Reforma migratoria incierta

miércoles, 3 de julio de 2013
La enmienda que endurece la seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos fue una condición impuesta por los republicanos para que el Senado estadunidense aprobara un proyecto de reforma migratoria. Pero las medidas que establece esa enmienda están lejos de ser “realistas” porque, de entrada, el gobierno carece de dinero. Además, el destino de esta ley es aún incierto. Le falta superar el escollo de la Cámara de Representantes, la cual suspenderá en septiembre el debate migratorio para abordar el presupuesto y el espinoso tema del déficit fiscal. En el fondo, la reforma migratoria está sujeta a los intereses electorales de demócratas y republicanos.   WASHINGTON (Proceso).- La enmienda relativa a la Seguridad Fronteriza incluida en el proyecto de ley para una reforma migratoria integral aprobada por el Senado de Estados Unidos es, a juicio de los expertos, una treta política con tintes electoreros entre demócratas y republicanos, más que un compromiso genuino por sellar la frontera con México. La legislación S. 744 titulada Proyecto de Ley para la Seguridad Fronteriza Oportunidades Económicas y Modernización Migratoria de 2013, que por 68 votos contra 32 aprobó el jueves 27 la Cámara de Senadores, con todo y su condición de Seguridad Fronteriza, está lejos de convertirse en realidad. “La Cámara de Representantes no se va a dejar manipular por lo que se aprobó en el Senado, pese al incentivo que le incluyeron para fortalecer la vigilancia en la frontera con México”, amenazó Thomas Cole, representante republicano por el estado de Oklahoma y uno de los líderes de su partido en la Cámara Baja, luego de la aprobación de la S. 744. “El incentivo o condición”, como tildan a la enmienda 1183 de Seguridad Fronteriza incluida en el proyecto de ley de reforma migratoria, fue la clave en el Senado para que Harry Reid, líder de la mayoría demócrata, consiguiera la aprobación de la ley gracias al voto de 14 senadores republicanos que se unieron al quórum de los 54 demócratas. La enmienda 1183 condiciona “el inicio” del procesamiento de regularización del estatus laboral y de residencia de unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, como lo estipula la S. 744, a la construcción de otros mil 126 kilómetros de muro en la frontera con México, así como a la contratación de 20 mil agentes más para la Patrulla Fronteriza. Asimismo, al sobrevuelo por la franja limítrofe de 18 aviones manejados a control remoto (drones) equipados con radares y cámaras; al uso de un sistema de rastreo biométrico para los extranjeros que con cualquier tipo de visado ingresen legalmente a Estados Unidos, y a la instalación de más torres para cámaras de fotografía y video de largo alcance, para radares, y al manejo y uso de la tecnología más avanzada en censores y monitoreo, con objeto de parar el flujo de migrantes indocumentados y mercancías ilegales que cruzan por la frontera norte de México.   “Militarización”   La enmienda 1183 aprobada el pasado 26 de junio en el Pleno del Senado para su inclusión formal en la S. 744, desde el lunes 24 fue calificada por algunos medios de comunicación y por informadores en México como la “militarización de la frontera”. Con ello, el gobierno de Enrique Peña Nieto, que se había mantenido al margen del proceso legislativo, se vio obligado a reaccionar con una crítica específica al inciso de la construcción del muro. Este hecho no influyó en la decisión final de los senadores en Washington. “La legislación concerniente a fortalecer la seguridad en la frontera elimina cualquier validez del argumento de que la seguridad fronteriza no es suficiente. Esto no sólo es suficiente, es más que suficiente; será la frontera más militarizada desde la caída del Muro de Berlín”, dijo el martes 25 el senador republicano por Arizona John­ McCain en entrevista con la cadena de televisión CNN. Con ello enardeció los clamores nacionalistas en México y elevó las presiones al gobierno de Peña Nieto para que reaccione ante la 1183. “Es un absurdo de quienes lo han descontextualizado en México, y peor aún en Estados Unidos con las declaraciones del senador McCain, quien saca totalmente de contexto incluso la propia reforma de su propio partido que él mismo respaldó”, dice en entrevista telefónica con Proceso, Sergio Alcocer Martínez de Castro, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El funcionario tiene razón en lo que afirma: la enmienda 1183 no contiene ningún aspecto militar. La Seguridad Fronteriza no exige el despliegue de elementos de la Guardia Nacional, por ejemplo, ni el uso de tecnología bélica, como drones artillados. El proyecto de ley S. 744 requiere para su financiamiento e implementación un presupuesto de 46 mil millones de dólares, suma que también deberá ser aprobada por el Congreso federal estadunidense. La enmienda 1183 fue elaborada por los senadores republicanos Robert Corker y John Hoeven, de los estados de Tennessee­ y Dakota del