Contradiciendo sus propios argumentos, los consejeros del IFE dieron el visto bueno a la fiscalización de las campañas federales de 2012, las más polémicas de los últimos años. Pese a que enumeraron las irregularidades y difundieron cuáles normas se violaban, al final dijeron que el PRI sólo compró pancartas en dos mítines, que únicamente en cuatro ciudades repartió volantes, que en toda la campaña contrató cuatro edecanes, y ni una más… El resultado: irrealidad y simulación. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Una “ficción contable”, una “simulación” que ocultó el gasto real de las pasadas campañas a la Presidencia; eso fue, en suma, la fiscalización que realizó el Instituto Federal Electoral (IFE), según el consejero Alfredo Figueroa. Esa auditoría concluyó que Enrique Peña Nieto –a ojos de la ciudadanía el más prolífico en comerciales de televisión, espectaculares y entrega de dinero y regalos– no rebasó los topes de campaña, mientras que Andrés Manuel López Obrador se sobrepasó con más de 50 millones de pesos. Durante siete meses, el Consejo General del IFE revisó y regresó en tres ocasiones el dictamen sobre gastos de campaña que realizó la Unidad de Fiscalización, dirigida por Alfredo Cristalinas. En ese tiempo, por lo menos cinco de los ocho integrantes del Consejo calificaron los gastos presentados por la coalición Compromiso por México (formada por PRI y PVEM) como “irreales”, destacaron prohibiciones violentadas “gravemente”, e incluso llegaron a decir que “nadie puede beneficiarse de su propio dolo”. No obstante, al final y en contra de sus propios alegatos, siete de ocho consejeros aprobaron el pasado lunes 15 el dictamen sobre los gastos de la campaña presidencial. El consejero Alfredo Figueroa fue el único que sostuvo sus argumentos y rechazó el documento calificándolo de “inconstitucional”. Aseguró que se había realizado “una simulación”, en la que uno de los contendientes realizó una “operación financiera para que lo real no se vea y no se sancione”. Al final, según el documento, en las elecciones federales se gastaron dos mil 604 millones 924 mil 692 pesos. De ese dinero, los candidatos del PRI, del PVEM y los que lanzaron conjuntamente utilizaron mil 143 millones 521 mil 973. El resto, mil 500 millones aproximadamente, lo gastaron el PAN, el PRD, el PT, MC y el Panal. El Consejo General quedó cojo en medio de la discusión sobre los gastos, que arrancó el 30 de enero de este año. El 6 de febrero renunció Sergio García Ramírez. La obligación de nombrar al sustituto era de la Cámara de Diputados, que fracasó en su intento de nombrar al noveno consejero en su periodo extraordinario del miércoles 17. De acuerdo con Manuel Huerta, diputado del PT que participó en la reunión decisoria de coordinadores parlamentarios, la presión ejercida por el PRI, el Panal y el PVEM –que juntos suman 251 votos y son mayoría absoluta– truncó la votación en la Cámara de Diputados. Incluso, dijo que se puso sobre la mesa la pretensión de elegir a cinco consejeros en octubre próximo bajo un nuevo método, producto de una reforma electoral. A esto se suma el hecho de que el 30 de octubre próximo terminan su encargo Leonardo Valdés Zurita, presidente del consejo; Alfredo Figueroa, Francisco Guerrero y Macarita Elizondo.   “Equidad” simulada   Uno de los principios centrales que debe cubrir toda contienda electoral es la “equidad”, establecida en el artículo 41 de la Constitución. A la par se fija una fórmula para determinar los topes de campaña. Sin embargo, cuando se advierte que hay un proceso en donde la Unidad de Fiscalización, “avalada por los consejeros”, permite que esos topes no sean igualitarios “lo que acontece es que el sentido y naturaleza de la equidad se ven distorsionados en términos reales”, sostiene en entrevista Alfredo Figueroa. En el proceso de evaluación de los gastos, sostiene el consejero, hubo ciertos criterios para medir a unos y otros mecanismos para medir a los restantes: “Ahí estriba la inconstitucionalidad del dictamen, tanto en términos de sus criterios como la resolución misma”. Detractor de las interpretaciones que hizo la Unidad de Fiscalización, Figueroa advierte “una gran cantidad de problemas” en el dictamen. El sociólogo define cuatro principales, relacionados con la distribución del gasto que la Unidad permitió a Compromiso por México, a pesar de ir contra el Reglamento de Fiscalización. El primer problema, dice, es cómo se debe prorratear o distribuir el gasto cuando se trata de una coalición parcial –como fue Compromiso por México. Recuerda que el PRI y el PVEM sólo se aliaron en la búsqueda de la Presidencia de la República y de 219 diputaciones y senadurías: 220 candidaturas, en total. El PRI tenía 145 candidatos a diversos puestos, distintos a otros tantos del PVEM. Sumando los 220 de la coalición, los 145 del PVEM y los 145 del PRI se suman 510 candidaturas. Compromiso por México, a la hora de entregar sus gastos, dice el consejero, dividió sus erogaciones entre 510 aspirantes, cuando el artículo 125 del reglamento de gastos lo prohíbe. Lo anterior hizo inequitativo el prorrateo, porque Movimiento Progresista, PAN y Panal sólo pudieron distribuir su gasto entre 365 candidatos: uno a la Presidencia, 300 a diputados federales y 64 a senadores. “’Cómo es posible hacer esto (dividir entre 510), asumiendo como total lo que no es total, lo que es parcial?”, acusa. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1916 de la revista Proceso, actualmente en circulación.