 de mayo de 1977. Desde entonces no se sabe nada de su paradero. A su mujer, Olga Arédez, el exadministrador del ingenio, el procesado Alberto Lemos, le habría dicho que la empresa había puesto sus móviles a disposición de las fuerzas armadas “para limpiar al país de indeseables”. Los abogados de Blaquier y Lemos negaron las acusaciones y apelaron el fallo.