Las empresas mineras aprovechan el caos institucional que priva en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que carece de un reglamento para su Ley Orgánica, por lo que se han convertido en una amenaza para el patrimonio arqueológico, como en los estados de Guerrero y Morelos, advierte el investigador Felipe Echenique. El pasado 5 de junio la Semarnat negó la autorización en materia de impacto ambiental a la empresa canadiense Esperanza Silver para la implantación de un proyecto minero, pero firmas como ésta, se van imponiendo, ante la indefensión del INAH, alerta el historiador. MÉXICO, D.F. (Proceso).- A demás de poner en riesgo las zonas arqueológicas de Xochicalco y las del cerro El Jumil, el proyecto de la minera canadiense Esperanza Silver en Temixco, Morelos, evidencia un problema jurídico y administrativo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Las empresas de este tipo –contagiadas por la “fiebre del oro”– aprovechan esta situación y con ello ponen en riesgo el patrimonio arqueológico del país. Para Felipe Echenique March, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, la minería de tajo abierto ofrece un panorama negro para la preservación del patrimonio. El problema principal, juzga, es la falta de reglamento a la Ley Orgánica que los investigadores han solicitado a los directores generales del instituto, a los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al mismo presidente de la República, sin obtener respuesta. En entrevista con Proceso, así como en un documento entregado aparte, el investigador desglosa cómo en el proyecto minero La Esperanza (algunos opositores han comenzado a llamarlo “La Desesperanza”, por los daños que provocará en el medio ambiente, la salud, el patrimonio arqueológico y el entorno socio-cultural), la falta de ese reglamento ha permitido el avance de los trabajos de la empresa canadiense desde marzo de 2004. El reglamento debería establecer con claridad quiénes son responsables de qué debe hacerse y qué no, desde el director general del INAH, el secretario técnico, el jurídico, el administrativo y el resto de las dependencias. La ausencia de normatividad propició que fuese el fallecido arqueólogo Norberto González Crespo, responsable en 2004 de Xochicalco, y no el área jurídica, quien autorizara las primeras exploraciones de la minera en el cerro El Jumil, según documentación que obtuvo Echenique del propio INAH. Pero en diferentes exploraciones se encontraron siete sitios arqueológicos, entre ellos El Jumil, El Jumilito, El Amate y Cuexcomate, además de que el cerro El Jumil está frente a la zona arqueológica de Xochicalco (declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). Echenique y Silvia Garza, directora actual de la zona (ver recuadro), aclaran que esos sitios forman uno sólo y hay vestigios de las calzadas prehispánicas que los comunicaban. Al historiador le parece “extraño y anómalo” que las mineras conozcan qué arqueólogos trabajan qué zonas arqueológicas y se dirijan directamente a ellos. Más aún, que en todo el proceso prácticamente no aparezcan documentos del área jurídica, la cual debió tomar las decisiones junto con la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos. En su texto detalla que toda solicitud de un particular para modificar estructuralmente terrenos donde se presume la existencia de vestigios arqueológicos, implica dictámenes y debe dirigirse a las autoridades centrales del instituto, por sus repercusiones legales: “Cuya única potestad se le ha conferido al INAH, según su Ley Orgánica y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos… En caso de existir evidencia de actividad humana previa a la conquista, esos vestigios o monumentos deben de ser protegidos para su preservación, ya que son bienes nacionales objeto de conservación e investigación porque ayudan a comprender las historias pasadas, y en esa medida se convierten en objetos que refuerzan el orgullo local, regional o nacional, según lo contempla la legislación vigente.” No ocurrió así con La Esperanza. No se siguió un camino institucional, continúa el especialista, sino discrecional: la Coordinación Nacional de Arqueología y el Consejo de Arqueología actuaron como si el patrimonio arqueológico fuera de quienes están a su cargo y no nacional: “Ellos deciden, a su gran saber y entender, un proceder que