Norte. Su función principal fue doblegar al sector conservador republicano de la Cámara Alta, pues rechazaba la S. 744 en su versión original con el argumento de que no contenía ningún mecanismo para garantizar que por la frontera con México no entrarían a Estados Unidos más inmigrantes indocumentados, drogas o mercancías ilegales. El Senador McCain, uno de los principales artífices de la S. 744, reconoce que la reforma migratoria tiene respaldo republicano por un interés puramente electoral. “Sin el voto hispano el partido republicano no tiene posibilidades de recuperar la Casa Blanca”, subrayó el jueves 20 en el pleno del Senado. La elección presidencial de noviembre pasado en la que Barack Obama ganó la reelección, demostró que los votantes hispanos de Estados Unidos repudian la postura antimigratoria del partido republicano y de su fracción más conservadora representada por el famoso Tea Party. El candidato presidencial republicano Mitt Romney perdió el respaldo del electorado hispano cuando el año pasado, en plena contienda con Obama, dijo que de ganar las elecciones instrumentaría mecanismos para la deportación de los inmigrantes indocumentados. Los analistas políticos consideran que este contexto fue favorable para que el Senado aprobara la legislación S. 744. Ahora, corresponderá a la Cámara de Representantes analizarla antes de someterla a votación, si es que no se le introducen enmiendas. “Sin el respaldo de la mayoría representativa (de los republicanos) no se someterá a consideración del pleno ningún tipo de proyecto de ley de reforma migratoria”, advirtió el viernes 21 John Boehner, líder republicano y presidente de la Cámara de Representantes. Con las 234 curules en manos de su partido, Boehner puede manejar los tiempos y procesos legislativos en la Cámara de Representantes, donde los 201 demócratas que la integran están imposibilitados para bloquear las decisiones de sus adversarios. El futuro del procedimiento de la S.744 en la Cámara de Representantes se abordara en una sesión calendarizada por Boehner para el próximo 10 de julio; sin embargo, varios representantes republicanos calculan que el proceso arrancará a finales de este año o a comienzos de 2014. Aun cuando en agosto próximo se inicie el debate y formulación de enmiendas en el Comité Judicial de la Cámara de Representante, en septiembre el tema migratorio tendrá que posponerse para atender otras prioridades nacionales. En Estados Unidos el año fiscal 2014 comienza el próximo 1 de octubre, y en septiembre todo el Congreso abordará el tema del déficit fiscal, y por ello deberá aprobar un presupuesto que garantice el funcionamiento del gobierno federal. En este momento parecen irreconciliables las diferencias en torno a los gastos federales entre Obama y los líderes republicanos del Capitolio, lo cual pone en riesgo la aprobación del proyecto presupuestal para la enmienda 1183.   Sin recursos   Existe otro hecho que pone en tela de juicio la probabilidad de que la Seguridad Fronteriza se haga realidad. Con los recortes a los gastos del presupuesto federal por unos 85 mil 400 millones de dólares que entraron en vigor el pasado 1 de marzo, y que pusieron en riesgo la operación del gobierno federal, los 18 mil 500 agentes que tiene actualmente la Patrulla Fronteriza se cuentan entre los más afectados por la disputa entre Obama y los republicanos.­ “Por los recortes de gastos nos quitaron los teléfonos blackberry que teníamos asignados para la comunicación entre nosotros, ahora tenemos que usar nuestros teléfonos celulares personales. Nos quitaron los tiempos extras y nos deben dinero”, comenta a Proceso Crystal Amarillas, una agente de la Patrulla Fronteriza del Sector de Tucson, durante un recorrido por la zona limítrofe que realizó este semanario en abril último. Con la enmienda 1183 el proyecto de ley de reforma migratoria requiere de otros 20 mil agentes para la Patrulla Fronteriza, con lo cual habría técnicamente 38 mil 500 elementos para vigilar los 3 mil 185 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, en el mejor de los escenarios, los 38 mil 500 agentes no vigilarían al mismo tiempo la franja limítrofe. Los horarios de trabajo de los agentes de la Patrulla Fronteriza son de ocho horas con tres turnos para abarcar las 24 horas del día. Pero con los recortes de gastos y los problemas presupuestales que se avecinan por la realidad económica y política de Estados Unidos, Amarillas asegura que será muy difícil financiar el trabajo de tanto agente. “No hay dinero, no quieren pagar tiempo extra e incluso han recortado a seis o siete horas las jornadas de trabajo de ocho horas para así ahorrar dinero y pagar a los agentes que trabajan sábado o domingo cuando no hay personal, porque no hay fondos para pagar tiempos extra. Un agente debe trabajar por lo menos cinco días a la semana y como no hay dinero, rotan los días para que en algún momento todos trabajen los fines de semana”, detalla Amarillas. Al preguntársele sobre el incremento de agentes de