beneficia a la minera. Los documentos que emite el Consejo no tienen que ver con una revisión jurídica ni con una zona de monumentos, son simplemente trabajo burocrático donde autorizan, dan permisos, asignan gente sin un fin institucional.” Considera inclusive que el área de Salvamento Arqueológico se ha comportado como una empresa privada, más apresurada en liberar terrenos para que la minera trabaje que interesada en la preservación del patrimonio. Y es que los dictámenes arqueológicos señalan como áreas de restricción total a El Jumil, pero se consideran de restricción temporal y sujetas a trabajos de salvamento El Jumilito y Cuexcomate, ubicadas cerca del patio de lixiviación (área donde se extraen los metales con mezclas de cianuro). Echenique subraya que las plataformas y restos de materiales constructivos a las cuales se refieren los dictámenes “son monumentos arqueológicos y deben ser preservados”. No se trata de explorarlos, retirar piezas arqueológicas y luego permitir que la minera destruya, pues para la Ley de Monumentos no hay vestigios “importantes”, no hace distingos: “Lo que no entiende el compañero arqueólogo es que son bienes nacionales y la ley los salvaguarda, los protege en su existencia y él no tiene potestad alguna para decir que pueden destruirse.” –¿Está autorizanda la destrucción de monumentos con ese dictamen? –Sí, así tal cual está en el dictamen que dio Mauricio Gálvez Rosales. Inclusive el que envía quien era jefe de Salvamento dice que hay vestigios en la zona del patio de lixiviación, pero como ya hicieron el salvamento, lo puede explotar la minera. Se le pregunta si los arqueólogos son sancionados por atribuirse esas funciones. Admite que no, precisamente por la falta de reglamento a la Ley Orgánica. Pero considera que además cometen una “irresponsabilidad” como científicos sociales por simplemente hacer “la chamba” sin reparar en los vestigios arqueológicos: “Exhiben la mala preparación o la preparación muy a modo para permitir la destrucción del patrimonio, en vez de su estudio y preservación. Y los verdaderos responsables son los titulares del INAH, de la SEP y el presidente, porque desde 1989 les hemos exigido el reglamento para establecer funciones y atribuciones conforme a derecho.”   Primer round   El pasado 5 de junio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización en materia de impacto ambiental a Esperanza Silver. El antropólogo Gilberto López y Rivas escribió el pasado 21 de junio en el periódico La Jornada que la intervención del INAH fue decisiva para ello, pues la llegada del etnólogo Sergio Raúl Arroyo (ahora destituido) y del antropólogo Bolfy Cottom a la institución hizo posible la revocación de las liberaciones previas, pues se concluyó que “la explotación minera es incompatible con la conservación del patrimonio arqueológico”. Si bien López y Rivas celebra ganar una batalla en una “guerra prolongada”, Echenique advierte que se debe ser cuidadoso pues las mineras, al pedir la concesión para explotar oro y/o plata, deben cumplir con una serie de requisitos y llevar un largo proceso. La Esperanza está iniciando el suyo y parte de él es el estudio en el cual se da cuenta de los daños que causará. Para Echenique la valoración del impacto ambiental enviado por Cottom a la Semarnat, en abril, sirvió para que no le dieran autorización a la minera. Pero la empresa tiene derecho a replicar “y es donde luego todo se pierde”, porque la Semarnat pone algunos de los criterios por los cuales su explotación puede no ser compatible con la preservación del medio ambiente. “Entonces, como hizo la Minera San Xavier en Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, la empresa va subsanando esas objeciones. Dicen que van a hacer tratamiento de aguas, por ejemplo, cómo van a reponer todo… Presentan sus argumentos para contrarrestar y la Semarnat vuelve a valorar. “Ahí es donde cayó bien el escrito de Bolfy, que es un acuerdo con los investigadores del Centro INAH-Morelos, para buscar de nueva cuenta una defensa de las áreas requeridas por la minera. Se integró una comisión con Silvia Garza y Nohemí Quezada, entre otros siete arqueólogos, para entregar un estudio preliminar donde se explique porqué se debe ampliar la declaratoria de Xochicalco.” El documento estará listo en los próximos días y suponen que con ello quedarán protegidas las otras