la Patrulla Fronteriza que pide la 1183, el subsecretario Alcocer Martínez de Castro responde: “Hay que estar cuidadosos de quienes eventualmente sean reclutados. Que tengan estándares altos para que puedan manejar las presiones y el uso de fuerza letal y menos que letal. Es decir que no respondan a la primera oportunidad a provocaciones de gente del lado de la frontera mexicana o de indocumentados, y tiren balazos. Ese es el aspecto con el que tenemos que tener cuidado”. Pese a la euforia que provocó en algunos sectores de la sociedad estadunidense la aprobación de la S. 744 en el Senado, las declaraciones que hizo Boehner, el pasado miércoles al caucus republicano, abrieron la posibilidad de que se repita lo ocurrido hace siete años. En 2006 la Cámara de Senadores aprobó también un proyecto de ley para una reforma migratoria integral, pero la versión avalada en la Cámara de Representantes no estipulaba la regularización de los inmigrantes indocumentados y se concentraba en el tema de la seguridad fronteriza. Las versiones fueron irreconciliables y se esfumó la reforma migratoria. “En el liderazgo republicano no hay interés de poner en riesgo la mayoría representativa que tenemos en la Cámara de Representantes para las elecciones de noviembre de 2014”, declaro Boehner al concluir la sesión con sus colegas. Este cálculo político-electoral del presidente de la Cámara de Representantes se basó en los datos que arrojó la encuesta que difundió la semana pasada el diario National Journal. De acuerdo con este sondeo 49% de los votantes republicanos amenaza con quitar el voto –en los comicios de medio periodo de noviembre del próximo año– a cualquier candidato republicano que apoye la reforma migratoria integral. El 32% de los encuestados respondió que le era indiferente el asunto y sólo 15% consideró que esto influiría para determinar su decisión electoral. De acuerdo con algunos analistas políticos este panorama podría determinar una espera larguísima para que en la Cámara de Representantes se aborde la reforma migratoria integral. Ello si se considera que será en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 cuando el voto de los hispanos cobre importancia para los planes republicanos de recuperar la Casa Blanca. La S. 744 define como puntos principales la regularización de unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, de los cuales se calcula que 7 millones son mexicanos. Para obtener la residencia permanente los indocumentados tendrán que esperar 10 años, pero pueden acceder a un permiso temporal de empleo que incluso les permitiría viajar fuera de Estados Unidos por un tiempo limitado, siempre y cuando no tengan antecedentes penales. Deben, a su vez, hablar inglés, pagar una multa por violar las leyes de inmigración de Estados Unidos, cubrir rezagos tributarios y sufragar el costo del proceso de sus casos. El proyecto de ley también crea visados para trabajadores temporales agrícolas y de servicios generales, y define mecanismos de verificación para garantizar que no se contrate a trabajadores indocumentados. El subsecretario Alcocer Martínez de Castro afirma que a pesar de lo incierto en el futuro de la reforma migratoria, el gobierno de México se prepara para afrontar cualquier eventualidad al respecto. “Estamos diseñando lo que vamos a hacer en términos de fortalecimiento consular, como lo que va a requerirse de apoyos adicionales en los sectores de salud, educación, etcétera”, apunta. –¿Se tendrían que abrir más consulados? –se le pregunta. –Es posible que sí. Uno estaría en Hawai, porque ahí tenemos una población nada despreciable de 250 mil mexicanos, pero más debemos fortalecer la red con la que ya contamos, ser más creativos, aprovechar nuevas tecnologías de la información en comunicación, y simplificar los trámites para que podamos atender a más gente con las capacidades que tenemos. Analistas políticos y expertos en temas migratorios aplauden la S.744 aprobada por el Senado, pese al condicionamiento en Seguridad Fronteriza. Los expertos advierten que es en la Cámara de Representantes donde este tema podría adquirir mecanismos de corte militar, como pedir a la Guardia Nacional que apoye a la Patrulla Fronteriza en la vigilancia de la línea limítrofe con México. Al subsecretario se le pregunta cuál sería la postura del gobierno de México cuando se inicie el proceso en la Cámara de Representantes. Más aún, se le inquiere sobre el riesgo de que Estados Unidos acuse a la administración de Peña Nieto de intervenir en sus asuntos internos, en caso de que se manifieste en contra de la legislación. Se le recuerda incluso que ello sucedió durante el sexenio de Vicente Fox, lo que dio al traste con la aprobación de la reforma migratoria. “Va ser una posición de respeto y lo único que vamos a hacer es trabajar. Si nos es requerido, vamos a trabajar con el Congreso estadunidense, de lo contrario seguiremos acompañando el proceso”, contesta el funcionario.

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