zonas arqueológicas y las áreas bajas, valles y cañadas de los cerros donde es evidente la presencia de restos arqueológicos. Previamente, mediante un comunicado de prensa del 1 de marzo, el INAH se había deslindado al afirmar que “no autoriza proyectos mineros de ningún tipo”. Además, que son concesiones otorgadas por otros organismos públicos; que la minera no trabaja en la zona de Xochicalco y se le ha prohibido la actividad en donde hay vestigios arqueológicos. Puntualizó: “Los dictámenes dados por el Instituto se refieren únicamente al aspecto arqueológico, lo que no obliga a otras autoridades a apegarse a dichos dictámenes para emitir sus propias resoluciones.” En efecto, indica Echenique, el INAH no da concesiones, pero lo dicho en el comunicado “es una verdad a medias”, pues sí debe resolver las materias de su competencia: la conservación física, simbólica y jurídica de los monumentos y zonas arqueológicos; dictaminar la existencia o no de vestigios en terrenos particulares, comunales o ejidatarios para liberarlos o no. Y la presencia de monumentos es impedimento para la explotación de un predio. Le parece más bien que los directores del INAH no han tenido “presencia” en la SEP y menos ante el Ejecutivo, pues es claro en la ley que el director general del instituto está investido “con todas sus facultades para salvaguardar el patrimonio, inclusive puede recurrir al ejército. Y podría, si la Semarnat diera la autorización, hacer una denuncia en su contra”. El patrimonio arqueológico es de interés público nacional, por lo tanto el titular del INAH “debe hacerlo valer ante quien sea, incluso el presidente”. Pero considera “evidente” que los últimos directores (menciona a Teresa Franco, quien vuelve a ocupar el cargo desde el 8 de julio pasado; Sergio Raúl Arroyo, Alfonso de Maria y Campos y Luciano Cedillo) “no tienen la trayectoria intelectual” de Alfonso Caso o “el mismo Gastón García Cantú e incluso Enrique Florescano” para “reclamar nada”. Así, lamenta, se han impuesto proyectos al INAH, como hizo Vicente Fox con el Walmart en Teotihuacán o la Minera San Xavier. Se le pregunta a qué se debe dar prioridad si la minería, como el patrimonio arqueológico, es de interés público nacional, aunque en el caso de la primera se esté concesionando a empresas extranjeras. La controversia, precisa, no debe ser resuelta ni siquiera por Enrique Peña Nieto, sino en los juzgados y el INAH tendría que litigar y argumentar: “Aquí usted no pasa porque hay una zona de monumentos.” El problema es que González Crespo dio las primeas autorizaciones “como si fuera el dueño, es lo increíble”. Y además, el propio instituto asume que no debe ir a tribunales, porque pierde. Así pues, “con la minería en general, el panorama es negro, por la desorganización institucional y la falta de claridad de funciones de los órganos” del instituto. Agrega que en Carrizalillo, Guerrero, la mina Los Filos (considerada la más grande riqueza en oro de Latinoamérica) devastó una pirámide arqueológica por el tajo abierto “y el INAH no hizo absolutamente nada, el jurídico brilla por su ausencia”. Hasta aventura que la titular, María del Perpetuo Socorro Villarreal, asesora a los empresarios, “de veras, porque es extraño, es inquietante, que no aparezca en ningún documento”, incluidos los convenios que el INAH ha suscrito con La Esperanza. Los efectos de la minería a tajo abierto saltan ya por todos lados. El colectivo En el Volcán ha dado cuenta en varios números de su órgano de difusión (www.enelvolcan.com) del caso de La Esperanza. En el número de junio, Miguel Ángel Mijangos resume los daños a la salud y medio ambiente de Los Filos en Guerrero y minas en Guatemala y Honduras, en su texto La nueva fiebre del oro. Comunidades afectadas por la empresa minera Goldcorp. Tribunal Internacional de la Salud. En Guerrero, según el diario La Crónica, se ha dado concesión a 300 minas a cielo abierto que afectarán irreversiblemente su patrimonio arqueológico. Veracruz no se queda atrás, el asunto se complica, previene Echenique, porque el proyecto Caballo Blanco está cerca de Laguna Verde. Imperan las mineras canadienses, por lo cual en medios diversos y redes sociales gira la pregunta acerca de lo si en su encuentro privado de diciembre pasado con el premier de Canadá Stephen Harper, Peña Nieto prometió seguir impulsando la minería.